FMIgate
El FMIgate es una investigación judicial iniciada en Argentina en marzo de 2021, sobre un eventual acto de corrupción cometido mediante el acuerdo que el entonces presidente Mauricio Macri realizó con el Fondo Monetario Internacional el 7 de junio de 2018, por el cual el organismo internacional prestó a ese país una suma de 50.000 millones de dólares (luego ampliado a 57.000 millones), el más grande en la historia de esa organización, de la cual entregó 44.500 millones. El acuerdo ha sido señalado como un acto criminal, tanto por el modo en que fue tramitado sin cumplir los pasos legales, el uso que la administración Macri dio al al dinero, no contemplado en el acuerdo y prohibido por el Estatuto del FMI, y por la omisión de analizar las condiciones de sustentabilidad y repago. Fueron imputados el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los expresidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris.
Durante el gobierno de Macri, la deuda externa (en dólares) pasó de 63.580 millones de dólares en diciembre de 2015 (14% del PBI) a 167.514 millones de dólares en junio de 2019 (40% del PBI), un aumento del 163% en términos nominales y del 185% en relación al PBI. Cerca de la mitad del incremento de la deuda externa (u$s 103.934) fue causado por el préstamo efectivamente entregado por el FMI (u$s 44.500).
La causa fue iniciada por la Oficina Anticorrupción y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, bajo el número 3561/2019 y carátula «Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública». Las irregularidades del caso también son investigadas desde marzo de 2021, en forma independiente, por el Fondo Monetario Internacional.
En 2020, Mauricio Claver, quien fuere un alto miembro del equipo del presidente Donald Trump, reveló que el préstamo fue concedido por razones políticas y pese a la oposición de los gobiernos europeos, debido a la presión de Estados Unidos, con el objetivo de apoyar al gobierno de Macri y evitar que perdiera las elecciones de 2019. En 2021 el presidente Alberto Fernández informó al Congreso Nacional que había ordenado de iniciar acciones criminales por tratarse «de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia».
El 10 de diciembre de 2015 asumió la presidencia de la Argentina Mauricio Macri, de la coalición Cambiemos (Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana y Coalición Cívica). El nuevo gobierno fue muy crítico de la gestión realizada por los tres gobiernos anteriores, encabezados por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. El único aspecto que consideró positivo en ese momento, era el «bajísimo nivel de la deuda». En junio de 2016, Nicolás Dujovne, quién sería designado por Macri como ministro de Economía a partir del 1 de enero de 2017, explicaba la situación en estos términos:
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Al finalizar el año 2017 el gobierno se había consolidado. Ese año el PBI creció 2,9%, la desocupación bajó al 7,2%, y Cambiemos obtuvo un importante triunfo en las elecciones de medio término de 2017. La revista Forbes cerró el año eligiendo al jefe de Gabinete, Marcos Peña, como el CEO del año y se preguntaba en tapa: «Su éxito ¿será el de la Argentina?» Las perspectivas para 2018 eran muy buenas, con un crecimiento anual estimado en el 3,5% del PBI, un aumento de 12% para la inversión y una inflación que, se estimaba, iba a bajar del 24,8% que tuvo en 2017, al 15,7% para 2018.
El optimismo del gobierno respecto de 2018 se vio expresado en el mensaje anual sobre el estado de la Nación, que el presidente Macri dirigió al Congreso el 1 de marzo de 2018, en el que anunció que los problemas más graves habían sido resueltos y se iniciaba de un ciclo de crecimiento y properidad de 20 años:
En mayo de 2018, pocos días después del optimista mensaje del presidente Macri al Congreso, se inició una corrida cambiaria, con grandes cantidades de compras de dólares al Banco Central. El dólar pasó de costar un promedio de 20 pesos en abril, a 23 pesos el 3 de mayo, que implicaba una devaluación del peso del 15% en tres días. En ese momento el presidente Macri difundió un brevísimo mensaje grabado de tres minutos, explicando que el programa económico del gobierno se había apoyado en el financiamiento externo, y que dicho financiamiento estaba ahora comprometido, razón por la cual había «decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero... y evitar una crisis como las que hemos tenido en nuestra historia». El anuncio sorprendió a la opinión pública, porque apenas dos años antes el Dujovne exigía no volver al Fondo («No volvamos al Fondo»), explicando que la política económica del gobierno de Macri estaba diseñada «para no volver al Fondo», hecho que recordaron ese día varios medios de comunicación.
El anuncio no calmó a «los mercados» y las compras continuaron. El 11 de mayo el sitio IProfesional daba cuenta de las operaciones cambiarias especulativas que se estaban realizando por medio de las letras conocidas como LEBACs, a tasas cercanas al 60% anual. El 15 de mayo el precio del dólar ya había subido otros dos pesos ($25,5), que significaba una devaluación del peso del 27% en quince días. El gobierno había eliminado las regulaciones establecidas por el gobierno anterior para la compra de dólares, conocidas como «el cepo al dólar» y no tenía herramientas para parar la corrida. Pocos días después se concretaría el préstamo del FMI, pero las grandes compras de dólares continuaron y el precio del dólar siguió subiendo durante meses, hasta alcanzar 41,89 pesos el 28 de septiembre: en total una devaluación del 82%.
