XIV legislatura de España
La xiv legislatura de España (ciii desde las Cortes de Cádiz) comenzó el 3 de diciembre de 2019 cuando, tras la celebración de las elecciones generales, se constituyeron las Cortes Generales. Le precedió la xiii legislatura y le sucederá la xv legislatura. Las elecciones generales se celebraron el 10 de noviembre de 2019.
El Partido Socialista Obrero Español obtuvo mayorías simples en el Congreso de los Diputados y el Senado. El rey Felipe VI propuso como candidato a Pedro Sánchez quien, tras casi dos meses de negociaciones, fue investido Presidente del Gobierno en segunda votación el 7 de enero de 2020 gracias al voto favorable del Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos, Partido Nacionalista Vasco, Más País, BNG, Teruel Existe y Nueva Canarias y la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu.
Las elecciones generales de abril de 2019 otorgaron la victoria al Partido Socialista Obrero Español, sin embargo, esta victoria no supuso una mayoría absoluta ni permitía que ninguna otra formación alcanzase dicha mayoría que garantizase la investidura de un presidente del Gobierno. Desde el primer momento, la clase política otorgó a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y, por aquel entonces, presidente en funciones, la legitimidad para intentar formar gobierno. Sánchez otorgó a Unidas Podemos la categoría de socio preferente para formar gobierno —juntos sumaban 165 escaños—, si bien también pidió la abstención de los partidos del ámbito del centro-derecha y derecha política, Partido Popular y Ciudadanos, para que permitiesen gobernador a la lista más votada.
Estos dos últimos partidos rápidamente rechazaron abstenerse y aseguraron que votarían en contra, mientras que Unidas Podemos exigió un gobierno de coalición para apoyar el gobierno. Otros partidos de ámbito regional como Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu o el Partido Regionalista de Cantabria se mostraron a favor de abstenerse o, en el último caso, de votar a favor. Con todo esto, bastaría con que Podemos apoyase la investidura para que, por mayoría simple, Sánchez revalidase la presidencia, sin embargo, las negociaciones entre los partidos se bloquearon ante la negativa del PSOE de aceptar una coalición, mientras que Podemos estableció dicha condición como una línea roja. El PSOE ofreció otras formas de co-gobierno, como un «gobierno de colaboración» con figuras afines a Podemos en los altos cargos de la Administración, algo que el partido morado rechazó.
Finalmente, el PSOE ofreció una coalición formada por una vicepresidencia social y tres ministerios, algo que Podemos tampoco aceptó, alegando que les correspondía mayor parte del gobierno y que dichos ministerios estaban vacíos de competencias. Sánchez se sometió a una primera investidura, en la cual solo obtuvo el apoyo de su partido y del PRC. Unidas Podemos y diversos partidos regionalistas se abstuvieron, si bien los votos negativos alcanzaron la cifra de 155, rechazando el Congreso de los Diputados la investidura. Tras esto, el PSOE se negó a recuperar la oferta de coalición y solo realizó una única oferta más, un programa de 300 medidas con mecanismos para asegurar el cumplimiento de dicho programa pero sin coalición, algo que también fue rechazado por Podemos. A última hora, Ciudadanos ofreció abstenerse a cambio de una serie de condiciones, algo que el PSOE consideró como un movimiento electoralista y que dichas condiciones ya se cumplían, por lo que no era necesario atender dichas peticiones. Tras tales declaraciones y, tras una segunda ronda de consultas por parte del monarca y, al comprobarse que no existía una mayoría de gobierno, el 24 de septiembre el Rey firmó la disolución de las Cortes Generales.
En la izquierda estatal, la suma del PSOE (120) y Unidas Podemos y confluencias (35) retrocedió 10 escaños, tras la pérdida de 3 escaños socialistas y 7 de los morados, dificultando la alianza. Por su parte, los resultados de Más País fueron mucho más modestos de los esperados para el proyecto político de Íñigo Errejón ya que únicamente consiguió dos diputados por Madrid (Íñigo Errejón y Marta Higueras), mientras que su alianza valenciana, Més Compromís, tuvo el mismo resultado que Compromís en solitario el 28A, resultando en un escaño para Joan Baldoví.
