Las leyes raciales fascistas son un conjunto de medidas legislativas y administrativas (leyes, decretos, circulares, etc.) que fueron lanzadas en Italia entre 1938 y los primeros cinco años de la década de 1940, inicialmente por el régimen fascista y luego por la República Social Italiana, dirigidas principalmente –pero no exclusivamente– contra las personas de ascendencia judía. Benito Mussolini las presentó por primera vez el 18 de septiembre de 1938 en Trieste, desde el balcón del ayuntamiento con motivo de su visita a la ciudad.
Para la legislación fascista, era judío cualquier persona que había nacido de: dos padres judíos, un judío y un extranjero, de madre judía en condiciones de paternidad desconocida o que, a pesar de tener un padre ario, profesara la religión judía. Sobre los judíos se promulgaron una serie de leyes discriminatorias, pero se admitió la discutida figura del judío «convertido en ario» o del judío con méritos especiales: militares, civiles o políticos. A los judíos «convertidos en arios» se les aplicaron las leyes con algunas excepciones y limitaciones.
La legislación antisemita incluía:
También se ordenó a la comunidad judía la creación de escuelas específicas para los niños judíos. Los maestros judíos solo podían trabajar en esas escuelas.
Dado que se decretó la prohibición para los judíos italianos de ser propietarios o administradores de empresas y entidades financieras consideradas de interés nacional o con más de cien empleados, así como la limitación del número de sus propiedades inmobiliarias, se llevó a cabo un expolio de bienes sobre estos ciudadanos. Para gestionar estos activos incautados, se creó en 1939 el Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliarie, con la colaboración de las autoridades y bancos locales. En los años 60 se produciría una lenta restitución de los bienes sustraídos a los supervivientes y sus familiares.
Las leyes ilustran la enorme influencia de Hitler y el pensamiento racista nazi sobre Mussolini. En los dieciséis años anteriores a la proclama del manifiesto, el gobierno fascista italiano no había aprobado ninguna ley racial; Mussolini mantenía el punto de vista de que el reducido número de judíos italianos había vivido en el territorio «desde los días de los reyes de Roma», una referencia a los bené roma, y que deberían «permanecer imperturbados». Había incluso algunos judíos en el Partido Nacional Fascista (PNF), como Ettore Ovazza, que en 1935 fundó el periódico fascista judío La Nostra Bandiera. Diversos historiadores explican el cambio de opinión de Mussolini como un intento de acercarse a la Alemania de Hitler, «un gesto de buena voluntad», de forma que el antisemitismo fascista no era teórico, sino más bien nacía de razones políticas y tácticas. La influencia alemana sobre la política italiana alteró incluso el equilibrio establecido en la Italia fascista y resultó muy impopular entre la mayoría de los italianos, hasta el punto que el papa Pío XII envió una carta a Mussolini protestando por las nuevas leyes. Tras una resistencia considerable, la influencia nazi comenzó a penetrar algunos círculos fascistas. El antisemitismo, en forma de racismo biológico, comenzó a aparecer en algunas publicaciones. Sin embargo, en general, hubo un gran esfuerzo en distinguir el racismo fascista del que emanaba del norte. No era raro, antes del inicio de la II Guerra Mundial, que los intelectuales fascistas se opusiesen a alguno de los principales elementos del racismo nazi.
El fundamento y las premisas teóricas de las leyes raciales fueron algunas consideraciones que tenían como objetivo establecer la existencia de la raza italiana y su pertenencia al grupo de las llamadas razas arias. A estas reflexiones se les trató de dar una base científica, aunque el resultado fuese inconsistente.
Tras la entrada en vigor en 1937 del Real Decreto-Ley n.º 880 –que prohibía el «madamato» (la compra de una concubina) y el matrimonio de italianos con «súbditos de las colonias africanas»– otras leyes racistas fueron aprobadas por el Parlamento italiano.
