La matanza de la Escuela Santa María de Iquique fue una matanza de trabajadores del salitre cometida en Chile el 21 de diciembre de 1907. Diversas fuentes afirman que fueron asesinadas entre 2200 a 3600 personas mientras que las cifras oficiales del gobierno solo las sitúa en 126. Eran personas de diversas nacionalidades que se encontraban en huelga general y que fueron asesinadas por el Ejército mientras se alojaban en la Escuela Domingo Santa María del puerto de Iquique.
La tragedia acaeció en la época del auge de la producción salitrera en Antofagasta y Tarapacá, bajo los gobiernos parlamentarios. La huelga —provocada por las míseras condiciones de trabajo y la explotación de los obreros— fue reprimida por medio del indiscriminado uso de la fuerza armada por parte del gobierno del presidente Pedro Montt.
El general Roberto Silva Renard —al mando de las unidades militares bajo instrucciones del ministro del interior Rafael Sotomayor Gaete— ordenó reprimir las protestas. Las tropas acabaron con la vida de los trabajadores junto con sus familias y dieron un trato especialmente duro a los sobrevivientes.
Estiman que un alto número eran argentinos, bolivianos y peruanos, quienes —a pesar del pedido de sus cónsules— se negaron a abandonar el movimiento.
Sus antecedentes históricos se encuentran en el nacimiento del movimiento obrero en general, y el sindicalismo en particular. Ambos iniciaron su desarrollo dentro de los mineros del salitre, en tiempos de profunda decadencia institucional de su país. Dicha matanza provocó el aquietamiento del movimiento durante cerca de diez años, ante la violencia ejercida por agentes del estado. Esta huelga y su trágico corolario fueron el fin de un ciclo huelguístico iniciado en 1902 y que tuvo como principales protagonistas a la huelga de Valparaíso de 1903 y la de Santiago de 1905.
Geográficamente toda la zona del salitre en Chile está constituida por el desierto de Atacama. Los territorios de Tarapacá y Antofagasta fueron obtenidos por Chile tras la Guerra del Pacífico (1879-1884), significando para Chile acceder a una zona de riqueza mineral compuesta principalmente por grandes yacimientos de cobre y salitre.
Este último se convertiría a fines del siglo XIX en el principal puntal de la economía del país, productor exclusivo a nivel mundial. Las tensiones provocadas por el dominio de las minas habían sido una de las principales causas de la Guerra Civil de 1891, cuando el bando del Congreso, protegiendo los intereses chilenos y británicos de la zona, vencieron en la contienda contra el presidente José Manuel Balmaceda.
Los yacimientos se encontraban en la mitad de la pampa, es decir, la planicie existente entre el océano Pacífico y los faldeos de la cordillera de los Andes. Según el censo del 28 de noviembre de 1907, Tarapacá tenía 110 000 habitantes. En esta provincia y en la de Antofagasta trabajaban cerca de 40 000 operarios, de los cuales cerca de 13 000 provenían principalmente de Bolivia y el Perú. La vida en las minas era muy dura. Las empresas ejercían un duro control sobre la vida y obra dentro de los yacimientos, lo que provocaba un alto grado de vulnerabilidad de los trabajadores ante las arbitrariedades cometidas por los dueños, ya que este control desbordaba claramente el mero ámbito laboral de los trabajadores. La concentración de poderes era inmensa. Aparte de ser dueños de las viviendas obreras, las empresas contaban con un sistema policial propio, controlaban las pulperías y a todos aquellos que se dirigían a realizar negocios en las oficinas, establecieron un sistema exclusivo de pago por medio de fichas las cuales eran exclusivamente canjeables en las oficinas y negocios de su propiedad, y no dudaban en retrasar los pagos hasta dos o tres meses.
A principios del siglo XX, la cuestión social en la región de Tarapacá empezó a manifestarse en el malestar de los obreros de las oficinas salitreras, que en distintas peticiones reclamaban al Gobierno de Santiago atención y mejoras en sus condiciones de vida y laborales, las cuales eran deplorables. Pese a lo anterior, los gobiernos parlamentarios eran reacios a intervenir en las negociaciones entre empleadores y trabajadores y tendían a considerar a los movimientos de gran escala (especialmente si iban acompañados de demostraciones masivas) como rebeliones incipientes.
