El caso Novo Carthago es la investigación de delitos de corrupción política relacionados con la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor en el municipio de Cartagena para su urbanización. La instrucción depende actualmente del Tribunal Supremo aunque fue iniciada por Manuel Abadía, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.
La modificación en marzo de 2005 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena autorizaba el proyecto urbanístico de Novo Carthago (10.000 viviendas) que afectaba a áreas naturales protegidas y por tanto no urbanizables, por lo que se investigan delitos de prevaricación y contra las leyes Estatal y Autonómica 4/1989 y 4/1992, la Ley del Suelo Estatal y Autonómica al ser suelos no urbanizables de protección especial.
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