Alfonsinismo
Alfonsinismo cumple los años el 12 de marzo.
¿Qué día nació Alfonsinismo?
Alfonsinismo nació el día 12 de marzo de 1927.
¿Cuántos años tiene Alfonsinismo?
La edad actual es 97 años. Alfonsinismo cumplió 97 años el 12 de marzo de este año.
¿De qué signo es Alfonsinismo?
Alfonsinismo es del signo de Piscis.
Raúl Ricardo Alfonsín (Chascomús, Buenos Aires; 12 de marzo de 1927-Buenos Aires, 31 de marzo de 2009) fue un abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentino. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y presidente de la Nación Argentina. Se destacó como dirigente de la Unión Cívica Radical y de la Unión Cívica Radical del Pueblo. También se desempeñó como vicepresidente de la Internacional Socialista. Muchos sectores lo reconocen como «el padre de la democracia moderna en Argentina».
En 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de presidente de la Nación, con el cual finalizó la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Fue también el fin de los golpes de Estado en Argentina, ya que no hubo nuevas interrupciones al orden constitucional desde entonces hasta la actualidad. La gestión de Alfonsín es conocida principalmente por la realización del Juicio a las Juntas, así como también por el Tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile y los acuerdos con Brasil que llevaron a la formación del Mercosur. En 1985 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional «en consideración a las dificultades de la transición política, al hacerse cargo del gobierno de la República Argentina tras una guerra de dramáticas consecuencias».
Alfonsín inició su gobierno con la consigna «con la democracia se come, se cura y se educa». Su política económica estuvo marcada por una deuda externa muy alta heredada de la dictadura militar que entró en default en 1988, una alta inflación que pasó a hiperinflación el 14 de mayo de 1989 y una economía estancada que se redujo de un PBI de 103.000 millones de dólares en 1983, a 76.000 millones de dólares en 1989. El gobierno no habilitó la negociación colectiva de los salarios, estableció los aumentos salariales por decreto y mantuvo la prohibición de la Confederación General del Trabajo (CGT) realizada por la dictadura, enfrentando un fuerte conflicto con los sindicatos hasta 1988. Entregó el mando al justicialista Carlos Menem en 1989 en forma anticipada, en medio de un proceso hiperinflacionario.
Tras dejar la presidencia realizó el Pacto de Olivos con Menem, que permitió la realización de la reforma constitucional argentina de 1994. Unos años después participó en la formación de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, que llevó al gobierno a Fernando de la Rúa. Ejerció brevemente como senador por la provincia de Buenos Aires entre 2001 y 2002, cuando renunció a su banca, no volviendo a ocupar cargos electos. Falleció el 31 de marzo de 2009 debido a un cáncer de pulmón. Se decretaron tres días de duelo nacional y miles de personas concurrieron a la ceremonia de entierro, que mantuvo su féretro en el Congreso y luego lo trasladó al Cementerio de la Recoleta.
Alfonsín abandonó la presidencia con su popularidad en descenso debido a los malos resultados económicos de su gestión y las leyes de impunidad que impulsó para impedir el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. Sin embargo, su imagen personal se vio en gran medida rehabilitada con los años, y muchos sondeos y estudios posteriores encuentran que la opinión pública argentina en general califica positivamente su figura entre los distintos presidentes de la historia argentina. Una encuesta de 2018, que evaluaba el desempeño de las presidencias posteriores a la restauración de la democracia, ubicó a Alfonsín en primer lugar.
Fue el mayor de los seis hijos de Raúl Serafín Alfonsín (1899-1964) y Ana María Foulkes (1906-2003). Su padre era un reconocido comerciante minorista radicado en Chascomús, una pequeña ciudad de entorno agrícola-ganadero a 120 kilómetros de Buenos Aires. Era descendiente de españoles y afromestizos por su padre —su abuelo paterno, Serafín Alfonsín Feijóo, era un migrante gallego— y de británicos por parte de su madre que era hija del galés Ricardo Foulkes y de la malvinense María Elena Ford.
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús y los estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martín, de donde egresó con el grado de subteniente de reserva. Tuvo como compañeros de clase a Leopoldo Fortunato Galtieri y Albano Harguindeguy.
Estudió Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires recibiéndose de abogado en 1950.
El 4 de febrero de 1949 se casó con María Lorenza Barreneche (1926-2016) con quien tuvo 6 hijos: Raúl Felipe Alfonsín, Ana María Alfonsín, Ricardo Luis Alfonsín, Marcela Alfonsín, María Inés Alfonsín y Javier Ignacio Alfonsín, nacidos en 1949, 1950, 1951, 1953, 1954 y 1956 respectivamente. De todos ellos, Ricardo Alfonsín es el único que se dedica a la actividad política, habiendo sido candidato a presidente.
Desde el año 1957 vivió con su familia en la casa ubicada en calle Lavalle 227 frente al Banco Nación. Donde también ejerció su profesión de abogado y periodista.
En 1950 comenzó su actuación política en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical, en Chascomús, donde participó de la fundación del diario El Imparcial.
En 1954, a la edad de 27 años, fue elegido concejal en Chascomús, una ciudad donde la UCR vencía al peronismo, y en 1955 fue encarcelado por la Revolución Libertadora. En 1958 fue elegido diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el gobierno radical de Arturo Illia entre 1963 y 1966, en el cual fue vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCRP.
El 17 de noviembre de 1966 durante la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía fue detenido por un breve tiempo, por haber reabierto el Comité de la Provincia
A partir de la instalación de la Revolución Argentina, una dictadura militar de tipo permanente, Alfonsín estrechó sus contactos con los sectores de centro-izquierda, como el socialismo dirigido por su amigo Guillermo Estévez Boero, y comenzó a desarrollar, desde la Provincia de Buenos Aires, un pensamiento socialdemócrata dentro del radicalismo que tendría un considerable impacto en la juventud. En aquel primer núcleo alfonsinista se encontraban Bernardo Grinspun, Roque Carranza, Germán López, Raúl Borrás, entre otros.
Con la política prohibida y una situación internacional conflictiva, la juventud progresista argentina se vio frente a la opción concreta de sumarse a la lucha armada. Alfonsín rechazó expresamente la lucha armada como camino de progreso social, que adoptaron por entonces algunos grupos católicos, nacionalistas, peronistas y de izquierda, para ofrecer a un amplio sector de la juventud un canal pacífico de militancia de centro-izquierda. El alfonsinismo apoyó la consigna “Elecciones libres y sin proscripciones”, como alternativa a “Ni golpe ni elección: revolución”. La actividad política vedada obligó a Alfonsín a expresar su oposición a la dictadura y difundir sus argumentos a través de su actividad periodística: fue columnista de la revista Inédito -que dirigía el radical de Avellaneda y periodista Mario Monteverde- bajo el seudónimo de Alfonso Carrido Lura.
Los jóvenes radicales de la Junta Coordinadora Nacional (fundada en 1968) y Franja Morada, que habían mantenido una militancia activa contra la dictadura militar, comienzan a acercarse a Raúl Alfonsín. Entre aquellos jóvenes radicales se encontraban Luis Cáceres, Sergio Karakachoff, Federico Storani, Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin, Adolfo Stubrin, Enrique Nosiglia, Juanjo Cavallari, Facundo Suárez Lastra, Gabriel Martínez, Carlos Muiño, Jesús Rodríguez, Ricardo Lafferriere, entre otros.
De este modo el alfonsinismo comenzó a definirse como línea interna progresista frente al balbinismo-unionismo que expresaban una actitud conservadora dentro de la Unión Cívica Radical.
En septiembre de 1972, en Rosario, se creó el Movimiento Renovador Nacional, reclamando un programa de carácter nacional, popular, democrático y liberador, y proclamando a Raúl Alfonsín como precandidato presidencial en las internas de la UCR. En las elecciones internas de la provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1972, se impuso el balbinismo-unionismo con 44.113 votos contra 29.939 del alfonsinismo. El 16 de junio Balbín es reelegido presidente del Comité Nacional radical. El 26 de noviembre las internas para elegir fórmula: Balbín-Gamond 160.767 votos contra 121.548 de Alfonsín-Storani. Diversas fuerzas de izquierda tratan que Alfonsín abandone la UCR y encabeza una fórmula combativa. Incluso el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que dirige la guerrilla Ejército Revolucionario del Pueblo, propone en reunión secreta de Benito Urteaga con Raúl Borrás, la fórmula Alfonsín-Agustín Tosco, el secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, marxista y uno de los líderes de la CGT cordobesa. Alfonsín rehúsa.
En 1973, la Unión Cívica Radical perdió las elecciones ante Juan Domingo Perón. Poco después, en mayo, Alfonsín amplió la extensión del sector que conducía para crear el Movimiento de Renovación y Cambio, con una posición sumamente crítica a la estrategia de unidad nacional del balbinismo, en contra de todo acuerdo con el peronismo, y un programa de izquierda socialdemócrata que proponía la reforma agraria, una nueva reforma universitaria, la democratización del sindicalismo y el establecimiento de una democracia social.
El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio al Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Esta asociación fue la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que en aquella época comenzaron con la actividad de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o «Triple A»). Su primera reunión se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la Iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón y además del propio Alfonsín asistieron el obispo de Neuquén don Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, la doctora Alicia Moreau de Justo, Oscar Alende, Susana Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo.
La APDH desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos, apoyó el trabajo de la CONADEP y luchó contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional. Parte de la responsabilidad del juzgamiento de dichos crímenes fue del propio Alfonsín, cuando fue presidente, durante la realización del Juicio a las Juntas.
Durante la dictadura militar, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos, actividad que por sí misma solía significar la muerte.
Realizó varios viajes a América Latina, los Estados Unidos, Asia, la Unión Soviética y Europa, donde frecuentó a los dirigentes de la Internacional Socialista (IS), denunciando la masiva violación de derechos humanos que se estaba produciendo en Argentina.
En 1976 fundó y dirigió la revista Propuesta y Control, una de las escasas revistas políticas opositoras en aquellos primeros años del gobierno militar.
