La masacre de Rincón Bomba, también conocida como Masacre de La Bomba o simplemente Rincón Bomba, fue un ataque iniciado el 10 de octubre de 1947 que se extendió durante tres semanas, en cuyo transcurso fueron asesinadas, violadas, esclavizadas, desaparecidas y lesionadas miles de personas desarmadas, incluyendo niños, mujeres y ancianos pertenecientes al pueblo pilagá, en el paraje La Bomba, cerca de la población de Las Lomitas, en el entonces Territorio Nacional de Formosa (actual provincia de Formosa), en Argentina.
La matanza fue perpetrada por fuerzas pertenecientes a Gendarmería Nacional, bajo el mando directo del comandante Emilio Fernández Castellanos y un avión de la Fuerza Aérea Argentina, y ha sido judicialmente considerada un genocidio. Ambas fuerzas, por mandato constitucional se encontraban bajo la comandancia del entonces presidente constitucional Juan Domingo Perón y el gobernador Rolando de Hertelendy.
La masacre quedó impune y fue silenciada durante décadas, por el Estado y la cultura hegemónica en Argentina, permaneciendo en la memoria oral colectiva del pueblo pilagá. Medio siglo después, en 2005, la Federación del Pueblo Pilagá demandó al Estado argentino, obteniendo en 2019 y 2020, el reconocimiento judicial del hecho como genocidio, así como la obligación del Estado de conmemorar el crimen y resarcir moral y materialmente al pueblo pilagá.
El pueblo pilagá es uno de los pueblos originarios del actual territorio de la República Argentina. Habitan históricamente en la zona sur y central de la llanura del Gran Chaco. Los pueblos indígenas chaqueños lograron resistir la conquista española y permanecieron libres hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando los españoles ya habían sido expulsados de la mayor parte de América.
Hacia fines de la década de 1860 el Estado argentino inició una serie de guerras de conquista contra varios pueblos originarios en los territorios indígenas de la Patagonia y el Gran Chaco, denominándolas con el nombre genérico de «la Conquista del Desierto». En 1917 el presidente Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical (UCR) dio por concluida la Conquista del Chaco, aunque las operaciones bélicas y de «limpieza» continuaron varias décadas más. Los pueblos originarios derrotados en el Gran Chaco, fueron incorporados a los territorios nacionales de Chaco y Formosa, cuyas poblaciones carecían de derecho a elegir sus autoridades locales y nacionales. El proceso histórico de sometimiento de los pueblos indígenas ha sido considerado un acto de despojo y un genocidio.
Entre los actos de barbarie cometidos por el Estado argentino, se destaca la Masacre de Napalpí de 1924, en la que tropas policiales bajo el mando del gobernador Fernando Centeno, supervisado por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, de la Unión Cívica Radical (UCR), asesinaron a un grupo estimado de entre 500 y 1000 personas, pertenecientes a los pueblos Qom y Mocoví-Mocoi.
La reforma constitucional de 1994 reconoció la preexistencia a la Nación de los pueblos originarios, así como sus derechos a las tierras ancestrales y a su cultura, pero hasta el presente varias provincias aún no les han devuelto sus territorios, que en muchos casos se encuentran en manos de grandes latifundistas o empresas privadas.
Una tercera masacre de características similares se produjo en Oberá, provincia de Misiones, el 15 de marzo de 1936, contra inmigrantes rusos, ucranianos y polacos, acusados de «apátridas». En es momento la policía atribuyó la matanza a «elementos comunistas», mientras el hecho fue ocultado y olvidado. Setenta años después, ya en el siglo XXI, varias investigaciones revelaron que la masacre había sido cometida por la policía.
A finales de abril de 1947, cientos de familias pertenecientes a los pueblos indígenas qom, pilagá, mocoví, chorote y wichí, que habitaban en el Territorio Nacional de Formosa, fueron contratados por el Ingenio El Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón Costas, ubicado en la provincia de Salta, para trabajar en la cosecha de la caña de azúcar, que se iniciaría en mayo. Para ello hombres, mujeres, niños y ancianos debieron trasladarse caminando cientos de kilómetros. Al llegar el momento de la primera paga, la empresa incumplió las condiciones de contratación y en lugar de pagar el jornal comprometido de 6 pesos, pagaron solo 2,50 pesos. El incumplimiento patronal generó una protesta por parte de los afectados frente a la cual la empresa respondió despidiendo a todos los trabajadores contratados.
