Centralizados:
Secretaría de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional
Secretaría de Seguridad y Política Criminal
Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad
El Ministerio de Seguridad es un organismo público encargado de la planificación de las políticas nacionales de seguridad interior y de gestionar y coordinar a las fuerzas federales.
Fue creado por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación el 10 de diciembre de 2010, tras escindirse el Ministerio de Justicia. En la actualidad es dirigido por Sabina Frederic.
El ministerio tiene a su cargo la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Consejo Federal de Seguridad Interior, Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina.
La seguridad en la República Argentina es gestionada simultáneamente por el Estado Nacional y por las Provincias, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Históricamente, la seguridad interior fue competencia del Ministerio del Interior. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ha sido competencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cuyo titular a diciembre de 2010 era Julio Alak.
La creación del Ministerio de Seguridad, se produce como escisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De esta forma, el Gobierno dispuso la creación de una nueva cartera ministerial, quinta creada durante la presidencia de Fernández de Kirchner, que incrementa la cantidad de ministerios a 15.
La primera ministra designada fue Nilda Garré, que había ocupado el Ministerio de Defensa desde diciembre de 2005.
Durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, se crearon las mesas barriales y mesas zonales de participación comunitaria en seguridad, que apuntan a crear una instancia en la que los vecinos contribuyan a la elaboración de un mapa del delito, formulando necesidades que agregan medidas y contribuyen el desempeño de la Policía Federal Argentina, en el marco del Plan Nacional de Participación Comunitaria. El objetivo, según precisó la propia ministra Garré, es darle institucionalidad a los aportes y reclamos de los ciudadanos en la seguridad.
También se implementó el Plan Buenos Aires Ciudad Segura, que tiene por objetivo lograr una mejor respuesta policial ante el delito mediante la actualización de la operación y a la incorporación de nuevas tecnologías que permiten una distribución más eficiente de las fuerzas de seguridad a lo largo de toda la jurisdicción porteña. El Plan permite monitorear la ciudad a través de 200 patrulleros tecnológicos y 1200 cámaras de vigilancia (el Plan prevé la instalación de un total de 2000 cámaras). Además incluye la modernización completa del servicio de urgencias policiales 911.
Durante este período se lanzó el programa de radarización de las fronteras. Se habilitó una serie de radares 3D, fabricado por la empresa estatal INVAP, destinado a detectar vuelos ilegales y al control del movimientos de aeronaves que ingresen o salgan del espacio aéreo. También durante su gestión se desarrollaron cuatro coheteras que han sido desarrolladas íntegramente por Fabricaciones Militares y CITEDEF. Los radares RASIT se desplegaron en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, cubriendo la frontera y las principales avenidas de aproximación identificadas por Gendarmería Nacional Argentina de Tránsitos Aéreos Irregulares. Los relevos de escuadrones aeromóviles se realizan aproximadamente cada 30 días para la vigilancia del territorio y de lucha contra las incursiones ilegales en el país para atacar el tráfico de drogas en las fronteras.
Además, gendarmería colaboró con la seguridad en el courbano bonaerense mediante los siguientes operativos:
Para proteger los ríos internos se adquirieron nuevas embarcaciones para la Prefectura Naval Argentina, entre ellos el buque SB-15 Tango, un Cúter de salvamento y el DF-19 Recalada adquirido en 2011. Convertido en Buenos Aires en una estación de simulación de pilotaje.
A raíz de una revuelta de efectivos de Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional Argentina, iniciada en esas fuerzas por una mala liquidación de los sueldos de los militares de más bajo rango, la ministra Garré ordenó relevar las cúpulas de ambas fuerzas de seguridad, con el objetivo de descomprimir la tensión y de encauzar el conflicto. De este modo, Héctor Schenone (Gendarmería) y Oscar Arce (Prefectura) fueron reemplazados por el comandante general Enrique Alberto Zach y el prefecto general Luis Alberto Heiler. Además de estos jerarcas, fueron pasados también a retiro diez altos oficiales de cada una de las fuerzas, quedó así «normalizada la situación» tanto en Gendarmería como en Prefectura, según aseguró la ministra Garré en un comunicado a la prensa.