Un documento clave, que desempeñó un papel importante en la promulgación de las llamadas leyes raciales, es el Manifesto degli scienziati razzisti («Manifiesto de los científicos racistas», también conocido como el Manifesto della Razza, «Manifiesto de la raza»). Publicado por primera vez de forma anónima en el Giornale d'Italia, el 15 de julio de 1938, bajo el título Il Fascismo e i problemi della razza («El fascismo y los problemas de la raza»), y reeditado después en el número uno de la revista La difesa della razza («La defensa de la raza») el 5 de agosto de 1938, firmado por 10 científicos.
El 25 de julio de 1938 –después de una reunión entre los diez directores de la tesis, el ministro de la cultura popular Dino Alfieri y el secretario del partido fascista (PNF) Starace Achille– el secretario político del PNF comunicó el texto completo de la obra, la lista completa de signatarios y los adherentes.
Entre las adhesiones posteriores, destacan las de personajes famosos –o que llegarían a serlo–, como, por ejemplo, Giorgio Almirante, Bargellini Piero, Giorgio Bocca, Galeazzo Ciano, Amintore Fanfani, Agostino Gemelli, Giovanni Gentile, Luigi Gedda, Giovannino Guareschi, Mario Missiroli, Romolo Murri, Giovanni Papini, Ardengo Soffici o Giuseppe Tucci.
A pesar de que se ha llegado a afirmar que Mussolini no era antisemita (una de sus amantes, Margherita Sarfatti, era judía), Galeazzo Ciano escribió en su diario el día de 14 de julio de 1938 : «El Duce me ha anunciado la publicación en el Giornale d'Italia de una declaración sobre las cuestiones de la raza. Ha sido escrito por un grupo de estudiosos, bajo la dirección del Ministerio de la Cultura Popular. Me dice que, de hecho, lo ha preparado casi en su totalidad él mismo».
Al Real Decreto-Ley del 5 de septiembre de 1938 –que establecía «Medidas para la defensa de la raza en la escuela fascista»– y al del 7 de septiembre –que establecía «Medidas contra los judíos extranjeros»– le siguió el 6 de octubre una «declaración sobre la raza» emitida por el Gran Consejo Fascista. Esta declaración fue adoptada posteriormente por el Estado, por un Real Decreto-Ley con fecha del 17 de noviembre de ese año. Son muy numerosos los decretos firmados por Benito Mussolini como jefe de gobierno y luego promulgados por Víctor Manuel III entre el verano y el otoño de 1938. Todos tendían a legitimar una visión racista de la llamada «cuestión judía». La combinación de estos decretos y documentos mencionados es en realidad todo el corpus de las leyes raciales.
Algunos de los científicos e intelectuales judíos afectados por la orden del 5 de septiembre, sobre todo en el mundo de la educación y la enseñanza, emigraron a los Estados Unidos. Entre ellos se encuentran: Emilio Segrè, Achille Viterbi (padre de Andrea Viterbi), Bruno Pontecorvo, Bruno Rossi, Ugo Lombroso, Giorgio Levi Della Vida, Mario Castelnuovo-Tedesco, Camillo Artom, Ugo Fano, Roberto Fano, Salvatore Luria, Piero Foà, Luigi Jacchia, Guido Fubini, Massimo Calabresi y Franco Modigliani. Otros encontraron refugio en Gran Bretaña, como Arnaldo Momigliano, Uberto Limentani y Guido Pontecorvo; en Palestina, como Umberto Cassuto y Giulio Racah; o en América del Sur, como Carlo Foà, Amedeo Herlitzka y Beppo Levi. Con ellos también salieron de Italia Enrico Fermi y Luigi Bogliolo, cuyas esposas eran judías. Otros decidieron quedarse en Italia, aunque perdieron su cátedra. Entre estos últimos están Tullio Ascarelli, Walter Bigiavi, Mario Camis, Federico Cammeo, Alessandro Della Seta, Donato Donati, Mario Donati, Marco Fanno, Gino Fano, Federigo Enriques, Guido Castelnuovo, Giuseppe Levi, Benvenuto Terracini, Tullio Levi-Civita, Rodolfo Mondolfo, Adolfo Ravà, Attilio Momigliano, Gino Luzzatto, Donato Ottolenghi, Tullio Terni y Mario Fubini. Entre las dimisiones famosas de las instituciones científicas italianas está la de Albert Einstein, miembro de la Accademia dei Lincei.