Mauricio Macri se puso en contacto por primera vez con el FMI para iniciar la gestión de un préstamo el 8 de mayo de 2018. Un mes después, el 7 de junio, se anunciaba que el FMI había concedido a la Argentina un crédito stand by por 50.000 millones de dólares, el más grande en la historia. En ese momento el ministro Dujovne anunció que el préstamo contenía una cláusula inédita para el FMI, que le permitía al gobierno argentino incumplir la meta establecida para el déficit fiscal.
Un sector de la oposición parlamentaria, el kirchnerismo, hizo notar en ese momento, que el presidente de la Nación solo estaba autorizado por la Ley de Presupuesto N° 27.431, a endeudar al país hasta 3.000 millones de dólares (Planilla Nº 12, anexa al art. 4) y que la magnitud del exceso (17 veces más) conformaba el supuesto de nulidad del acuerdo, establecido en el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
También se señaló en ese momento que el gobierno argentino tramitó el préstamo sin cumplir con las normas de procedimiento administrativo y sin realizar dictámenes técnicos, económicos y jurídicos, para determinar su legalidad, conveniencia y sostenibilidad de las condiciones de repago. Por el lado del FMI, trascendió que los cuerpos técnicos consideraban que la magnitud del crédito y las condiciones de cumplimiento eran inviables y que la mayoría de los países se oponían a concederlo. También la Confederación General del Trabajo le hizo saber al FMI su oposición al préstamo y le anticipó que las condiciones del mismo causarían recesión y aumento de la inflación, en sentido radicalmente inverso a las metas establecidas en el acuerdo. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo notar que la autorización del Fondo para que el gobierno utilizara el préstamo para vender dólares en el mercado, infringía el artículo VI, sección I, inciso a) del propio Estatuto del FMI, que prohíbe esa operatoria.
Una semana después de la firma del acuerdo con el Fondo, renunció el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Inmediatamente después, el presidente Macri designó en el cargo a un amigo personal, Luis Caputo, a quien definió como «el Messi de las finanzas». Caputo era el tercer presidente del Banco Central en menos de tres años, luego de que Macri presionara para obtener las renuncias de Alejandro Vanoli en 2015, y Sturzenegger en 2018.
El enorme crédito del FMI, con su plan anexo, no lograron estabilizar la economía. Todo lo contrario. El dólar siguió subiendo hasta reducir a la mitad el valor del peso argentino; en un solo día, el 29 de agosto de 2018, el peso perdió un 8% de su valor. La inflación, que el acuerdo preveía en un 27% para 2018 y un 17% para 2019, llegó al 47,6% en 2018 (la más alta en 27 años) y volvería a subir en 2019, alcanzando una tasa de 53,8% e ingresando en una escala hiperinflacionaria. Por entonces la BBC se preguntaba: «¿por qué los anuncios y medidas de Macri no están dando resultados?» La evolución de la economía abría la posibilidad cierta de que el país tuviera que declararse en default, que según describía la BBC, significaría «el fracaso político de un gobierno de tecnócratas que fue elegido para ordenar las cuentas».
El 25 de septiembre de 2018, apenas tres meses después de designado, Luis Caputo -el «Messi de las finanzas»- renunció como presidente del Banco Central. La prensa internacional interpretó la ida de Caputo en medio de la crisis, recurriendo a la figura del Titanic, como un anticipo del hundimiento de la economía argentina. Durante los tres meses de su gestión el peso argentino perdió un cuarto de su valor. Caputo fue reemplazado por Guido Sandleris.
Simultáneamente con la renuncia de Caputo y pese a los malos resultados del plan económico acordado en junio, el FMI concedió un nuevo crédito a la Argentina por 7000 millones de dólares, elevando la deuda total a 57.000 millones, y aceptó adelantar al mandato presidencial de Macri las cuotas del crédito que estaban previstas para el mandato siguiente.
El presidente Macri buscó justificar el grave deterioro de la economía, sosteniendo que no se debía a la política de su gobierno, sino a una crisis internacional que habría comenzado en mayo de 2018. Con esa intención explicó en un programa televisivo que «Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas», frase que fue una de las que más caracterizaron a su mandato. Pero los datos internacionales no sostuvieron esa explicación. Hacia fin de año el FMI modificó su previsión de un leve crecimiento (0,4%) para el año 2018, concluyendo que se produciría una fuerte caída del PBI, estimada en 2,6%. Ese año solo siete países del mundo vieron reducir su PBI y el único país del mundo con un desempeño económico peor que Argentina fue Venezuela, que se encontraba económicamente bloqueada y sancionada por Estados Unidos. Al finalizar 2018 el PBI argentino sumó 443.790 millones de euros, un nivel similar al de 2011 y muy por debajo del punto más alto alcanzado en 2015 (580.769M.€); por persona el PBI de 2018 fue 9.974 euros, por debajo de 2012 (10.827€) y un 25% menos que el máximo alcanzado en 2015 (13.465€). El año 2019 sería aún peor.
