Se considera inmigración irregular (o inmigración ilegal) al movimiento migratorio de personas a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino y en ocasiones también del país de procedencia. La persona que se encuentra en esta situación es un inmigrante irregular, un inmigrante ilegal un inmigrante sin papeles o simplemente un sin papeles(sin documentos tales como el permiso de residencia o el permiso de trabajo).
Desde una visión de largo plazo este fenómeno brinda una gran contribución y desarrollo social a los países[cita requerida], al permitir la migración social y cultural que enriquece la economía y las costumbres locales del país receptor[cita requerida]. Al pasar el tiempo, los inmigrantes (incluso los irregulares) acaban asimilándose a la población local y fusionándose con ella[cita requerida].
El componente demográfico también es importante, por ejemplo, en el caso de algunos países europeos que ven disminuida su población nativa por envejecimiento de la misma, y reciben de forma legal o ilegal a miles de inmigrantes para cubrir las vacantes de trabajo.
A pesar del miedo existente entre gran parte de los ciudadanos de un país receptor (véase Oposición a la inmigración), ciertos estudios [cita requerida]de la ONU han demostrado que la inmigración ilegal no contribuye al aumento del desempleo local ni a la reducción de salarios.[cita requerida] El estudio destacaba que los inmigrantes ilegales contribuyen al aumento de la demanda en el sector de bienes y servicios en el país destino y beneficia a sus lugares de origen por la cantidad de dinero que se les envía a las familias[cita requerida].
Para el inmigrante la opción de abandonar su cultura, familia y país por un futuro incierto es una decisión psicológicamente difícil. Solo la toma ante la imposibilidad de obtener un futuro en su país de origen ante el desempleo y la falta de oportunidades económicas. La posibilidad de enviar así sean unos pocos dólares o euros a sus familias es lo que obliga a miles de personas a tomar este camino cada año, aún a costa de arriesgar sus propias vidas en el difícil recorrido de la inmigración. En general, el inmigrante irregular tuvo una gran nostalgia por su país y su cultura y por la familia que ha dejado atrás. Es peor aún cuando se siente perseguido por las autoridades locales con fines de deportación, lo que sucede en muchos casos. La gran mayoría tienen que pagar a una persona para que los ayude a pasar y también, en muchos casos, son discriminados y maltratados por los ciudadanos del país receptor.
Pese a que son dos fenómenos ligados con frecuencia, es importante distinguir el tráfico de inmigrantes (smuggling en inglés) de la trata de seres humanos. El elemento clave del tráfico es la entrada y permanencia clandestina del inmigrante irregular, mientras que en la trata esa facilitación de la entrada es manipulada para asegurar la explotación (sexual, laboral) del inmigrante.
En mayo de 1924 se implantó la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos la cual, entre muchas otras funciones, en el área de inmigración ilegal, se encarga de:
Esta ley, la cual entró en vigor en mayo de 2011, consigna que la policía pueda investigar y detener a cualquier individuo del que se tenga una “razonable sospecha” de ser un indocumentado. Consiente también que los inmigrantes indocumentados no tengan acceso a beneficios públicos. Incluso, exige a las escuelas públicas y a las empresas que determinen la situación migratoria de sus alumnos y trabajadores. En el caso de los alumnos indocumentados, no podrán matricularse en ninguna escuela o universidad pública de Alabama.
Entró en vigor el 1.º de enero del 2012 y obliga a las empresas a garantizar que sus empleados cuentan con todos los permisos inmigratorios necesarios para poder trabajar en Estados Unidos. También establece que se debe verificar el estatus migratorio de los extranjeros que estén cumpliendo una condena en el estado.
Silvio Berlusconi aprueba una ley en la que la inmigración irregular se consideraba un delito con penas de cárcel.
En 2010 la localidad catalana de Vich quiere aprobar una ley para impedir el empadronamiento a los inmigrantes sin papeles. Con esta ley lo que se pretende, según el alcalde Josep María Vila d'Abadal, es avanzar en la integración de la inmigración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad. Al final el ayuntamiento se echa para atrás debido a la oposición de la Abogacía del Estado.
Según la Ley Orgánica 4/2000, los extranjeros podrán disfrutar en España de los derechos y las libertades reconocidos en el Título I de la Constitución Española, según lo establecido en los Tratados Internacionales. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tanto, se entiende que los ciudadanos extranjeros podrán ejercer sus derechos en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles.
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