La decisión del Ingenio El Tabacal produjo un impacto dramático en las familias de los trabajadores indígenas despedidos, que sin alimentos suficientes debieron emprender una migración masiva a pie, en busca de comida y un lugar donde asentarse. La multitud desesperada se dirigió en busca de ayuda humanitaria a Las Lomitas, un pequeño poblado formoseño, ubicado a 450 kilómetros del Tabacal, donde estaba asentado el Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional, llegando a mediados de mayo.
Por entonces Formosa estaba gobernada por Rolando de Hertelendy, un latifundista local nombrado en el cargo por el presidente Perón en 1946, resistido por la población y la prensa peronista del territorio nacional, quienes lo acusaban de «oligarca».
Hacia mediados de mayo llegó a Las Lomitas una multitud en estado famélico, que se instaló en un paraje cercano conocido como Rincón Bomba, o La Bomba, atravesado por un cañadón seco o madrejón. El grupo era liderado por el sanador Tonkiet (rebautizado Luciano Córdoba), y los caciques Oñedie (rebautizado Paulo «Pablito» Navarro) y Nola Lagadick. Por entonces Las Lomitas era una localidad habitada por 1974 personas, la mayoría de ellos gendarmes y sus familias (Censo 1947).
Enterados de los actos sanadores del predicador Tonkiet (Luciano), nuevos grupos indígenas se instalaron en el lugar. Algunas fuentes mencionan 1000 personas otras estiman entre 7000 y 8000 personas; el juez de la causa la estima en «varios millares».
Inicialmente, la población y el Escuadrón de Gendarmería, comandado por Emilio Fernández Castellanos, se mostraron solidarios con los indígenas, pero con el paso del tiempo la relación entre los «blancos» y los «indios» comenzó a deteriorarse.
La situación de los indígenas se hizo desesperante, con muchas personas indigestadas y tres muertes, entre ellas la madre del cacique Pablito. En septiembre, el gobernador del territorio, Rolando de Hertelendy, puso la situación en conocimiento del ministro del Interior, el sindicalista Ángel Borlenghi, quien a su vez se comunicó con el presidente Juan Domingo Perón, que dispuso enviar de inmediato tres vagones de ferrocarril con alimentos, ropas y medicinas. La carga llegó a la ciudad de Formosa en la segunda quincena de septiembre, bajo la responsabilidad del delegado local de la Dirección Nacional del Aborigen, Miguel Ortiz.
Pero casi dos semanas después, Ortiz aún no había enviado las vituallas a Las Lomitas. Cuando el gobernador De Hertelendy tomó conocimiento de la situación, encomendó personalmente al jefe de Policía para conminar al delegado Ortiz a enviar de inmediato la carga hacia Las Lomitas. Pero para entonces dos tercios de la carga se había perdido por vencimiento y deterioro. Finalmente, a Las Lomitas llegó completo, solo uno de los tres vagones enviados por el gobierno nacional, con la mayor parte de los alimentos en mal estado.
Los alimentos en mal estado causaron una intoxicación masiva del pueblo pilagá que causó la muerte de al menos 50 personas, mayoritariamente niños y ancianos, en los primeros días de octubre. La cantidad de muertos hizo que la comunidad pilagá creyera que la carne estaba envenenada o tenía «algún mal». Creció entre los pilagás la importancia del sanador y predicador religioso Tonkiet, o Luciano, con cantos y danzas que se extendieron durante varios días. Las muertes y los rituales sanadores, acentuaron el rechazo de la población «blanca» hacia los indígenas, al punto de oponerse a que los cadáveres fueran enterrados en el cementerio local.
Rápidamente la situación se deterioró y la prensa local comenzó a instalar la idea de que los indígenas preparaban un «malón», poniendo en peligro a la población de Las Lomitas que comenzó a reclamar una «solución al problema».
