Se entiende por violencia obstétrica cualquier conducta, por acción u omisión, que realizada por personal de la salud afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, como el trato deshumanizado, la medicalización injustificada y la patologización de procesos que son naturales.
La primera referencia del término apareció en el año 1827, en una publicación en inglés, como crítica a las prácticas en los paritorios.
La Organización Mundial de la Salud emitió una declaración el 2014 con el fin de alertar y erradicar la falta de respeto durante la atención al parto en los centros de salud, a nivel mundial. Algunos activistas incluyen a la violencia obstrétrica entre las violaciones a los derechos humanos, y la consideran una transgresión a la no discriminación, a la libertad y a la seguridad de la persona.
El uso del término «violencia obstétrica» es criticado por los médicos y matronas, porque argumentan que es contrario a su ethos y argumentan que, en conjunto, las actuaciones que se critican presentan más beneficios que riesgos si se aplican tempranamente, y que retrasarlas puede hacer que resulten ineficaces si se evidencian necesarias.
Se pueden considerar violencia obstétrica prácticas como el tacto realizado por más de una persona, la episiotomía como procedimiento de rutina, el uso de fórceps, la maniobra de Kristeller, el raspaje de útero sin anestesia, la cesárea sin verdadera justificación médica o el suministro de medicación innecesaria.
El recurso a la cesárea es la práctica más criticada como medio de acelerar innecesariamente un parto que se presenta sin complicaciones.
La violencia obstétrica psicológica se manifiesta en un trato deshumanizado por discriminación, burlas o críticas a la mujer o a su hijo.
Venezuela fue el primer país de América Latina en tipificar la violencia obstétrica como delito en el año 2007, en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en sus artículos 15 y 51. La ley establece que "Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres."
La Ley 25.989, "Parto Humanizado" promulgada el 17 de septiembre de 2004 establece derechos para la madre y el recién nacido, y el padre y la madre en caso exista una situación de riesgo para la persona recién nacida.
Desde el 1 de abril de 2009 la Ley 26.485, "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales", complementa, en su artículo 6, la anterior.
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