En 1982, ante la Guerra de las Malvinas, y asesorado por un grupo de intelectuales como Jorge Roulet, Dante Caputo y Jorge Sabato, Alfonsín y el expresidente Arturo Frondizi fueron los únicos políticos que se opusieron a la acción militar en las islas Malvinas, siendo la excepción en el panorama político argentino. Alfonsín sostuvo que la finalidad de la misma era lograr el fortalecimiento de la dictadura. Exigió al gobierno militar que proveyera información verídica sobre la marcha del conflicto.
Este mismo grupo influyó en la decisión de Alfonsín en promover la caída de la Junta Militar encabezada por Galtieri, proponiendo que asumiera un gobierno civil de unidad nacional conducido por el expresidente Arturo Illia con el fin de proceder a la democratización. Se tomaba como modelo la Solución Karamanlis desarrollada en Grecia luego que la dictadura de los coroneles cayera en el desprestigio tras la guerra con Turquía.
La derrota en la guerra de las Malvinas debilitó políticamente al Proceso. Los dirigentes militares se acusaban unos a otros, los sectores que los habían apoyado (como parte de la Iglesia o del empresariado) ya no lo hacían, y el discurso represivo perdió legitimidad. Esto llevó a su vez a un aumento de la movilización política y a una disminución de la autocensura en la prensa, que comenzó a revelar acciones polémicas de los uniformados (principalmente la existencia de desaparecidos), que hasta entonces eran silenciadas. Al levantarse la veda política los partidos atravesaron un período de afiliación masiva de la sociedad: se considera que al realizarse las elecciones de 1983 uno de cada tres electores estaba afiliado a un partido político.
Desde fines de 1982, una vez abierto el proceso de transición a la democracia bajo la presidencia del general Reynaldo Bignone, Alfonsín se convirtió primero en presidente de la Unión Cívica Radical al imponerse el Movimiento de Renovación y Cambio en las elecciones internas partidarias. Poco después fue nominado candidato a presidente de la Nación, cuando el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura ante el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsín en todo el país. Como candidato a vicepresidente fue nominado Víctor H. Martínez, uno de los referentes de la fuerte UCR de Córdoba. Alfonsín era uno de los dos principales candidatos presidenciales, el otro era el peronista Ítalo Luder por el Partido Justicialista (PJ). Existía entonces un generalizado sentimiento de que el peronismo sería un claro ganador, incluso entre los propios dirigentes radicales. Sin embargo, las encuestas mostraron un sostenido crecimiento del voto por Alfonsín.
La campaña electoral de Alfonsín se caracterizó por renovar los canales de la comunicación política en la Argentina. Ocho meses antes de la elección, Alfonsín designó jefe de campaña a Raúl Borrás, radical de Pergamino y familiar del ex presidente Arutro Illia. Además contrató al publicista David Ratto. Por entonces los partidos políticos argentinos solían restar importancia a la publicidad como método para lograr adhesión electoral y solía ser realizada por los propios dirigentes políticos. El equipo publicitario decidió personalizar la campaña, centrándola en la imagen del candidato y destacando sus cualidades naturales. Varios lemas tuvieron impacto masivo, como la frase «Ahora Alfonsín», o la imagen de un escudo con los colores de la bandera argentina y las iniciales «RA», correspondientes tanto a Raúl Alfonsín como a República Argentina. También fue importante el «saludo de Alfonsín», con la forma de un «abrazo a la distancia», que surgió del gesto que el propio Alfonsín tuvo en un acto en el Luna Park el 7 de diciembre de 1982.
Al mismo tiempo hubo una campaña política tradicional, con actos, pintadas, visitas a los hogares. Se desarrolló con aspereza y fueron muchos los choques entre militantes radicales y peronistas que pugnaban por poner a sus candidatos en los grandes paredones de diversas barriadas del conurbano bonaerense.
Un momento clave de la campaña electoral fue la denuncia de un pacto entre la cúpula de las fuerzas armadas y la dirigencia sindical para no juzgar los crímenes cometidos por estos, lo que tuvo repercusión en el mundo.
La campaña de Alfonsín buscó sobre todo transmitir una imagen de paz, evitando cuidadosamente todo conflicto, gestos de violencia en los actos, o discursos agresivos. Cuando sectores de la Juventud Peronista lanzaron la consigna "Somos la Rabia", la Juventud Radical eligió "Somos la Paz". La idea imperante en el PJ era que la posibilidad de derrota era muy baja, por contar con el voto obrero asegurado.
Para acentuar la importancia de su mensaje democrático eligió para cerrar sus discursos en los actos, recitar el Preámbulo de la Constitución Nacional. En cambio, el cierre de campaña del PJ (al día siguiente) se destacó por la quema de un ataúd con las siglas de la UCR. Aunque a veces se atribuye a dicha acción la derrota del PJ (la primera en elecciones libres), la mayoría de los analistas políticos y la totalidad de los encuestadores reconocidos consideran que Alfonsín habría triunfado de todas formas.
Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y Alfonsín triunfó obteniendo el 51,7% de los votos frente al 40,1% del peronismo. La Junta Militar presidida en ese momento por Reynaldo Bignone pretendía entregar el mando seis meses después, pero luego de algunos cabildeos Alfonsín asumió en el cargo el 10 de diciembre, fecha en que tuvo lugar una gran concentración popular en la plaza de Mayo.
En lugar de saludar desde los balcones de la Casa Rosada, como era la costumbre, Alfonsín habló desde el Cabildo de Buenos Aires.
El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia, la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad, la relación con las Fuerzas Armadas; y la obra general de gobierno condicionada por la inflación y la crisis de la deuda.
El gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza nueva: la civilidad que había votado su propuesta de construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos (FF. AA., Iglesia y Sindicatos) deberían someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa.
La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la democracia por sí sola resolvería los problemas económicos y sociales, imponiéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponían. El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.
Ese primer periodo de la presidencia de Alfonsín, caracterizado por un gran apoyo de la población y un clima generalizado de optimismo, se conoce como "primavera alfonsinista" (también como "primavera democrática") y se extendió hasta el 4 de diciembre de 1986 cuando Alfonsín anunció la Ley de Punto Final, lo que provocaría el 19 de diciembre una protesta de 50.000 personas, siendo igual promulgada el 24.
El justicialismo, sorprendido por su primera derrota desde 1946, objetó la legitimidad de la victoria de Alfonsín. Mientras intentaba reorganizarse, el sindicalismo actuó como ariete para desarticular las iniciativas del presidente. El Senado, donde la UCR no tenía mayoría, bloqueó la ley de Reordenamiento Sindical prometido por Alfonsín en su campaña y luego se negó a integrar la CONADEP.
del PIB
La situación económica y social en la que Alfonsín asumió el gobierno era realmente desfavorable, interna y externamente. En 1982 estallaba la crisis de la deuda latinoamericana, ante la moratoria de México y la negativa de los acreedores a refinanciar préstamos, así como la exigencia de que la deuda se cancelara con los activos de los Estados deudores. Internamente, la deuda externa argentina había pasado de 7875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45 087 millones de dólares al finalizar 1983. Así mismo, la tasa de inflación venía en alza: 87,6% en 1980, 131,3% en 1981 y 209,7% en 1982. Por otro lado, el retraso salarial y la pobreza, que había aumentado del 5 % en 1975 al 21 % en 1982, anticipaban grandes presiones sociales una vez reconquistada la democracia. Para América Latina, la década de los años ochenta fue conocida como la década perdida.
En una primera etapa Alfonsín recurrió al esquema económico que el radicalismo había utilizado con considerable éxito durante la presidencia de Arturo Illia 20 años antes. Su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, y gran parte de sus colaboradores habían sido parte de aquel equipo. En ese primer momento Alfonsín y la mayor parte de la Unión Cívica Radical básicamente consideraban que la vigencia de las instituciones democráticas garantizaba que la economía diera respuesta a las necesidades de la población. De esa primera etapa proviene una frase recordada que repitió durante toda la campaña electoral: “Con la democracia se come, se educa y se cura”.
A poco andar fue evidente que el nacionalismo económico clásico del radicalismo, que estaba llevando adelante Grinspun, tenía serios problemas. Al finalizar 1984 el salario real había incrementado un 35%, pero la inflación alcanzó un 625% anual.
En febrero de 1985 Alfonsín reemplazó a Grinspun por Juan Vital Sourrouille con el fin de implementar una política económica que atacara frontalmente la inflación. El 14 de junio, Alfonsín y Sourrouille anunciaron por televisión la puesta en marcha del Plan Austral, por el que se creaba una nueva moneda, el Austral, se congelaban todos los precios de la economía, y se establecía un mecanismo de "desagio" para desindexar los contratos. El Plan Austral fue un plan no monetarista, que se basaba en la idea de que, en una economía de alta inflación durante varias décadas, como la argentina, el único modo de lograr la estabilidad era frenando lo que llamaban “inflación inercial”, es decir la anticipación de la inflación por parte de los agentes económicos. Sólo después podrían atacarse las causas estructurales.
El Plan Austral funcionó bien al principio, pero su efecto fue efímero. En octubre, la tasa de inflación mensual fue del 2%, una tasa inusualmente baja para la economía argentina del último medio siglo. La estabilidad económica jugó un importante papel en el amplio triunfo electoral del radicalismo en las elecciones parlamentarias de noviembre de 1985.
Sin embargo, para 1986, la inflación volvió a mostrar una tendencia ascendente y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados, situación que se vio agravada por la gran caída de los precios de los productos argentinos de exportación (40% en el período). El gobierno anunció entonces una flexibilización de las estrictas normas de congelamiento de precios establecidas un año atrás que no dio gran resultado.
El justicialismo decidió sacudir su tradición movimentista y revalorizar al Partido político, influenciado por el éxito de Alfonsín, La resistencia de la cúpula a ese cambio promovió rupturas y nació la Renovación Peronista (nombre semejante al Movimiento de Renovación y Cambio de Alfonsín). Para los comicios nacionales de 1985 el justicialismo se fracturó y la UCR triunfó en todas las provincias menos dos (La Rioja y Formosa). Los dos liderazgos peronistas más influyentes se proclaman parte de la Renovación: Antonio Cafiero y Carlos Menem.
