La minería ilegal en el Perú o extracción ilegal de minerales es una actividad económica que consiste en la explotación de minerales metálicos (como el oro), y no metálicos (arcilla, mármoles, entre otros), sin control ni regulación social y ambiental de parte del Estado peruano.
Los que la promueven y realizan, disponen de medios y formas de organización, que actúan al margen de los mecanismos de control del Estado y evaden de manera sistemática las normas legales pertinentes, se ubican principalmente en Madre de Dios, Puno, Sur chico y La Libertad.
Según Antonio Brack, biólogo, ecologista, investigador peruano y primer ministro del Ambiente del Perú, la ilegalidad de esta actividad reside en la falta de estudios de impacto ambiental.
La minería ilegal se caracteriza por desarrollarse en lugares remotos, donde existen pocas instituciones del Estado, lo que dificulta la labor de vigilancia y fiscalización en menoscabo de la legalidad.
Lo informal de esta actividad conduce a la ilegalidad, desarrollándose en distintos niveles: mediana minería, minería a pequeña escala y minería artesanal.
Un aspecto que caracteriza a los involucrados es que actúan de manera premeditada, al margen de la ley, por lo general esta es una característica de los mineros que utilizan maquinaria e invierten en métodos tecnificados, a diferencia de otro sector que trabaja sin maquinaria pesada.
Un buen sector de los ilegales aun teniendo medios para desarrollarse legalmente, no lo hacen, no pagan impuestos y no permiten el desarrollo de las comunidades donde se produce la extracción. A diferencia de otro grupo humano que ha decidido ingresar al mundo de la legalidad.
Los extractores ilegales conocen las reglas y saben cómo evadirlas; promueven operaciones ilícitas; compran la producción de quienes extraen minerales como estrategia de sobrevivencia y suelen mantener una relación de dependencia con los microextractores o mineros artesanales, facilitándoles insumos y dinero como forma de asegurar su fidelidad y dependencia permanente.
Los extractores ilegales usurpan concesiones y terrenos de propiedad privada o del Estado. La ilegalidad en que se desenvuelve este tipo de actividad y los conflictos que genera, colocan a los extractores ilegales en situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica, lo que contribuye a un estado de temporalidad.
La extracción ilegal tiene carácter de subsistencia para los microextractores, pues perciben bajos ingresos. Esto restringe las posibilidades de asumir los costos requeridos para la mejora de la situación ambiental y las condiciones de seguridad. Además, explotan los recursos con poca recuperación y alta depredación de los mismos, sin tener ningún cuidado por el medio ambiente.
En julio de 2007, los agricultores y ganaderos de los distritos de Las Lomas, Tambo Grande, Suyo, Sapillica y Distrito de Paimas de la provincia de Piura, en el departamento de Piura, marcharon por las calles de la ciudad por los problemas de contaminación que genera la minería ilegal en esas zonas. Esto debido a que los microextractores ilegales utilizan cianuro y mercurio, elementos químicos que, usados sin observar normas, protocolos ni medidas de seguridad, se convierten en contaminantes tóxicos y dañinos para la salud humana, la agricultura y el ecosistema.
José Málaga, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riesgo del Perú (JNUDRP), opinó que deberían declararse intangibles, las áreas afectadas por la minería ilegal en Piura.
Las personas dedicadas a esta actividad tienen un bajo nivel de instrucción y realizan la extracción de manera individual o en pequeños grupos. El Estudio de Investigación de la Minería Ilegal en el Perú: Repercusión para el sector minero y el país, indica que esta situación desintegra el proceso productivo, dificulta la explotación sostenible del recurso y el manejo medioambiental.
En minería ilegal también se produce el uso ilegal de explosivos, que son empleados sin consideraciones ambientales ni de seguridad, los mismos que son conseguidos a través del contrabando o robo.
En febrero del 2009, la Fiscalía incautó 300 cartuchos de dinamita que eran guardados en dos viviendas de Antabamba, Abancay. Se conoció que el material incautado era de propiedad de la empresa Laytaruma S.A. y J.K.L. Pardo Corporation S.A.C. e iba a ser entregado a extractores ilegales de oro y cobre, que operan en el distrito y que posteriormente es comercializado por ambas firmas.
Los mineros ilegales no realizan prácticas ambientales, ya que utilizan de manera incorrecta el mercurio y cianuro. La remoción de suelo produce deforestación y erosión de suelos, y los residuos generados con alto contenido de sólidos en suspensión son arrojados a los ríos.
No existen procesos de seguridad, lo que implica que toda el área de explotación ilegal de minerales se constituye en un potencial foco de alteraciones del ecosistema, que pone en riesgo la integridad y la salud de las personas.