Aterrorizada ante las noticias que hablaban un inminente ataque indígena, los vecinos de Las Lomitas se reunieron en la sede de la Comisión de Fomento y reclamaron la intervención del Escuadrón de Gendarmería Nacional. Presionados por los vecinos, el comandante Emilio Fernández Castellanos dio la orden de establecer un «cordón de seguridad» de unos cien gendarmes alrededor del campamento pilagá, para impedir el contacto con la población «blanca», colocando cuatro nidos de ametralladoras en sitios estratégicos. Adicionalmente la Gendarmería allanó las chozas indígenas y confiscó las armas que tenían en su poder (escopetas viejas, cuchillos y machetes).
Una publicación oficial de Gendarmería Nacional de 1991, recoge los testimonios de cuatro gendarmes que actuaron en Rincón Bomba. Aun con la atenuación del tiempo, la evolución moral y la corrección política, los testimonios dan cuenta de un intenso racismo imperante en los gendarmes. Uno de ellos dice textualmente:
A la mañana del 10 de octubre los gendarmes ya sabían que ese día atacarían a la comunidad pilagá. Los niños Setkokie´n (Melitón Domínguez) y Maliodi` (Lidia Quiroga), que trabajaban en la cocina del Escuadrón, fueron advertidos por los gendarmes para quienes trabajaban:
A la tarde del 10 de octubre el cacique Pablito pidió hablar con el comandante Fernández Castellanos. El gendarme Teófilo Ramón Cruz arregló entonces una reunión en campo abierto, dentro del cerco. La cantidad de gendarmes presentes se ha estimado entre 200 y 400. Cerca de las 18 horas, el cacique Pablito se adelantó seguido de una gran cantidad de hombres, mujeres y niños que llevaban grandes retratos del presidente Perón y Eva Perón.
El gendarme Teófilo Cruz relató así ese momento:
El por entonces niño Ni`daciye relató así ese momento:
Entre las personas asesinadas en ese momento se ha conservado los nombres de la «abuela Guamaena», muerta de un balazo en el pecho, la «abuela Neeto» y la «abuela Pochaae», muertas de un tiro mientras huían, Sehent, Qetee (Susana), Lichee, Meto, Quemana...
De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza y la persecución de las familias por el monte se extendieron durante semanas. Un número indeterminado de adultos, ancianos y niños, superior a 750 personas, murieron debido a las heridas, a la sed, el hambre, y en otros fusilamientos. Durante la segunda mitad del mes de octubre se multiplicaron las capturas, se utilizó la violación como arma y se asesinó no solo a adultos sino también a niños.
El sobreviviente Naeron (Pedro) testimonió en la causa penal, que sus tíos Cadona, Ensolé, Saana y Tengoot, fueron capturados en San Luis, llevados a Las Lomitas donde fueron fusilados y luego quemados por los gendarmes en un lugar que llamado Pozo Pilagá. La por entonces niña Ketae, relató que el grupo con el que huyó fue alcanzado cerca de Poco del Tigre, siendo capturada junto a tres ancianos que fueron atados y quemados vivos.
Un vecino «blanco» de Las Lomitas, que era niño en ese entonces, declaró en el documental de Mapelman, que vio como los gendarmes descubrieron a dos parejas pilagá que habían sido escondidos por una vecina «blanca» de Pozo del Tigre llamada Elena Veichoabe. Los detenidos fueron fusilados ahí mismo y quemados cuando aún se encontraban vivos. El testigo Piakqolek, vio como fusilaban al hijo del cacique Kazimen, a una niña de 14 años y a Kalegaai.
Mapelman registró también el testimonio de Seecho`le (Norma Navarrete), quien presenció como el segundo comandante José M. Aliaga Pueyrredón le «perdonaba» la vida al grupo con el que estaba escondida, a cambio de violar a una niña de 14 años llamada Noenolé.