En Semana Santa de 1987, oficiales jefes del Ejército inician una asonada, toman diversas unidades y establecen su cuartel general en Campo de Mayo, un asiento de tropas decisivo en diversos momentos de la historia de los golpes militares. Reclaman el fin de los juicios por violaciones a derechos humanos durante la dictadura 1976-83. Encabezado por el teniente coronel Aldo Rico -un admirador de los personajes imaginados por el novelista francés Jean Lartéguy en las guerras de Indochina y Argelia- se tiznan el rostro como parte del camuflaje de los comandos. Se los bautizará "carapintadas". Los generales no acompañan los reclamos, pero las tropas eluden reprimirlos. El gobierno decide, por primera vez en la historia argentina, una movilización general de la civilidad. Actos imponentes en diversas ciudades del país, con epicentro en Plaza de Mayo, dan fuerza al presidente. También respaldan al gobierno legal la mayoría de los dirigentes peronistas, el empresariado, el sindicalismo y los partidos menores. El alzamiento está aislado, pero no puede ser aplastado. Alfonsín decide ir personalmente a Campo de Mayo y pide a la multitud que lo espere. Lo hace y los sublevados deponen su actitud. Alfonsín vuelve al balcón de la Casa Rosada y dice "la casa está en orden". Celebra que no hubiera habido muertos. El alzamiento deteriora al gobierno. Aldo Rico dirá años después: "si no fuera por nosotros, Alfonsín todavía estaría gobernando".
Para 1987 comenzaba a hacerse evidente que era necesaria una reforma económica estructural que resolviera la brecha entre recursos con que contaba el Estado, y las funciones que desarrollaba. El desfinanciamiento crónico del Estado ya no podía ser resuelto ni recurriendo a los fondos de pensiones, ni por el endeudamiento interior y exterior, ni por la emisión monetaria.
En julio de 1987 los ministros de Economía, Sourrouille y de Obras y Servicios Públicos, Terragno anunciaron conjuntamente un paquete de medidas para la reforma del sector público. En esa oportunidad decía Sourruille:
El gobierno de Alfonsín no pudo avanzar mucho en este plan de reforma del Estado, en parte por la oposición del peronismo en el Congreso, y en parte porque los partidos políticos populares de entonces, incluida la Unión Cívica Radical, se encontraban sumamente comprometidos con las ideas estatistas y nacionalistas que habían dominado la mayor parte del siglo XX. Finalmente, estas reformas serán realizadas drásticamente durante el gobierno de Carlos Menem, utilizando según sus propias palabras, un método de “cirugía mayor sin anestesia”. El déficit fiscal continuaba, y empezó a financiarse mediante emisión de moneda, lo cual llevó a un recrudecimiento de la inflación, a pesar del nuevo signo monetario.
En abril de 1988, Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. En agosto la inflación alcanzaba el 27,6% mensual. En octubre entonces, el gobierno de Alfonsín puso en práctica un plan de salvataje, el Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo de control. Básicamente consistía en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio y un nuevo régimen cambiario, en el que el Estado intermediaba en la compra y venta de divisas.
Pero el alto endeudamiento externo e interno, estancamiento, escasa inversión en bienes de capital e infraestructura y un grave desequilibrio fiscal hicieron que el Plan Primavera durara poco. Los operadores cambiarios lo rechazaron, no generó confianza y adicionalmente a comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. El 5 de febrero, el ministro Juan Vital Sourrouille, el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Mario Brodersohn, resolvieron aplicar cambios en la política económica. Para ello dispusieron decretar un feriado bancario por 48 horas. Durante mayo de 1989, el tipo de cambio ―que oficialmente se encontraba fijo― se elevó de 80 a 200 australes por cada dólar estadounidense ―equivalente a una abrupta devaluación mensual de un 150 %― lo que naturalmente tendió a acrecentar en gran medida las ya de por sí fuertes presiones inflacionarias. La inflación, que en enero de 1989 era del 387%, creció a 460% en abril. Ese año la cotización del dólar subió el 2038 % y al terminar el año, la inflación fue del 3079 %. La hiperinflación de 1989 provocó un aumento en el porcentaje de personas viviendo en la pobreza del 25 % a comienzos de 1989, al récord histórico de 47.3 % en octubre del mismo año.
Ante esto el ministro Juan Vital Sourrouille, el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Mario Brodersohn, resolvieron aplicar cambios en la política económica. Tras decretar un feriado bancario de dos días, se resolvió que ante la creciente demanda de dólares se priorizaría preservar el stock de reservas y el Banco Central no iba a licitar más dólares, permitiendo una libre flotación de las divisas. A su vez también una "pauta devaluatoria" para el mercado comercial del 6% para ese mes. Otra de las medidas fue la implantación de un tercer tipo de cambio.
Durante mayo de 1989, el tipo de cambio ―que oficialmente se encontraba fijo― se elevó de 80 a 200 australes por cada dólar estadounidense ―equivalente a una abrupta devaluación mensual de un 150 %― lo que naturalmente tendió a acrecentar en gran medida las ya de por sí fuertes presiones inflacionarias. La inflación, que en enero de 1989 era del 387%, creció a 460% en abril. Ese año la cotización del dólar subió el 2038 % y al terminar el año, la inflación fue del 3079 %. La hiperinflación de 1989 provocó un aumento en el porcentaje de personas viviendo en la pobreza del 25 % a comienzos de 1989, al récord histórico de 47.3 % en octubre del mismo año. Muchas de las transacciones comenzaron a realizarse mediante trueque o utilizando al dólar estadounidense como referencia.
Presionado por la recesión económica, el creciente rechazo de los líderes sindicales, la falta de apoyo de líderes empresariales y el temor a una nueva intentona de grupos militares, Alfonsín anunció el 21 de abril de 1989 el adelanto de las elecciones presidenciales para el siguiente 14 de mayo (siendo que debían ser realizadas en octubre) con la idea de que tranquilizarían al país. Sobre esta jugada en particular, años más tarde Alfonsín declaró que al principio la consideró un grave error, pero con el tiempo entendió que estaba en una situación extremadamente compleja.
En las elecciones presidenciales del 14 de mayo, el candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz, fue derrotado por el del Partido Justicialista, Carlos Menem. Sin embargo, contra lo que había supuesto Alfonsín, la situación en el país no se calmó: al conocerse los resultados de las elecciones, Argentina pasó de la fase de recesión a la de hiperinflación, la cual llevó la pobreza de 25% a comienzos de 1989, al récord histórico de 47,3% en octubre del mismo año, y la inflación trepó bruscamente del 460% en abril al 764% en mayo.
La precaria situación económica, la carestía de comida, y el alineamiento de muchos grupos (en Rosario por ejemplo) con el gobernador opositor Victor Reviglio y/o el vicegobernador Antonio Vanrell, ambos del PJ fueron el caldo de cultivo perfecto para los disturbios de Argentina de 1989. Sin confirmarse que estén relacionadas con la oposición del PJ o no, el hecho es que las manifestaciones y saqueos de supermercados continuaron entre los meses de mayo y junio, durante el último tramo de la administración radical, provocando que el 29 Alfonsín ordenara el Estado de sitio para pacificar la situación; calmándose tan pronto como habían comenzado luego del traspaso de mando, aún con hiperinflación presente.
Los primeros disturbios comenzaron en Rosario -la tercera ciudad más grande de Argentina tras el Gran Buenos Aires y el Gran Córdoba- cuando varias personas comenzaron a demandar que algunos supermercados repartiesen comida gratuitamente. Rápidamente se extendieron hacia otras ciudades, incluyendo el propio GBA. La propia reacción policial fue más bien pasiva durante los dos primeros días, lo que contribuyó a la generalización de los disturbios. Aún está abierto a discusión si es que dicha pasividad fue a propósito o si, por el contrario, la policía fue tomada desprevenida y pronto se vio superada por la masiva dimensión que alcanzaron los tumultos.
(base 1970=100)
registrado
Viendo lo difícil que sería atravesar los meses que quedaban hasta la entrega del mando presidencial el 10 de diciembre en medio de este contexto (y el creciente rechazo de sindicatos, empresarios y militares), Alfonsín anunció el 12 de junio de 1989 que también se adelantaba el traspaso de mando para el 30 de ese mes, siendo que originalmente estaba previsto para el 10 de diciembre. El anuncio agarró desprevenido hasta al propio Menem, que no quería tomar el poder tan pronto, así que tras negociaciones se acordó que el traspaso de mando sería el 8 de julio. Así pues, el 8 de julio de 1989 Alfonsín entregó la presidencia a Menem y se dio el primer traspaso desde el retorno de la democracia de dos presidentes elegidos democráticamente (si bien no se cumplió completamente el mandato del saliente). No obstante, la hiperinflación continuó tras la asunción de Menem, y recién se llegaría a niveles de inflación anteriores a mayo del '89 en febrero de 1991 (582%).
Entre las transformaciones económicas estructurales diseñadas por el gobierno de Alfonsín, merece destacarse la iniciación de un proceso de integración económica con Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen al Mercosur. Esta iniciativa ha sido considerada como “el legado más perdurable de toda la política económica del gobierno de Alfonsín”.
Uno de los pilares del discurso de Alfonsín que lo llevó a la victoria en 1983 fue la denuncia de un supuesto "pacto sindical-militar". La denuncia estaba orientada a identificar al peronismo con el autoritarismo y a subsumir al sindicalismo en el peronismo.
Siete días después de asumir el gobierno Alfonsín lanzó su proyecto gremial. Esto abrió la confrontación con los sindicatos, enviando al Congreso un proyecto de reforma sindical conocido como "ley Mucci", con el objetivo de incluir a las minorías en los organismos de dirección de los sindicatos. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero rechazado por la Cámara de Senadores, dominada por la oposición peronista que controlaba la CGT. Unos pocos sectores gremiales acompañaron la idea, pero los partidos de izquierda -que hubieran tenido alguna chance de ingresar a las conducciones- decidieron no apoyar el cambio.
Pero el proyecto tuvo el efecto de unir rápidamente a todos los sectores sindicales, y establecer una lógica de confrontación entre el gobierno radical y los sindicatos, que se expresará en 13 huelgas generales organizadas por la CGT. Estas huelgas fueron calificadas como políticas, ya que, al estar la CGT controlada por el peronismo, la huelga general era un instrumento que utilizaba el Partido Justicialista para entorpecer la acción del gobierno radical.