Por la derecha estatal, tras su peor resultado electoral en las elecciones anteriores de abril de 2019, el Partido Popular recuperó alrededor de un tercio de los escaños del Congreso que perdió y casi la mitad de los mismos escaños perdidos del Senado. Sin embargo, a pesar de subir de 66 a 89 escaños, el resultado fue el segundo más exiguo de la historia del PP. Ciudadanos experimentó una caída espectacular de apoyos, al perder 2,5 millones de votos, 47 escaños (de 57 a 10) en el Congreso y todos sus senadores electos. El partido que más subió fue la formación de extrema derecha Vox, presidida por Santiago Abascal, que aumentó casi en un millón de votos, multiplicó sus escaños en el Congreso más del doble (de 24 a 52), y consiguieron sus primeros senadores electos.
Respecto a los partidos nacionalistas periféricos, la gran sorpresa fue la entrada por primera vez de la agrupación de electores Teruel Existe con un diputado, la primera entrada de la CUP-PR con dos diputados y la vuelta del BNG al Congreso con otro diputado, que no tenía representación desde las elecciones generales de 2011. En Cataluña, los partidos independentistas consiguieron un escaño más que en abril. La coalición de izquierdas ERC-Sobiranistes volvió a ganar pero con un margen bastante más estrecho que en abril, ya que perdió casi 150 000 votos y bajó dos escaños, pasando de 15 a 13. Por primera vez, la CUP-PR, partido de izquierda radical, se presentó a unas elecciones generales y consiguió los dos escaños que perdió ERC-S y, por su lado, JxCAT aumentó sus apoyos al sumar casi 30 000 votos a sus resultados de abril y un diputado más (de 7 a 8 escaños).
En el País Vasco, EAJ-PNV, a pesar de perder 17 000 votos, aumentó su porcentaje y ganó un escaño respecto a abril en los resultados provisionales. Sin embargo, tras el voto CERA, el nuevo escaño del PNV saltó al PP y se quedó con los 6 diputados anteriores. El partido independentista vasco, EH BIldu, ganó poco menos de 8 000 votos y se colocó en tercera posición, detrás del PNV y PSE-EE, asegurando los 4 diputados de abril. En Navarra, hubo cambios respecto a las anteriores elecciones. La coalición de derechas Navarra Suma volvió a ganar, consiguiendo 2 diputados pero perdiendo casi 9 000 votos. El PSN retrocedió un escaño, quedándose con uno, que fue en favor de EH Bildu, que consiguió el primer escaño de su historia en territorio navarro.
Por su parte, los regionalistas cántabros, PRC, revalidaron su escaño de abril y los nacionalistas canarios, CC-PNC-NCa, refirmaron sus dos diputados. Sin embargo, en las elecciones de abril las dos diputadas eran de CC, al presentarse sin NCa, y en estas elecciones, tras la alianza con NCa, repitió la veterana diputada de CC, Ana Oramas, y un diputado de NCa, con la vuelta de Pedro Quevedo.
Aunque el Congreso es casi paritario entre hombres y mujeres con 152 diputadas, lo que representa el 43,4 % de los 350 escaños, la cifra supone un descenso de cuatro puntos porcentuales con la anterior legislatura.
Tras la debacle electoral de Ciudadanos, las reacciones políticas fueron inmediatas. El 11 de noviembre, el día después de las elecciones, Albert Rivera dimitió como líder de Ciudadanos, después de que el partido perdiera más del 80 % de sus escaños en la Cámara y un tercio de sus escaños en el Senado, principalmente a favor del PP y Vox. Asimismo, anunció su intención de renunciar al escaño del Congreso de los Diputados para el que había sido elegido y retirarse por completo de la política. Del mismo modo, Juan Carlos Girauta, exportavoz en el Congreso que no había logrado revalidar su escaño, también anunció su retirada política. Desde ese momento y ante los resultados tan nefastos, se sucedieron continuas dimisiones de dirigentes destacados de Ciudadanos y de su ejecutiva. El 18 de noviembre, José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos y sin escaño tras las elecciones, anunció su dimisión y Fernando de Páramo, secretario de comunicación, emitió un documento donde, al igual que Rivera, notificaba su dimisión, su renuncia al escaño y su retirada de la vida política. Por último, Fran Hervías, secretario de organización que quedó fuera del Congreso, hizo pública una carta desde su cuenta de Twitter para comunicar su dimisión, pedida desde hacía días por voces internas del partido. El 17 de marzo de 2021 se confirmaba que el diputado por Sevilla, Pablo Cambronero, dejaba el partido y el grupo parlamentario y engrosaba al Grupo Mixto. Con su baja, Ciudadanos pasaba de 10 a 9 diputados.