Para descongestionar el trabajo de la Policía Federal Argentina en lo que se refiere a la seguridad urbana en la Ciudad de Buenos Aires, creó también la Policía de Prevención Barrial, un cuerpo de élite entrenado desde fines de 2011 para intervenir en conflictos de proximidad, entre vecinos o intrafamiliares, en barriadas, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de «generar una nueva capacidad del sistema de seguridad democrático, para atender las necesidades particulares de poblaciones vulnerables». Los agentes barriales patrullan en tríos —en particular durante la noche— y siguen una doctrina de conocer y entender a los vecinos, para que éstos recuperen el vínculo de confianza con la policía, una institución muchas veces discutida por el abuso de poder en los sectores más vulnerables.
En 2011, la policía Federal se adquiriò el H11 LQ-BXI Airbus Eurocopter EC135, primer helicóptero de este modelo adquirido a Eurocopter en 2009 y H12 LQ-CQN Airbus Eurocopter EC135 T2+. El segundo EC135 fue adquirido en 2009. Un tercer helicóptero EC135 fue adquirido a fines de 2009 equipada con sistemas de visión nocturna, cámara giro-estabilizada y faro de búsqueda, sistemas de Piloto Automático "Full IFR - Single Pilot" que le permiten volar con un solo piloto sin ninguna visibilidad y aterrizar en forma automática con los sistemas ILS de los aeropuertos, de la misma forma que un avión de aerolínea. Además está dotado con grúa de rescate, bamby buckett para la lucha contra incendios y transporte externo de cargas. Posteriormente nuevas aeronaves adquiridas en 2014 con capacidad multifunción como los H15 LQ-FQH Airbus Eurocopter EC145.
El 2 de diciembre de 2013 se anunció que reemplazaría a Arturo Puricelli como Ministra de Seguridad. Esto se dio en el marco de los cambios de gabinete efectuados por Cristina Fernández de Kirchner.
Durante su gestión lanzó el Operativo Vigía, mediante el cual se agregaron a los dispositivos de seguridad ya existentes 630 agentes suplementarios de la Gendarmería Nacional Argentina y 140 de Policía de Seguridad Aeroportuaria, escáneres de rayos X, perros detectores de drogas, domos y cámaras fijas de alta definición.
En diciembre de 2015 el presidente Mauricio Macri designa como Ministra de Seguridad a la politóloga Patricia Bullrich.
Una de las primeras medidas fue el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina a la Policía Metropolitana de Buenos Aires, en enero de 2016.
Pocos días después de iniciado el nuevo período presidencial, junto al jefe de gabinete Marcos Peña preparó un “protocolo de protesta social”. El protocolo permitía el uso de armas de fuego y balas de goma para dispersar cualquier protesta o reclamo y además limitaba la cobertura periodística. Los periodistas deberán ubicarse en "una zona determinada" por las fuerzas de seguridad impidiendo la cobertura y el libre ejercicio de prensa.La política de seguridad, llevada adelante por Patricia Bullrich, significó medidas como: la autorización a la policía a disparar sin dar la voz de alto, el aumento de la represión policial a la protesta social, y la aprobación de un protocolo contra la protesta social, este último considerada una de las medidas más polémicas del gobierno, llegando a tener repercusiones en diarios del exterior. Referentes de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca "amedrentar los reclamos". Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, la nueva normativa "otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales". Como elemento punitivo se aplicarán las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción. Paralelamente se dio un repliegue de 1800 efectivos del operativo Escudo Norte, de protección de las fronteras, y en el marco de recortes presupuestarios, se retiró del Operativo Fronteras el sistema de radares de vigilancia terrestre de la frontera norte. Durante su gestión bajó el número del rescate de víctimas de tráfico de personas. En un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%.
Referentes de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca "amedrentar los reclamos" y “disciplinar a la sociedad ante la creciente protesta social”. Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, la nueva normativa «otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales». Para la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda, «es increíble que con una mera resolución ministerial se pretenda avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización». El diario El País de España lo consideró una de las medidas más polémicas del gobierno.