Por su parte el gobierno radical se opuso frontalmente a restablecer los mecanismos de negociación colectiva, con el fin de preservar en manos del Estado el poder de fijar los salarios. Sin embargo, las negociaciones con los gremios fueron permanentes.
En los seis años del gobierno radical se realizaron casi 4.000 huelgas sectoriales y de empresa (67 % en el sector público) y 13 huelgas generales.
En 1987 Alfonsín cambia su táctica de confrontación con el movimiento obrero y ofrece el Ministerio de Trabajo a José Rodríguez, líder de SMATA y uno de los principales dirigentes sindicales del país. Rodríguez no aceptó pero los grandes gremios propusieron a Carlos Alderete, secretario general de Luz y Fuerza. Como resultado de este acuerdo, el gobierno de Alfonsín elaboró una nueva Ley Sindical que fue aprobada en 1988 (ley 23.551), con el apoyo unánime de todos los sindicatos y parlamentarios de todos los partidos políticos. En cambio, fue cuestionada ante la OIT por la Unión Industrial Argentina (UIA), la principal organización empresarial de la Argentina. Esta queja sería continuada en los años 1990 por la CTA.
En diciembre de 1983 regresa la democracia al país con la asunción de Raúl Alfonsín. La deuda externa había aumentado un 364% durante el gobierno militar hasta llegar a los 45.000 millones de dólares, por lo que su pago demandaba el 50% de las divisas generadas por las exportaciones del país. Alfonsín declaró:
El gobierno declaró una moratoria unilateral de la deuda por 180 días mientras intentaba iniciar una renegociación.
El peso de la deuda externa y el desequilibrio macro económico resultaron abrumadores, el déficit público fue constante convirtiéndose en un problema grave: 1984, 10,5%; 1985, 7,7%. ni evitar la caída de la inversión bruta fija que fue del 9%, producto de una baja. Tampoco se logró la estabilidad monetaria ni se alcanzó el equilibrio en las cuentas públicas. En este sentido, el desequilibrio fiscal llegaba al 12,5% del mismo) la reducción de la inversión pública y la postergación del pago a los proveedores, aspectos que repercutieron de manera desfavorable sobre el resto de la economía.
En junio de 1985, Alfonsín avisó que se implementaba una economía de guerra. Un decreto de necesidad y urgencia engendró el Plan Austral. En 1989, luego de la renuncia de Juan Vital Sourrouille fue designado por el presidente Raúl Alfonsín como Ministro de Economía Juan Carlos Pugliese, cargo que desempeñó brevemente en un contexto de aceleración de un proceso inflacionario que venía creciendo desde mediados del año anterior. Durante su gestión comenzó la hiper-inflación de 1989-90, que afectó a todo el sistema productivo y deterioró las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad
Un mes después, en mayo, se registraba el que por entonces era el mayor índice de inflación de la historia argentina,con un 114,4%, lo que técnicamente constituía una hiperinflación. El clima de incertidumbre y desconfianza se acentuaron, sumando interrogantes a las posibilidades reales del gobierno de afrontar el financiamiento de un déficit fiscal que llegaba al 14,5% del PBI, incrementándose el costo de la deuda externa.
En 1989 se desató la hiperinflación. Durante 1989 el gasto público representó el 35.6 % del PBI y el déficit fiscal ascendió al 7.6 % del PBI. De diciembre a diciembre la inflación alcanzó el 3079 %.
Durante el período 1983-1989 se produjo un fuerte proceso de deterioro de los servicios públicos debido a las bajas inversiones. El sector más afectado fue el eléctrico, lo que llevó a la crisis del año 1988. En tanto en agua y saneamiento, la inversión de OSN en 1985 fue del 67.8 por ciento de lo que se necesitaba para mantener suministro, y solo el 19.5 por ciento en 1989.
En el sector de las telecomunicaciones se lanzó un plan de modernización llamado Megatel, sin embargo, para 1989 el plan había fracasado.
El sector eléctrico argentino experimentó una seria crisis en el año 1988. La escasez de electricidad había comenzado en abril de 1988 por lo que se realizaron cortes del servicio eléctrico. En ese mes, se hicieron cortes rotativos de 5 horas por turno. Con la llegada del verano, y el esperable aumento de la demanda, los problemas se agravaron y para peor, se sumaron varios incidentes: salió de servicio la central nuclear de Atucha I, fallaron dos bombas de la central hidroeléctrica de embalse del Río Tercero y un incendio en La Pampa afectó líneas de transporte desde la central de El Chocón. La falta de energía eléctrica afectó también el abastecimiento del agua. Fue así como Obras Sanitarias de la Nación tuvo que distribuirla en tanques a las zonas del Gran Buenos Aires.
El gobierno respondió profundizando las medidas de ahorro. Además de los cortes de luz programados en forma rotativa, se redujeron el alumbrado público, los horarios de transmisión televisiva -que llegó a transmitir sólo 4 horas diarias- y el tiempo de atención en los bancos; se prohibieron los espectáculos deportivos nocturnos, e incluso se fijó un orden de apagones de vidrieras y marquesinas. Además, el 1 de diciembre de 1988 se retomó la aplicación del horario de verano. Se atribuyó la crisis a la «falta de inversiones en materia de generación, expresando que en el período 1984-87 las inversiones en generación alcanzaron a u$s 28 millones cuando en realidad deberían haber sido alrededor de u$s 250 millones. En general, el período comprendido entre 1980 y 1990, fue considerado la “década de la desinversión”. El Estado debió utilizar la importación de combustibles para la generación eléctrica y abastecer la red de gas.
Alfonsín implementó el «Plan Alimentario Nacional» (PAN), que se hizo conocido por su Cajas PAN, como solución de emergencia para afrontar el hambre y la pobreza. Se proponía llegar a cuatro millones de beneficiarios. Cada caja incluía:
El plan PAN se implementaba mediante la distribución de cajas de alimentos a través de los municipios. Autores críticos delinean que no se trataba de un programa dirigido a reducir la pobreza estructural sino de una medida que seguía la tradición asistencialista del Estado argentino y de corto plazo.
La crisis hiperinflacionaria y la destrucción de la moneda, llevó la pobreza al 47%, volviendo a su nivel previo en 1991. El PAN inspiró posteriormente otros planes similares implementados en otros países latinoamericanos.
El gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que había llegado al terrorismo de estado y la guerra.
El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres Juntas Militares que dirigieron el país desde el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 hasta la guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.
Un importante debate reservado discutió si líderes del gobierno peronista debía ser enjuiciado por los secuestros y asesinatos anteriores a marzo de 1976. Alfonsín definió por la negativa. En su convicción, la democracia, para consolidarse, necesitaba un peronismo fuerte, en condiciones de convertirse en alternativa democrática de poder. Sólo fue ordenada la captura de José López Rega, inspirador de la parapolicial Triple A durante el gobierno 1973-76.
También el 15 de diciembre Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la ley de autoamnistía N.º 22 924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley N.º 23 040, la primera ley de la nueva etapa democrática.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su conocido informe titulado Nunca Más y concurre a entregarlo al presidente Alfonsín acompañada de una multitud de 70 000 personas. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal, un tribunal civil, toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.
La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron «carapintadas» dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección. Millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo al borde de la guerra civil. Alfonsín, anunció al público reunido en la Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, el envío de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco después habría de darse cuenta de que esas tropas, en los hechos, no existían. Ni una sola de las unidades convocadas en la Capital Federal, y zonas adyacentes, respondió a esa orden. Sólo el general de brigada Ernesto Alais se mostró dispuesto a actuar, desde su guarnición en la provincia de Corrientes, y así avanzó con sus tropas hacia Campo de Mayo. A pesar de ello, al llegar esas fuerzas a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los oficiales de rango intermedio detuvieron su marcha e hicieron conocer su decisión de no avanzar contra sus compañeros. El gobierno debatió si marchar con la multitud desarmada sobre Campo de Mayo, donde se encontraban los militares insurrectos, pero decidió no hacerlo por el riesgo que corriera sangre y se creara un clima de guerra civil.
En vez de ello, Alfonsín concurrió el 30 de abril personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Horas después anunció, que los amotinados habían depuesto su actitud, con un discurso a la multitud reunida en la Plaza de Mayo, que provocó rechazo en muchos al definir a los rebeldes como Héroes de Malvinas y al terminar el discurso con un saludo de ¡Felices Pascuas (…) la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina! que algunos iban a considerarlo como un acto de claudicación y otros, en cambio, lo elogiaron por haber sabido evitar un enfrentamiento en el que hubiesen podido producirse muertes.
Alfonsín, sin poder militar para detener el golpe de Estado, negoció con los líderes militares «carapintadas» la garantía de que no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron en la ley de Obediencia Debida y el reemplazo del teniente general Héctor Ríos Ereñú por el teniente general José Dante Caridi, al mando del Ejército Argentino. Este último, desde su cargo, comenzaría a defender públicamente la dictadura y el terrorismo de estado. Desde entonces Alfonsín debió enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas. En rigor, Alfonsín había desarrollado en la campaña electoral su propuesta: castigar a quienes dieron las órdenes. Él pensaba en alrededor de veinte oficiales superiores, pero de ningún modo los subalternos. Sin embargo, su proyecto había sido modificado por el Senado. Muchos tribunales que habían estado remisos para aceptar hábeas corpus, se lanzaron luego de la guerra de Malvinas a citaciones indiscriminadas, incluyendo personal de baja graduación.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud Radical y su brazo universitario Franja Morada.
Alfonsín resistió sin embargo la presión para indultar a los militares condenados. Aseguró a sus colaboradores que antes de indultar a las Juntas presentaría su renuncia.
Inexplicablemente, ambas leyes (Obediencia Debida y Punto Final) fueron equiparadas por cierta crítica con los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989. Llamadas «las leyes de impunidad», serían derogadas por el Congreso Nacional en 2003. El propio Alfonsín apoyó la nulidad de las leyes, aunque aclaró que le correspondía a la Corte Suprema hacerlo, y no al Congreso.