Causas:
El aumento de la actividad minera ilegal es directamente proporcional al incremento del precio del oro a nivel internacional. Actualmente se calcula que de los 5 millones de onzas que exporta el Perú anualmente, más de un millón (22% aproximadamente) corresponden a la minería ilegal. Esta actividad ilícita genera anualmente utilidades por US$1000 millones y evade impuestos por US$305 millones, según estimaciones de Macroconsult.
Lo más preocupante es que actualmente, el valor de las exportaciones de oro ilegal supera al narcotráfico. Estudios estiman que el oro ilegal que sale del Perú estaría arribando a Miami y Dubái, entre otros destinos alternativos a Suiza, que sigue siendo un destino principal del oro peruano.
La minería ilegal ocurre como consecuencia de problemas socioeconómicos. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía indicó que la agresiva expansión de esta actividad registrada en los últimos años, ha sido alentada por la falta de empleo en el área rural, el elevado precio de los metales, y porque las organizaciones o grupos que están detrás de esta actividad, muchas veces aprovechan la ausencia del Estado para actuar al margen de la ley.
Las zonas con mayor actividad minera ilegal en el Perú se realizan en los siguientes departamentos:
En el Estudio de Investigación de la Minería ilegal en el Perú se estima en 60,000 el número de familias que en forma directa o indirecta están involucradas en la extracción ilegal; en 50,000 la cantidad de personas ejerciendo en forma directa la actividad y en 300,000 el total de las. personas que de manera directa o indirecta son dependientes de esta actividad. De ese total, el 85% participa en la extracción ilegal aurífera, actividad que al año produce 24 toneladas de oro. Esta cantidad representa el 14% de la producción reportada como país. El mismo estudio valoriza este monto en 500 millones de dólares de los cuales el Estado peruano no percibe un solo centavo por concepto de impuestos.
Los principales impactos que genera la minería ilegal en el país son de carácter ambiental y socioeconómico.
El impacto ambiental que genera la minería ilegal es por contaminación de los suelos, agua, aire.
El gran movimiento de tierras que ocasiona la extracción ilegal de los recursos mineros afecta la topología de la zona donde se realiza la explotación, ocasionando la alteración de ecosistemas y la pérdida de hábitat para algunas especies.
Los procesos de beneficiación de los minerales, que son extraídos de forma ilegal, producen Residuos tóxicos, ya sea por los insumos utilizados o por la liberación de sustancias químicas como resultado del proceso.
La contaminación por mercurio es el principal problema ambiental, además tiene efectos perniciosos para la salud de los trabajadores y su entorno. El uso indiscriminado e ineficiente del mercurio para amalgamar el oro ocasiona que grandes cantidades de esta sustancia se pierdan y viertan en el medio ambiente en forma gaseosa o líquida.
La pérdida del mercurio líquido se produce durante la amalgamación del oro en los quimbaletes, donde se realiza la separación del mismo. En este proceso se calienta la mezcla mercurio-tierra con el fin de extraer el oro. El mercurio se evapora dejando sólo el oro. Ese gas es el que es llevado por el viento y una vez frío se condensa y se introduce en suelos y cuerpos de agua.
La porción acuosa del relave tiene alto contenido de mercurio y de oro. El contenido de esta sustancia será mayor si el mercurio utilizado es reciclado. En ese estado pierde su poder de amalgamación y los mineros suelen añadir más mercurio, agravando aún más la contaminación.
Todos estos procesos dejan relaves y cuando se evapora del agua queda adherido el mercurio al material estéril. Si el relave no es procesado luego o si es almacenado hasta su posterior procesamiento, este percola en la cancha en la que es depositado con el peligro de que durante su filtración contamine un curso de agua.
En las regiones donde hay extracción ilegal existen alrededor de 42,000 micro extractores auríferos que trabajan al margen de la ley, sin elaborar ningún tipo de estudio de impacto ambiental que pueda determinar los impactos ambientales, así como el tratamiento adecuado de los mismos.
Esta actividad anualmente desecha entre 26 mil y 36 mil kilos de mercurio, lo que afecta las corrientes fluviales y contamina a los peces, principal insumo alimenticio de las comunidades nativas y poblaciones ribereñas, informó Antonio Brack, primer ministro del Ambiente.
La extracción ilegal puede producir deforestación, movimiento de tierras, erosión forzada, acumulación de gravas que conlleva a la eliminación de la cobertura vegetal (tala y quema de bosques). La acumulación de material grueso, que resulta del lavado de grava durante el proceso de recuperación del oro, al estar desprovistas de material fino, no ofrece el sustrato adecuado para la recuperación natural.
