Conga fue un proyecto minero que contemplaba la construcción de dos tajos, una sobre una laguna, ubicadas en las provincias de Cajamarca y Celendín en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú.
La mina contendría más de 6 millones de onzas de oro, cuya inversión se estimó en unos US$ 4.800 millones.
La administración de proyecto Conga está a cargo de la sociedad anónima Minera Yanacocha constituida por las empresas: Newmont Mining Corporation, Compañía de Minas Buenaventura y Corporación Financiera Internacional (rama de préstamos privados del Banco Mundial) cuya participación en la sociedad es de un 51.35%, 43.63% y 5% de las acciones, respectivamente.
Se esperaba que rindiera 680,000 onzas de oro y 235 millones de libras de cobre por año durante los primeros cinco años.
En 2008, tras una estrategia de comunicación y proyectos de desarrollo en la región financiados por la empresa Yanacocha, 32 comunidades cajamarquinas aprobaron el estudio de impacto ambiental (EIA) propuesto.
El 27 de octubre de 2010, con Resolución Directorial 351-2010-MEM/AAM se aprueba el estudio de impacto ambiental en el gobierno de Alan García. En 2011 el EIA fue suspendido.
El 4 de julio de 2012, el gobierno de Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en las provincias de Celendín , Hualgayoc y Cajamarca, debido a las protestas masivas contra el proyecto minero, al grito de "¡Conga no va!", y la muerte de manifestantes. El 3 de septiembre, se levantó el estado de emergencia. En represalia a las protestas, la minera Yanacocha anunció despidos masivos debido a la "disminución de la producción". Por su parte, las asociaciones en contra del proyecto continuaron sus movilizaciones.
El 29 de noviembre, Yanacocha anuncia la suspensión las actividades del proyecto.
En 2012, las ONG inicia una demanda para cancelar las licencias.
El 18 de abril de 2012, se publica el peritaje al estudio de impacto ambiental.
El mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza la medida cautelar sobre las licencias y derechos para la ejecución el proyecto minero.
El 5 de agosto de 2014, el Juzgado Unipersonal de Celendín ordenó dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad suspendida a Máxima Acuña Atalaya, Jaime Chaupe Lozano, Elías Abraham Chávez Rodríguez e Isidora Chaupe Acuña por el delito de usurpación de un terreno de 30 hectáreas cerca al área del proyecto, sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca ordenó en diciembre la absolución.
El 18 de abril de 2016 Máxima Acuña recibe el Premio Medioambiental Goldman por su defensa del medio ambiente.
Finalmente el proyecto ha sido temporalmente suspendido hasta que se apruebe su ejecución; no obstante, aunque el proyecto no ha entrado en explotación, aún se hacen estudios geológicos en el área, y también todas las vías que pasan por ahí han sido bloqueadas, y solo es posible pasar con permiso previo de la empresa minera .
En el 2012, una encuesta realizada en Cajamarca por Ipsos Apoyo mostró un 78% de las preferencias en contra de ejecutar el proyecto Conga. En el 2014, una encuesta realizada por GfK Perú a nivel nacional mostró un 49% de las preferencias a favor de ejecutar el proyecto Conga.
Gregorio Santos, Presidente regional de Cajamarca (2010-2014), se manifestó en contra del proyecto Conga.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) manifestó a favor al proyecto Conga.
Un estudio realizado por la Knight Piésold Consulting que indica que habría el incremento de ingresos tanto por canon como regalías, incremento en los ingresos vinculados a la minería e incremento de la generación de empleos, a costa de un severo impacto ambiental.
Según un peritaje paralelo, la ejecución del proyecto contaminará los recursos acuíferos de Cajamarca. En el 2012, la OEFA sancionó a la minera Yanacocha por vulnerar la normativa ambiental e incumplir el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto Conga.
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