Quienes justifican las decisiones que tomó para detener los juicios contra los militares, sostienen que en aquel momento las Fuerzas Armadas no obedecían las órdenes del presidente y que no existía poder para reprimir las insurrecciones, lo que hubiera llevado a un sangriento golpe de Estado y eventualmente a una más sangrienta guerra civil.
Alfonsín se ha referido con posterioridad abiertamente sobre esta cuestión diciendo:
La Semana Santa de 1987 profundizó una tendencia de baja en la popularidad de Alfonsín que había comenzado con su anuncio el 4 de diciembre de 1986 de la Ley de Punto Final, una tendencia que se reflejaría en la derrota de la Unión Cívica Radical en las elecciones para gobernadores y parlamentarias de ese año. Aun así, llegadas las Elecciones presidenciales de Argentina de 1989, Alfonsín logró entregar su mandato a otro presidente civil, de otro partido político, hecho que no sucedía desde 1916, y que desde su asunción en 1983 Argentina inició el más extenso período democrático de su historia.
En el mundo, el modelo argentino ha sido replicado, muchas veces con el mismo nombre de "Nunca Más" y el proceso a las Juntas Militares argentinas abrió el camino para la imprescriptibilidad de las violaciones de los derechos humanos por parte de los Estados.
Durante el mandato de Raúl Ricardo Alfonsín, se sucedieron constantes modificaciones en la cúpula de las tres Fuerzas Armadas, especialmente en el Ejército Argentino.
Como titular del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas designó al teniente general Julio Fernández Torres el día 16 de diciembre de 1983.Tras realizar apreciaciones personales respecto a hechos ocurridos durante el último régimen militar se sucedió una crisis militar interna. El presidente Alfonsín ordenó al ministro de Defensa Raúl Borrás relevarlo, lo que se materializó el 4 de marzo de 1985. Fue sucedido por el brigadier general Teodoro Waldner, quien asumió el 8 de marzo de ese año y cumplió funciones hasta el 11 de julio de 1989.
La Armada de la República Argentina fue la más estable de todas, ya que el almirante Ramón Antonio Arosa, designado titular de la fuerza el 16 de diciembre de 1983, se mantuvo al frente de la marina hasta la finalización del mandato de Alfonsín el 8 de julio de 1989.
En la Fuerza Aérea Argentina se sucedieron dos comandantes. El 14 de diciembre de 1983 fue puesto al frente de la aeronáutica el brigadier general Teodoro Guillermo Waldner, quien luego pasó a ser jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas el 5 de marzo de 1985, quedando el cargo de titular de la Fuerza Aérea en manos del brigadier general Ernesto Horacio Crespo, quien acompañó a Alfonsín hasta el final de su gestión.
La fuerza más inestable fue Ejército Argentino, ya que se sucedieron cinco titulares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, ellos fueron los generales de división Jorge Hugo Arguindegui (1983-1984), Ricardo Gustavo Pianta (1984-1985) y los tenientes generales Héctor Luis Ríos Ereñú (1985-1987), José Segundo Dante Caridi (1987-1988) y Francisco Eduardo Gassino (1988-1989).
El copamiento del cuartel de La Tablada, o combate de la Tablada o la batalla de la Tablada, fue un intento de ocupación de la guarnición del Ejército Argentino ubicada en La Tablada, en la provincia de Buenos Aires, el 23 y 24 de enero de 1989, por un comando del Movimiento Todos por la Patria (MTP), durante la presidencia constitucional de Raúl Alfonsín. El ataque fue rechazado luego de varias horas de combate, resultando muertos 32 guerrilleros, nueve militares y dos policías. Cuatro guerrilleros fueron detenidos desaparecidos por las fuerzas gubernamentales, cuya suerte nunca fue revelada por el Estado argentino.
Según el MTP el ataque fue para detener un golpe de Estado carapintada, en tanto que la conclusión de la investigadora Claudia Hilb, es que la cúpula del MTP pretendía provocar —mediante un fingido ataque carapintada al cuartel— una insurrección popular manipulando los sentimientos antigolpistas. El investigador Felipe Celesia coincide en que no había tal intento de golpe carapintada y sostiene que el MTP perseguía hacer la revolución según el modelo sandinista, mediante una insurrección popular que generara cambios políticos de fondo.
El presidente Alfonsín sostuvo que fue él quien ordenó la represión, algo que también compartió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al investigar los hechos. Celesia sostiene que durante el primer día, las operaciones represivas dentro del cuartel estuvieron bajo el mando autónomo del poder militar y que el presidente Alfonsín recién pudo asumir el control de las mismas a partir del día siguiente. La represión llevada a cabo por el Ejército se caracterizó por un alto grado de violencia, sin intentos de negociación, con violaciones de derechos humanos; en 1987 y 1988 Alfonsín había enfrentado sin recurrir a la violencia y negociando con los sublevados, tres insurrecciones militares carapintadas.
El juicio contra los atacantes se realizó en forma sumaria ese año sin respetar el derecho al debido proceso, con condenas «ejemplificadoras», completadas en 1997 con las condenas de Gorriarán Merlo y Ana María Sívori. En 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo por probado que el Estado argentino fusiló, torturó y vejó a varias de las personas que fueron detenidas, evitó investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares y otros funcionarios, además de no respetar el derecho al debido proceso.
Doce años después de los hechos, luego de una huelga de hambre de los presos de La Tablada y presionado por los cuestionamientos de la CIDH, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, el presidente Fernando de la Rúa, conmutó las penas de los condenados. En 2003 el presidente Eduardo Duhalde indultó a los condenados.
Dentro de sus políticas sociales se destacan la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida y la defensa de los derechos humanos. Se manifestó a favor de la despenalización del aborto, sin embargo, no presentó ningún proyecto para evitar un cruce con la Iglesia.
En Argentina, la patria potestad compartida había sido establecida en 1949, mediante la reforma constitucional realizada ese año. La derogación de dichas reformas por proclama militar en 1956, y la ratificación de dicha derogación por la Convención Constituyente de 1957, restableció la desigualdad de la mujer frente al hombre por varias décadas más. En 1974 el Congreso volvió a establecer la patria potestad compartida, pero la presidenta María Estela Martínez de Perón vetó la ley. Básicamente los influyentes sectores conservadores en Argentina argumentaban que la unidad de la familia exige que uno de los cónyuges tenga "la última palabra", y que por razones culturales y tradicionales, resultaba razonable que esa facultad fuera atribuida por la ley al varón.
En 1985, durante el gobierno de Alfonsín se restableció la patria potestad compartida, mediante la Ley 23.264, un derecho largamente reclamado por las mujeres.
La sanción definitiva del divorcio vincular sucedería durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El 19 de agosto de 1986 se aprobó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados y fue girado al Senado que lo aprobó el 3 de junio de 1987. Fue promulgada el 12 de junio en el Boletín Oficial.
La Iglesia católica, que mantuvo siempre una tirante relación con el presidente Alfonsín, se mostró dividida frente a la ley de divorcio. El sector más conservador, encabezado por el entonces obispo de Mercedes (Buenos Aires), Emilio Ogñénovich, organizó una procesión a Plaza de Mayo encabezada por la Virgen de Luján. Ante la escasa cantidad de asistentes, Ogñenovich acusó a los obispos ausentes de haber traicionado el compromiso. La Conferencia Episcopal Argentina discutió entonces la posibilidad de excomulgar a los legisladores que votaran la ley, pero la idea no prevaleció. Sin embargo, el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Desiderio Collino, excomulgó a los diputados de su diócesis. Una vez aprobada la ley, la Iglesia presionó al presidente Alfonsín para que la vetara, pero ello no sucedió.
La Ley 23.511 es la norma que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en Argentina. Se trata de un proyecto formulado por Abuelas de Plaza de Mayo que fue aprobado por el Congreso de la Nación en forma unánime en mayo de 1987.
Esta ley permitió dar validez legal a los análisis genéticos realizados y guardados en el Hospital Durand, con el objetivo de resolver los conflictos por temas filiatorios, sobre todo en el caso de los niños desaparecidos durante la dictadura cívico-militar argentina.
El Plan para una Segunda República Argentina fue un conjunto de reformas políticas, sociales e institucionales elaboradas en el año 1986 por el presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Este plan fue anunciado por cadena nacional la noche del 15 de abril de 1986, ante los miembros del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Estuvo integrado por varios proyectos ambiciosos enviados al Congreso de la Nación que habrían significado, dada su trascendencia, una refundación institucional del país, viniendo de allí el nombre.
En 1985 se crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia que trabajó en diferentes proyectos de reformas como la reforma constitucional, el traslado de la capital de la Nación, una nueva ley de radiodifusión y la creación del Mercosur.
El 16 de abril de 1986, Raúl Alfonsín dio desde los balcones del ministerio de economía de la provincia de Río Negro un efusivo discurso donde invitaba a los argentinos a "avanzar hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío" y donde anunciaba el traslado de la Capital Federal al área patagónica integrada por las ciudades de Carmen de Patagones (en la Provincia de Buenos Aires), Viedma y Guardia Mitre (ambas en la provincia de Río Negro). Se trataba de un ambicioso proyecto, el cual es conocido como Proyecto Patagonia, cuyo fin era descentralizar el poder político y económico del país, excesivamente concentrado en el Gran Buenos Aires, promoviendo también el poblamiento de la Patagonia.
Para concretar el proyecto el Congreso de la Nación sancionó la Ley N.º 23.512 y se creó el Ente para la Construcción de la Nueva Capital Empresa del Estado (ENTECAP), que debía diseñar y planificar la construcción de los edificios donde funcionarían los organismos administrativos del Gobierno y las diferentes obras de infraestructura necesarias para el asentamiento de población y evitar el impacto demográfico negativo en los habitantes de las ciudades y pueblos ya existentes en el área federalizada.