Sin embargo, no se prohibió todavía la enseñanza en las escuelas reservadas a los judíos.
El 5 de agosto de 1938, en la revista La difesa della razza, se publicó el siguiente manifiesto:
Algunas fuentes hablan de una lista de personas elaborada por algunos historiadores y periodistas, entre ellos el escritor Franco Cuomo en el libro I Dieci. Chi erano gli scienziati italiani firmatari del manifesto della razza, que se adhirieron oficialmente al manifiesto de las leyes raciales fascistas o que lo apoyaron públicamente. Las más conocidas son:
Tras el fin del régimen fascista, la adhesión real de algunas de estas personas a las leyes fascistas ha sido puesta en duda; en ocasiones los mismos «firmantes» han negado haber apoyado las leyes, afirmando que sus nombres habían sido incluidos sin su consentimiento y, en otros casos, por historiadores posteriores. Después de la primera publicación del manifiesto, fueron reproducidas en periódicos y revistas los nombres de presuntos simpatizantes de las leyes, sumando un total de 180 científicos, a los que se juntaron 140 personalidades de la política, el periodismo y diversos intelectuales.
Wikisource en italiano posee una serie de documentos sobre las leyes raciales italianas.
Una disposición adicional trataba sobre el movimiento pentecostal. Esta disposición —que data del 9 de abril de 1935 y fue firmada por el vicesecretario de interior Guido Buffarini Guidi, refrendada por el jefe de la policía Arturo Bocchini– prohibía el culto pentecostal en todo el Reino porque «es tan extrínseca y concreta en las prácticas religiosas contrarias al orden social y perjudicial para la integridad física y mental de la raza.»
Como resultado de esta circular, se realizaron muchas detenciones y destierros, tanto de simples creyentes como de pastores pentecostales. Uno de los más importantes, Roberto Bracco, fue arrestado 17 veces. Por lo menos dos creyentes pentecostales murieron por su fe: el primero, Fidardo De Simone, que se encontraba en la cárcel romana de Regina Coeli por su fe, fue asesinado en las Fosas Ardeatinas, junto con otras 334 personas, el 24 de marzo de 1944; el segundo, Antonio Brunetti, fue asesinado en el campo de concentración de Mauthausen.
En 1953, diez años después de la caída del fascismo y casi cinco desde la entrada en vigor de la Constitución de la República Italiana, el ministro del Interior, Mario Scelba, dijo en respuesta a una pregunta parlamentaria que «el ejercicio del llamado culto pentecostal no está admitido en Italia». La disposición fue declarada «no en vigor» el 16 de abril de 1955.
Tras la toma de poder de Mussolini en octubre de 1922, no se introdujeron leyes condenando la homosexualidad, ya que consideraban que «los italianos son demasiado viriles para ser homosexuales», que eso era un vicio inglés o alemán.
Sin embargo, a menudo se empleaban otras leyes, como las leyes raciales, contra los homosexuales, sobre todo entre los llamados «confini politici», aquellos en los que se veía un «peligro político». A pesar de que este capítulo de la historia italiana no está estudiado en profundidad, se han contabilizado unos 88 confini politici de 1931 a 1941, destacando en número los procedentes de Catania, 42, debido a un juez muy estricto en su interpretación de las leyes. Aquellos que eran condenados judicialmente corrían el peligro de ser deportados a una colonia de castigo en zonas montañosas o en islas de la costa italiana, como las de Ustica y Favignana.
