La crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela de 2008 (también referida como Crisis Andina) se desarrolló luego de que fuerzas militares y policiales de Colombia ejecutaran la Operación Fénix, una incursión en territorio ecuatoriano en una misión contra la guerrilla, realizando un bombardeo donde murieron Raúl Reyes, otros 17 guerrilleros miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuatro estudiantes mexicanos y un ciudadano ecuatoriano, quienes se encontraban pernoctando en un campamento fronterizo dentro de este país en la madrugada del 1 de marzo de 2008.
Los gobiernos ecuatoriano y venezolano reclamaron al gobierno colombiano por violar la soberanía del Ecuador al ejecutar allí una operación militar contrainsurgente sin autorización; a su vez el gobierno colombiano declaró haber encontrado, en la incursión, computadores que pertenecían al fallecido Raúl Reyes y que comprometen a dichos gobiernos con el apoyo a las FARC. Los gobiernos de Ecuador y Venezuela sostuvieron que mantenían contactos con las FARC como parte de las negociaciones, junto con Francia, para liberar rehenes y avanzar hacia la paz en el conflicto armado colombiano. Para los gobiernos de ambas naciones, estas negociaciones habrían sido frustradas por la muerte de Reyes.
La crisis provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas de los gobiernos de Ecuador y Venezuela con Colombia y el anuncio del envío de tropas militares por parte de los dos primeros países a sus respectivos límites fronterizos con Colombia. El 7 de marzo de 2008 las tensiones se aliviaron durante la cumbre del Grupo de Río, aunque el impase no fue completamente solucionado y las relaciones entre estos países volvieron a tensarse en los años siguientes tras la masacre del Táchira, el acuerdo militar colombo-estadounidense de 2009 y posteriormente la crisis diplomática de 2010.
Las relaciones diplomáticas colombo-venezolanas se vieron afectadas luego de que el gobierno colombiano finalizara la mediación de Hugo Chávez, y la senadora Piedad Córdoba para obtener el acuerdo humanitario. El anuncio fue realizado el 21 de noviembre de 2007, por el portavoz de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez. "El presidente de la República da por terminada la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del Presidente Hugo Chávez, a quienes agradece la ayuda que estaban prestando". El detonante de la situación fue una llamada del presidente venezolano al comandante del ejército Mario Montoya, rompiendo un "pacto de caballeros", acordado en la última reunión de Chávez con el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en Santiago de Chile.
Al día siguiente, Chávez, en horas del mediodía, ordenó el retiro del embajador Pavel Rondón, y el anuncio de la congelación de las relaciones entre los dos países:
Horas después, el presidente Uribe respondió que:
Por otra parte, las relaciones entre Colombia y Ecuador, mantenían puntos de tensión frente a este mismo tema, cuando Colombia manifestó en octubre de 2007 su preocupación porque el gobierno ecuatoriano no había tomado acciones adecuadas para prevenir la presencia de grupos insurgentes colombianos dentro de su territorio, mientras Colombia no pone un solo soldado en la frontera. Además el presidente de Ecuador, Rafael Correa, había expresado su malestar con el gobierno colombiano debido a los efectos en la población fronteriza afectada por las fumigaciones aéreas indiscriminadas en la frontera con glifosato durante el transcurso del Plan Colombia. Este caso, considerado un abuso del gobierno colombiano, fue llevado a la OEA, al tiempo que se anunciaron acciones ante las Naciones Unidas y la petición de indemnizaciones para la población afectada.
El 1 de marzo de 2008, el gobierno colombiano, mediante su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, confirmó la muerte de Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC, durante el operativo en territorio ecuatoriano. El dirigente de las FARC muerto, estuvo inmerso en 121 procesos judiciales, tenía 57 expedientes por homicidio terrorista, 26 por terrorismo, 25 por rebelión, cuatro por secuestro y nueve por lesiones, además de otras catorce condenas.
El campamento donde se encontraba el líder insurgente en la zona fronteriza, donde murió a causa del ataque junto con otros 22 rebeldes, fue localizado a través de una llamada que habría hecho Reyes, lo que habría permitido al ejército colombiano ubicar el campamento. Los servicios de inteligencia de Colombia al captar la señal de la llamada, realizaron el rastreo técnico. Posteriormente establecieron que el guerrillero se encontraba en las inmediaciones de la frontera y comenzaron a seguirlo. Dicho hecho provocó protestas por parte del gobierno ecuatoriano y venezolano debido a que las tropas colombianas bombardearon el territorio ecuatoriano durante el operativo.