El proyecto tuvo enorme rechazo de los sectores ligados a los intereses políticos y económicos de la ciudad de Buenos Aires y de los medios de comunicación porteños, los cuales lo tildaban de "costoso", "faraónico" e "innecesario". Este frente político anti-traslado que se armó estaba integrado fundamentalmente por los sectores neo-conservadores, que tenía entre sus principales líderes y referentes al ingeniero Álvaro Alsogaray, quien desde un primer momento se opuso al traslado. Estos sectores hicieron todo lo que estaba a su alcance para tirarlo abajo. También se abrió un gran debate sobre la eventualidad de que la Ciudad de Buenos Aires retornara a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, lo que se resolvió con el artículo 6.º de la ley 23.512, el cual establecía la provincialización de la Ciudad una vez que las autoridades federales estuvieran radicadas en la nueva capital y que se debería convocar a una Convención Constituyente para organizar sus instituciones. Esta ley fue el antecedente inmediato de la autonomía porteña actual. Cuando Carlos Saúl Menem asumió la presidencia intentó continuar con el proyecto de traslado de la Capital, pero posteriormente, presionado por los sectores conservadores con quienes se alió políticamente, decidió anularlo disolviendo el ENTECAP, liquidando sus bienes y propiedades. La ley de traslado fue derogada por el Congreso mediante la sanción del Digesto Jurídico Argentino.
Quienes apoyaron el proyecto le han criticado a Alfonsín su falta de decisión política para llevarlo adelante y no haber ejecutado actos que hicieran irreversible el traslado, "mediante acciones de gobierno en Viedma, como firmas de decreto". El propio Alfonsín se arrepiente de no haberlo hecho, cuando le respondió a un periodista: "No haberme ido, aunque sea con una carpa, a Viedma como Capital. Ese fue un error grosero". También se critica a los funcionarios por él nombrados al frente del ENTECAP de dilatar los tiempos haciendo estudios y maquetas y de diseñar un proyecto demasiado costoso, el cual les daba argumento a los opositores de este. Este organismo además fue muy cuestionado por funcionar más en Buenos Aires que en Viedma, donde debía tener su sede.
A pesar de haber sido anulado por el gobierno menemista, en muchas oportunidades Raúl Alfonsín manifestó su anhelo de que algún gobierno retome el proyecto de Traslado de la Capital. En 1990 se incluyó el tema en el punto III, que se refiere al Federalismo, de las Bases de Acción Políticas de la Unión Cívica Radical, el cual dice: «Propiciar el reordenamiento territorial y la desconcentración de la población. Implementar oportunamente el traslado de la Capital Federal».
La Convención Constituyente de 1994, que surgió de la firma del Pacto de Olivos, introdujo en el nuevo texto constitucional la posibilidad de trasladar la Capital Federal fuera de la Ciudad de Buenos Aires y la provincialización de esta última, a través de los artículos 45.º y 129.º. El primero de éstos sostiene que «La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado…»; y el segundo dice que «La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción…», pero que «…Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación…».
En 1984, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional de Alfabetización Funcional y Educación Permanente (CONAFEP). Se instrumentó el Plan Nacional de Alfabetización (PNA) diseñado por la profesora Nélida Baigorria. Al asumir el gobierno los datos del censo de 1980 indicaban un analfabetismo de 6,1 %. En el censo de 1991 el analfabetismo se había reducido a 3,7 %, porcentaje similar al que registran España y Canadá. En 1988, el PNA de Argentina recibió el premio otorgado por la Asociación Internacional de Lectura de la Unesco.
En la Universidad, reorganizó las universidades nacionales bajo los principios de la Reforma Universitaria, básicamente garantizando la autonomía universitaria plena, el cogobierno entre docentes, estudiantes y graduados y la gratuidad de los estudios de grado.
En 1984, por la ley N.º 23.114, el gobierno radical de Raúl Alfonsín convocó a un Congreso Pedagógico Nacional supuestamente para atender las deficiencias del sistema educativo, pero con el fin de definir si la Educación Pública debía ser Estatal o no Estatal, de lo que dependería si los colegios privados seguirían recibiendo apoyo económico del Estado y si los padres de ingresos medios y bajos podrían elegir el tipo de educación para sus hijos en escuelas de gestión privada. Cabe tener en cuenta que en la Argentina viene de lejos la antinomia educación pública-educación privada. Y durante aquel Congreso pedagógico se enfrentaron dos enfoques respecto de esta.
Alfonsín confió la organización del congreso a su equipo educativo, encabezado en 1984 por el ministro Carlos Alconada Aramburú, y el diputado Adolfo Stubrin, ambos con enfoques estatistas. El enfoque estatista era impulsado por radicales y comunistas; y el enfoque no estatista, que finalmente fue el que triunfó, fue defendido por la Conferencia Episcopal Argentina, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Justicialista, la Unión del Centro Democrático, el Movimiento de Integración y Desarrollo y una enorme movilización de padres de familia que tenían a sus hijos en colegios privados. En aquella convocatoria llegaron a participar 400.000 personas.
La asamblea nacional se realizó en Embalse de Río Tercero (Provincia de Córdoba), en marzo de 1988 y luego del triunfo del enfoque no estatista el gobierno de Alfonsín entró en crisis y a los pocos días una huelga docente dejó sin clases durante dos meses a millones de alumnos de escuelas estatales.
La llegada de la democracia en 1983 eliminaría la persecución ideológica, pero las políticas puestas en práctica por los distintos gobiernos siguieron siendo de involución, y no se contó con un amplio proyecto de desarrollo integral. El vacío económico, político y cultural hizo imposible una política científica realista. Terminó la fuga de cerebros por motivos políticos pero recrudeció la debida a motivos económicos, debido a los continuos ajustes y falta de oportunidades de trabajo.
La Asociación Civil Ciencia Hoy, entidad civil sin fines de lucro que divulga el estado actual y los avances logrados en la producción científica y tecnológica de la Argentina y el Uruguay, realizaba en la editorial de su revista, en 1998, el siguiente comentario:
En 1984 Manuel Sadosky, como secretario de Ciencia y Tecnología, promovió la creación de una comisión nacional de informática, para establecer las bases de un plan nacional de informática y tecnología. En este marco nacieron la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI) y la Escuela Argentino-Brasileña de Informática (EABI). Ambas iniciativas apuntaron a formar personas con dominio de la informática y capaces de desempeñarse como docentes e investigadores, para estar en condiciones de satisfacer las necesidades del desarrollo y de los futuros estudios de postgrado en América latina. Sadosky realiza una memoria de su gestión donde afirma: "Los dirigentes de nuestra sociedad no tienen en general conciencia de la importancia de los recursos humanos con calificación científica para el desarrollo nacional(…). Nuestros dirigentes no entienden por qué es importante que el país disponga del mayor número posible de científicos y tecnólogos. Esto es consecuencia de lo que se ha llamado visión alienada del desarrollo".
En lo que respecta a CONICET en esta gobierno se cambia el mecanismo de subsidios, que pasa de depender de los directores de instituto a realizarse mediante convocatorias públicas. Además se crea dentro de CONICET el área de Transferencia Tecnológica para mejorar la vinculación con el sector productivo.
Se destaca la creación de una única universidad, la Universidad Nacional de Formosa (1988). Además se crea el Sistema de Apoyo para Investigadores Universitarios (SAPIU) que entrega un incentivo a aquellos docentes universitarios que realizan investigación.
Alfonsín sostuvo una activa política internacional implementada por su ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, el único que se mantuvo durante casi todo su mandato. Las prioridades fueron fortalecer el sistema democrático en Argentina, evitar que la Guerra Fría no regenerara la concepción de la seguridad nacional, impulsar el proceso de democratización regional, resolver las cuestiones limítrofes, generar mayor capacidad negociadora regional frente a las grandes potencias y promover la integración subregional. Caputo fue elegido presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.
Alfonsín es cofundador del Grupo de los Seis para promover la distensión y el desarme. Junto con Olof Palme (Suecia), Julius Nyerere (Tanzania), Indira Gandhi (India), Andreas Papandreu (Grecia) y Miguel de la Madrid (México).
Durante su gobierno realizó una serie de viajes internacionales, entre ellos a los Estados Unidos, la Unión Soviética, China, España y Cuba. Mantuvo estrechas relaciones con el gobierno democrático de Uruguay, encabezado por Julio María Sanguinetti, que asumió en 1985.
Alfonsín buscaba el apoyo de gobiernos amigos de Europa, como España, Francia, Italia. Era recibido con honores, pero no hubo apoyo financiero: "el prestigio de Alfonsín era enorme -cuenta Federico Storani, entonces presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados- Nos aplaudían en todos lados. Mucha palmada, mucha parola. Y poca guita".
Alfonsín asumió rodeado de dictaduras y estaba convencido que sólo un proceso de democratización permitiría estabilizar la democracia en la Argentina. Desarrolló una política de apoyo explícito y sostenimiento a los partidos opositores. En Chile impulsó la coalición del centro y la izquierda para resistir a Pinochet, en Paraguay presionó sobre Alfredo Stroessner y en apoyo a los partidos enfrentados al Colorado oficialista. Dio tratamiento de jefe de Estado al líder del partido Blanco uruguayo, Wilson Ferreyra Aldunate, proscripto por el régimen militar.
Al respaldar la paz con Chile y la integración con el Brasil, la Argentina eliminó las dos hipótesis de guerra más antiguas. En cambio, no reanudó relaciones con Gran Bretaña y mantuvo el desarrollo misilístico, con el propósito de presionar a Gran Bretaña con el Cóndor II, cuyo alcance incluía las Islas Malvinas. El propósito: retomar las negociaciones para la recuperación del archipiélago por vía pacífica.
También imaginó el Grupo de Apoyo a Contadora, para impulsar junto con Brasil y otras naciones sudamericanas un proceso de acercamiento en la crisis centroamericana y evitar una intervención de Estados Unidos, que apoyaba a la contra nicaragüense. A preocupación del gobierno de Alfonsín por promover mecanismos multilaterales y de integración supranacional, lo llevó también a promover la integración comercial entre Argentina y Brasil, uno de los casos de enfrentamiento internacional más persistentes del mundo.
