Las retenciones a las exportaciones son una clase de impuestos que el estado argentino cobra a los bienes exportados, y en algunos casos a los servicios que los residentes prestan a los no residentes. Se han aplicado con intermitencias desde el siglo XIX.
Las primeras aplicaciones de derechos de exportación en Argentina al siglo XIX, cuando el estado se financiaba principalmente a través de la Aduana cobrando tributos a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles). Estos tributos, que en un primer momento era cobrados por los gobiernos provinciales (esencialmente el de la provincia de Buenos Aires), a partir de la constitución de 1853 pasaron a ser potestad del gobierno central. Buenos Aires recién se sumaría a la Confederación Argentina, y aceptaría su constitución, luego de la firma del Pacto de San José de Flores en 1859. Sin embargo, la aceptación de la constitución de 1853 estaba supeditada a una reforma que subsanara los problemas que generaba para el provincia quedarse sin su principal fuente de ingresos. Se acordó un plazo de cinco años para eliminar los derechos de exportación, a la vez que se dispuso que la Nación cubriría los fondos faltantes de la provincia. Sin embargo, en 1866, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, se realizaría una nueva reforma constitucional para restablecer la facultad del Congreso Nacional de establecer derechos a la exportación.
El sistema de retenciones se mantendría casi sin modificaciones hasta 1905, cuando sería eliminado por los gobiernos conservadores-liberales del Partido Autonomista Nacional que llevaron adelante una política económica agroexportadora. Volvió a ser establecido entre 1918 y 1925, durante las presidencias de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear de la Unión Cívica Radical.
En 1945 el país atravesaba por una caída de su producción agrícola debido al contexto internacional de guerra y a las políticas nacionales. El comercio exterior durante los primeros gobiernos de Perón fueron centralizados a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Este organismo, sucesor de la Junta Nacional de Granos, se encargaba de comprar los cereales, carnes y derivados a los productores, para luego exportarlos.
En 1955, el gobierno de facto conocido como Revolución Libertadora dispuso de retenciones a las exportaciones de forma transitoria por hasta el 25%. Parte de los impuestos a las exportaciones fueron destinados por ley al financiamiento del recién creado Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Durante los años 1960 se mantuvieron los tributos aunque las alícuotas fueron bajas. En 1967 el ministro de economía de la «Revolución Argentina», Krieger Vasena, las elevó hasta el 20-25%, aunque luego volvieron a bajar gradualmente.
En 1973, durante el tercer gobierno de Perón, se firma el «Acta de compromiso para el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales y la pesca» con la Sociedad Rural, Coninagro, Carbap y Federación Agraria. Por medio de esta acta se eliminaron las retenciones para que aumentara la producción agrícola y ganadera. Tras la muerte de Perón asumió el gobierno su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, quien en 1975 aumentó las retenciones hasta el 50%.
A comienzos de la última dictadura militar se bajaron las retenciones a un 46% y luego a un 5,6%. Sin embargo, hacia finales del gobierno militar, en 1982, las retenciones volvieron a subir y se mantuvieron durante el gobierno democrático de Alfonsín.
Durante la primera etapa del gobierno de Carlos Menem se impusieron considerables tasas de retenciones a las exportaciones agropecuarias, llegando al 44 % para la soja y del 33 % para el maíz y el trigo. Aunque más adelante Menem eliminaría la mayoría de las retenciones a la exportación, permaneciendo únicamente las que corresponden a las semillas de soja y girasol con una alícuota del 3,5%. Esta medida estuvo acompañada por otras que cambiarían la dinámica del sector: la convertibilidad entre el peso y el dólar redujo la competitivad de las exportaciones nacionales, mientras que la introducción de los cultivos transgénicos en 1995 multiplicó las hectáreas sembradas con soja.
En abril de 2002, el presidente interino Eduardo Duhalde tomó la decisión de aumentar las retenciones. luego de un debate con su gabinete. La medida fue propuesta por el ministro de Economía Remes Lenicov, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, sosteniendo que se trataba del único modo de financiar el déficit del presupuesto y que, además, parte de dichos fondos podrían financiar el plan de subsidios a los desocupados que había anunciado el presidente Duhalde. Duhalde se oponía inicialmente, sosteniendo que profundizaría la recesión, pero luego cambió de opinión, aceptando un sistema que no fuera general. Se establecieron excepciones para los bienes con alto valor agregado y esenciales para las economías regionales, como la miel y los limones. Las retenciones a la exportación de granos (maíz y trigo) y oleaginosas (soja y girasol) fueron llevadas a un 20 % promedio, un 10 % para productos manufacturados, y un 5 % para el calzado. El Gobierno evaluó también la posibilidad de establecer un sistema de retenciones móviles «que acompañaran la cotización del dólar», pero finalmente se impuso el sistema de retenciones fijas defendido por el ministro Lenicov.
El precio internacional de la soja tuvo una caída en 2005 pero volvió a subir en los años subsiguientes, hasta alcanzar valores récord a comienzos de 2008. El presidente Néstor Kirchner aumentó dos veces las retenciones en enero y noviembre de 2007, acanzando un porcentaje de 35 % para la soja en bruto, 32 % para el aceite, 28 % para el trigo y 25 % e maíz. También se aplicaron retenciones del 45% al petróleo cuando el precio del barril llegó a 100 dólares en noviembre de 2007.
En diciembre de 2007 asume el gobierno Cristina Fernández de Kirchner y en marzo del año siguiente su Ministro de Economía, Martín Lousteau, anuncia la publicación de la Resolución 125/2008, que establecía un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación, sujetando a los precios internacionales. A raíz de esta medida se produjo un paro agropecuario patronal que se extendió por 129 días e incluyó bloqueo de rutas y desabastecimiento de las ciudades. En junio de 2008, la presidenta Fernández de Kirchner, envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones para que el Poder Legislativo resolviera la situación. El mismo obtuvo media sanción en Diputados pero no fue aprobado en el Senado debido al voto del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos. La resolución fue dejada sin efecto al día siguiente.
Tras la asunción como presidente de Mauricio Macri en diciembre de 2015, se publicó el decreto 133/2015 que eliminó las retenciones para el trigo, maíz, carne y productos regionales, mientras que redujo las retenciones a la soja un 5%, por lo que quedaron en un 30%. En febrero de 2016 se anunció la eliminación de las retenciones a las actividades mineras. Sin embargo, en 2018, tras una crisis cambiaria el gobierno volvió a aumentar las retenciones a todos los productos a un 12% con techo en 4 pesos por cada dólar exportado para productos primarios y 3 pesos por dólar para productos con valor agregado.
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