Tras la ocupación aliada del sur de Italia y la caída de Mussolini en 1943, los nazis crearon un estado marioneta en el norte, la República Social Italiana, cuyo jefe de estado nominal era Mussolini. Las provincias de Bolzano, Trento y Belluno, además de Udine, Gorizia y Trieste, fueron declaradas zonas militares, «Adriatisches Küstenland» (OZAK), y colocadas bajo administración de la Wehrmacht. El ejército alemán aplicaba las leyes alemanas, por lo que comenzó la persecución de judíos, opositores políticos y demás «indeseables». Desde el campo de detención de la Risiera di San Sabba se enviaron 20.000 presos a los campos de concentración de Dachau, Buchenwald, Auschwitz y otros; en el campo mismo, murieron entre 3000 y 5000 presos.
A pesar de la fuerte oposición del papa Pío XI al régimen nazi expresada en 1937 a través de la encíclica Mit brennender Sorge, según algunos historiadores, en el caso de las leyes raciales fascistas, el Vaticano en su conjunto no denunció con la misma firmeza la línea discriminatoria hacia los judíos, preocupándose solo de «obtener del gobierno la modificación de los artículos que pudieran afectar a las prerrogativas de la Iglesia en el plano jurídico del concordato, especialmente en lo referente a los judíos convertidos.» Por otro lado, el historiador Michele Sarfatti, director del Centro de Documentación Judía de Milán, reconoce el «carácter netamente antirracista de la batalla en defensa de la libertad de matrimonio.»
La Civiltà Cattolica, el órgano oficial de los jesuitas, comentando sobre el Manifesto degli scienziati razzisti, creyó ver una importante diferencia con el racismo nazi:
Según el historiador Renzo De Felice, si la Santa Sede no estaba de acuerdo con el racismo de tipo puramente materialista y biológico, «al mismo tiempo no era contraria a una moderada acción antisemita, extrínsecamente en el plano de las pérdidas de derechos civiles.» De Felice señala que la mayor preocupación de la Iglesia era el hecho de que la política fascista no atacaba al judaísmo como religión, sino como raza. Sin embargo, en la elaboración de un balance de la actitud de los católicos italianos frente a las leyes antijudías, el historiador escribe: «En los documentos que acabamos de mencionar, hemos visto cómo los católicos en todas partes tenían una posición claramente contraria a las medidas antisemitas. El hecho es incontrovertible y, de hecho, será una constante hasta 1945». Pero, continúa De Felice, «la jerarquía católica y los periódicos, sin embargo, prefirieron no correr riesgos y, aunque no lo aceptaban, cesaron casi por completo cualquier polémica pública contra el antisemitismo».
En cambio, frente al silencio de los adversarios del antisemitismo, los antisemitas, que ciertamente no faltaban entre los católicos y la jerarquía eclesiástica, no callaron. Por ejemplo, el periódico Il regime fascista, dirigido por Roberto Farinacci, escribió el 30 de agosto de 1938 que había «mucho que aprender de los Padres de la Compañía de Jesús» y que «el fascismo es muy inferior, tanto en los fines, como en el rigor de La Civiltà Cattolica». Así, en 1938, en un artículo polémico, la revista criticó ásperamente al científico Rudolf Lämmel, debido a una obra en la que condenaba el antisemitismo nazi. Afirmaba la La Civiltà cattolica que Laemmel había exagerado, «demasiado olvidadizo de la continua persecución de los judíos contra los cristianos, sobre todo contra la Iglesia católica, y su alianza con los masones, con los socialistas y los otros partidos cristianos; también exagera demasiado cuando concluye que "Sería no sólo ilógico y antihistórico, sino una autentica traición moral si hoy el cristianismo no defendiese a los judíos". Tampoco podemos olvidar que los mismos judíos han llamado en todo tiempo y aún siguen llamando sobre sí mismos la justa aversión del pueblo con sus frecuentes abusos y con el odio a Cristo mismo, su religión y su Iglesia católica.»
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