"Falsos Positivos" es el nombre con el que la prensa de Colombia denominó al involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del Conflicto armado interno de Colombia.
Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra organizaciones delictivas, con el fin de obtener retribuciones de carácter económico, días de descanso, condecoraciones y otros reconocimientos. Aunque los entes de investigación en Colombia registran casos que datan desde 1988, el auge del fenómeno se dio entre 2006 y 2009 de la mano de un programa de incentivos a los integrantes del Ejército que demostrarán resultados contra la subversión, detallado en el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa. A su vez, coincidió con presiones altas y constantes sobre las unidades del Ejército para que reportaran éxitos militares en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida..
El fenómeno se encuentra actualmente listado como el macro caso de investigación 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sistema de justicia transicional vigente en Colombia luego de la firma del Acuerdo de La Habana en 2016.
Las cifras de víctimas del fenómeno varían ampliamente según la fuente y metodología usada por los investigadores. Las cifras presentadas a la JEP incluyen las del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que registra 1.741 víctimas de 1984 a 2011 y la agrupación de organizaciones sociales "Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos", que cita 1.257 víctimas de 2002 a 2014. La base de datos más exhaustiva de víctimas la recopila la Fiscalía General de la Nación, que presentó a la JEP un listado de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, definiendo el delito como “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Sin embargo, la JEP en un informe de febrero de 2021 estableció la cifra total de víctimas eran de 6 402 entre 2002 y 2008.
"Positivos" es una figura retórica que se usa en el mundo militar cuando se tiene éxito en una misión, "Falso positivo" cuando se presenta cómo "positiva" una baja la cual no ha sido ni en combate, ni en persona beligerante en cualquier conflicto. Partiendo de este lenguaje militar, los medios de comunicación acuñaron el término "falsos positivos" para mencionar que los guerrilleros asesinados no eran tales, sino simples estudiantes o desempleados.
Se vienen conociendo denuncias y especulaciones sobre estos hechos, desde 1978.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rastreó casos de ejecuciones extrajudiciales desde 1978. En el informe sobre Colombia, publicado en 1981, se narran hechos increíbles. Por ejemplo, el de Fabio Vásquez Villalba, quien fue llevado al Batallón Voltígero, donde fue incomunicado, torturado y asesinado. También el caso de Luis Arcesio Ramírez, detenido, torturado y asesinado. O uno de los hechos más dramáticos de esos años, el caso Contador, en 1978.
En el informe de 1993, donde se narra el periodo que va desde 1981 hasta 1992, se ven por decenas los casos de ejecuciones extrajudiciales. En el periodo de la Guerra Sucia (1986-1994), el cual hace referencia a la masacre de militantes de izquierda, entre ellos los del partido de la Unión Patriótica. En dicha masacre, los miles de militantes de izquierda fueron asesinados por una alianza entre narcos, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública colombiana.
Uno de los casos que tuvo una sentencia hace unas semanas se refiere al asesinato del profesor y sindicalista Santos Mendivelso Coconubo, ocurrido en abril de 1991 en Turmequé (Boyacá)., acusado de ser guerrillero del ELN y asesinado por policías del F2. Durante años su familia sufrió persecución e intimidación y pasaron casi 30 años para que hubiera justicia.
Otro caso fue la tortura y ejecución de los ancianos Ana Francisca Rodríguez de Castro y Ernesto Castro Chaparro en Rionegro (Santander) en 1985.
El 7 de enero de 2009, un documento desclasificado de la CIA, publicado por el National Security Archive, reveló que los nexos entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1994 y que los falsos positivos eran una práctica usual dentro del ejército.
En 2007 salió a la luz pública los hechos ocurridos en San José de Apartadó, vereda del municipio de Apartadó (Antioquia), en los cuales, en el transcurso de una masacre, fueron asesinados entre varios civiles, tres niños que fueron degollados y descuartizados en una operación conjunta entre los paramilitares y el ejército de Colombia en febrero de 2005, en represalia por la muerte de un oficial y 18 soldados que fueron asesinados en un cerco tendido por las FARC-EP en el municipio de Mutatá (Antioquia). Posterior al hecho, se llevó a cabo una campaña de encubrimiento en la cual se culpaba a las FARC-EP de la masacre a través de testimonios falsos que fueron emitidos por los medios de comunicación y el mismo comandante del ejército Carlos Alberto Ospina negó la participación del ejército en lo ocurrido. A pesar de ello, a finales de 2007, basados en el testimonio de paramilitares involucrados en el hecho, fue capturado el entonces comandante de la operación, el capitán del ejército Armando Gordillo, quien confesó el hecho y se acogió a sentencia anticipada. Por el mismo hecho fueron juzgados otros 10 militares.
En los últimos meses de 2008 se conoció sobre la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, vecino a Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar al sur-occidente de la ciudad y que aparecían como bajas del ejército en Norte de Santander, cuando se hizo de dominio público, denunciado por Luis Fernando Escobar Franco, que en ese entonces era el personero de Soacha. Desde entonces han aparecido otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre.
