La Federación Internacional de Planificación Familiar (en inglés International Planned Parenthood Federation, IPPF) es una organización no gubernamental de ámbito mundial que tiene como objetivos generales la promoción de la salud reproductiva y la salud sexual, así como la defensa del acceso al aborto inducido y el libre acceso a los métodos anticonceptivos como medios de planificación familiar, por lo que promueve a nivel internacional la incorporación a la sanidad pública del aborto inducido en condiciones de seguridad. Se fundó en el año 1952 en la ciudad de Bombay, India. En la actualidad son miembros de IPPF más de 149 asociaciones que trabajan en más de 189 países. IPPF tiene una gestión muy descentralizada y está organizada en seis regiones.[cita requerida]
La Federación de Planificación Familiar Estatal de España es miembro de la IPPF.
Las asociaciones miembros actúan para proporcionar servicios de planificación familiar, salud sexual y prevención mediante formación y educación. Sus objetivos incluyen facilitar la información necesaria para tomar decisiones sobre salud sexual, proporcionando servicios de alta calidad con objeto de mejorar el estado general de salud de las personas de bajos ingresos, promoviendo la participación e implicación en la propia organización democráticamente y facilitando el liderazgo de los numerosos voluntarios para promover estos objetivos.
La IPPF es apoyada financieramente por gobiernos, fundaciones y organizaciones relacionadas con la salud y la pobreza, fideicomisos y particulares, incluida la Comisión Europea y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para proyectos especiales. La mitad de su financiaciación proviene de programas oficiales de asistencia para el desarrollo de los gobiernos. Se estima que en 2017 la Planned Parenthood (filial de la IPPF en EE. UU.) recibió 500 millones de dólares de las arcas públicas de ese país.
Para lograr sus objetivos como organización, la IPPF a menudo colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). IPPF es un grupo de presión importante (un lobby) en la Unión Europea, y en concreto, ante el Consejo Europeo y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Es la única organización no gubernamental (ONG) que se centra en la salud sexual y los derechos reproductivos calificada como organización consultiva ante el Consejo de Europa. Esto permite que la IPPF pueda estar representada en la Asamblea Parlamentaria.
Debido a sus posiciones sobre el aborto y los anticonceptivos, la Federación Internacional de Planificación Familiar ha recibido críticas de instituciones como la Iglesia católica y movimientos provida, y partidos políticos que incluyen en su ideario la defensa de la vida del no nacido, como el Partido Republicano de los Estados Unidos, que sostienen, con diversos argumentos, que la vida humana comienza desde el momento de la concepción.
Desde Ronald Reagan, los presidentes republicanos de Estados Unidos han mantenido la política de exigir a las organizaciones no gubernamentales, para la recepción de fondos gubernamentales, abstenerse de facilitar, promover u ofrecer servicios abortivos. Así, George W. Bush restableció la Política estadounidense respecto al aborto en la ciudad de México en 2001. De modo alterno, esta política ha sido derogada por los demócratas (fue anulada por última vez por el presidente Barack Obama).
Otras polémicas están relacionadas con la acusación de traficar con los órganos y tejidos de fetos abortados. En 2015 The Center for Medical Progress publicó cinco vídeos en los que altos cargos de Planned Parenthood, la filial anglosajona de IPPF, negociaban sobre la venta de fetos abortados y la modificación de los métodos abortivos para no dañar los órganos con el fin de darles salida comercial, ambas prácticas prohibidas por ley en EE. UU. Planned Parenthood se defendió alegando que los vídeos habían sido grabados con cámaras ocultas y manipulados, y que ellos no venden órganos, sino que los donan a centros de investigación, y lo que se negociaba era los gastos de conservación y transporte de los tejidos fetales.
La alarma saltó de nuevo en 2017 cuando dos centros de investigación que recibían donaciones de tejidos fetales de Planned Parenthood admitieron ante el juez su implicación en el tráfico ilegal de órganos fetales, por lo que fueron clausurados y condenados a pagar una multa de 7.8 millones de dólares, incluidos 195.000 dólares en concepto de responsabilidad civil. En este sentido, hay quienes defienden que se debería investigar no tanto a Planned Parenthood como a los intermediarios que trafican con los órganos donados.
Otra de las polémicas está relacionada con los métodos usados por el Instituto Guttmacher, que depende de la Planned Parenthood Federation of America. En 2012 fue acusado en varios artículos científicos de sesgo de selección y una metodología defectuosa en su estimación de abortos candestinos en Colombia y en otros países latinoamericanos.
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