El caso del 3%, llamado también caso ADIGSA y caso Convergència es un escándalo de corrupción política que apunta al cobro de comisiones ilegales en un porcentaje de alrededor del 3% del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por el gobierno de la Generalidad de Cataluña de Convergència i Unió, que fue mencionado por primera vez por el entonces presidente de la Generalidad Pasqual Maragall en 2005, y que finalmente fue archivado. Posteriormente el caso fue reabierto y desde 2015 se encuentra en fase de investigación en los juzgados.
Este caso se hizo público el 24 de febrero de 2005 en un pleno del parlamento de Cataluña, a consecuencia del derrumbamiento causado por las obras del metro en el barrio del Carmel de Barcelona. El entonces presidente desde hacía 2 años Pasqual Maragall se defendió de las acusaciones de Convergència i Unió y afirmó que este partido tenía "un problema denominado 3%",[1] en alusión al rumor basado en un editorial de El Periódico que decía que la formación de Artur Mas había cobrado comisiones por la adjudicación de obras cuando dirigía la Generalitat. Mas amenazó con retirar el apoyo al gobierno del tripartito en la reforma del Estatuto, cosa que habría impedido llevarla adelante, e interpuso una querella contra el presidente por calumnias. Por este motivo, Maragall tuvo que retirar su acusación y Mas, por su parte, retiró la querella.
El 16 de diciembre de 2005,[2] a raíz de las declaraciones el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, abrió una investigación y diligencias sobre Adigsa —la empresa pública de la Generalidad de Cataluña que rehabilita viviendas sociales.
En épocas recientes, Josep Lluís Carod-Rovira líder de Esquerra Republicana de Catalunya había previamente mencionado el tema.[3]
Se constituyó una comisión parlamentaria para estudiar las acusaciones de Maragall, que el 25 de mayo del 2005 entregó sus conclusiones. De acuerdo con estas, no se pudo acreditar el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas, pero se instaba la implementación de mecanismos que favorecieran la claridad en las cuentas de los partidos políticos, como la eliminación de las donaciones anónimas.
El 25 de julio de 2014, el que hubiera sido president durante 20 años, Jordi Pujol, reconoció en un comunicado enviado a varios medios haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años «un dinero ubicado en el extranjero», según sus afirmaciones procedente de su padre Florenci Pujol. En ese comunicado Pujol lamentaba no haber encontrado nunca el «momento adecuado» para la regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública. Según varios medios, se trataría de en torno a cuatro millones de euros, ubicados en Andorra, que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal (o regularización extraordinaria) promovida por el Gobierno de España en 2012. La confesión de Jordi Pujol generó gran controversia política habida cuenta del enorme ascendiente que Jordi Pujol había tenido durante 30 años en la sociedad catalana.
En julio de 2017 el juez Carlos Ramos y el fiscal anticorrupción José Grinda autorizaron que agentes del instituto armado y el fiscal acudieran al Parlamento de Cataluña, a la Conselleria de Justicia, al Palau de la Generalidad y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) en busca de pruebas contra del diputado Germà Gordó[5] investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por tráfico de influencias, soborno y malversación de fondos públicos.[6]
En julio de 2018 José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional que investiga el Caso 3% imputó al partido Convergencia Democrática de Cataluña y al que considera su sucesor, el Partido Demócrata Europeo Catalán, por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
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