El indulto a Alberto Fujimori, oficialmente denominado «indulto y derecho de gracia por razones humanitarias» fue un beneficio concedido el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski a favor del expresidente Alberto Fujimori, quien se encontraba cumpliendo condena por violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante su gobierno. Por la situación de haber sido concedido el mismo día de la Nochebuena, se hizo conocido como el «indulto por Navidad» o «indulto de Navidad». El indulto fue otorgado luego de que Fujimori hubiera cumplido 10 años de prisión en Lima.
En 2009, Fujimori había sido condenado por violaciones de derechos humanos y sentenciado a 25 años de prisión por su papel en los asesinatos y secuestros cometidos por el escuadrón de la muerte Grupo Colina durante la guerra de su gobierno contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. El veredicto marcó la primera vez que un jefe de estado electo fue extraditado a su país de origen, juzgado y condenado por violaciones de derechos humanos. Fujimori fue específicamente encontrado culpable de asesinato, daños corporales y dos casos de secuestro.
El 3 de octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró inaplicable el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. El 23 de enero de 2019, fue recluido en el penal de Barbadillo luego de permanecer internado en una clínica.
Según el artículo 118 inciso 21 de la Constitución del Perú, el presidente tiene el poder de otorgar un indulto humanitario cuando la persona condenada presenta una enfermedad terminal; una enfermedad degenerativa, avanzada o incurable; o una enfermedad mental crónica o degenerativa, donde las condiciones de la prisión ponen en riesgo la vida, la salud o la integridad de la persona.
Alberto Fujimori fue presidente del Perú entre 1990 y 2000 en el período del llamado Fujimorato. Mientras aún era presidente, Fujimori huyó del país y se refugió en Japón cuando se enfrentó a cargos de corrupción en 2000. Al llegar a Japón intentó renunciar a su presidencia por fax, pero su renuncia fue rechazada por el Congreso de la República, que lo destituyó del cargo por el proceso de vacancia presidencial. Buscado en Perú por cargos de corrupción y abusos contra los derechos humanos, Fujimori mantuvo un exilio autoimpuesto hasta su arresto durante su visita a Chile en noviembre de 2005. Fue extraditado para enfrentar cargos penales en Perú en septiembre de 2007. En 2009, fue condenado a 25 años por homicidio por ordenar las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. También fue sentenciado por otros crímenes como corrupción.
A fines de 2012 se reportó que Fujimori padecía cáncer de lengua y otros problemas médicos. Su familia solicitó el indulto al entonces presidente del Perú, Ollanta Humala. El presidente Humala rechazó el indulto en junio de 2013 y dijo que la condición de Fujimori no era lo suficientemente grave como para justificarlo.
En diciembre de 2017, Kuczynski enfrentó un proceso de vacancia presidencial por su conexión con el escándalo de corrupción internacional investigado por la Operación Autolavado que rodeaba a la firma brasileña Odebrecht. La hija de Fujimori, Keiko, lideró el proceso de vacancia presidencia contra Kuczynski, que la había derrotado el año anterior en las elecciones presidenciales. En dicho proceso se requerían 87 votos para vacarlo; sin embargo, solo se consiguieron 79 votos a favor, 19 votos en contra y 21 abstenciones (de las cuales 10 fueron del partido fujimorista), en gran parte debido al apoyo del hijo de Fujimori, Kenji.
El 11 de diciembre de 2017 Fujimori realizó la solicitud de indulto y derecho de gracia por razones humanitarias. La junta médica integrada por Juan Postigo, Víctor Sánchez y Guido Hernández recomendó indultar al expresidente por una «enfermedad progresiva, degenerativa e incurable». El 23 de diciembre Fujimori fue trasladado desde el penal de la Diroes a una clínica en el distrito de Pueblo Libre. El 24 de diciembre la Secretaría de Prensa del Despacho Presidencial informó por medio de un comunicado el indulto a Fujimori.
Ese mismo día se publicó la R.S. N° 281-2017-JUS. que «Conceden indulto y derecho de gracia por razones humanitarias a interno del Establecimiento Penitenciario Barbadillo».
El 25 de diciembre, mediante un Mensaje a la Nación, Kuczynski pidió no llevarse «por el odio» ni permitir que «muera en prisión» al expresidente. En un video difundido en su red social Fujimori pidió perdón a quienes defraudó «por su gobierno» y agradeció a Kuczynski.