El día 15 de octubre se sumó a la represión un avión Junkers Ju 52 (patente T-153) de la Fuerza Aérea, equipado con una ametralladora, que permaneció en la zona de la masacre hasta el 23 de octubre, día en que a las 12.43 horas regresó a su base en El Palomar (Buenos Aires). Antes de dirigirse a Las Lomitas, el avión aterrizó Resistencia donde se le colocó una ametralladora Colt Calibre 7,65 milímetros, capaz de disparar 600 tiros por minuto, y se unió a la tripulación el comandante de Gendarmería de la Zona Norte, Julio Cruz Villafañe.
El hallazgo de los restos de las víctimas durante la investigación judicial abierta en 2005, identificó al menos cuatro lugares que marcan un «sendero de la muerte» que se extiende por más de 40 km, desde la fosa común de Rincón Bomba (encima de la cual donde Gendarmería instaló su polígono de tiro), pasando por el Paraje La Felicidad (Pozo del Tigre) y el kilómetro 30 (Pozo del Tigre), hasta Colonia Muñiz (7 km al este de Las Lomitas próxima a la Ruta Nacional 81).
Las familias capturadas con vida fueron llevados a su destino final en las colonias aborígenes de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas, adonde se las "redujo" a trabajar como peones bajo la administración de la Dirección de Protección al Aborigen y la vigilancia de la Gendarmería, bajo un régimen de virtual esclavitud.
El director general de Gendarmería, Natalio Faverio, informó oficialmente el 16 de octubre, que el alférez Leandro Santos Costa (uno de los dos imputados en la causa iniciada en 2005) fue «atacado por indígenas» resultando herido de bala y que quince indígenas resultaron muertos en el enfrentamiento, sin indicar cuales eran sus nombres, ni dónde fueron enterrados. El director de Gendarmería tampoco informa haber realizado la denuncia del supuesto «alzamiento», ni haber intentado individualizar a los autores del supuesto crimen.
El 11 de octubre, un día después del primer fusilamiento, un documento confidencial y secreto del Ministerio del Interior, firmado por Natalio Faverio, director general de Gendarmería Nacional, dirigido al ministro Ángel Borlenghi, informó que se había producido un levantamiento indígena y que se habían movilización tropas por parte del Ministerio de Guerra a cargo de José Humberto Sosa Molina. El 16 de octubre otro documento confidencial y secreto, firmado nuevamente por Faverio, da detalles sobre el avión enviado para colaborar en la represión. La prensa argentina de alcance nacional (La Nación, La Prensa, La Razón, Crítica, Noticias Gráficas) colaboró en el ocultamiento, tanto durante el gobierno peronista como después de que el presidente Perón fuera derrocado en 1955. Todos repitieron que se trató de un «levantamiento» o «alzamiento» indígena, y hablaron de «malón indio». Noticias Gráficas llegó a informar que los pilagá «habrían hecho uso de armas de fuego» y «habrían dado muerte a una mujer», mientras que La Nación agregó que esa mujer era «cristiana». Solo el diario El Intransigente de Salta publicó la existencia de rumores y testimonios de pobladores que indicaban que Gendarmería Nacional estaba encubriendo una masacre.
Desde entonces ningún juez, ningún gobierno, ningún periódico, ningún investigador, ningún partido político, volvería a mencionar el crimen. La matanza y sus detalles permaneció solo en la memoria del pueblo pilagá hasta la primera década del siglo XXI.
En junio de 2005, la Federación Pilagá inició dos causas judiciales: una demanda penal contra los eventuales autores sobrevivientes y una demanda civil contra el Estado argentino por delitos de lesa humanidad, genocidio y reparaciones morales y económicas. La causa penal fue archivada debido a las muerte de los imputados. La causa civil fue ganada por la Federación Pilagá, en primera instancia (2019) y segunda instancia (2020). En 2020 la Federación Pilagá apeló a la Corte Suprema por los puntos que no fueron concedidos: la devolución de tierras en Oñadié y Pencolé que fueron ocupadas por la Gendarmería y el monto de las reparaciones patrimoniales que considera ínfimos.