En 2019 la economía argentina se agravó aún más. En junio Christine Lagarde renunció como directora del FMI, para asumir como presidenta del Banco Central Europeo. En septiembre de 2018 Lagarde había sido explícita al afirmar que «estaba harta» de las especulaciones de que podría hacerse cargo del BCE y le informó al Financial Times que no estaba interesada en esa función. Pero en el curso de los meses cambio de opinión y se retiró del organismo mundial a mediados de junio de 2019.
Mientras tanto, en ese lapso, la situación de la Argentina siguió empeorando hasta que volvió a caer en default, y el presidente Macri debió implantar un nuevo «cepo al dólar», cuya eliminación había sido una de las grandes banderas de su campaña electoral.
El PBI (402.273M.€) volvió a disminuir, esta vez un 2,2%, estableciéndose por debajo del nivel de 2012 (451.838M.€); el PBI por persona se ubicó en 8.952€, un 33% por debajo del punto más alto alcanzado en 2015 (13.465€). La pobreza subió al 35,5% en el segundo semestre de 2019, después de alcanzar su punto más bajo en el segundo semestre de 2017, con el 25,7%. La indigencia aumentó un 66%, pasando de 4,8% en el segundo semestre de 2017, a 8% en el segundo semestre de 2019. El 17 de agosto renunció el ministro Nicolás Dujovne.
Finalmente, en octubre de 2019 Macri fue derrotado en las elecciones de 2019, por una diferencia de ocho puntos, debiendo volver a entregar el poder al peronismo, convirtiéndose así en el primer presidente en la historia argentina en perder la reelección.
En 2020, Mauricio Claver, quien fuere un alto miembro del equipo del presidente Donald Trump, reveló que el préstamo fue concedido por razones políticas y pese a la oposición de los gobiernos europeos, debido a la presión de Estados Unidos, con el objetivo de apoyar al gobierno de Macri y evitar que perdiera las elecciones de 2019.
El 1 de marzo de 2021 el presidente Alberto Fernández informó al Congreso Nacional que había ordenado de iniciar acciones criminales por tratarse «de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia». El 12 de marzo de 2021 la Oficina Anticorrupción (OA) presentó la denuncia, sobre la base de informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y
La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, bajo el número 3561/2019 y la carátula «Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública».
Fueron imputado el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los expresidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris.
La Oficina Anticorrupción le atribuye a los imputados:
La Oficina Anticorrupción sostiene que el préstamo del FMI (finalmente ingresaron efectivamente 44.500 millones de dólares) estuvo directamente relacionado con la llamada «fuga de dólares», técnicamente denominada «formación de activos externos», que fue posible por uno de los pilares centrales del gobierno del presidente Macri, de eliminar todas las regulaciones establecidas para la compra y venta de dólares (conocidas en Argentina como «cepo al dólar»), así como su remisión al exterior.
La acusación consideró que los funcionarios imputados cometieron el delito de «malversación de fondos públicos» o «peculado», al utilizar ingentes fondos del préstamo para vender dólares en el mercado, favoreciendo de ese modo que quienes habían especulado con las altas tasas de interés en pesos (hasta 70% anual), por medio de las letras del Banco Central conocidas como Lebacs, para que pudieran volver a hacerse de dólares, manteniendo la ganancia en pesos, en lo que denomina «el fabuloso negocio de las lebacs». pudieran trasladar esas ganancias a dólares, funcionando de ese modo como un «seguro de cambio» a costa del Estado, pese a estar prohibido por los Estatutos del Fondo y los términos del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, adjunto a la Carta de Intención acordada entre el gobierno argentino con el FMI.
La administración Macri había impulsado fuertemente la emisión de Lebacs, con tasas de interés que llegaron a superar el 70%, emitiendo y colocando hasta junio de 2018 cerca de 1,2 billones de pesos, equivalente en ese momento a 46.153 millones de dólares, una suma casi idéntica al monto que el FMI finalmente entregó al gobierno de Cambiemos. La Oficina Anticorrupción informó en su acusación, que entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, cien personas compraron 24.679 millones de dólares.
Pablo Rosendo González, quien fuera miembro del directorio del FMI en representación de Argentina, comentó que el FMI le había requerido al gobierno argentino frenar la salida descontrolada de dólares estableciendo regulaciones a tal efecto, decisión que fue rechazada de plano por el gobierno hasta que finalmente lo hizo en septiembre de 2019, más de un año después, cuando ya no quedaban reservas.
Como prueba, la OA pidió a la jueza de la causa que ordenara levantar el secreto bancario y financiero, a fin de conocer la identidad de los mayores titulares «reales» de Lebacs en el período 2016-2018 y verificar si guardaban vinculación con los imputados.
El argumento central de la defensa de los acusados sostiene que tanto la decisión de la tomar el préstamo, como el uso de los dólares entregados por el Fondo Monetaria Internacional, no pueden ser juzgados por el Poder Judicial de la Nación. Asimismo sostienen que no hubo perjuicio para la Nación, porque el dinero fue utilizado para cancelar deudas.
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