Limazo
Civiles opositores
Vándalos
Apoyo internacional:
Militantes apristas
El Limazo o el Febrerazo, son los nombres con los que se conoce a una huelga policial ocurrida en la ciudad de Lima que inició el lunes 3 de febrero de 1975, y produjo una serie de revueltas y desmanes que fueron reprimidas violentamente por las fuerzas armadas el miércoles 5 de febrero.
El caos y desgobierno ocasionados por la insurrección trajeron como consecuencia el agravamiento de la crisis política que enfrentaba el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el cual sería depuesto por un golpe de estado en agosto de 1975, finalizando así la primera fase del gobierno militar.
El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (implantado en el Perú en 1968), a lo largo de 6 años había producido una serie de reformas, en su mayoría de carácter nacionalista y de izquierda. Una de ellas, orientada a los medios de comunicación,implicó la expropiación de medios. Las televisoras y las radios fueron expropiadas en noviembre de 1971 y, en la medianoche del viernes 26 al sábado 27 de julio de 1974, fueron ocupadas las sedes de los últimos diarios limeños que aún mantenían su autonomía: La Prensa (de propiedad de Pedro G. Beltrán), Última Hora (vespertino que se imprimía en los mismos talleres de La Prensa), El Comercio (de propiedad de la familia Miró Quesada), Correo y Ojo (de propiedad del empresario pesquero Luis Banchero Rossi). Como consecuencia de las expropiaciones, por primera vez en las calles de Lima surgieron manifestaciones contra el gobierno. Los días 28 al 30 de julio, en el distrito de Miraflores, se organizó una protesta en las calles y plazas limeñas. Como respuesta, más de 400 civiles fueron detenidos y la propaganda del gobierno se limitó a ridiculizar la protesta, calificándola de “pituca” u “oligárquica”.
El descontento popular alcanzó también a los miembros de las Fuerzas Policiales, mayoritariamente procedente de sectores populares y medios bajos, los cuales se sentían postergados por las fuerzas militares, quienes los consideraban como “fuerzas auxiliares” y, además, no contaban con representación alguna en los organismos de gobierno. Otras causas del descontento policial eran sus bajos sueldos y su protesta al maltrato sufrido por un subalterno de la guardia civil al quien el Jefe de la Casa Militar, General EP Enrique Ibáñez Burga, insultó y abofeteó públicamente por incumplir sus órdenes de no permitir que los periodistas se acercasen al vehículo del Presidente.
La manifestación policial empezó el sábado 1 de febrero de 1975, y al día siguiente se extendió de comisaría en comisaría, conformándose una comisión representativa que se instaló en la sede de Radio Patrulla, en la avenida 28 de Julio del distrito de La Victoria. Los policías amenazaron con una huelga total de no atenderse sus reclamos; al fracasar las negociaciones, consumaron la amenaza y el martes 5 Lima quedó completamente desguarnecida. En las últimas horas de la tarde de ese día empezaron a sentirse las consecuencias, sobre todo por la congestión del tráfico y el aumento de atracos y delincuencia.
Hacia la medianoche del martes 4 al miércoles 5 de febrero, unidades blindadas del Ejército sitiaron Radio Patrulla exigiendo la entrega de los dirigentes policiales y el fin de la huelga; al no haber respuesta, a las cuatro de la madrugada se produjo la toma violenta del local. Muchos policías huyeron y otros se rindieron. En los barrios colindantes la población podía escuchar el tableteo de ametralladoras y estruendo de tanques. Debido al cerco militar de la zona, que impidió el acceso, nunca se pudo precisar el número de muertos y heridos entre los huelguistas. La versión oficial negó que hubiese habido bajas. Culminada su labor, el Ejército se retiró.
En las calles de Lima la situación era de incertidumbre. La población temía salir de sus casas, pero poco a poco la falta de control producto de la huelga motivó a grupos criminales y opositores al régimen a formar turbas vandálicas que se dedicaron exclusivamente al saqueo y a provocar incendios. Las turbas recorrieron la ciudad e incendiaron el Casino Militar (situado en la Plaza San Martín), el local del diario Correo y el Centro Cívico (donde se hallaban las oficinas del SINAMOS). Estos ataques, al parecer, estuvieron encabezados por estudiantes apristas que intentaban dirigir los saqueos sobre edificios del gobierno. Los vándalos se dirigieron a continuación hacia la sede del diario Expreso, pero sus trabajadores bloquearon las entradas con enormes bobinas de papel y se defendieron. Paralelamente en el resto de la ciudad se producían saqueos de tiendas y supermercados.
Desde Palacio de Gobierno se ordenó la salida de las tropas de la II Región Militar, con sede en Lima, a cargo del general Leonidas Rodríguez Figueroa. Las tropas, montadas en tanques, tanquetas y hasta helicópteros, salieron a mediodía y reprimieron a sangre y fuego a los saqueadores. Asimismo, mediante comunicado oficial, el gobierno suspendió las garantías constitucionales y declaró el toque de queda a partir de las 6 de la tarde. El día 6 se dispuso que el toque de queda fuese a las 8 p.m. Más adelante fue a las 10 p.m., y, finalmente, a medianoche, pero pasó algún tiempo sin que pudiera retirarse definitivamente.
El saldo oficial fue de 86 muertos, 1550 heridos, 1.012 detenidos y 53 policías enjuiciados.
El gobierno acusó oficialmente a la CIA y al Partido Aprista de alentar los disturbios y protestas. Una caricatura publicada en el diario Correo representó a Víctor Raúl Haya de la Torre (líder del APRA) rodeado de matones incendiarios, con la leyenda: “Solo el Apra quemará al Perú” (parafraseando el lema aprista de “Solo el Apra salvará al Perú”).
Por primera vez en los seis años de régimen militar se producía una situación de descontrol social en Lima. Estas ya se habían presentado en el interior del país, en Ayacucho (1969), el centro minero de Cobriza (1971) o Andahuaylas (1974). En un artículo del periodista Enrique Zileri afirmaría que esto sería "la condena de muerte del velascato". El “Limazo” mostró la pérdida de la legitimidad que los militares habían conseguido con las reformas. Ello puso en debate ya no sólo el problema del recambio del general Velasco, sino también el de la búsqueda de salidas políticas que mantuvieran la unidad institucional de las Fuerzas Armadas; pero, sobre todo, el gobierno quería reforzar su relación con las organizaciones populares mediante la creación de un partido político. El 25 de febrero el gobierno publicó las “Bases ideológicas de la revolución peruana” y en julio se anunció la formación de la Organización Política de la Revolución Peruana (OPRP), que no tendría éxito.
Este mismo año se habló sobre la inminencia de una declaratoria de guerra a Chile, dándose como fecha, según rumores, los primeros días de agosto en conmemoración de la batalla de Junín. No se cumplieron tales previstos y la situación se tornó ya definitivamente insostenible, pues el desempleo y el costo de vida subían constantemente mientras la inflación llegaba al 24 % ante la falta de inversiones producto de la inseguridad. Por último, el 29 de agosto se produjo un golpe de estado desde Tacna dirigido por el general Francisco Morales Bermúdez, exministro de Hacienda del régimen, que destituyó a Velasco e inició la llamada Segunda fase del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.