Roque Benjamín Fernández (Córdoba, 30 de abril de 1947) es un economista y político de Argentina. Es actualmente el director del Fondo para la Promoción de la Investigación de la Universidad del CEMA. Fue ministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem.
Se recibió de Contador Público en la Universidad Nacional de Córdoba y posteriormente se doctoró en economía en la misma universidad en el año 1972. En 1973 obtuvo una beca de la Fundación Ford y en 1975 obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de Chicago.
Vuelve a la Argentina y junto a Carlos Rodríguez Braun y Pedro Pou en 1978 funda el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA), que posteriormente dio origen a la Universidad de CEMA. Desde su fundación, Fernández se mantiene como miembro del Consejo Directivo de esta universidad.
Si bien en su juventud simpatizó con el Frente de Izquierda Popular, en 1982 fue convencional fundador del partido liberal Ucedé.
Trabajó para la OEA, el Banco Mundial y el FMI, fue vicepresidente del Banco Central de la República Argentina y titular de la entidad, desde el 5 de febrero de 1991 al 4 de agosto de 1996, durante la gestión de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía.
Para esa época, el entonces presidente Carlos Menem, estaba cansado de sus peleas con Cavallo y lo designa ministro de Economía, cargo que ocuparía desde el 6 de agosto de 1996 hasta el final del mandato de Menem el 10 de diciembre de 1999.
Para 1996, cuando Roque Fernández aún era presidente del Banco Central, el principal tema de discusión pasaba por el índice de desempleo que en aquel entonces rondaba en el 17,1%. Sin embargo, en una reunión de la Asociación de Bancos de la República Argentina, el Presidente del BCRA dejó clara su postura de que la solución no pasaba por generar un poco de inflación, devaluar la moneda, cerrar la economía u otorgar créditos de fomento.
En julio de aquel año, considerando que su ciclo estaba cumplido y tras una serie de desencuentros, el presidente Carlos Menem solicitó la renuncia al entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, quien venía ejerciendo el mismo cargo desde 1991. Los primeros candidatos a sucederlo fueron Roberto Alemann y Miguel Ángel Broda, aunque ambos rechazaron el ofrecimiento. Allí fue cuando uno de los directores del Banco Central, Predo Pou, recomendó a Roque Fernández, que en sus cinco años de gestión el BCRA había logrado dominar con éxito los ataques especulativos contra el régimen de Convertibilidad, producidos en febrero de 1991 y durante la crisis mexicana (1994-1995). Carlos Menem, aceptó la propuesta considerando que la designación de Fernández aseguraba el mantenimiento de la Convertibilidad y daba además una buena señal a los mercados financieros.
Domingo Cavallo dejaba como herencia una economía sin inflación de precios y con una moneda estable, sin embargo, el desafío del nuevo ministro sería combatir el desempleo y recuperar el equilibrio en las cuentas públicas.
Con el objetivo de reducir el déficit fiscal, el flamante Ministro anunció una serie de medidas que incluían aumentos en el precio de las naftas y el gasoil, la aplicación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a diversos rubros y la elevación de la edad jubilatoria para los mujeres. Sin embargo, a las pocas horas de su presentación, el propio Presidente dio de baja algunas de las medidas como la extensión del IVA a los libros, las revistas y a las escuelas que recibían subsidios del Estado. Poco después, Fernández también debió ceder en otras medidas como la ampliación de la edad jubilatoria de las mujeres cuya inclusión en el paquete de medidas fue rechazada por el Congreso.
En el segundo trimestre de 1996 el nivel de actividad económica registró un alza del 3,2%, tras doce meses consecutivos de recesión, lo que también se reflejó en una suba de la recaudación impositiva, dejando atrás los efectos de la crisis mexicana.
En enero de 1997, mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia quedó sin efecto el 82% móvil para las jubilaciones. La sentencia establecía que la única movilidad válida sería la autorizada anualmente por el Congreso en la ley de presupuesto, dejando de esta forma sin efecto cualquier otro mecanismo indexatorio, incluyendo los fijados por leyes especiales. Se ratificaba además el tope de $ 3100 como jubilación máxima. Fernández asignó a este fallo tanta trascendencia como en su momento lo tuvieron las leyes de Reforma del Estado y de Convertibilidad. Ese mismo mes el Gobierno anunciaba el lanzamiento de un bono a 10 años en pesos por un valor de 500 millones de pesos/dólares, lo que según Fernández era una muestra de que los mercados financieros confiaban en la estabilidad económica de la Argentina.
Durante su gestión al frente del Ministerio de Economía se procedió a la privatización del Correo Argentino, de los aeropuertos y de la empresa petrolera YPF (se vendió la "acción de oro" quedándole al Estado solo el 0,02% de las acciones comunes). También hubo intentos por privatizar el Banco Nación y la señal estatal de televisión Canal 7, aunque estos últimos no lograron llevarse a cabo.
En la campaña para las elecciones legislativas de 1997 Roque Fernández habló de "Golpe de Estado mediático" para referirse a la actitud que los medios masivos de comunicación, principalmente los diarios Clarín y La Nación, habían tomado a favor de la Alianza opositora UCR-Frepaso. Según el ministro, la clase media estaba siendo "inundada" por una campaña mediática que distorsionaba la realidad y afirmaba que "los dueños de los medios dicen que su objetivo es el bien común, pero no es cierto: un medio no puede subsistir si no gana plata". Poco después Fernández debió disculparse por utilizar la expresión "Golpe de Estado" y el propio Presidente Carlos Menem tomó distancia de sus dichos afirmando que su gobierno respetaba la libertad de prensa y de opinión sin censura previa. Finalmente, en el mes de octubre de 1997 el Gobierno debió soportar tanto la derrota en las elecciones como los efectos de una nueva crisis que venía extendiéndose rápidamente desde el sudeste asiático.
En 1998 el Ministerio de Economía elevó un proyecto de reforma tributaria que incluía nuevamente la generalización del IVA, excluyendo los servicios de educación, la venta de libros escolares y culturales, los depósitos de plazo fijo y los productos de la canasta familiar. En contrapartida la alícuota de dicho impuesto se reducía del 21% al 18%. Otras medidas incluían la eliminación de los aportes patronales y la suba del 33 al 35% del impuesto a las ganancias que pagaban las empresas. Los objetivos de la reforma tendían a eliminar los impuestos sobre el trabajo, aumentando el salario neto de los trabajadores y bajando el costo laboral para las empresas. Además se buscaba mejorar el cumplimiento fiscal simplificando y ampliando la base imponible, privilegiando a los productos de la canasta familiar y a los bienes de capital por sobre otro tipos de consumos no esenciales.
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