El caso Almería fue el nombre que recibió el proceso en el que se juzgó a varios miembros de la Guardia Civil por la tortura y el asesinato de tres jóvenes en Roquetas de Mar, el 10 de mayo de 1981.
A comienzos de la década de 1980, la democracia española distaba mucho de estar consolidada. El fallido golpe de estado del 23 de febrero evidenció el descontento existente entre algunos altos mandos militares (ruido de sables) respecto a la situación de crisis económica y política que asolaba al país, junto con los numerosos atentados ejecutados por la banda terrorista ETA contra miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
En este sentido, el 7 de mayo de 1981, el grupo terrorista ETA atentó en Madrid contra el teniente general Joaquín de Valenzuela, que en aquel momento era el jefe de la Casa Militar del Rey Juan Carlos I. El ataque se realizó utilizando la llamada «técnica argelina»: los dos terroristas seguían en motocicleta al Dodge Dart del Ejército de Tierra en el que viajaba el general. Cuando el vehículo se detuvo en un semáforo, a la altura del número cinco de la calle Conde de Peñalver, la moto se situó a su lado y el acompañante colocó sobre el techo del coche una bolsa que explotó segundos después mientras ambos terroristas huían.
Como consecuencia de la explosión fallecieron el teniente coronel Guillermo Tevar Seco, el suboficial de la Guardia Real Antonio Nogueras García y el soldado conductor Manuel Rodríguez Taboada, miembro también de la Guardia Real. El general Valenzuela sufrió graves heridas, pero salvó la vida (falleció en 1996); asimismo resultaron heridos veinte viandantes.
En este contexto, el día 8 de mayo de 1981, Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Cobo Mier se trasladaban a la localidad almeriense de Pechina, pueblo natal de Juan Mañas, a la celebración de la primera comunión de su hermano Francisco. Al pasar por Manzanares el Real sufrieron una avería en su coche y se desplazaron en tren hasta Alcázar de San Juan para dirigirse después a Puertollano, donde alquilaron otro vehículo, un Ford Fiesta de color verde, para poder llegar a su destino. Se especula que el dueño de la empresa de alquiler se sintió extrañado por la prisa que tenían los tres viajeros y comunicó sus sospechas a la Guardia Civil por si pudieran ser los terroristas que habían cometido el atentado en Madrid días antes y cuyos retratos robot aparecían en prensa y televisión.
El sábado 9 de mayo llegaron a su destino y al día siguiente se desplazaron a Roquetas de Mar para visitar a otro hermano de Juan Mañas. En esa localidad fueron detenidos a punta de pistola por la Guardia Civil con la intención de trasladarlos a la Comandancia de Almería. Al día siguiente aparecieron sus cadáveres, calcinados y con múltiples impactos de bala, dentro del Ford Fiesta, cerca de Gérgal.
La versión oficial de la Guardia Civil indicaba que los detenidos se trasladaban a Madrid dentro de su propio vehículo, conducido por un guardia y vigilados por otro en el asiento del copiloto. Que a la altura del kilómetro 8,350 de la carretera de Gérgal los tres detenidos agredieron al conductor del vehículo, el cual saltó del coche como también hizo el otro guardia. El mando de la comitiva, el teniente coronel Carlos Castillo Quero, que circulaba detrás en otro coche, detuvo la caravana y ordenó disparar al Ford Fiesta que cayó por un terraplén envuelto en llamas sin que ninguno de los once guardias civiles que escoltaban el traslado pudiese hacer nada para sofocarlas.
El juicio por la muerte de los tres jóvenes se inició el 14 de junio de 1982 en la Audiencia Provincial de Almería. El fiscal calificó los hechos como constitutivos de delito de homicidio y pidió en su escrito de conclusiones la pena de 42 años de prisión para el teniente coronel Carlos Castillo Quero y 27 años de prisión para los otros dos acusados.
La sentencia que puso fin al proceso se dictó en julio de 1982. Declaró probado que el teniente Castillo y sus hombres torturaron hasta la muerte a los tres detenidos en un cuartel abandonado llamado Casafuerte y que posteriormente, y con el fin de intentar eliminar evidencias, despeñaron su vehículo por un terraplén, le dispararon numerosas veces y le prendieron fuego.
El teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Castillo Quero fue condenado a veinticuatro años de prisión mayor como autor de tres delitos de homicidio. El teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas fueron condenados por los mismos delitos a quince y doce años de prisión respectivamente, con la atenuante de obediencia debida. Al mismo tiempo, la sentencia impuso a los condenados la obligación del pago de una indemnización de cuatro millones de pesetas a las familias de cada una de las víctimas.
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