El Congreso de los Diputados y el Senado quedaron constituidos a las diez de la mañana del martes 3 de diciembre de 2019. Ese mismo día también se designó a los miembros de las Mesas de ambas Cámaras. En lo que respecta al Congreso, hubo discrepancias entre los cinco principales grupos de la cámara acerca del reparto de asientos en la Mesa. El PSOE propuso a Meritxell Batet, el PP a Ana Pastor y Vox a Macarena Olona. En la primera votación, donde se requería mayoría absoluta, ninguna candidata consiguió los apoyos suficientes, ya que Meritxell Batet cosechó 167 votos, Ana Pastor, 91 votos y Macarena Olona, 52 votos, a los que se sumaron 11 votos en blanco, 28 votos nulos y una ausencia (JxCAT). Tras la segunda votación, donde se requería mayoría simple, nuevamente fue Meritxell Batet, del PSC, elegida presidenta del Congreso de los Diputados por 166 votos con el apoyo principal de su partido (PSOE), Unidas Podemos, Más País, PNV, Compromís, PRC, CCa, NCa y Teruel Existe, frente a los 140 votos de Ana Pastor, 11 votos en blanco y 29 votos nulos.
En el Senado, el PSOE propuso a la jueza María Pilar Llop y el PP al expresidente Pío García-Escudero. En la primera votación, Pilar Llop consiguió 132 votos, quedando a uno solo de la mayoría absoluta, mientras que Pío García-Escudero obtuvo 107 votos, junto con 8 votos en blanco y 15 votos nulos, de ERC y EH Bildu. Tras la segunda votación, donde se requería mayoría simple, María Pilar Llop, del PSOE, fue elegida presidenta del Senado por 130 votos frente a los 109 de Pío García-Escudero, 8 votos en blanco y 16 votos nulos.
De acuerdo con el reglamento, los grupos parlamentarios tienen cinco días hábiles para constituirse en número no inferior a 15 o en caso de no reunir dicho mínimo podrán formarlo los diputados de una o varias formaciones políticas que hubieran obtenido un número de escaños no inferior a 5 y, al menos, el 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en las que hayan presentado candidatura o el 5% de votos en el conjunto del Estado.
El día 4 de diciembre, la Presidenta del Congreso confirmó que se habían aprobado los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Vox, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV), Republicano y EH Bildu. Ese mismo día, Unidas Podemos registró su grupo parlamentario (Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común) con Irene Montero de portavoz e idéntica estructura del anterior.
Asimismo, también se comunicó que la Mesa del Congreso ampliaba el plazo de constitución de grupos hasta el día 11 de diciembre porque había sido denegada la conformación de dos grupos parlamentarios por no cumplir los requisitos. Los grupos rechazados fueron el Grupo Parlamentario España Plural, formado por partidos de ámbito regionalista y no independentista como UPN, CC-PNC, PRC y TE, y el Grupo Parlamentario Múltiple, formado por propósitos instrumentales por JxCAT, Más País, Compromís y BNG. Los casos que esgrimían para formar grupo propio eran diferentes, al igual que las justificaciones del rechazo de los letrados de la cámara. España Plural argumentaba que contaban con 5 diputados y que habían superado el 15% en sus circunscripciones, pero el equipo de letrados advirtió que UPN se había presentado en coalición con PP y Cs bajo la marca Navarra Suma y, por tanto, no había competido electoralmente con ellos, a la vez que la candidatura de CC-NCa, aunque su diputada por Tenerife había superado la barrera del 15%, no lo había hecho en Las Palmas de Gran Canaria. Por su parte, el Grupo Múltiple defendía superar el mínimo de 5 diputados y contar con el 5% del voto a nivel nacional, pero una revisión de resultados electorales indicó que no se cumplía este último requisito.