En los últimos 15 años, la extracción ilegal aurífera con maquinaria pesada, excavadoras, cargadores frontales, volquetes, etc. ha perturbado unas 7.000 Ha. de bosques tropicales en Huepetuhe, Caychiwe, Delta Uno, Rio Inambari, (Reserva bionatural del Manu y Reserva del Bahuja Sonene) en el departamento de Madre de Dios.
En el proceso de la extracción de oro en la minería ilegal se incrementan sólidos en suspensión en el agua, que afecta la vida acuática. Se produce una descarga de sedimentos con la consiguiente colmatación y modificación morfológica de los cauces.
La contaminación de las aguas podría provocar el trastorno y hasta la desaparición de la flora y fauna, además del alejamiento de la fauna terrestre.
Otra forma de contaminación se produce por el mal uso del cianuro a través de métodos artesanales de “vat leaching”, en plantas portátiles de geomembranas con el apoyo de una motobomba, realizándose la aglomeración de manera manual.
Este procedimiento constituye un riesgo para los operadores y el ambiente, en especial en las localidades cercanas a los cursos de agua.
La minería ilegal alienta la explotación, y en algunos casos hasta la esclavitud de miles de personas (mujeres y niños), que son captadas por organizaciones para las cuales no existen leyes laborales, de seguridad social y atención médica .
Las personas que se dedican a la actividad minera ilegal lo hacen sin tomar medidas de seguridad, corriendo el riesgo de sufrir intoxicaciones severas que les pueden ocasionar la muerte. Ellos pueden perecer sepultados y abandonados bajo tierra, ya que para los patrones estos peones no existen en ningún registro ni planillas. Los campamentos en que viven por lo general son hechos de carpas de plástico que no ofrecen ninguna protección frente a las tormentas tropicales. La comida que ingieren tampoco es balanceada, lo que les genera un estado de desnutrición.
Una noticia periodística informa que en Algamarca (Cajamarca), donde se extrae oro de manera ilícita, sin las condiciones mínimas de seguridad, han muerto diez personas en extrañas circunstancias. Estos casos no han sido investigados, debido a la oposición de quienes manejan ese negocio ilícito, que evitan el ingreso de las autoridades a los que amenazan de muerte.
En la misma zona, un micro extractor ilegal murió por intoxicación con sustancias químicas y otro por contacto con cianuro al realizar labores de precipitado. Otro minero falleció por asfixia en uno de los socavones.
Otro impacto socioeconómico es el involucramiento de toda la familia en las distintas etapas del proceso productivo, según el Estudio de la Minería Ilegal . El trabajo infantil se inicia a edades muy tempranas y a modo de quehacer familiar no remunerado.
Los menores de edad realizan actividades de acarreo, procesamiento en quimbaletes (especie de batan formado por dos piedras grandes) del mineral con mercurio para su amalgama, y el pallaqueo o búsqueda selectiva de los materiales no valiosos de las minas.
En la zona de Delta Uno, ubicada en la provincia del Manú, en el departamento de Madre de Dios, donde se realiza extracción ilegal aurífera, “se explotan niños en los lavaderos; mientras que las niñas, muchas de las cuales tienen 12 y 13 años de edad, son obligadas a ejercer la prostitución”.
El quimbaleteo o molino como se denomina en algunos departamentos del Perú como Madre de Dios y La Libertad, es una actividad muy tóxica y riesgosa. Los niños tienen que levantar la gran piedra que sirve como molienda para colocar el mineral.
El pallaqueo es una tarea que realizan las madres y los niños como actividad complementaria para obtener ingresos cuando los familiares adultos que se dedican a esta actividad, no generan los suficientes para la manutención.
Los adolescentes participan en la fase de extracción movilizando el mineral del socavón hacia la parte externa de la bocamina. Los riesgos por las condiciones precarias de seguridad existente, se asocian a derrumbes y deslizamientos, inhalaciones de gases y polvo, también lesiones musculares y cortes por la manipulación de las piedras.
En la zona minera de Huepetuhe, Pukiri y Delta 1, se calcula que 400 niñas y niños ejercen la prostitución a vista y paciencia de la policía en las cantinas de los bares a los que llaman “prostibares”.
Sujetos conocidos como “enganchadores” se ubican en los mercados o paraderos de buses de las ciudades de Puno, Abancay y Cusco para captar a las menores de entre 10 a 16 años.
A las adolescentes les prometen empleos de lavanderas o cocineras con salarios de 350 nuevos soles, muy por encima de los 60 soles que perciben como trabajadoras del hogar en sus pueblos de origen.
Las menores reciben ropa y pasajes como adelanto de su pago. Una vez que llegan a Madre de Dios, los “empleadores” (proxenetas y traficantes) les ofrecen primero un trabajo eventual para luego involucrarlas gradualmente en esta actividad.