Hubo críticas generalizadas en Perú de que el indulto fue motivado menos por clemencia que por el deseo de recompensar al hijo de Fujimori, Kenji, por su papel en ayudar a Kuczynski a sobrevivir al voto de vacancia presidencial contra él la semana anterior al indulto. Cientos de manifestantes tomaron las calles de Lima el 26 de diciembre. La oficina legal peruana sin fines de lucro Instituto de Defensa Legal denunció el indulto como político e ilegal y se comprometió a apelarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la organización internacional Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) emitieron un comunicado el 27 de diciembre pidiendo a la CIDH que intervenga.
Amérigo Incalcaterra, representante sudamericano de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, rechazó categóricamente el indulto, afirmando que «no poner a las víctimas en el centro de esta decisión descarrila el progreso que el estado peruano ha hecho sobre la verdad, justicia, memoria y reparaciones».
Antes de que se anunciara el indulto, Human Rights Watch había condenado la posibilidad de un indulto, calificándolo de «un golpe duro a las víctimas de atrocidades en Perú y un serio retroceso para el estado de derecho en el país»; y Amnistía Internacional dijo que el indulto «violaría las obligaciones del país bajo el derecho internacional y debilitaría sus logros en su incipiente lucha contra la impunidad».
Los días que siguieron al indulto vieron la renuncia de varios miembros del partido de Kuczynski a sus cargos, incluidos los ministros Carlos Basombrío Iglesias (Interior), Salvador del Solar (de Cultura) y Jorge Nieto Montesinos (Defensa), y ocho funcionarios designados. Además, miembros del Congreso renunciaron a la bancada oficialista.
Un sondeo a nivel nacional realizado por la empresa IPSOS Perú entre el 27 y 28 de diciembre de 2017, dio como resultado que el 56% de los encuestados opinó estar de acuerdo con el indulto otorgado a Alberto Fujimori, un 40% se mostró en desacuerdo y un 6% no precisó posición alguna. De otro lado, una encuesta a nivel nacional realizada por la empresa DATUM entre el 05 y 9 de enero de 2018, mostró que para el 78% de los entrevistados el presidente Kuczynski negoció con Kenji Fujimori el indulto a su padre Alberto Fujimori a cambio de que sus seguidores en el Congreso impidieran su destitución, un 15% opinó que no hubo negociación alguna y un 7% no se pronunció.
En mayo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución sobre la supervisión de cumplimiento de los casos Barrios Altos y La Cantuta contra Perú. En la resolución, el tribunal declaró que Estado peruano no ha cumplido en su totalidad con las obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos y ordenó que el Estado peruano ejerza el control de la medida y que deberá informar (cómo máximo el 29 de octubre de 2018) sobre los avances del caso.
Los representantes de las víctimas de los casos presentaron una solicitud de "control de convencionalidad", alegando que la condena forma parte de la etapa ejecutoria del fallo.
El 3 de octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró inaplicable el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Asimismo, se ordenó su captura y reclusión a un establecimiento penitenciario. El juez supremo Hugo Núñez le dio cinco días de plazo a la defensa de Alberto Fujimori para que sustente su apelación.
Según la sentencia judicial, señala irregularidades en el procedimiento de otorgamiento quebrantado “el principio de imparcialidad y objetividad” tras designar al médico tratante de Fujimori como parte de la Junta Médica Penitenciaria. Además indica que el procedimiento del indulto fue concretado “en un plazo demasiado breve” y que la resolución que concede el indulto “no contiene debida fundamentación ni expresa una suficiente justificación en la decisión adoptada”. Asimismo, sostiene que el indulto fue resultado de una negociación política cuando Pedro Pablo Kuczynski enfrentaba una moción de vacancia que no prosperó por las abstenciones de los 10 congresistas del partido político Fuerza Popular con el fin de "conseguir el otorgamiento del indulto”. La resolución sostiene que “el indulto no procede en casos de delitos contra la humanidad” y se “infringió los artículos 1.1 y 2 de la Convención Interamericana de DD.HH.” al otorgarlo.
Luego de anunciarse la revocación del indulto, Alberto Fujimori fue llevado a la clínica e internado en cuidados intermedios. El 23 de enero de 2019, fue recluido en el penal de Barbadillo luego que fuera dado de alta por sus médicos.
En un sondeo de opinión declara que un 53% estaría en desacuerdo con la anulación del indulto de Alberto Fujimori, un 7% estarían indecisos con su decisión y un 40% aprueba la decisión del Poder Judicial.
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Indulto a Alberto Fujimori (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)