A fines de 2018 impulsó un protocolo de uso de armas de fuego, que habilita a los efectivos de fuerzas federales a disparar a matar en cualquier circunstancia. Durante su paso por el ministerio se firmaron acuerdos con Estados Unidos, y la DEA para instalar una Fuerza de Tarea en Misiones, emplazamiento geopolítico fundamental sobre el Acuífero Guaraní y un Centro de Inteligencia Regional en Ushuaia cercano a los recursos geoestratégicos del Atlántico Sur y su cercanía a la Antártida. Además, se llevó a cabo la instalación de una base estadounidense militar de “asistencia humanitaria” en Neuquén, en las cercanías del yacimiento Vaca Muerta. Meses después Bullrich, anunció que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) instalará una base militar en Argentina.
En septiembre de 2017 se reglamentó la ley de cannabis medicinal que autoriza a INTA y CONICET a plantar cannabis con fines de "investigación y medicinales". El decreto reglamentario determina además que será el Ministerio de Seguridad el que disponga las habilitaciones de las plantaciones. En febrero de 2019, se dispuso que la plantación estará a cargo de la empresa CANNAVA S.E., propiedad del estado jujeño. La empresa funcionará en una finca estatal de 14 000 hectáreas, que fue cedida gratuitamente por un siglo y será presidida por el hijo del gobernador de Jujuy Gerardo Morales.
Durante su gestión se firmaron acuerdos con Estados Unidos, entre ellos un acuerdo con la DEA para instalar una Fuerza de Tarea en Misiones. Meses después Bullrich, anunció que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) instalará una base militar en Argentina. En 2018 el fiscal santafesino Walter Rodríguez denunció que «es alarmante» el nivel de «corrupción institucional» en las fuerzas federales que operan en Santa Fe cuya cabeza es Bullrich, denunciando además la complicidad de estas con el narcotráfico.
A mediados de ese año, se reveló la adquisición del software de espionaje israelí Pegasus por parte del Ministerio de Seguridad. En 2018, con motivo de la reforma del Código Penal, se intentó legalizar el uso de este programa por parte del Poder Ejecutivo para vigilar a cualquier ciudadano, a través de sus teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos, incluso sin orden judicial.
En 2017 compró cuatro lanchas israelíes con armamento de guerra por casi 50 millones de dólares. Según advirtió la Federación de la Industria Naval Argentina con el mismo monto se podrían haber construido localmente 20 lanchas similares, aunque sin el armamento. Se señaló además que Colombia había suministrado a Brasil lanchas artilladas y blindadas similares a las israelíes por USD 2 millones cada una. La empresa beneficiada es Codesur, perteneciente al empresario Mario Montoto, que es nexo de la ministra con las autoridades israelíes. La compra fue realizada en forma directa y sin ningún tipo de licitación previa. Cada lancha fue comprada a un costo equivale a unos 12,5 millones de dólares por equipo, una cifra elevada comparada a tres lanchas que licitó la Prefectura Naval Argentina un año antes, con un costo de USD 120 mil por unidad.
El 6 de diciembre de 2019 se anunció que Sabina Frederic sería la ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, cargo que asumió el 10 de diciembre.
El 24 de diciembre, la ministra Frederic publica la resolución 1231/19 que da marcha atrás con diversas medidas adoptadas por su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich. En primer lugar, derogó los protocolos de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales en casos de delitos graves y persecuciones, a la vez que creó un consejo de profesionales para crear un reglamento sobre el uso de las pistolas taser. También se dio de baja el Programa Ofensores en Trenes, que habilitaba a las fuerzas federales a solicitar el documento nacional de identidad en las terminales de trenes para verificar antecedentes. Por último canceló el Servicio Cívico Voluntario en Valores, un programa para formar jóvenes que ni estudian ni trabajan dictado por Gendarmería Nacional, con el objeto de convertirlo en un programa en el ámbito deportivo.
De acuerdo a la Ley 22 520, sus competencias son «asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático…»
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