Operación Causa Justa
La invasión estadounidense de Panamá de 1989, denominada como código militar Operación Causa Justa (en inglés: Operation Just Cause), fue una acción militar del Ejército de los Estados Unidos llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990. Se realizó durante la administración del presidente de Estados Unidos George H. W. Bush, en las provincias de Panamá y Colón. El 15 de diciembre de 1989, Panamá, bajo la dictadura del general Manuel Noriega, se había declarado en estado de guerra contra Estados Unidos.
Diversas fuentes indican que la invasión se dio en violación del tratado constitutivo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. El 29 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidad condenó la intervención como una flagrante violación del derecho internacional, con 75 votos a favor, 20 en contra y 40 abstenciones.
La acción estadounidense tenía como propósito desmantelar a las Fuerzas de Defensa de Panamá y capturar a Noriega, dictador militar desde 1984, quien además era un antiguo colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y era requerido por la justicia estadounidense por los delitos de extorsión y narcotráfico.
Como resultado del ataque se destruyó gran parte del barrio popular de El Chorrillo y fueron afectados otros importantes sectores de la ciudad de Panamá y de la ciudad de Colón. Además, se produjo un número indeterminado de muertos civiles y militares. Existen diversos informes que indican que se cometieron varios crímenes de guerra.
En medio de estos acontecimientos juramentan como presidente y vicepresidentes de la República Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, en la base militar de Clayton, claramente ganadores de las elecciones de mayo de 1989.
El viernes 11 de octubre de 1968, los mandos de la Guardia Nacional, encabezados por el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos, dirigieron un golpe de estado derrocando al entonces presidente electo y constitucional Arnulfo Arias Madrid, que había tomado posesión tan solo 11 días antes. Este evento dio inicio a una dictadura militar liderada por una junta provisional de gobierno que duró hasta 1969, cuando asumió el cargo de comandante en jefe el general de brigada Omar Torrijos Herrera. En 1972 fueron elegidos, por votación popular directa, 505 constituyentes, que redactaron la Carta Magna de ese año y eligieron a Demetrio Basilio Lakas como presidente de la República y al general Omar Torrijos como jefe de Gobierno. Como un objetivo político del gobierno, se negoció un nuevo tratado del canal de Panamá, que reemplazó al modelo negociado en los años 1960 por medio del Tratado Johnson-Robles y derogaron el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903.
En 1977, el general Omar Torrijos Herrera, como jefe de Gobierno de la República de Panamá, y Jimmy Carter, como presidente de Estados Unidos de América, firmaron los nuevos tratados del canal por medio de cuyas cláusulas principales los Estados Unidos acordaron la devolución de los territorios administrados, el control de la operación del canal, el cierre de las bases militares y la salida de todos los soldados estadounidenses de Panamá. El tratado Torrijos–Carter acordaba un calendario para la transición de todos los aspectos referentes al canal de Panamá antes del año 2000. Sin embargo, condicionaba la defensa de la vía de manera conjunta, a través de un tratado adicional, dando la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida.
Múltiples sectores en los EUA, especialmente del Partido Republicano estaban descontentos con esos tratados firmados por el presidente Carter.
En los EUA un comité llamado “Comité de Santa Fe” discutía desde el año 1980 su política para América Latina.
En 1981 murió Torrijos en un accidente aéreo cuyas causas no quedaron claras, y dos años más tarde, en 1983, el general Manuel Antonio Noriega asumió el cargo de Comandante en Jefe de la Guardia Nacional de Panamá, quien estuvo muchos años como G2 o Jefe de la Inteligencia Militar panameña y se le identificaba como estrecho colaborador de la CIA.
En las elecciones presidenciales de 1984, las primeras por voto popular desde el inicio de la dictadura militar de 1968, fue declarado vencedor Nicolás Ardito Barletta a pesar del clamor popular de fraude. En tanto, en EE. UU., el senador Jesse Helms exigió que el gobierno estadounidense tomara las medidas necesarias para sacar a Noriega, pero el director de la CIA, William Casey, salió en defensa del general panameño, alegando que este realizaba tareas importantes para el gobierno de los Estados Unidos.
En 1984, las relaciones con los Estados Unidos se deterioraron cuando Noriega exigió y consiguió el cierre de la Escuela de las Américas en territorio panameño. En dicha academia se formaban militares latinoamericanos que recibían instrucción bélica con un marcado contenido político anticomunista por parte del Pentágono. En 1985, Nicolás Arditto Barletta renunció a la presidencia bajo presiones por tratar de esclarecer el atroz crimen de Hugo Spadafora, opositor del dictador, quien en reiteradas ocasiones acusó al general Noriega de diversos delitos, incluidos asesinatos y narcotráfico, siendo reemplazado por el primer vicepresidente Eric Arturo Delvalle.