Los estudiantes Ulises Soren Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron identificados por el gobierno ecuatoriano como desaparecidos que podrían estar entre los muertos hallados en el campamento de las FARC. Según el secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, Juan de Dios Parra, los estudiantes habían participado en un congreso bolivariano que se realizó en Ecuador durante el mes de febrero.
Tras la muerte de Reyes, el presidente ecuatoriano Rafael Correa declaró que había sido informado de la situación por parte del presidente colombiano, y dijo que enviaría las fuerzas militares de su país a investigar los hechos ocurridos en porción ecuatoriana de la zona fronteriza ecuatoriana. Posteriormente, Correa declaró que Colombia había incursionado de manera ilegal en territorio ecuatoriano con el objetivo de bombardear al campamento de Reyes, lo cual rechazó afirmando que "aquí nadie puede entrar a nuestro territorio y menos aún armado, por más que sean fuerzas irregulares o regulares".
De acuerdo con las investigaciones del Ecuador, los guerrilleros fueron bombardeados y "masacrados" utilizando "tecnología de punta" mientras pernoctaban en el campamento, lo que fue llevado a cabo, probablemente, con ayuda de alguna "potencia extranjera", una vez realizados los bombardeos, el ejército colombiano cruzó la frontera con el fin de extraer el cadáver de Reyes, abandonando los demás. Concluyó diciendo que:
Además, el gobierno de Ecuador retiró a su embajador en Bogotá y envió una nota de protesta, en la cual se solicita a Colombia que explique el "indebido proceder de sus fuerzas militares", reiterando el que "ninguna fuerza militar regular o irregular puede actuar en el territorio de Ecuador que, con arreglo a su derecho a la legítima defensa y a la seguridad, repelerá, capturará y someterá a la justicia a quienes ingresen armados al territorio o se establezcan para desarrollar actividades al margen de la ley". Concluye que "el Estado ecuatoriano ha colaborado con autoridades colombianas en acciones apegadas a las leyes de los dos países y a los derechos humanos. Lamentablemente esta cooperación bilateral no se verificó en torno a los hechos descritos, que por tanto significan la vulneración de la integridad territorial y el ordenamiento legal de Ecuador".
En la noche del 2 de marzo de 2008, el presidente Correa anunció públicamente la expulsión del embajador colombiano en Quito y solicitó la inmediata convocatoria de los consejos permanentes de la OEA y la CAN, además de reiterar la movilización de tropas ecuatorianas a la frontera norte. Además, Correa exigió al gobierno colombiano "compromisos firmados de respeto a Ecuador" y no solamente disculpas formales, a las que calificó de "burla".
El 3 de marzo de 2008 el gobierno ecuatoriano anunció que rompía sus relaciones con el gobierno de Colombia. El comunicado emitido afirma que Correa ordenó proteger a una patrulla militar colombiana en Ecuador, que argumentaba estar rodeada por 200 miembros de las FARC durante la verificación de los hechos, comprobando posteriormente que era falso y que dicha patrulla "estaba ganando tiempo para poder regresar a su país" después del ataque. El gobierno ecuatoriano menciona la interceptación de comunicaciones en ese sentido y afirma que los militares colombianos "claramente sabían que era en nuestro territorio" ya que desde hace días seguían a Reyes "por medio del teléfono satelital". El comunicado concluye que "hoy que se devela la mentira, nos tratan de involucrar con las FARC, supuestamente por documentos, sin firma, que encontraron en tres computadoras que supuestamente capturaron en el campamento y luego de las explosiones quedaron intactas".
El presidente venezolano Hugo Chávez reaccionó ante el incidente manifestando que consideraba de suma gravedad la violación de la soberanía ecuatoriana por parte de fuerzas militares de Colombia. El mismo día del hecho el presidente venezolano advirtió a Colombia abstenerse de hacer lo mismo en suelo venezolano porque "se encontrará con una guerra".