La desaparición en 2008 de 19 jóvenes en el municipio de Soacha y Ciudad Bolívar, al sur-occidente de Bogotá, desató el escándalo. Siendo locaciones casi marginales, estos dos sectores fueron el objetivo para que militares engañaran a varios jóvenes con promesas de trabajo y, una vez engañados, los jóvenes eran trasladados argumentando que trabajarían en fincas principalmente, para luego ser vestidos con uniformes camuflados que tenían escaso tiempo de uso y, posteriormente, asesinados. Los 19 jóvenes aparecieron asesinados en Ocaña (Norte de Santander) y fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate. Algunos de ellos habían muerto 24 horas después de su desaparición y otros dos o tres días más tarde.
Así, la entonces secretaria de gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, dijo que este caso podría tratarse de «una desaparición forzada con fines de homicidio» y que no era lógico que los jóvenes se convirtieran en combatientes un día después de haber sido reclutados. El general Conrado, comandante de la Brigada 30 del Ejército, negó tal posibilidad y dijo que se trataba de personas que habían sido reclutadas por la guerrilla y se habían enfrentado al ejército.
El entonces senador Gustavo Petro realizó denuncias en las cuales afirmó que los falsos positivos eran responsabilidad del gobierno, ya que fue el mismo gobierno, a través de su Ministro de Defensa Camilo Ospina Bernal, quien firmó la Directiva Ministerial 029 de 2005, que consistía en ofrecer 3 800 000 pesos (aproximadamente $1900 dólares) por cada guerrillero o Paramilitar muerto, lo que colocó un incentivo para asesinar indiscriminadamente y que, muchas veces, los militares y paramilitares, en operaciones conjuntas, asesinaran civiles.
Por dicha denuncia han sido destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército y el comandante de esa rama de las Fuerzas Armadas, el General Mario Montoya, renunció a su cargo y fue nombrado por el presidente Embajador en República Dominicana. Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, según los críticos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, algunos procedimientos de la llamada Política de Seguridad Democrática emprendida durante su gobierno.
En 2008 un pelotón de 27 soldados profesionales de la contraguerrilla Atila 1, pertenecientes al batallón de infantería mecanizado número 6 Cartagena, con sede en Riohacha, La Guajira fue destituido por no realizar una ejecución extrajudicial.
Aunque no se tiene un número confirmado de víctimas mortales, a octubre de 2009 la Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043 casos. Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo, a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.. Sin embargo, la cifra puede ascender hasta 10 000 personas que fueron muertas por el Ejército Nacional de Colombia, tal como lo asegura el periódico Okdiario de España en su artículo El Ejército colombiano mató a 10.000 civiles para mejorar las estadísticas en la guerra contra los rebeldes en mayo del 2018.
El 27 de mayo de 2010 Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, en informe presentado tras su visita a Colombia, en junio de 2009, denunció que existe «un patrón de ejecuciones extrajudiciales» y que la impunidad abarca el 98.5% de los casos. El informe señala en varios apartados textualmente lo siguiente:
Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país... Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados «falsos positivos», en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados... Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que había muerto en combate y manipulaban la escena del crimen.
Se ha reportado varios casos recientes que concuerdan con la metodología de los "falsos positivos", incluyendo el de Anderson Daza Hernández en febrero de 2015. Según se ha reportado, Daza Hernández murió al recibir disparos en una acción conjunta de Ejército Nacional, Policía Nacional y Fuerza Aérea, y fue reportado como "guerrillero" sin que se haya demostrado evidencia al respecto. Incluso, a la madre de Daza Hernández se le restringió acceso a reconocer el cadáver de su hijo. Este y otros casos siguen en investigación.
El 2 de septiembre de 2015, la Fiscalía ordenó la captura de otros 22 militares por casos de falsos positivos en los departamentos de Antioquia y Cesar.
En abril de 2017, un juez de Cundinamarca condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Soacha, entre ellos un coronel retirado que fue condenado a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crímenes relacionados con los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.
En octubre de 2019 jóvenes realizaron un mural de protesta por los falsos positivos en la calle 80 con carrera 30, en el norte de Bogotá, con la frase ¿quién dio la orden? y los rostros de cinco militares ( excomandante general del Ejército, Mario Montoya, coronel (r) Juan Carlos Barrera, generales Adolfo León Hernández. Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, y Nicacio de Jesús Martínez) implicados en investigaciones sobre falsos positivos y en el que se agregaba que entre el 2000 y el 2010 se registraron 5.763 falsos positivos en el país. Este mural fue tapado por miembros del Ejército nacional lo cual fue denunciado por redes sociales y el excomandante del ejército Mario Montoya y el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Brigada 13 de Bogotá, pusieron una tutela a la ONG Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), a lo cual está respondió “Es importante resaltar que la imagen no está señalando la responsabilidad penal de nadie, ni tampoco se está indicando información que se debería mantener en reserva”.
En diciembre de 2019 fue encontrado un cementerio en Dabeiba (Antioquia) donde se encontraron según la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) más de 50 cuerpos de casos asociados a los falsos positivos. La procuraduría pidió a la JEP llamar a versión a Comandantes militares por las fosas comunes encontradas.