Desde fines de 1982 y la elección de Franco Montoro como gobernador de São Paulo, Alfonsín percibía el renacimiento de un proceso democrático en Brasil. Para su asunción, Alfonsín invitó a Montoro, Ulisses Guimarães, Helio Jaguaribe, Fernando Henrique Cardoso, y Fernando Gasparián. A mediados de la década, Alfonsín ordena a su canciller, Dante Caputo, de iniciar el proceso de integración subregional. Así, a principios de 1985 Alfonsín propuso al presidente electo del Brasil, Tancredo Neves, iniciar un proceso de integración económica entre Argentina y Brasil “para fortalecer la democracia, afrontar la deuda externa y posibilitar la modernización productiva” que fue recibida con agrado por el mandatario brasileño. Poco después Tancredo Neves falleció, pero su sucesor José Sarney adoptó con entusiasmo el proyecto de integración, y autorizó al embajador Francisco Thompson Flores una importante compra de trigo argentino en condiciones desventajosas, por razones puramente políticas. A partir de allí el proyecto de integración se desarrolló vertiginosamente:
Complementariamente, durante el gobierno de Alfonsín, Argentina y Brasil dieron forma a varios protocolos de integración, para sectores específicos, implementados por su secretario de Industria y Comercio Exterior, Roberto Lavagna, posterior ministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.
El proceso se completaría el 26 de marzo de 1991, ya durante las presidencias de Fernando Collor de Mello y Carlos Menem, con la firma del Tratado de Asunción en el que se constituye el Mercosur.
Algunos analistas consideran que el proceso de integración de Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay, que puso en marcha Alfonsín es uno de los puntos más altos y trascendentes de su obra de gobierno.
Para Alfonsín garantizar la paz con Chile fue una cuestión prioritaria desde el momento de asumir:
En 1978 la reina británica dio a conocer el Laudo Arbitral de 1977, que le había sido entregado para su conocimiento y publicación por una Corte Arbitral de cinco jueces nombrados en 1971 de común acuerdo entre los presidentes Allende y Lanusse. La sentencia, (ver texto depositado en las Naciones Unidas Beagle Channel Arbitration between the Republic of Argentina and the Republic of Chile, Report and decision of the Court of Arbitration), determinó que las islas en disputa pertenecían a Chile. El gobierno militar argentino declaró la nulidad del laudo y posteriormente dio partida a la Operación Soberanía para ocupar las islas. A partir de entonces la Santa Sede se mantuvo como mediadora intentando llevar a las partes a un acuerdo que no contradijera el laudo de la Corona británica.
En 1984 la mediación estaba prácticamente agotada y Chile aún se encontraba gobernado por una dictadura militar. La persistencia del conflicto era un factor de fortalecimiento del militarismo en ambos países, y por lo tanto una amenaza inmediata a la democracia argentina.
En 1983 el Papa presentó una segunda propuesta de solución (la primera había sido rechazada por Argentina). Alfonsín estimó necesario entonces cerrar el conflicto aceptando la propuesta de la Santa Sede. Como primera medida, Alfonsín firmó en la Ciudad del Vaticano el 23 de enero de 1984 una Declaración Conjunta de Paz y Amistad en la que los dos países se comprometían a alcanzar una solución “justa y honorable” para el conflicto, “siempre y exclusivamente por medios pacíficos”.
Pero el gobierno alfonsinista evaluó que el momento más crítico iba a presentarse cuando la propuesta de la Santa Sede fuera conocida, y los sectores nacionalistas comenzaran a cuestionarla subrayando las pérdidas de soberanía frente a su reclamo máximo. El propio Alfonsín realizó años después esta conclusión sobre las consecuencias de aquel Tratado:
Ello llevó a Alfonsín a tratar de crear un fuerte consenso interno que le permitiera aprobar la propuesta de la Santa Sede y al mismo tiempo evitar el fortalecimiento de los militares golpistas en ambos países. Existía el peligro cierto de que la mayoría peronista en el Senado, presionada por la exigencia de defender la soberanía, rechazara la propuesta del papa Juan Pablo II.
Alfonsín entonces, primero incluyó en el Acta de Coincidencias entre los partidos políticos que se firmó el 7 de junio de 1984, un punto estableciendo que debía aceptarse la propuesta que hiciera la Santa Sede. El Acta fue firmada por 16 partidos políticos, incluido el peronismo, siendo rechazada por 4.
Pero fundamentalmente Alfonsín buscó generar un sólido consenso interno mediante una consulta popular no vinculante, pero que presionara a los senadores. Si bien los principales líderes del peronismo (Lúder, Cafiero, Carlos Menem, Lorenzo Miguel, Isabel Perón) estaban a favor de aceptar la propuesta papal, la oposición a la misma había crecido y sumaba a varios senadores peronistas como José Humberto Martiarena, Oraldo Britos, Francisco Villada, Vicente Leónidas Saadi, Olijuela del Valle Rivas, Libardo Sánchez; radicales como Ramón Vázquez; nacionalistas como Marcelo Sánchez Sorondo, Alfredo Rizzo Romano, Alberto Asseff; socialistas como Alicia Moreau de Justo y Jorge Abelardo Ramos, entre otros.
En esas condiciones se produjo el famoso debate televisivo entre Dante Caputo y Vicente Saadi que tuvo un impacto decisivo para el triunfo del "SI" a la propuesta papal. El 25 de noviembre de 1984 se realizó el plebiscito y triunfó el "SI" con un apoyo del 81,32%. Cuatro días después, el 29 de noviembre de 1984 se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile.
Luego apareció un nuevo problema. El Partido Comunista de Chile ha lanzado su aparato militar para formar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez que toma las armas contra la dictadura de Augusto Pinochet. Y espera conseguir una retaguardia segura en el lado argentino de la cordillera, con el respaldo del PC argentino. El riesgo de verse envuelto en un conflicto lleva a Alfonsín a plantear la cuestión al Partido Comunista de la Unión Soviética en su viaje a Moscú de 1986. Los soviéticos negaron su participación. Alfonsín se lo plantea a Fidel Castro en La Habana, ese mismo 1986. Un año después, el PC de Chile abandona la línea militar.
El gobierno de Alfonsín intentó crear mecanismos multilaterales, para tratar la cuestión de la deuda externa, que permitieran a los países latinoamericanos actuar conjuntamente. La heterogeneidad de los países latinoamericanos, y principalmente la decisión final de México y Brasil de negociar bilateralmente, limitó considerablemente las posibilidades que abría una acción conjunta. Sin embargo, los intentos de formar un “club de deudores” impulsados por el gobierno de Alfonsín, anticiparían los procesos de integración subregional y regional que se producirían en la década de 1990, y coaliciones multilaterales Sur-Sur, como el Mercosur, la Comunidad Sudamericana de Naciones y sobre todo el Grupo de los 20.
El llamado Grupo de Cartagena comenzó a tomar forma en enero de 1984, en la Conferencia Económica Latinoamericana (CELA) realizada en la ciudad de Quito, a iniciativa del presidente de Ecuador Osvaldo Hurtado. En esa ocasión el ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín, Dante Caputo, expuso la propuesta argentina:
Los días 21 y 22 de junio de 1984 los cancilleres y ministros de Economía de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se reunieron en la ciudad colombiana de Cartagena para formar el Grupo de Cartagena en la que no prosperó la posición máxima impulsada por Argentina de crear un mecanismo práctico del más alto nivel para la actuación conjunta en las negociaciones de la deuda externa, pero que emitió un documento denominado Consenso de Cartagena que creó un mecanismo de consulta y seguimiento regional. En 1985, el Grupo de Cartagena consideró insuficiente el "Plan Baker".
Con un espíritu similar al que inspiraba el Grupo de Cartagena, el gobierno de Alfonsín impulsó una acción multilateral conjunta de las democracias latinoamericanas para garantizar la paz y la democracia en la región.
Con ese objetivo el gobierno argentino impulsó el apoyo al Grupo Contadora, una iniciativa de acción conjunta para promover la paz en Centroamérica que habían establecido Colombia, México, Panamá y Venezuela en enero de 1983.
Con ese fin, el 29 de julio de 1985, en Lima, aprovechando el encuentro de presidentes para asistir a la asunción del presidente Alan García, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay anunciaron juntos la creación del Grupo de Apoyo a Contadora (o Grupo de Lima). Ambos grupos de países juntos fueron conocidos como el Grupo de los Ocho, y desempeñó un papel muy importante en la pacificación de América Central. Particularmente importante fue su actuación cuando los países centroamericanos adhirieron a las propuestas del Grupo de los Ocho, el 14 de enero de 1986 mediante la Declaración de Guatemala.
Más adelante del Grupo de los Ocho amplió sus preocupaciones a otros problemas de interés regional, abordando la situación de las islas Malvinas (exhortando a la negociación entre Argentina y Gran Bretaña), la deuda externa y el proteccionismo de los países desarrollados.
A partir de 1990 el Grupo Contadora adoptó el nombre de Grupo de Río.
Alfonsín debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 1989. Sin embargo, la recesión económica, el creciente rechazo de los líderes sindicales, la falta de apoyo de los líderes empresariales, y el temor a una nueva intentona de grupos militares, influyeron para que el 21 de abril de 1989 Alfonsín anunciara que adelantaba considerablemente la fecha de las elecciones, estableciéndolas el 14 de mayo, casi siete meses antes de la entrega del mando. Con esta medida buscaba apaciguar la situación apremiante del país. Alfonsín, en el futuro, calificaría como "un error tremendo" de su parte, haber adelantado las elecciones de esa manera, aunque por otro lado también reflexionó que el contexto hacía muy difícil cualquier vía.
Los dos candidatos con posibilidades de resultar elegidos eran el radical Eduardo Angeloz, por la Unión Cívica Radical, y el peronista Carlos Menem, por el Partido Justicialista.
De acuerdo con encuestas de la época, hasta enero de 1989 la posibilidad de que la Unión Cívica Radical volviera a ganar las elecciones tenía un serio fundamento. Sin embargo, con el correr de los meses el empeoramiento de la recesión disminuyó la posibilidad de triunfo.
El 14 de mayo Carlos Menem triunfó con el 47 % de los votos, frente al 37 % del candidato radical. Contra lo que Alfonsín había supuesto, la situación en el país no se calmó: Argentina pasó de la fase de recesión a la de hiperinflación, en mayo la inflación alcanzó el 78 % mensual y la pobreza comenzó a crecer de modo exponencial: en mayo era del 25 % y en octubre del 47 %. Comenzaron a producirse saqueos y a extenderse una ola de violencia, que provocó que el 30 de mayo Alfonsín decretara el estado de sitio.
