El atentado al restaurante piso 30 del edificio Residencias Tequendama fue un ataque terrorista perpetrado el 13 de diciembre de 2002 en el Edificio Residencias Tequendama de la ciudad de Bogotá, Colombia. El ataque consistió en la detonación de un Maletín Bomba abandonado en una de las mesas del restaurante. El artefacto fue accionado por un teléfono móvil desde el exterior, el cual contenía un kilo del material explosivo C-4 de origen americano.
El atentado fue atribuido por el Presidente de la República Álvaro Uribe al grupo terrorista de las FARC. En este hecho al menos 30 personas resultaron lesionadas, varias con quemaduras de segundo y tercer grado. Los más afectados fueron civiles y empleados del restaurante, según versiones oficiales de la Policía Nacional.
El atentado se realizó por medio del ingreso de un maletín bomba a las instalaciones del restaurante y su posterior abandono en una de las mesas, este artefacto fue colocado por dos sujetos (hombre, mujer) que ingresaron a la edificación vestidos de traje formal, que luego de una espera abandonaron el lugar accionando el dispositivo desde su celular. Este atentado fue perpetrado como respuesta negativa a los procesos que venia realizando el Presidente Álvaro Uribe en el Congreso de la República para otorgarle funciones de policía judicial al Ejército.
Un grupo de reincertados comunicó días antes al Gobierno colombiano que el atentado se realizaría en Residencias Tequendama en la fecha y hora en la que sucedieron los acontecimientos, pero este no tomo las medidas de seguridad pertinentes.
El atentado fue la prueba piloto del uso del C-4 por parte de las FARC, con los cuales atentaron dos meses después al Club El Nogal y el mismo 13 de diciembre de 2002 con un "libro bomba" al Senador Germán Vargas Lleras.
El objetivo de las FARC el edificio Residencias Tequendama, perteneciente al Hotel Tequendama propiedad de la SHT por sus siglas Sociedad Hotelera Tequendama, entidad del Ministerio de Defensa Nacional y de la Caja de Retiro de las FFMM, por esta razón se definió como lugar para colocar el artefacto, además en el edificio se hospedan altos funcionarios del Gobierno y personalidades extranjeras, sumado que para esas fechas era muy concurrido el restaurante "Piso 30" que ofrecía la mejor vista a la ciudad de Bogotá.
El día del atentado se realizaba la versión de un festival internacional de tango que realizaba el restaurante, en donde los comensales disfrutaban de una muestra de baile, por la importancia del restaurante, una pareja ingreso con una hora de anterioridad al sitio, estando en el lugar un rato, para posteriormente abandonarlo, hacia las 22:30 hora local, se escuchó un fuerte estruendo en el piso 30 del edificio, varios vidrios y fragmentos de la explosión cayeron sobre la carrera 10ª y la plazoleta adyacente al edificio. Producto de la detonación se inició un incendio que le produjo graves quemaduras a los visitantes del lugar, siendo las llamas extinguidas minutos más tarde por las mangueras de emergencia. Uniformados de la Policía Militar que custodiaban el lugar subieron hacia las 23:00 hora local, para ayudar a evacuar a los heridos, muchos de estos fueron sacados en brazos por los militares a la carrera décima sin encontrar los servicios asistenciales en el lugar, los heridos de mayor gravedad fueron colocados en una patrulla de la Policía Nacional, donde fueron trasladados al Hospital San Ignacio.
Una de las mesas del lugar fue reservada por una familia para la celebración de una graduación, siendo esta la más afectada ya que se encontraba al lado de la mesa donde se dejó el artefacto explosivo.
Ningún grupo se ha atribuido oficialmente la responsabilidad del atentado.
Desde esa misma noche el presidente de la república Álvaro Uribe atribuyó este atentado a las FARC, ya que estos estaban en contra de la plenaria del congreso de la república para otorgarle al Ejército de Colombia el grado de Policía judicial, el mismo presidente afirmó que este ataque iba dirigido al congreso ya que en el lugar se hospedan congresistas de alta importancia para el país.
El caso fue presentado por las principales víctimas civiles de los hechos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca siendo esta la Sentencia No. 2005-00050 del 28 de abril de 2011, en donde se le pide la reparación directa a las víctimas por parte de la Nación, siendo este caso archivado en el tribunal, en donde hasta la fecha después de insistencias no se obtiene repuesta alguna por parte del gobierno nacional, dejando este caso impune.
En este listado se encuentran las víctimas del atentado, que fueron heridas física y psicológicamente, que hoy en día reclaman justicia por parte del gobierno nacional, ya que desde el 2002 no se ha hecho la debida reparación y no se ha obtenido ninguna clase de pronunciamiento por parte de los organismos implicados en este caso.
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