El 2 de marzo de 2008, Chávez estimó en su programa Aló Presidente, que la muerte de Reyes fue un "cobarde asesinato" y afirmó que se produjo sin ningún combate. Al mismo tiempo, ordenó al Ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo Rangel, movilizar 10 batallones del ejército a la frontera, y solicitó al Canciller Nicolás Maduro, retirar a todos los funcionarios venezolanos en la embajada de Bogotá, y dijo que enviaría aviones Sukhoi a la frontera en caso de ordenarse una incursión militar colombiana al territorio venezolano. El presidente venezolano anunció que "apoyaremos al Ecuador en cualquier circunstancia", y pidió que otros gobiernos latinoamericanos se pronuncien al respecto.
Chávez afirmó que Colombia pretende convertirse en el "Israel de América Latina". Posteriormente se dirigió en tono descalificativo al Primer Mandatario colombiano: "Uribe es un criminal, no sólo un mentiroso, un paramilitar y dirige un narcogobierno. Es un criminal y dirige una banda de criminales en el Palacio de Nariño".
"Nosotros no queremos guerra, pero no le vamos a permitir al presidente Uribe y la oligarquía colombiana que nos venga a dividir, a debilitar", concluyó Chávez. El 3 de marzo el canciller venezolano, anunció oficialmente que el Gobierno del presidente Hugo Chávez decidió expulsar al embajador de Colombia y a todo el personal diplomático de su embajada en Caracas.
En Venezuela algunos sectores criticaron al presidente Chávez, aduciendo "complicar a la Nación en un problema que no les incumbe, ya que el país ni fue invadido ni agredido".
En la tarde del 3 de marzo, el gobernador del fronterizo estado Zulia, Manuel Rosales, líder de la oposición venezolana, criticó la actitud de Chávez: "él habla en nombre de todos los venezolanos y estoy seguro que la inmensa mayoría de este pueblo no quiere más problemas, no quiere más violencia, inconvenientes ni distanciamiento con otros países, sino que solucionemos nuestros problemas. Además acusó al presidente de "alta traición a la patria" por colocar a Venezuela "en actitud de guerra por defender las posiciones y andanzas" de una organización que representa a la "guerrilla y al terrorismo".
El 4 de marzo el general Raúl Isaías Baduel, Comandante General del Ejército de Venezuela hasta el 2006 y Ministro de Defensa de Venezuela hasta junio de 2007, cofundador del Movimiento Bolivariano Revolucionario, junto a Hugo Chávez y otros, realizó duras críticas al respecto del anuncio del desplazamiento de los batallones por parte de Chávez "ha sido hecho ante micrófonos, como si fuera un reality show. Y ese anuncio proviene de alguien que se supone que los planes de movilización deben manejarse con reserva. Chávez quiere ir a la guerra como Mambrú: solo. Porque a la guerra no sólo van generales y almirantes, van mandos medios, oficiales y suboficiales que razonan y saben que no ha habido una agresión contra nuestro país. Las razones son ficticias. Y el pueblo venezolano, del que las fuerzas armadas forman parte, lo sabe" y que desea "importar el problema, pero no ha habido ninguna agresión a nuestro país, ni siquiera una amenaza cierta". De acuerdo a José Vicente Rangel, la Operación Fénix se llevó a cabo con el apoyo de fuerzas especiales estadounidenses.
Horas después de la muerte de Raúl Reyes, el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez afirmó que "hoy hemos dado otro paso contra el terrorismo que no respeta fronteras y que pretende seducir pueblos mientras ve la posibilidad de utilizarlos y finalmente los invade y los sorprende", agregando que asumía la responsabilidad total de la operación.
Después de las declaraciones de Correa y Chávez, el gobierno colombiano, mediante su canciller Fernando Araújo, pidió disculpas a Ecuador "por la acción que se vio obligado a adelantar en la zona de frontera, consistente en el ingreso de helicópteros colombianos con personal de las Fuerzas Armadas a territorio ecuatoriano, en la cual se rescató el cadáver de Raúl Reyes, de otro guerrillero y algunos elementos personales, al igual que abundante documentación y correspondencia del terrorista, y tres computadores". El comunicado añade que "el Gobierno colombiano nunca ha tenido la pretensión o la disposición de faltar al respeto o vulnerar la soberanía o la integridad de la hermana República del Ecuador".
La cancillería afirmó que Raúl Reyes "dirigía desde hace muchos años operaciones criminales en el sur de nuestro país y clandestinamente, desde territorio ecuatoriano sin el consentimiento de ese Gobierno" y expresó su voluntad de "avanzar en el desarrollo de mecanismos de cooperación en la lucha contra el terrorismo". El gobierno colombiano dijo estar dispuesto a "indemnizar a los ciudadanos ecuatorianos que hubieran podido resultar afectados en los hechos antes descritos".