El segundo al mando de las Fuerzas de Defensa, el coronel Roberto Díaz Herrera, fue pasado a retiro en 1986 por órdenes directas del general Noriega. Díaz Herrera hizo declaraciones públicas acusando a Noriega de fraude electoral en 1984, asesinato político y de complicidad en la muerte de Torrijos, lo que generó fuertes protestas entre la población y la creación de un movimiento denominado Cruzada Civilista.
Mientras tanto, en EUA, el Comité de Santa Fe publicaba un nuevo documento de políticas hacia América Latina. En el Documento de Santa Fe II de 1988, “Una estrategia para América Latina en la década de 1990” se lee claramente las propuestas de dicho Comité para Panamá:
“La expulsión de Noriega y la celebración de elecciones no serán suficientes para instaurar un régimen democrático en Panamá. EEUU tendrá que centrar su atención en toda la gama de problemas que entraña un régimen democrático: la reforma de las Fuerzas de Defensa Panameñas, el apoyo a un sistema judicial independiente y la restauración de la economía serán los más esenciales”.
En 1988, Eric Del Valle, en su calidad de Presidente de la República, destituyó al general Noriega como Jefe de las Fuerzas de Defensa, quien arremetió con todo el poder del ejército bajo su mando contra la nación panameña, desconociendo a Eric Arturo Del Valle como presidente y a Roderick Esquivel como vicepresidente. Del Valle se refugió en la embajada de Estados Unidos y luego fue trasladado fuera del país. Asumió el control del gobierno Manuel Solís Palma como Ministro Encargado de la Presidencia. Sin embargo, el embajador de Panamá en Estados Unidos, Juan Sosa, fue reconocido como única autoridad del gobierno panameño en el exilio.
Los Estados Unidos comenzaron un bloqueo abierto contra el gobierno leal a los militares panameños, lo que ocasionó una crisis económica, llegando incluso al congelamiento de los bancos para evitar la fuga de capitales. Durante este tiempo, los Estados Unidos negociaron condiciones para el retiro de Noriega del poder sin obtener resultados. El 7 de mayo de 1989, tuvieron lugar las elecciones presidenciales entre el candidato de la oposición al régimen militar, Guillermo Endara, y el candidato respaldado por el gobierno, Carlos Duque Jaén, resultando vencedor Endara Galimany con un triunfo arrasador. Al presentarse los resultados de la votación, Noriega impartió instrucciones al tribunal electoral para declarar suspendidos los comicios electorales.
El 1 de septiembre, en lugar de asumir la presidencia el vencedor de las elecciones de mayo, fue suspendida la constitución y se designó como encargado del ejecutivo al ingeniero Francisco Rodríguez, allegado a Noriega.
El 3 de octubre, fuerzas rebeldes dirigidas por el mayor Moisés Giroldi Vera tomaron el cuartel central y retuvieron a Noriega. Giroldi, jefe de la compañía de fusileros responsable de la seguridad de la Comandancia, ya había abortado un intento golpista contra Noriega y ello le valió ser ascendido al rango de mayor, pero su intento de deponer a Noriega fracasó ya que el helicóptero enviado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos no llegó. La situación se tornó más confusa cuando sus compañeros pedían su anuencia para dar muerte a Noriega, lo que dio tiempo para que la rebelión fuera sofocada por fuerzas leales a Noriega. Giroldi y todos los hombres que lo respaldaron en su acción fueron fusilados por instrucciones directas de Noriega.
El 15 de diciembre de 1989, la Asamblea Legislativa otorgó poderes especiales a Noriega designándolo Jefe del Gabinete de Guerra, mientras que declaraba a la República de Panamá en estado de guerra contra los Estados Unidos.
Luego de dos hechos aislados, que habrían involucrado enfrentamientos entre panameños y estadounidenses
Estos hechos también serían considerados dentro de las causales directas de un futuro plan de invadir Panamá. A la vez, parte de la inteligencia estadounidense empezaba a idealizar un plan que envolvía “ocuparse de Noriega” y eliminar las fuerzas de la defensa. El mismo plan sería denominado más tarde “Operación Causa Justa”. El 20 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, George H. W. Bush, autorizó la operación militar denominada Causa Justa, justificando la invasión con los siguientes motivos:
Un documento desclasificado de la CIA mostró que gobiernos vecinos habían negociado con Noriega secretamente intentando convencerlo de renunciar al poder voluntariamente y exiliarse en España, entre los gobernantes mencionados se cuenta a Daniel Oduber y Óscar Arias de Costa Rica, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Alfonso López Michelsen de Colombia y Felipe González de España. Sin embargo, ante las constantes negativas de Noriega y frecuentes fracasos en las negociaciones Estados Unidos estaba escéptico del resultado.
