El juicio de Shajty fue un juicio propagandístico soviético que tuvo lugar en 1928 y en el que las autoridades soviéticas acusaron a varios técnicos industriales nacionales y extranjeros de sabotaje. Fue un preludio de los Juicios de Moscú de la década siguiente y marcó el comienzo del fin del periodo de la Nueva Política Económica (NPE) en la Unión Soviética.
El 7 de marzo de 1928, treinta ingenieros soviéticos y cinco alemanes que trabajaban en el distrito de Shajty en la cuenca del Donéts fueron detenidos por las autoridades, acusados de sabotaje industrial. Se los trasladó a Moscú, donde se los juzgó en audiencia pública a partir del 18 de mayo en la Sala de las Columnas de la Casa de los Sindicatos.
El comisario de Asuntos Exteriores, Gueorgui Chicherin, temía la reacción alemana al arresto de sus ciudadanos en un momento de crisis de la política exterior soviética. Las autoridades no solo acusaban a los ingenieros alemanes, sino también a sus empresas, de haber participado en las actividades de sabotaje de la industria soviética. En efecto y como temía Chicherin, el director de AEG, empresa a la que pertenecían cuatro de los cinco detenidos, amenazó a las autoridades soviéticas a través del embajador alemán en Moscú con rescindir sus contratos con la URSS en caso de que los ingenieros no fuesen liberados inmediatamente. Chicherin logró interceder y liberar a dos de ellos, pero los demás pasaron a disposición judicial junto con los técnicos soviéticos.
El juicio, organizado por Stalin, sirvió para criticar a la intelectualidad ajena al partido y a las clases cultas de origen privilegiado, a las que se presentó como enemigas del Estado soviético. Según la acusación, el sabotaje industrial, al servicio de las potencias extranjeras capitalistas, debía preceder a una nueva intervención militar contra la URSS y servía para desbaratar los intentos soviéticos de industrialización. Aunque inocentes de los cargos de los que se los acusaba, casi todos los detenidos fueron condenados por el Tribunal Supremo soviético: once de ellos a muerte, treinta y nueve a largas penas de prisión, un alemán a un año del cárcel y solo dos de los alemanes fueron declarados inocentes. A pesar de esto, las autoridades liberaron pronto a los alemanes.
El juicio desató una ola de represión de la intelectualidad que no pertenecía al PCUS, de acusaciones de sabotaje de esta y puso fin al periodo de la Nueva Política Económica, con el beneplácito de Stalin. Este utilizó el juicio y sus consecuencias para desprestigiar a la Oposición de derecha, que defendía el papel de la intelectualidad en la NPE.
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