Con una situación día tras día peor, las presiones de sindicatos, empresarios y militares, y la convicción de que debía que sacrificar su mandato para que la democracia se mantuviera en Argentina, el 12 de junio de 1989 Alfonsín anunció que también la entrega de poder sería en forma anticipada, el 30 de ese mes, en vez del 10 de diciembre como estaba dispuesto. Este anuncio sorprendió al mismo Menem, que no tenía en sus planes acceder al poder tan pronto, así que se comenzaron negociaciones entre ambos. Finalmente, el 8 de julio de 1989 se dio el traspaso de mando de Alfonsín a Menem, y se cumplió la primera sucesión entre dos mandatarios constitucionales civiles de distintos partidos desde 1916.
A fines de ese año, el diario Ámbito Financiero de Buenos Aires publicó una nota de análisis de las elecciones, titulada "Golpe de Mercado", donde golpeó a Alfonsín:
Con respecto a la hiperinflación, probaría ser difícil de apalear completamente, y continuaría tras la asunción de Menem. Recién se llegaría a niveles de inflación anteriores a mayo del '89 en febrero de 1991 (582%).
Luego de la derrota electoral de 1989 Alfonsín permaneció como presidente de la Unión Cívica Radical. Por entonces, en el mundo estaban sucediendo transformaciones de fondo que poco a poco se irían denominando con la palabra "globalización". El gobierno de Menem fue ajustando sus políticas a la dinámica de la globalización, pero en los primeros años de la década de 1990 existía una gran confusión sobre la verdadera naturaleza del proceso.
En las elecciones parlamentarias de 1991 el desempeño electoral de la Unión Cívica Radical obteniendo el 29% fue aún peor que la de 1989. Ello llevó a Alfonsín a renunciar a la presidencia del Comité Nacional, aunque quedó al mando Mario Losada, hombre de confianza del expresidente.
Alfonsín creó entonces la Fundación Argentina para la Libertad de Información (FUALI) desde donde comenzó a reorganizarse y publicar varios libros de defensa de su gestión.
El desempeño electoral del radicalismo en las elecciones parlamentarias del 3 de octubre de 1993, en donde el partido obtuvo el 30% del voto popular a nivel nacional, llevó a Alfonsín a comprender que era necesario un enfoque nuevo de todo el proceso y en especial del ya entonces denominado "menemismo", que se veía cada vez más fortalecido, con un apoyo social generalizado y decidido a reformar la Constitución para permitir su reelección en 1995, aún forzando las normas constitucionales vigentes.
Alfonsín sostuvo entonces que era necesario dialogar y llegar a un acuerdo con el presidente Carlos Menem. A pesar de la oposición de los principales líderes radicales (Angeloz, de la Rúa, Storani e incluso Losada), Alfonsín volvió a ser elegido presidente del Comité Nacional de la UCR en 1993. Inmediatamente después se reunió en secreto con Menem en la casa de su excanciller, Dante Caputo, quien se encontraba en Haití, cercana a la residencia presidencial, y terminó llegando a un acuerdo conocido como el Pacto de Olivos.
El Pacto de Olivos fue un acuerdo para reformar la Constitución Nacional pero estableciendo pautas básicas sobre las condiciones de la reelección del presidente y los contenidos de la reforma constitucional. Allí se acordó no realizar un plebiscito, y aceptar la reelección por una sola vez del presidente en funciones, pero acortando el primer mandato, al mismo tiempo que se acortaron los mandatos de los senadores, se incorporó un tercer senador por la minoría, se estableció la figura del Jefe de Gabinete y el Consejo de la Magistratura para atenuar el presidencialismo, a la vez que se sometían los decretos-leyes a reglas precisas, se incluían varios derechos de tercera y cuarta generación y se daba prioridad a los tratados internacionales sobre las leyes.
Pocos días después, al asumir como presidente Alfonsín presentó el Pacto al Comité Nacional de la UCR. Si bien generó una importante discusión y la dura oposición de algunos dirigentes importantes, como Fernando de la Rúa, el Comité Nacional aprobó el Pacto de Olivos por un 75% de sus miembros.
La Convención Constituyente sesionó en la Ciudad de Santa Fe entre mayo y agosto de 1994 y produjo la importante Reforma Constitucional de 1994 en la que resultaron modificados 43 artículos. El propio Alfonsín fue convencional constituyente allí.
El Pacto de Olivos tuvo un impacto muy negativo sobre la UCR que en las elecciones de convencionales constituyentes obtuvo el menor porcentaje de su historia hasta entonces (19,9 %), y en las elecciones presidenciales de 1995 cayó aún más al 17,1 %, constituyendo por primera vez en la historia la tercera fuerza (segunda fue el FREPASO). El desastre electoral le costó a Alfonsín la presidencia de la UCR aunque permaneció en el Comité Nacional como Secretario de Relaciones Internacionales. En esta función, gestionó en 1996 la incorporación de la Unión Cívica Radical a la Internacional Socialista.
Fue miembro del Club de Madrid.
Para fines de febrero de 1991, el expresidente había iniciado una gira proselitista por núcleos radicales de la provincia de Buenos Aires, en un intento por sostener un partido que se descoyuntaba después del final anticipado de su mandato.
El 23 de febrero, le tocaba hablar en San Nicolás, en la puerta del comité nicoleño de la UCR, en la calle Mitre, y allí se juntaron unos 5 mil correligionarios para escucharlo. Ese día, recibieron amenazas de bomba el hotel y el comité, algo de rutina para el expresidente. A las 22.20, Alfonsín inicia su discurso. Inexpresivo, un joven parado a un costado del palco, a un puñado de metros del exmandatario, saca un revólver calibre 32 largo, apunta y dispara, pero gracias a un fallo en el tambor del arma no logró su cometido. El histórico custodio de Alfonsín, Daniel Tardivo, se abalanzó sobre el expresidente, lo tiró al piso y lo cubrió con su cuerpo. El expresidente, sin saber bien lo ocurrido, retomó el micrófono y concluyó su discurso.
El agresor de San Nicolás fue Ismael Edgardo Darío Abdalá y tenía 29 años. Había trabajado en SOMISA y había tenido un breve paso por Gendarmería Nacional. En 1984 había dejado todo para incursionar en la iglesia mormona y predicar el evangelio en Buenos Aires. "Delirio sistemático", fue la concisa descripción que la psiquiatra que trataba a Abdalá le dio al juez de la causa, que se diluyó en esa insanía mental y Abdalá fue internado. Dos años después, se quitó la vida.
Previo a este ataque, había sufrido otros dos intentos de asesinato. El primero fue durante una visita protocolar en mayo de 1986, al Tercer Cuerpo del Ejército, en Córdoba. Fue encontrada una bomba que detonaría cuando el presidente arribe al lugar. El atentado fue descubierto e imposible de concretar.
Raúl Alfonsín había sufrido un gran número de amenazas de bomba durante su mandato, pero ninguna se había concretado. El segundo intento de atentado contra su vida fue en octubre de 1989, luego de traspasarle el poder a Carlos Menem. Fue un atentado sin previo aviso o amenaza. En la casa del Alfonsín, locación asidua de reuniones políticas, se sintió un fuerte estruendo que derribó varias paredes de la vivienda. Milagrosamente el presidente no se encontraba en su hogar al momento de explotar la bomba, el hogar estaba vacío.
Cuando Rodolfo Terragno fue elegido presidente del Comité Nacional del radicalismo, Alfonsín fue elegido para estar a cargo de las relaciones exteriores del partido.
La caída electoral de la UCR y la evidencia de que Menem buscaba un tercer mandato, incluso forzando la letra de la nueva Constitución llevó a Alfonsín a acercarse al FREPASO. El 3 de agosto de 1997, se concretó Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación entre el FREPASO y la UCR, en una reunión celebrada en la casa de Federico Gabriel Polak, vocero y portavoz de Raúl Alfonsín. Para dirigirla se constituyó una mesa de cinco miembros, El Grupo de los Cinco (Raúl Alfonsín, Carlos «Chacho» Álvarez, Fernando de la Rúa, Graciela Fernández Meijide y Rodolfo Terragno). La Alianza obtuvo un notable triunfo en las elecciones parlamentarias de 1997, alcanzando el 45 % de los votos en todo el país y ganando incluso en la Provincia de Buenos Aires, cuya lista de diputados nacionales encabezó Graciela Fernández Meijide, figura ascendente en la política nacional desde el FREPASO.
Alfonsín asumió entonces la dirección del Instituto Programático de La Alianza (IPA). Bajo la dirección de Alfonsín, el IPA se organizó como un espacio abierto en el que cientos de intelectuales, especialistas y activistas, de todas las tendencias y ámbitos de actuación, participaron en la elaboración del programa de gobierno de la Alianza y un esquema de nuevos paradigmas teóricos y políticos, guías para la acción, que sostuvieran una nueva «cultura aliancista» de características socialdemócratas. La tarea de síntesis quedó a cargo de Dante Caputo. Sin embargo, finalmente, los candidatos de la Alianza, rechazaron las propuestas programáticas del IPA y presentaron un programa alternativo más moderado. De hecho la Alianza se presentó a las elecciones con dos programas, el que fuera elaborado por el IPA bajo la dirección de Alfonsín, y el que fuera confeccionado por los candidatos personalmente. Este desacuerdo llevó a Alfonsín a renunciar en febrero de 1999 a la dirección del IPA, a la Comisión de Acción Política de la UCR y a la posibilidad de luchar por la presidencia del Comité Nacional de la UCR.
En 1998, el presidente Carlos Menem inició una confusa campaña para que se permitiera su tercer mandato, que incluía la posibilidad de un plebiscito o una autorización especial de la Corte Suprema. Ante ello Alfonsín reaccionó advirtiendo de que en ese caso la Alianza llamaría a la desobediencia civil, porque implicaría un golpe institucional. Decía entonces:
Finalmente, el 10 de marzo de 1999, la Cámara de Diputados declaró que Menem no podía ser reelecto nuevamente.
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