Los estadounidenses dispusieron de 26 000 soldados de las unidades de élite, de los comandos navales, del ejército y la 82.ª División Aerotransportada para la invasión. Las Fuerzas de Defensa de Panamá sumaban apenas 12 000 efectivos y disponían de una minúscula fuerza aérea.
El Ejército de Estados Unidos despachó a Panamá la 82.ª División con 12 000 soldados. Las bases militares estadounidenses en la riberas del canal de Panamá, según el tratado Torrijos-Carter que legalizaba la presencia militar en el istmo para la defensa conjunta por ambas naciones de la vía acuática, y que contaba con un ejército de 12 000 efectivos, no participaron en la operación. Se llevó a personal de inteligencia que estaba en entrenamiento, de los cuales el teniente Joseph T. Alvertk falleció y Benjamin Taylor fue herido, dejando a cargo de ese grupo a George Hershell.
Dos días antes del ataque, un soldado estadounidense fue abatido cuando traspasó un retén frente al Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, lo que fue considerado como el detonante del conflicto. La invasión inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con el bombardeo de múltiples instalaciones políticas y militares. El objetivo del ataque era anular cualquier respuesta del ejército panameño. El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el aeropuerto Marcos A. Gelabert en Punta Paitilla, el Cuartel Central en el barrio de El Chorrillo, el Cuartel de Tinajitas, el Cuartel de Panamá Viejo, el Cuartel de Los Pumas, la base militar de Río Hato (hogar de la Séptima Compañía de Infantería "Macho de Monte" y la Sexta Compañía Expedicionario Mecanizada de las Fuerzas de Defensa, además donde funcionaba el instituto militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense) y la Base Naval de Coco Solo.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizó bombarderos furtivos F-117 Nighthawk y helicópteros de ataque AH-64 Apache. Se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. El ingreso de los soldados estadounidenses al barrio El Chorrillo terminó con este, siendo particularmente incendiado y masacrado debido a su cercanía con la Comandancia, causando el desplazamiento de alrededor de 2200 familias.
A pesar de las declaraciones hechas por Noriega ante la Asamblea Legislativa días antes de la operación militar, no hubo ninguna declaración de guerra formal y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de los Estados Americanos. La operación duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica. El 31 de enero de 1990 se entregaría a las fuerzas de ocupación y sería puesto bajo arresto después de la operación Nifty Package.
Guillermo Endara fue nombrado presidente del país en una base militar de EE. UU. durante la operación. En los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las tropas estadounidenses, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo que aumentaron las pérdidas materiales.
La invasión de Panamá por parte de los Estados Unidos provocó la indignación internacional. El país norteamericano fue denunciado por varios países, que decían que, al invadir Panamá, había cometido un acto de agresión y estaba tratando de ocultar una nueva manifestación de su política intervencionista de fuerza en América Latina. El 29 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó 75 a 20, con 40 abstenciones, para condenar la invasión como una violación flagrante del derecho internacional.
El 22 de diciembre, se aprobó una resolución por parte de la Organización de Estados Americanos que deploraba la invasión y pedía el retiro de todas las tropas estadounidenses de Panamá. También se aprobó otra resolución que condenaba la violación del estatus diplomático de la Embajada de Nicaragua en Panamá por parte de las fuerzas especiales estadounidenses que habían ingresado al edificio. Luego de discutir el tema durante varios días en el Consejo de Seguridad de la ONU, se inició un proyecto de resolución por parte de siete naciones que exigían la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses de Panamá, el 23 de diciembre fue vetado por 3 de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, el cual citó su derecho a la legítima defensa de los 35 000 estadounidenses presentes en el canal de Panamá.
Según fuentes nacionales panameñas, instituciones sociales, organismos gubernamentales y sociedad civil, existen estimaciones de que hubo unas 3000 víctimas fatales entre soldados de las Fuerzas de Defensa de Panamá y población civil.
En algunos medios de comunicación extranjeros se publicaron noticias que indicaban de 300 a 600 los muertos como consecuencia de bombardeos en el barrio El Chorrillo, sitio donde se encontraba ubicado la Comandancia o Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa y las oficinas del General Noriega, y que más de 20 000 personas perdieron sus bienes y pertenencias, solicitando compensaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos.