El 10 de diciembre de 1907 una huelga general se desató en la salitrera San Lorenzo y el paro se amplió a la de Alto San Antonio, iniciándose la Huelga de los 18 peniques. Este nombre se debe a que los jornaleros pedían el pago de salarios a este tipo de cambio ya que el salitre era comercializado en libras esterlinas. La numerosa columna de huelguistas de Alto San Antonio llegó al puerto de Iquique, sede del gobierno regional, portando banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, alojándose en el hipódromo del puerto. A este movimiento se sumaron otras oficinas salitreras, entrando en huelga también casi todo el comercio e industria del norte del país. Las demandas publicadas el 16 de diciembre en un memorial por los pampinos eran:
El 16 de diciembre, miles de trabajadores en paro llegaron a la ciudad de Iquique, respaldando las demandas de los salitreros a la autoridad provincial, con el fin de obtener su intervención. Las solicitudes anteriores, es decir, enviar comisiones con los petitorios a la autoridad, habían fracasado en 1901, 1903 y 1904.
El gobierno de Santiago, había dado ya la orden de traslado de tres regimientos para reforzar los dos que había en Iquique y envió desde Valparaíso el crucero Blanco Encalada con tropas de desembarco: el 17 llegó desde Arica trasportando al regimiento Rancagua y al día siguiente anclaba en la bahía el Esmeralda, que traía tropas del Regimiento de Artillería de Marina.
El intendente interino Julio Guzmán García fue el mediador en las negociaciones con los representantes pampinos hasta el 19, día en que llegaron a Iquique el intendente titular Carlos Eastman Quiroga y el general Roberto Silva Renard, jefe de la Primera Zona Militar del Ejército, acompañados del coronel Sinforoso Ledesma. Todos ellos fueron recibidos con aclamaciones por los obreros, quienes creyeron que venían comisionados para trasladarlos y solucionar sus problemas.
A medida que avanzaba la huelga, más y más pampinos se unían a ella, llegándose a estimar que para el 21 de diciembre eran entre 10 000 y 12 000 los obreros en huelga en Iquique. A los pocos días de haber llegado, este gran conglomerado de trabajadores estaba reunido en la plaza Manuel Montt y en la Escuela Domingo Santa María, pidiendo al gobierno que actuara de mediador con los patrones de las firmas salitreras extranjeras (ingleses) para solucionar sus demandas. Por su parte, los patrones se negaban a negociar mientras los obreros no reanudaran sus actividades.
Órdenes oficiales desde Santiago determinaban que los huelguistas abandonaran la plaza y la escuela y se ubicaran en el Hipódromo, para luego regresar en tren a las salitreras y reanudar sus faenas. Los pampinos se negaron, pues intuían que si regresaban a sus labores, sus peticiones serían ignoradas.
Frente a la creciente tensión que había ya entre los grupos, el 20 de diciembre de 1907 los dirigentes efectuaron una reunión con el intendente Eastman. En esos mismos momentos era declarado el estado de sitio, haciendo que las libertades constitucionales fueran suspendidas, todo esto por medio de un decreto publicado en la prensa. Mientras la reunión se efectuaba en la oficina salitrera Buenaventura, un grupo de obreros con sus familias trataron de abandonar el lugar y fueron acribillados en la línea férrea. Como resultado de esta acción 6 obreros murieron y los demás terminaron heridos.
El 21 de diciembre de 1907 se efectuaron los funerales de los obreros, e inmediatamente después de concluir las ceremonias se les ordenó a todos los trabajadores que abandonaran las dependencias de la escuela y sus alrededores y se trasladaran a las casuchas del Club Hípico. Los obreros se negaron a ir, temiendo ser cañoneados por los barcos que apuntaban el camino que deberían recorrer hacia dicho lugar.
El general Roberto Silva Renard, junto al coronel Ledesma, tenían la misión de desalojar a los trabajadores en huelga. Se señaló a las 14:30 horas, a los dirigentes del comité de trabajadores, que si no salían del edificio abrirían fuego contra ellos. Ante la negativa de estos, el jefe militar reiteró que abriría fuego sobre los huelguistas a las 15:30 horas. Pese a las amenazas reiteradas, sólo un pequeño grupo de trabajadores abandonó la plaza.
