La reforma agraria fue un proceso que incluyó la redistribución a gran escala del ingreso, las oportunidades y otros beneficios derivados de la propiedad de la tierra en favor del cultivador (campesino con y sin tierra) y de la sociedad.
En Chile, este proceso se llevó a cabo entre los años 1962 y 1973, como medida de respuesta a la gran ineficiencia y crisis del agro nacional durante la primera mitad del siglo XX. Hacia fines del gobierno de Salvador Allende ya se habían expropiado más de 6 millones de hectáreas a lo largo de todo el país.
Ningún chileno podía ser dueño de una extensión de tierra mayor a 2.5 hectáreas de riego, denominadas como las 80 hectáreas básicas. Eran expropiables:
La crisis de la actividad agrícola en Chile tuvo su origen en el desinterés terrateniente por utilizar de manera eficiente sus tierras, fenómeno que se evidenció, entre otras razones, en la falta de modernización de los medios de producción existentes en los predios del país. En la postergación del desarrollo agrario durante la época del desarrollo industrial, las bajas rentabilidades del negocio agrícola junto con la virtual imposibilidad de exportar y la falta de incentivos para la promoción del agro y su consecuente desinversión. Sumado a esto, el maltrato y explotación de la clase campesina hizo que estos se vieran obligados a migrar a las ciudades buscando una mejor calidad de vida. Todas las investigaciones llevadas a cabo repetían entre sus conclusiones las pobres condiciones de vida de inquilinos y trabajadores agrícolas. El ingreso recibido por los inquilinos fue extremadamente bajo, de tal modo que ni siquiera les permitía disponer de una alimentación mínima equilibrada.
En consecuencia, la economía agraria entró en una crisis debido a su incapacidad productiva, llegando incluso a tener que importar alimentos para satisfacer la demanda nacional durante los años cincuenta. Ya en 1965 había 17.283 inquilinos menos que en 1955, lo que evidenciaba el déficit, a nivel nacional, del sector agrícola.[cita requerida]
Con la llegada de Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular al gobierno en el año 1938, se impulsó fuertemente el proceso de industrialización, para lo que se fundó la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) como parte de un ambicioso plan de desarrollo económico, el cual impulsaba la industria nacional, entre ellas la mecanización de la agricultura. Esto, ya era un problema para Pedro Aguirre Cerda, quien plantea una reforma agraria en su libro “ El Problema Agrario” (1929), el cual propone que el Estado debía hacerse cargo de las tierras improductivas. Sin ir más lejos, el programa de gobierno para el año 1938 incluía dentro de sus puntos económicos una reforma agraria. Sin embargo, ya entablados en el poder, los Gobiernos Radicales decidieron privilegiar la industrialización en las grandes urbes postergando al mundo rural. Dado esto, miles de campesinos migraron a las grandes fábricas instauradas por el gobierno, aumentando aún más las crisis agraria, siendo necesario, en los años cincuenta, llegar a la importación de alimentos.
El gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) fue el primero en materializar estas intenciones de redistribución y fortalecimiento en la producción agrícola. Dentro de su Proyecto de Ley de Reforma Agraria, se destaca la razón de orden económico y cómo la producción agropecuaria chilena no crecía al ritmo con que estaba aumentando la población del país (la producción agropecuaria-silvícola crecía a un 2% anual, mientras que la población lo hacía a un 2.26%). Otro factor que influyó en el proyecto alessandrista fue la creación de la Alianza para el Progreso, programa de ayuda económica, política y social de EE. UU. para América Latina creado en la Conferencia de Punta del Este (Uruguay) en 1961, el cual promovía, en uno de sus puntos, la productividad agrícola mediante la Reforma Agraria.
Condicionado por la presión internacional, Alessandri finalmente promulgó la ley 15.020 en 1962 que establecía un conjunto de disposiciones sobre la reforma agraria, las que en la práctica resultaron inadecuadas. Es más, de sus disposiciones fluye claramente que el legislador solo trató de fortalecer el mantenimiento del orden social existente, el que está muy lejos de los principios que informan la función social de la propiedad y los propósitos de una verdadera reforma agraria. Por lo mismo, esta fue popularmente catalogada como la Reforma del “Macetero”. No obstante, con la creación de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y la puesta de esta problemática sobre la mesa, se generaron las condiciones necesarias para que en un futuro cercano se promulgase un proyecto con mayor alcance.
Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se impulsó una reforma más amplia y operativa, capaz de hacer más expedito el proceso de las expropiaciones. El 16 de julio de 1967 fueron promulgadas dos nuevas leyes sobre la materia (Ley de Reforma Agraria No 16.640 y Ley de Sindicalización Campesina 16.625), cuyos criterios básicos fueron, entre otros, la incorporación de los campesinos a la propiedad de la tierra que trabajaban, la promoción de los campesinos y sus familias para lograr su incorporación a la vida social, cultural y política del país, el mejoramiento de la productividad agrícola en todos sus niveles, la reforma del sistema de manejo y aprovechamiento de las aguas, y la reestructuración de los organismos públicos que cumplían funciones relacionadas con la agricultura. Además, se consiguió un tope en las expropiaciones de latifundios, reservándose al propietario una superficie de hasta ochenta hectáreas para riego, las llamadas hectáreas básicas. La segunda, ley 16.625 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que permitió la asociación de los campesinos, también fue conocida como la sindicación campesina.
Entre 1965 y 1970 fueron expropiados en todo el país 1.319 predios con un total de 3.408.788,3 hectáreas. En los predios expropiados, se procedió a la organización de los Asentamientos de Reforma Agraria, etapa de preparación de los campesinos para la adquisición de la propiedad, que duraba entre tres y cinco años.
Durante el periodo de la Unidad Popular, encabezada por el presidente Salvador Allende Gossens, la Reforma Agraria se potenció con la ejecución de la ley 16.640, que limitaba la acumulación de tierras con un máximo de 80 hectáreas. El objetivo ya no se perfilaba, según se desprende de los discursos de la época, en torno a la idea de dar tierra al campesino, sino que se fundaba en la noción de eliminar lo más rápidamente posible al latifundio. En palabras de Salvador Allende: “el próximo año no quedará un solo latifundio en Chile”.
Entre los años 1970 y 1973, las expropiaciones fueron acompañadas de una notable efervescencia campesina, que se expresó en la ocupación de campos, muchas veces de manera violenta. Estos se acogían en la ley 16.625, creada por el gobierno anterior, la cual fomentaba la sindicalización campesina.
Ya para 1973, el gobierno de Allende había expropiado exactamente 4.691 predios a latifundistas. Durante diciembre de 1971, en el Teatro Caupolicán, se realizó una concentración de variados sectores políticos con el propósito de crear el Frente Nacional de la Actividad Privada, para defenderse del creciente estatismo. Para enero de 1972, la Corte Suprema dictó una resolución que favorecía a los agricultores, la cual resguardó los derechos de propiedad de los latifundistas.
La reforma agraria chilena, se desarrolló de manera muy contraria a las reformas en otros países socialistas, pues no se re-distribuyeron las tierras, lo que generó varias consecuencias como la descapitalización del campo, en la cual el Estado tuvo que hacerse cargo de la mano de obra y el financiamiento del predio. Debido a esta violenta modificación en la estructura campesina, el gobierno comienza a fijar los precios y estatiza la comercialización de los productos. Esto, implicó un descenso en la producción agraria y el gobierno se vio en la obligación de importar alimentos a fines de 1973 cuya cifra llegó a los 555,6 millones de dólares.
Luego del Golpe de Estado de septiembre de 1973, la Junta Militar, liderada por Augusto Pinochet, tomó la decisión de traspasar la administración de las tierras a nuevos capitalistas con el fin de modernizar la producción. Se produce de esta forma un proceso de normalización o contrarreforma donde el 28,4 % de las tierras se devuelven a sus antiguos dueños, el 38,5 % son rematadas o entregadas al Estado y sólo el 33,1 % repartida a 40 mil campesinos. Además, durante la dictadura militar, la CORA fue reemplazada por la Oficina de Normalización Agraria (ODENA).
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