Ya que el Grupo Mixto era el más fragmentado y plural de la historia, contando con 21 diputados y 11 formaciones políticas diferentes, era necesario consensuar alternativas que cumplieran con el reglamento y que fueran funcionales en la actividad parlamentaria, ya que, de no hacerlo, cada formación contaría con 20-30 segundos de intervención. Con esta condición, los 21 diputados acordaron presentar el Grupo Plural, acogiéndose al artículo del reglamento de la constitución por ser más de 15 diputados, y dejar el Grupo Mixto con los restantes. Tras el visto bueno de los letrados de la cámara y de la Mesa del Congreso, el Grupo Plural fue constituido inicialmente con Laura Borràs de portavoz rotatoria y 16 parlamentarios: 8 de JxCAT, 2 de Más País-Equo y 6 de CC-PNC, NCa, Més Compromís, BNG, PRC y TE, que tenían un diputado cada uno. En el Grupo Mixto se quedaron los 2 diputados de la CUP, los 2 de UPN y el diputado de FORO.
Más tarde, miembros de los grupos comunicaron que el Grupo Plural era simplemente «pragmático» y «no ideológico» y que la idea consensuada era que, una vez conformado el Grupo Plural, algunos diputados abandonaran el grupo en los siguientes días para adscribirse al Grupo Mixto y así equilibrar los miembros en uno y otro lado, pero sin aclarar qué formaciones serían las que hicieran tal cambio. Finalmente, el 14 de enero, el Grupo Plural se escindió, dejando en él a los 12 diputados que solicitaron anteriormente el Grupo Múltiple: JxCAT, Más País-Equo, Compromís y BNG. El resto, se cambió al Grupo Mixto, dando lugar a un grupo de 9 parlamentarios.
De acuerdo con el reglamento, los grupos parlamentarios tienen cinco días hábiles para constituirse en número no inferior a 10 senadores. Dicho plazo venció el 11 de diciembre a las 8 de la tarde.
Inmediatamente después de las elecciones, el PSOE descartó rotundamente una gran coalición con el PP como forma de poner fin al estancamiento. El 12 de noviembre, 48 horas tras las elecciones, el PSOE y el grupo confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común anunciaron un acuerdo previo para un gobierno de coalición de cuatro años. Si Pedro Sánchez lograra ser investido presidente con este pacto, sería el primer gobierno de coalición de la etapa democrática postfranquista. Sin embargo, tras el retroceso en escaños, tal alianza necesitaría el apoyo parlamentario de otros partidos, principalmente regionalistas, nacionalistas e independentistas o el acuerdo con Ciudadanos.
Tras el anuncio del preacuerdo, y conforme a sus respectivos estatutos del partido, los socialistas (PSOE y PSC) y Unidas Podemos (Podemos, Izquierda Unida) pusieron en manos de su militancia la valoración del preacuerdo y la aprobación del Gobierno de coalición. Los cuatro partidos dieron una mayoría abrumadora a favor del acuerdo.
Por su parte, los partidos independentistas de izquierdas catalán (ERC) y vasco (EH Bildu) también anunciaron sendas consultas a su militancia para posicionarse sobre la investidura de Pedro Sánchez y marcar la estrategia de los partidos frente a las negociaciones.
El 10 y 11 de diciembre de 2019, tras la renovación del Congreso de los Diputados, el rey Felipe VI inició una ronda de consultas con todos los representantes designados por los partidos políticos con presencia parlamentaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99.1 de la Constitución. ERC, EH Bildu, BNG y CUP rechazaron la invitación.