A la hora señalada por Silva Renard, éste ordenó a los soldados disparar a los miembros del comité que se encontraban en la azotea de la escuela, quienes cayeron muertos con la primera descarga. La multitud, desesperada y buscando escapar, se arrojó sobre la tropa y ésta repitió el fuego mediante ametralladoras. En aquel momento las fuerzas del ejército entraron a la escuela y acribillaron a los trabajadores y a sus familias (niños, mujeres y hombres sin discriminar). Los sobrevivientes con posterioridad fueron escoltados con sables hasta el Club Hípico, y desde allí a la pampa.
El número de víctimas que dejó la matanza es discutible. En primera instancia, el informe oficial del general Silva Renard habla en un primer momento de 140 muertos, para posteriormente ascender a 195. Ese es el número que otorga Nicolás Palacios, testigo de la matanza. Sin embargo, esta cifra es considerada irreal, dada la cantidad de obreros que se hallaban en el lugar. El número más alto conjeturado ha sido de 3600, aunque es considerado especulativo. La cifra más aceptada es de cerca de 2200. Pese a lo anterior, sea cual fuera el número, al decir de Correa y otros, «nadie duda de la singular magnitud de la matanza».
Cualquiera que haya sido el número de víctimas, el gobierno de la época ordenó no expedir detalladamente certificados de defunción de los fallecidos, a lo cual el parte de defunción señalaba «muerte por herida de bala» (ver registros del museo regional) enterrándolos a todos en una fosa común en el cementerio de la ciudad. Solo en 1940 se exhumaron sus restos, los cuales fueron enterrados nuevamente, esta vez en el patio del Servicio Médico Legal de dicha ciudad.
Con motivo de la conmemoración de los cien años de la matanza, el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet ordenó que se exhumaran nuevamente los restos y que fueran depositados en un monumento especialmente dedicado a ellos en el lugar del crimen.
El general Silva Renard informó al gobierno de Santiago acerca de los hechos, minimizando su actuación y haciendo responsable de los hechos a los huelguistas. El Congreso Nacional reaccionó muy tibiamente a estas actitudes, ordenando crear una comisión investigadora, a la cual no se designó a nadie y no realizó ninguna función. Recién los hechos fueron cuestionados e investigados por una Comisión Oficial, la cual publicó un informe que comunicó a la Cámara de Diputados en una sesión del 7 de noviembre de 1913.
La mejora de las condiciones de los obreros fue lenta, y no sería hasta 1920 cuando se empezaran a dictar las leyes sociales mínimas, tales como la de pago en dinero y jornada de trabajo. Por su parte, en 1914, el general Silva Renard, escapó malherido de un intento de asesinato por parte del anarquista español Antonio Ramón Ramón, cuyo hermano Manuel Vaca resultó muerto en la Santa María. El general Silva Renard moriría unos años más tarde a causa de estas heridas. La matanza, sin embargo, no fue la última aunque sí la mayor sucedida contra trabajadores que protestaban en Chile; el historiador chileno Hernán Ramírez Necochea estima que entre 1901 y 1970 unas 15 000 personas murieron en enfrentamientos con carabineros y militares.
Durante su primer mandato, la presidenta Michelle Bachelet accedió a que se decretase duelo nacional para el 21 de diciembre de 2007, con motivo de la conmemoración de los cien años de la matanza. Para dicha ocasión se creó un monumento en recuerdo de las víctimas, además de realizar exposiciones e informaciones públicas acerca de los hechos.
venimos a contar
aquello que la historia
no quiere recordar.
Pasó en el Norte Grande,
fue Iquique la ciudad.
Mil novecientos siete
marcó fatalidad.
Allí al pampino pobre
mataron por matar.»
Los hechos de la matanza fueron intencionalmente omitidos por los gobiernos de la época. Con el paso del tiempo, sus trágicos hechos sirvieron de inspiración para cantantes y poetas, mientras que sus efectos sociales fueron investigados desde mediados del siglo XX. Las principales obras que tratan este evento son:
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