El estatus legal de la práctica del aborto en el mundo es variable, desde el acceso libre y gratuito en servicios sanitarios públicos hasta la penalización con años de prisión para las mujeres y quienes practiquen el aborto inducido. Por tanto, la práctica del aborto, entendido como aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, está sujeta al ordenamiento jurídico vigente en cada país, en el que puede recogerse como derecho o como delito penalizado (punible).
En países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, los países de la antigua órbita Soviética, Asia Oriental y casi la totalidad de Europa (excepto Polonia, Reino Unido, Malta y los micro-Estados), el aborto es legal a petición o demanda de la persona gestante durante determinado período de gestación. Por otro lado, en la mayoría de los países de Latinoamérica, África, Medio Oriente y el Sudeste Asiático el aborto es ilegal y está penalizado en alguno de los supuestos. Asimismo, hay países en donde el aborto no es legal a petición de la mujer pero sus leyes se encuentran relajadas ante esta práctica, despenalizándolo casi bajo cualquier circunstancia, los médicos que realicen abortos casi no son perseguidos, aunque cualquier mujer que quiera abortar necesita aprobación de estos ya que no se encuentra regularizado a petición; a saber: Barbados, Finlandia, India, Israel, Japón, Reino Unido, Taiwán y Zambia.
Seis naciones del mundo prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia y tipifican penas de cárcel para toda mujer y persona que realice, intente realizar o facilite la realización de un aborto: Ciudad del Vaticano, El Salvador, Honduras, Malta, Nicaragua y República Dominicana. Aunque recientemente en Malta los abortos son permitidos de facto para salvar la vida de la madre ya que Malta era el único país de Europa que criminalizaba el aborto completamente.
Alrededor de 56 millones de abortos se realizan cada año en el mundo, con aproximadamente 45 % hechos de forma insegura. En muchos lugares hay varios debates sobre los problemas morales, éticos y legales del aborto.
El debate sobre el aborto en relación al aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo se refiere a la discusión, controversia y polémica sobre su práctica, contexto social y económico en el que se produce. Las partes involucradas en el debate son los movimientos «proelección» y «provida». Los primeros enfatizan el derecho de las mujeres a decidir si terminar un embarazo, mientras que los segundos enfatizan el derecho del embrión o feto a gestar a término y nacer.
La siguiente tabla enumera en orden cronológico los estados miembros de la ONU que han legalizado el aborto a solicitud de la mujer y que han despenalizado completamente el aborto.
Algunos países despenalizaron el aborto a solicitud, lo prohibieron y lo volvieron a legalizar (por ejemplo, la antigua Unión Soviética, Rumania, etc.); en esta tabla solo se incluye el año de su segunda despenalización.
Los países que resultan de la fusión de estados donde el aborto a solicitud era legal en el momento de la unificación muestran el año en que se legalizó en todo el territorio nacional (por ejemplo, Alemania, Vietnam). Los países se cuentan incluso si aún no eran independientes en ese momento y el año se refiere a cuando la ley o decisión judicial pertinente entró en vigor, que puede ser diferente del año en que se aprobó.
Del mismo modo, no se incluyen los países donde no todas las jurisdicciones subnacionales han legalizado el aborto a solicitud (lo que lleva a la exclusión de, por ejemplo, México y Reino Unido). En Reino Unido solo es legal a petición de la mujer en Irlanda del Norte y en México solo es legal en Ciudad de México y Oaxaca.
El aborto es también legal en varias dependencias, siendo Puerto Rico de Estados Unidos, Groenlandia de Dinamarca, y Jersey e Isla de Man de Reino Unido.
La siguiente tabla resume los fundamentos legales para el aborto en todos los estados miembros y observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y algunos países con reconocimiento limitado. Esta tabla se basa principalmente en datos compilados por la ONU hasta 2019, con algunas actualizaciones, adiciones y aclaraciones que citan otras fuentes.
La siguiente tabla resume los fundamentos legales para el aborto en las jurisdicciones autónomas no incluidas en la tabla anterior.
Expertos de la ONU y agencias piden la plena realización de los derechos sexuales y reproductivos, e incluido el acceso a un aborto legal y seguro. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM) dijo en una declaración de 2014:
Ha hecho recomendaciones similares a muchos gobiernos cuando revisa su cumplimiento del tratado. Las recomendaciones formuladas en estas "observaciones finales" suelen exigir a los gobiernos que legalicen el aborto en las circunstancias mencionadas anteriormente, despenalicen en todos los casos y garanticen el acceso.
El Comité de los Derechos del Niño instó a los gobiernos a despenalizar el aborto en todas las circunstancias y eliminar las barreras de acceso.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Comité contra la Tortura también han pedido que se eliminen las penas por aborto y que se adopten medidas para garantizar su acceso legal y seguro.
El borrador del comentario general del Comité de Derechos Humanos (CDH) sobre el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1996 reza:
Cuando el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) presentó sus preocupaciones, dijo que el CDH debería eliminar las palabras "sobre todo cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto o cuando el feto sufre un impedimento fatal." No discutió el resto del pasaje.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el máximo tribunal que interpreta la Convención, definió que la legalización del aborto no la contradice. La abogada venezolana Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirma que dicho tratado no es contrario al aborto, sino que "cuando la Convención dice que el derecho a la vida estará protegido a partir del momento de la concepción, se aclara que es 'en general'. Esto se hizo así para que los estados que en el momento de la sanción de la Convención tenían el aborto legalizado pudieran formar parte de la misma".
En el año 2012, la CIDH zanjó las diferencias interpretativas en el fallo del caso "Artavia Murillo y otros ("fecundación in vitro") vs. Costa Rica", en el cual interpreta el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el párrafo 185, se afirma que "hay concepciones que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena. [...] Estas concepciones no pueden justificar que se otorgue prevalencia a cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues ello implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no las comparten". Asimismo, en el párrafo 263, señala que "la Corte concluye que el objeto y fin de la cláusula 'en general' del artículo 4.1 de la Convención es la de permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto. En el caso que ocupa la atención de la Corte, basta señalar que dicho objeto y fin implica que no pueda alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos". En el siguiente párrafo indica que "es posible concluir de las palabras 'en general' que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general."
En relación a este fallo, las juristas Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Eleonora Lamm han señalado la importancia de la decisión de la Corte Interamericana en el debate regional por la legalización del aborto: "Puede pensarse, entonces, que la máxima instancia judicial en la región ha dado luz verde para legalizar la interrupción del embarazo en América en un abanico mucho más amplio de casos." La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció a favor la aprobación de la ley de despenalización del aborto en tres causales en Chile, por ende su postura no es en contra del aborto. Así mismo, la CIDH no considera al embrión como persona.
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