En comunicado del 3 de marzo de 2008, el gobierno colombiano declaró que no movilizará tropas a las fronteras con Ecuador y Venezuela, afirmó que su interés es la "recuperación del orden público interno", y anunció que sometería a verificación técnica internacional y pondría en conocimiento de la OEA y las Naciones Unidas la información hallada en los computadores de Raúl Reyes sobre presuntos acuerdos que considera "violan la normatividad internacional en su prohibición a los países de albergar terroristas". En el comunicado, el presidente colombiano declaró que "Los acuerdos que puedan existir entre esos dos estados –Venezuela y Ecuador– y una organización que es calificada como terrorista (las FARC) violan la normativa internacional en su prohibición a los países de albergar terroristas", acusando de esta manera a los dos países de apoyar de forma encubierta a las FARC.
Por su parte, el Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que la incursión de las tropas colombianas hicieron a Ecuador para abatir al segundo hombre de las FARC, Raúl Reyes, se hubiera evitado con una mayor colaboración de parte de Quito. "Si hubiese un tipo de colaboración real con el Ecuador para perseguir estos grupos, este tipo de situaciones no se hubieran presentado, pero es que nunca la hemos tenido. Ellos siempre han tenido una posición de que no quieren interferir en el conflicto colombiano", dijo Santos.
El 4 de marzo, en medio de una escalada diplomática, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe declaró que "Colombia se propone, en la Corte Penal Internacional, denunciar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela en ese momento, por patrocinio y financiación de genocidas".
Voceros de la presidencia de Colombia han asegurado tener supuestos documentos "tremendamente reveladores" que demuestran la existencia de "vínculos" entre el entonces Presidente de Ecuador, Rafael Correa, el entonces Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y los guerrilleros de las FARC. El gobierno colombiano afirma que dichos documentos fueron encontrados dentro de los tres ordenadores incautados por la Inteligencia Militar colombiana al guerrillero abatido, Raúl Reyes, argumentando que vincularían seriamente a dichos mandatarios con el grupo guerrillero de las FARC, según ha informado el director de la Policía de Colombia, Óscar Naranjo.
Antes de medianoche del 2 de marzo se conoció la posición ecuatoriana ante las denuncias formuladas por Colombia sobre los vínculos de Ecuador con las FARC. El viceministro de Defensa de Ecuador, Miguel Carvajal, afirmó que las declaraciones del director de la Policía colombiana eran una "patraña". Dijo que no sabía de donde se "sacaba eso", respecto a los presuntos vínculos de Correa con la guerrilla colombiana.
Posteriormente, en cadena televisiva, el presidente Correa y su ministro coordinador de seguridad, Gustavo Larrea, declararon que cualquier acercamiento con las FARC se debía a negociaciones realizadas junto a Francia, buscando liberar doce secuestrados incluyendo a Ingrid Betancourt. Para el gobierno ecuatoriano, las negociaciones para la liberación estaban "bastante avanzadas" y fueron frustradas por la acción colombiana. El presidente ecuatoriano expresó que su gobierno no descartaba que impedir la liberación de secuestrados fuera "una de las motivaciones de la incursión y ataque por parte de los enemigos de la paz".
En tanto, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia venezolano Ramón Rodríguez Chacín expresó que el gobierno colombiano mentía sobre los presuntos vínculos entre el gobierno de Venezuela y las FARC, pues la única relación entre las FARC y el gobierno venezolano sería para negociar la liberación de secuestrados y buscar la paz. Declaró que el presidente venezolano "ha recibido cartas de Manuel Marulanda y las ha mostrado a todo el mundo", y que cualquier relación con el comandante guerrillero Iván Márquez era pública y "con el objeto de conversar en la búsqueda de la paz verdadera para Colombia". Chacín luego denunció que habría un computador en manos del gobierno venezolano con pruebas de "lazos consanguíneos y de negocios" entre el jefe de policía colombiano Naranjo Trujillo y el desaparecido narcotraficante Wilmer Varela alias "Jabón", quien según la DEA enviaba más del 70 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos.
El 16 de mayo de 2008, el secretario general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Ronald Noble, presentó las conclusiones de un peritaje forense practicado a los tres portátiles, las tres memorias USB y los dos discos duros externos supuestamente pertenecientes al jefe guerrillero, Raúl Reyes.