Una modalidad relacionada son los falsos positivos judiciales. Se les da ese nombre a denuncias y casos comprobados sobre encarcelamiento de civiles inocentes presentados como culpables o sin las pruebas requeridas para su reclusión. La ejecución de esta práctica se presenta de diversas formas y con distintas finalidades. Una de ellas es la detención arbitraria, determinada como una de las formas de violación a los derechos humanos; en mayo de 2013 se reviven denuncias por detenciones de este tipo, ligadas con casos del escándalo de los falsos positivos. Otra forma, consiste en el uso de recolección de información no veraz, fabricación de informes de inteligencia, falso testimonio y en otros casos a partir de sospechas in-fundamentadas que conllevan a detención. Las pruebas presentadas contra los judicializados, generalmente cuentan con contradicciones y en ocasiones han sido declaradas como flagrantes o determinadas en contra de derechos fundamentales y derechos humanos.
Según el informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas, la privación arbitraria de la libertad ha sido usada en otros países como una de las prácticas más comunes para encarcelar opositores políticos, disidentes religiosos o para coartar la libertad de expresión, se ha encontrado que estos encarcelamientos se fundamentan también en el marco de la lucha contra el terrorismo.
Existen excepciones no determinadas “falsos positivos judiciales” que poseen características similares, como el caso de civiles judicializados por error debido al parecido de sus nombres con el algún jefe criminal o delincuente.
El asesinato de Gloria Lara entonces directora Nacional de Acción Comunal y asuntos indígenas en 1982 fue un falso positivo judicial. A los acusados se les culpó de ser pertenecientes a un grupo guerrillero ORP que secuestró y asesinó a la funcionaria. Según el concejal y académico Jaime Gómez Velásquez estos falsos positivos judiciales habrían sido orquestados por inteligencia militar, con el propósito de sabotear las negociaciones de paz entre el presidente Belisario Betancourt y el M-19 y desprestigiar al grupo guerrillero a nivel nacional, culpandolo del crimen Los falsos positivos judiciales han sido una práctica usual dentro del ejército, otro caso fue en 1989 cuando a Alberto Jubiz Hazbum y otras 4 personas les fueron imputados los cargos por el crimen de Luis Carlos Galán estando recluidos durante 4 años en la cárcel y liberados al comprobarse de que no estuvieron en el lugar de los hechos además de determinar que el arma hallada en el lugar del arresto no era correspondiente al arma usada en el magnicidio. Daniel Roberto afirma en una entrevista que el caso de Jubiz Hazbum se trató de un falso positivo hecho por la Policía Nacional de Colombia, debido a la exigencia del presidente de turno Virgilio Barco de dar con los autores materiales e intelectuales del magnicidio y siendo señalado el general (R) Óscar Peláez de la DIJIN como principal implicado de la captura de Jubiz Hazbum y de otros falsos positivos. Un documento desclasificado de la CIA presentado el 7 de enero de 2009 por el agente Rendón y publicado por National Security Archive, evidenció que los nexos entre fuerzas militares y grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1994. Otro caso fue el de Héctor Paul Flórez Martínez, acusado del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Enrique Gómez Martínez, sobrino de Gómez Hurtado quien asumió la dirección del caso, no solo descubrió la inocencia de Flórez sino que ha asumido su defensa desde entonces. Tras pasar 14 años en prisión, Flórez obtuvo su puesta en libertad en 2014 por buena conducta, trabajo y estudio. Flórez aun reclama su inocencia y debido a su condena vive en la pobreza.
Entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004 más de seis millares de personas fueron coartadas de la libertad vulnerando acuerdos y normas establecidas dentro de los derechos humanos. Muchos de los casos carecieron del debido proceso. Así, para este periodo hubo detenciones sin fundamento de prueba, detenciones masivas que desconocieron el derecho internacional en medio de operativos militares y detenciones usadas como mecanismo de persecución política.
Casos asociados a las Universidades Colombianas como el de Julián Gil, los jóvenes acusados del atentado al Centro comercial Andino, los universitarios detenidos en julio de 2015 bajo cargos de terrorismo por presuntamente haber participado en una protesta estudiantil en la Universidad Nacional, los estudiantes capturados en Lebrija, (Santander) tras un montaje de la sección de inteligencia de la policial Nacional, el proceso contra Harry Gil, el de Mateo Gutiérrez; el del profesor Miguel Ángel Beltrán; y el del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa de Andréis, las detenciones que a diario se producen en las zonas rurales de Casanare, Cesar y Sur de Bolívar, hablan de esta comunidad de patrones sistemáticos del Terrorismo de Estado e invisibilizados desde el poder.
Así mismo también se han presentado casos asociados con funcionarios públicos acusados y condenados sin debido proceso como fue el caso de Gustavo Sastoque Alfonso, un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quien fue acusado por la misma entidad y por unidades de inteligencia del Ejército de asesinar al exguerrillero Hernando Pizarro Leongomez en 1995, pasando 10 años en prisión hasta ser absuelto por la justicia al demostrarse su inocencia en 2005.
Ver También:Anexo:Obras sobre el conflicto armado colombiano
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