El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos reportó la muerte de 314 militares panameños, 202 civiles de la misma nacionalidad y 23 soldados estadounidenses. De acuerdo con el periodista Bob Woodwards y la cadena de televisión CBS serían un total de 450 panameños los que murieron durante el conflicto.
La iglesia católica panameña ha estimado que en la invasión se produjeron 655 muertes por el lado panameño, de los cuales 314 eran militares y 341, civiles. Ellos estiman los heridos en 2,007, de los cuales 124 eran militares panameños. Sin embargo, los datos recabados por el Instituto de Medicina Legal de Panamá registraron 255 muertos y 93 desaparecidos. De los desaparecidos, 39 corresponden a militares y el resto son civiles. Por su parte, el Comité Panameño de Derechos Humanos contabilizó 556 muertos y 93 desaparecidos. Otros organismos, como la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de diciembre de 1989, consideran que las víctimas deben ser alrededor de 4000.
La invasión causó daños materiales por la acción militar y una crisis económica producto de las acciones de saqueo al comercio en general por parte de la población temerosa de un desabastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad. El barrio de El Chorrillo, constituido principalmente por viejos caserones de madera edificados en la época de construcción del canal, fue destruido casi en su totalidad, debido a los incendios producidos por el bombardeo al Cuartel Central. No obstante, existen versiones de que algunos grupos organizados por Noriega conocidos como los Batallones de la Dignidad incendiaron parte de El Chorrillo durante los enfrentamientos. Otras fuentes indican que fueron militares norteamericanos los que coordinadamente incendiaron las casas en la vecindad del cuartel general.
La organización internacional Human Rights Watch indicó que "la regla de proporcionalidad y la responsabilidad de minimizar la afectación a civiles... no fue observada por las fuerzas invasoras". El sismógrafo de la Universidad Nacional de Panamá registró 442 explosiones mayores en las primeras 12 horas de la invasión, aproximadamente una cada dos minutos.
Siendo la Policía un componente de las Fuerzas de Defensa, se dejó sin autoridad policial a la ciudad de Panamá, permitiendo el ataque a edificios públicos, escuelas, comercios y hasta viviendas particulares, por parte de delincuentes comunes, hasta que se restaurara la fuerza policial.
Noriega fue llevado a Estados Unidos, enjuiciado por el delito de narcotráfico y condenado a 40 años de prisión. También, en Panamá, fue juzgado en ausencia y condenado a 15 años por el asesinato de Hugo Spadafora, 20 años por la Masacre de Albrook y el fusilamiento de miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá, 20 años por la ejecución de Moisés Giroldi, cinco años por delito contra la libertad individual de Humberto Macea y 18 meses por corrupción de funcionarios.
Guillermo Endara, ganador de las elecciones generales en Panamá de 1989, prestó juramento como presidente desde la base militar estadounidense de Fuerte Clayton, dando por terminada la dictadura militar iniciada en 1968 y llevando al país a elecciones democráticas, ejercidas hasta el presente. El documento de juramentación fue firmado por Endara, Ricardo Arias Calderón, Guillermo Ford, y los dirigentes de la Comisión Panameña de Derechos Humanos Osvaldo Velázquez y José Manuel Faúndes, estos dos últimos por ausencia de un juez. Presentes en la juramentación se encontraban también Teresa de Arias, Dora de Ford, el encargado de negocios de los Estados Unidos John Bushnell, la funcionaria de la embajada norteamericana Patricia Perry y varios oficiales militares norteamericanos.
Por medio de reformas constitucionales, Panamá declaró abolido su ejército. El 31 de diciembre de 1999, en fiel cumplimiento a los tratados Torrijos-Carter, se produjo la salida del último soldado estadounidense de territorio panameño y el regreso del territorio de la Zona del Canal al territorio soberano de la República de Panamá.
En 2014 el presidente Juan Carlos Varela, declaró por primera vez el 20 de diciembre como día de reflexión nacional, además de crear la Comisión 20 de diciembre de 1989 con la finalidad de dedicar “un tiempo de reflexión en memoria de los compatriotas que perdieron la vida durante la intervención armada a Panamá, como un acto de reafirmación de nuestra soberanía nacional.” La Comisión está conformada por diversos ciudadanos panameños nombrados por el Presidente de Panamá y es asistida por voluntarios.
Por otro lado, la Asamblea Nacional de Panamá discute dos proyectos de leypara declarar el 20 de diciembre como día de duelo nacional y memoria de la dictadura con la finalidad de dignificar la fecha y rescatar la memoria de víctimas y familiares.