El 1 de abril de 2005, la Federación Pilagá inició una demanda civil contra el Estado nacional, reclamando al Estado argentino reconocer la verdad histórica sobre los hechos sucedidos en Rincón Bomba en 1947, implicando este reconocimiento los siguientes actos:
La demanda fue presentada en diciembre del 2005 fundada en la teoría de la imprescriptibilidad crímenes de lesa humanidad, por los abogados Carlos Alberto Díaz y Julio C. García, en el Juzgado Federal de Formosa, a cargo del juez Mario Bruno Quinteros. Esta demanda de características inéditas en el derecho argentino, fue fundada en el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, calidad que los reclamantes atribuyen al hecho. Recibida la demanda el juez encomendó a un equipo forense la búsqueda de restos humanos en el lugar denunciado, hallando restos de 27 cadáveres compatibles con el hecho denunciado.
En la causa penal declararon como testigos ocho sobrevivientes de la masacre, que eran niños entonces: Cristina Duarte que tenía 9 años (fs. 241); Norma Navarrete, tenía 15 años; Ambrocia González, tenía 17 años; Rogelia Giménez, tenía 7 años; Eduardo Alegría (Ayoche); Martin Pedro (Pilagá Naeron), tenía 13 años; Ernesto Gómez (Kadeqakien) tenía 14 años; Pedro Palavecino tenía 10 o 12 años (fs. 258). Todos pertenecían a comunidad pilagá.
En la causa civil se destacó el testimonio de la sobreviviente Clara Olmos, quien declaró en su idioma original, con traductor (fs. 16). Adicionalmente, los peritos criminalísticos en el terreno, recabaron los testimonios de otros sobrevivientes que fueron volcados en el informe pericial. También fueron tenidos en cuenta los testimonios registrados en la película y el libro Octubre Pilagá: memorias archivos de la masa de La Bomba de la documentalista Valeria Mapelman.
Finalmente el juez de la causa tuvo en cuenta los relatos orales mediante los cuales la comunidad pilagá preservó colectivamente la memoria de los hechos:
En 2006 los peritos de la causa hallaron los cadáveres de 27 personas pilagás cerca de Las Lomitas.
El Escuadrón 13 de Gendarmería Nacional de Las Lomitas estaba comandado por Emilio Fernández Castellanos, siendo el segundo comandante José M. Aliaga Pueyrredón. La propia Gendarmería Nacional en su revista y para exaltar su tarea histórica, publicó en 1991 el testimonio de cuatro gendarmes que actuaron en la matanza: Néstor Leoncio Perloff; Edmundo Zalazar, Francisco Bagardi e Isabelino Ezcurra.
En 2011 fue imputado penalmente Leandro Santos Costas, por su presunta participación en la masacre, como jefe de la Sección Ametralladoras Pesadas del Escuadrón de Las Lomitas. Costas había sido formalmente felicitado por Gendarmería Nacional por la «valerosa y meritoria intervención llevada a cabo contra el alzamiento de indígenas pilagá, en cuya emergencia no titubeó en afrontar la grave situación para su vida que el caso deparaba». Con posterioridad se convirtió en juez federal hasta 1999, año en que renunció a su cargo como integrante de la Cámara Federal de Resistencia. La causa fue caratulada «Costas Leandro Santos y otros s/ homicidio agravado con ensañamiento en reiteración de hecho, premeditado de dos o más personas y abusando de su función o cargo» (Exp. 946/11). Falleció a fines de 2011, sin que el proceso terminara.
En la misma causa estaba imputado Carlos Smachetti, piloto de la Fuerza Aérea, quien fue señalado como uno de los uniformados que estuvo a bordo del avión Ju-52 T-153 «Misiones» que actuó en la matanza. Luego de la muerte de Costas, la causa fue recaratulada con su nombre. Smachetti integraba como copiloto la tripulación del avión; el piloto era Abelardo Sergio Como y la tripulación la completaban dos mecánicos y un radio operador, con jerarquía de alférez, cabo y sargento, respectivamente. La defensa de Smachetti sostuvo que debía aplicarse el Código de Justicia Militar, vigente en 1947. En 2015 fue procesado por existir semiplena prueba de su culpabilidad. Murió el 6 de enero del 2017, a los 97 años, sin que la causa finalizara.