«Interpol concluye que no hubo ningún tipo de alteración, repito, ninguna alteración de los datos [...] «A partir de ahora nadie puede cuestionar nunca si Colombia manipuló la evidencia encontrada. Son auténticos y son de las FARC», dijo sin atisbo de duda el secretario general de ese organismo, Ronald Noble, ». El organismo policial también certificó que los equipos incautados "pertenecen a Raúl Reyes" y que sus contenidos se remontan "a muchos años" atrás.
Un equipo de 64 expertos de 15 países trabajó más de 5.000 horas en el análisis de 37.872 documentos de texto, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 10.537 archivos multimedia y 7.989 direcciones de correo electrónico, "que serán muy importantes", acotó Noble, "para investigaciones antiterroristas en Colombia y en otros países". El jefe de Interpol rechazó cualquier pretensión de cuestionar la independencia del organismo. «"Nuestro papel es exclusivamente técnico. No tenemos ningún interés personal"».
El 5 de marzo, luego de intensas y largas conversaciones (de más de 14 horas, según Arístides Royo, representante de Panamá), los representantes en la OEA llegaron a un acuerdo provisional por el cual se rechaza la violación de la soberanía territorial ecuatoriana. El embajador venezolano, Jorge Valero, apoyó la iniciativa por considerarla la voluntad de rechazar todo intento de agresión de un país contra otro. Para María Isabel Salvador, representante ecuatoriana ante la OEA, es "un éxito para Ecuador" Los dos países alcanzaron un acuerdo que señala que Bogotá violó el artículo 21 de la OEA, que sostiene que "el territorio de un Estado es inviolable" en cualquier situación.
Mediante el acuerdo provisional entre Ecuador y Colombia, por unanimidad la asamblea de la OEA resolvió declarar que Colombia violó la soberanía territorial de Ecuador. El Gobierno del Ecuador impuso cinco condiciones para restaurar las relaciones con Colombia:
Mientras eso no ocurriera, Ecuador no restablecería relaciones diplomáticas con Colombia, las cuales terminaron por reanudarse en noviembre de 2010.
Desde el 2 de marzo, tanto Venezuela como Ecuador realizaron movilización de tropas hacia la frontera con Colombia. Al día siguiente, Colombia afirmó que no movilizaría tropas en respuesta. En la inteligencia militar colombiana sostienen que el desplazamiento de tropas venezolanas a la frontera tuvo como objetivo proteger al líder de las FARC, Manuel Marulanda, el cual estaría oculto en el occidente de Venezuela.
En la noche del 5 de marzo, día que la OEA expuso su resolución sobre el caso, Rafael Correa, presidente de Ecuador, afirmó que era "Bienvenida la comisión de verificación (...) y luego irían a la citada Asamblea de cancilleres para que haya una condena contundente, porque si no recibe esas satisfacciones Ecuador, sabremos exigirlas por nuestros propios medios, y la OEA y la comunidad internacional por su silencio y omisiones habrán sido las culpables". Además complementó diciendo que "Colombia no ha movilizado tropas a la frontera porque no puede, no porque no quiere, porque esa zona la controla las FARC, Ecuador limita con las FARC".
A pesar de la advertencia, Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa de Colombia en ese entonces, ratificó la estrategia del gobierno colombiano de no enviar tropas a la zona limítrofe. "Nosotros no tenemos ninguna preocupación por ese movimiento de tropas ni vamos a mover nuestras tropas hacia la frontera. Queremos, simplemente, enviarle al pueblo de Venezuela y al pueblo de Ecuador nuestra admiración y nuestra parte de tranquilidad absoluta."
Durante la cumbre del Grupo de Río en República Dominicana a donde asistieron los mandatarios de cada país el día 7 de marzo de 2008, se presentaron acusaciones de parte y parte. Uribe aceptó haber violado la soberanía de Ecuador y pidió disculpas. Al final del debate, el presidente anfitrión Leonel Fernández tomó el micrófono para solicitar que los presidentes de Colombia, Ecuador y Venezuela se dieran un apretón de manos para terminar con sus diferencias. Con este acto simbólico se ilustra el fin de la crisis. Dos días tras la cumbre Chávez calificó el conflicto de "desactivado" y restableció las relaciones comerciales, fronterizas y retiró al ejército venezolano de la frontera con Colombia.
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