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Gemma Gallego Sánchez



María Gemma Gallego Sánchez (n. 1962) es una magistrada española. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Partido Popular desde septiembre de 2008. Conocida por haber sido instructora del "caso del ácido bórico".

Magistrada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Badalona, en 1997 Juez de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Móstoles.[1]​ Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Siendo magistrada del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, Gemma Gallego anuló la imputación por falsedad que hizo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a los tres peritos -Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique- quienes habían elaborado un informe en el que vinculaban a la banda terrorista ETA con los atentados del 11-M. El caso se conoce como "caso del informe sobre el ácido bórico" debido a que fue la presencia de esa sustancia en casa de Hassan El Haski y también en un registro realizado en noviembre de 2001 en un piso franco de ETA en Salamanca la que llevó a los peritos a relacionar ETA con el 11-M.[2]​ Gallego argumentó que la falsedad documental se produce cuando resultan afectadas algunas de las funciones esenciales que cumple un documento y subrayó que ninguna de las funciones del documento de referencia resultó afectada por la conducta observada por los peritos.[3]​ Tras absolver a los peritos, la jueza sentó en el banquillo (en contra del criterio de la Fiscalía) a los principales mandos de la policía científica que habían trabajado en el caso, los cuales habían eliminado del informe de los peritos las referencias a ETA por considerarlas desencaminadas y carentes de rigor científico.[4]​ Los agentes fueron finalmente absueltos en junio del 2008.[5]

Es uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, elegidos por mayoría de tres quintos en los plenos del Congreso y el Senado en los días 16 y 17 de septiembre de 2008.[6]

En marzo de 2010 Gemma Gallego Sánchez, junto al conservador Fernando de Rosa Torner y la progresista Margarita Robles, son recusados como vocales por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que pide a la Sala Penal del Tribunal Supremo de España que lo mantenga en su puesto, por ser los tres vocales que más animadversión han mostrado contra él.[7]



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