En 2019, el Juzgado Federal N.º 1 de Formosa estableció que la matanza fue un delito de lesa humanidad y que el Estado argentino debe resarcir el daño provocado.
La sentencia resaltó la responsabilidad del Estado nacional, tanto al momento de la masacre, como en la pasividad posterior, incluyendo los años posteriores a la revelación pública del crimen y la denuncia formalmente presentada de la Federación Pilagá.
La sentencia condenó al Estado nacional a las siguientes reparaciones:
La Federación Pilagá, apeló la sentencia, disconforme con la falta de calificación de la matanza como un acto de genocidio, y el monto de los rubros patrimoniales por considerarlos reducidos.
La sentencia de segunda instancia, dictada en 2020, aceptó el agravio sobre la calificación de la matanza y lo calificó como un acto de genocidio. Rechazó los agravios sobre el monto de los rubros patrimoniales, razón por la cual la Federación Pilagá apeló a la Corte Suprema.
Octubre Pilagá, memorias y archivos de la masacre de La Bomba, de Valeria Mapelman es una investigación histórica que recoge los testimonios de las víctimas y agrega antecedentes históricos, documentos secretos y reservados del Ministerio de Guerra del primer peronismo, aporta pruebas sobre el accionar de la Fuerza Aérea en la represión, y sobre la captura y reclusión de los sobrevivientes en las colonias aborígenes dependientes de la Dirección de Protección al Aborigen. La autora comenzó el trabajo de investigación y registro para su película Octubre pilagá, relatos sobre el silencio en el año 2005 y lo culminó en este libro que reconstruye la trama de la masacre insertándola en la continuidad de un genocidio indígena todavía no debatido.
Historia de la crueldad argentina, Julio A. Roca y el genocidio de los pueblos originarios fue publicado en Buenos Aires, por la editorial El Tugurio en 2010, escrito por Marcelo Musante y Valeria Mapelman, con Osvaldo Bayer como coordinador. En el capítulo V: «Campañas militares reducciones y masacres, las prácticas estatales sobre los pueblos originarios del Gran Chaco», los autores analizan la masacre de Napalpí (de 1924) y la de La Bomba (ocurrida en 1947).
En la novela Rincón Bomba: lectura de una matanza (2009), el escritor formoseño Orlando Van Bredam (n. 1952) narra —a manera de lectura colectiva—, la confesión ficticia de uno de los militares que actuó en la matanza de 1947, recogida por una estudiante universitaria, y a partir de la cual se genera una situación compleja en la que tienden a entrecruzarse lo místico ritual ―a través de las expresiones y leyendas aborígenes― con el devenir doméstico de cualquier ciudadano, y una trama de conspiración, representada por un tipificado descendiente del asesino. Si bien la novela no hace sino tomar como punto de referencia la masacre, el devenir discursivo construye una lectura del acontecimiento (propone un «nosotros» narrativo, que bordea lo mayestático) para los lectores potenciales, reflexionando sobre el acto mismo de leer y apuntando a la indagación sobre el hecho. Acorde al estilo de los últimos trabajos del autor, se puntualiza la narración como una construcción reflexiva del discurso, y no solo de la historia.
En la breve novela Cicatrices del Ayer, el autor y abogado formoseño Pedro S. Barrios busca a través de una fusión entre ficción y realidad, hacer revivir todo el sufrimiento del pueblo Pilagá, su paso por las trágicas reducciones civiles estatales, la explotación laboral en los ingenios azucareros, la lucha por conservar sus raíces y el hecho mismo de la masacre a manos de Gendarmería Nacional valiéndose de personajes bien construidos que permiten al lector conectarse rápidamente la historia.
Octubre pilagá, relatos sobre el silencio (80 min), y La historia en la memoria (18 min) son dos documentales de la realizadora Valeria Mapelman estrenados en 2010. Ambos trabajos registran las memorias personales de las víctimas, sus hijos y testigos de la zona que dan cuenta de la masacre. Octubre pilagá fue premiado en el BAFICI 2010 en la sección de Derechos Humanos, y ganó el premio al mejor documental en el Festival Internacional Ícaro, de Guatemala.
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Masacre de Rincón Bomba (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)