El Perú es el único de los países andinos que tiene exportaciones de oro bajo la denominación de comercio no registrado y calificado como “exportaciones Oro Lavadero (contrabando)”, cuyo origen se asocia a la minería artesanal/informal, ilegal que existe en el país.
La evasión fiscal tributaria es otra de las consecuencias, pues la ilegalidad reduce la recaudación de impuestos del Estado, además, al no recibirse los aportes económicos correspondientes al canon minero, no se paga el derecho de vigencia ni penalidad, entre otros.
Como ejemplo, se estima que en 2008, Madre de Dios produjo 16.4 toneladas(16400 kg) de oro por un valor estimado de casi 469 millones de dólares americanos, pero recibiendo como canon minero únicamente S/. 47,800. Obviamente, ello evidencia la ilegalidad de la producción y comercialización del mineral en esta zona .
También se produce la comercialización de ilegal de explosivos e insumos químicos para ser usados por la actividad ilícita, también maquinarias pesada subencionadas (CAT, VOLVO, CASE) por el estado peruano.
El narcotráfico es uno los beneficiarios ocultos de la extracción ilegal minerales. La DEA, agencia del departamento de Justicia de los Estados Unidos para la lucha contra el contrabando y consumo de droga, y la Policía Nacional del Perú informan que el comercio del oro se habría convertido en el mecanismo más eficiente para lavar dinero de acuerdo a informes de las agencias internacionales de lucha contra el narcotráfico. Las ganancias de las drogas sirven para comprar oro ya sea en lingotes, joyas o restos de oro.
En Estados Unidos, los refinadores importan cantidades récord de oro de Colombia y Perú.
El tráfico ilegal de armas pequeñas y explosivos tiene como característica principal estar vinculado a redes internacionales ilegales relacionadas con el Contrabando ilícito de drogas y el contrabando.
Esta actividad estimula el “mercado negro” de armas para la defensa personal por su bajo costo. A través de esta actividad se incentiva la adquisición de insumos ilegales para las labores de extracción ilícita contribuyendo a su crecimiento.
La mayoría de las rutas utilizadas por el contrabando coinciden con la mayoría de las zonas de explotación minera ilegal.
En el Perú se ha producido un significativo número de conflictos entre mineros artesanales temporales, comunidades campesinas, comunidades nativas, empresas de la mediana y pequeña minería, titulares de concesiones mineras, pobladores de centros poblados próximos a sus actividades, autoridades locales y regionales, gremios y productores agropecuarios. Organizaciones indígenas que agrupa a varias comunidades o etnias y Frentes de Defensa.
El Ministerio de Energía y Minas del Perú (MEM) tiene funciones normativas, concesivas, fiscalizadoras y de promoción de la inversión. Le corresponde esencialmente otorgar los títulos para ejercer la actividad minera y establecer el marco legal adecuado con el fin de que esta se desarrolle en las mejores condiciones de legalidad y productividad. La población que se dedica a la extracción ilegal de minerales realiza movilizaciones para presionar por beneficios y marcos legales que se adecúen a sus intereses.
Esta institución regula la compra, transporte, almacenamiento y uso de explosivos, previa opinión del Ministerio de Energía y Minas. Al actuar al margen de la ley, la extracción ilegal ha promovido la generación de un mercado negro de compra y venta de explosivos.
En el año 2006, a los gobiernos y direcciones regionales les transfirieron funciones y competencias sectoriales, especialmente vinculadas a la pequeña minería y minería artesanal,
La actividad extractiva ilegal se realiza sin contar con título o autorización para explotar legalmente los yacimientos, por lo que se genera dificultades entre los involucrados y los organismos estatales. La tensión entre estos se incrementa al no haber mínimas normas de seguridad e higiene minera, conservación y cuidado del medio ambiente.
Los conflictos que se generan con las comunidades son pocos a excepción de las zonas de Madre de Dios y casos recientes de Departamento de Piura, Distrito de Ananea, Cajabamba, y en menor proporción Canta.
Piura es un departamento donde la actividad agrícola es muy intensa y el desarrollo de la extracción ilegal ha ocasionado altos niveles de contaminación ambiental, afectando a los agricultores que han protestado ante las autoridades locales para que adopten una postura fuerte ante esta actividad.
“Los agricultores del valle de Chipillico, en Las Lomas, bloquearon -desde el último martes- la carretera que conduce al distrito de Sapillica, para exigir al alcalde de esa localidad, Silvestre Carhuapoma, el cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe la explotación clandestina de oro”.
Normas legales relacionadas con la actividad minera artesanal/informal/ilegal.
Decreto Ley 1100
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