Al término de la misma, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, anunció, a las 21:30 horas, en rueda de prensa en el Escritorio de Conferencias de Prensa de la Cámara Baja, que el rey, tras previa reunión en el Palacio de la Zarzuela, había propuesto como candidato a presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, el líder del partido más votado y con mayor probabilidades de cosechar los apoyos necesarios.
Tras la publicación en el boletín oficial, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, fijó y convocó el Pleno del Congreso de los Diputados el sábado, 4 de enero de 2020, a las 9:00 horas, para celebrar el debate de investidura de Pedro Sánchez.
La legislatura fue inaugurada solemnemente el 3 de febrero de 2020 en el Congreso de los Diputados por el rey Felipe, acompañado de la reina Letizia, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, que fueron respaldados por la amplia mayoría de los parlamentarios, diputados y senadores. ERC, la CUP, JxCat, EH Bildu y el BNG no acudieron a la cita en la Cámara Baja, y organizaron un acto aparte en señal de desacuerdo con la figura monárquica en España.
El 8 de marzo de 2020 el partido político Ciudadanos realizó primarias internas para elegir un sucesor de Albert Rivera, quien dejó la presidencia del partido tras el debacle electoral en las elecciones generales de noviembre de 2019. Inés Arrimadas fue elegida la primera presidenta de la formación, derrotando al vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.
En el ámbito electoral, en 2020 se celebraron elecciones autonómicas en dos comunidades autónomas: Galicia y País Vasco. Ambas se llevaron a cabo el 12 de julio. En Galicia, el Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones con su cuarta mayoría absoluta consecutiva y Podemos y sus confluencias perdieron toda su representación, pérdida que fue capitalizada por el BNG. En el País Vasco, el PNV liderado por el lehendakari Iñigo Urkullu ganó las elecciones con mayoría simple y renovó su pacto de gobierno con el PSE-EE. Vox entró por primera vez en el Parlamento vasco con 1 diputado.
En febrero de 2021 se llevaron a cabo elecciones autonómicas en Cataluña. El PSC liderado por Salvador Illa se hizo con la victoria electoral tras conseguir 33 escaños y 50.000 votos más que ERC, que también obtuvo 33 escaños.
El 29 de septiembre de 2020 Vox registró una moción de censura contra el presidente Sánchez con Santiago Abascal como candidato. La moción, que fue debatida y votada los días 21 y 22 de octubre, fue rechazada con 298 votos en contra y 52 votos a favor. Fue la quinta moción de censura de la democracia, la cuarta en fracasar y la moción que menos apoyos reunió de la democracia.
En el marco de la pandemia por coronavirus, según el INE el Producto Interior Bruto en el primer trimestre de 2020 se desplomó un 5,2 %, una de las mayores caídas de la historia, situación que no mejoró en el segundo trimestre cuando el PIB cayó hasta un nuevo récord del 17,8 % debido a la drástica reducción de la actividad económica producida por el confinamiento domiciliario que abarcó de marzo a junio y que confirmó la recesión económica. Tras abandonar el confinamiento, el tercer trimestre supuso un rebote que impulsó la economía un 16,7 %, si bien en términos interanuales, la economía continuaba un 8,7 % por debajo de los niveles pre-crisis. El cuarto trimestre, marcado por otra ola pandémica y nuevas restricciones —si bien de menor alcance—, supuso un alza del 0,4 %, confirmando un desplome económico anual del 11 % en 2020.
El primer año de la legislatura estuvo marcado por un importante incremento del desempleo debido a la paralización económica como resultado de la pandemia de coronavirus, y adquirió importante protagonismo el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que evitó despidos masivos. En el primer trimestre, la tasa de paro comenzó a aumentar tras sumar 121.000 parados, lo que la situó en el 14,4 %, y 579.000 personas entraron en situación de ERTE. En el segundo trimestre de 2020, la tasa de desempleo volvió a incrementarse hasta el 15,33 % y los ERTE alcanzaron los 3,4 millones de trabajadores. El tercer trimestre continua con un aumento de la tasa de paro hasta el 16,26 % si bien algunos indicadores empiezan a mejorar, como es el caso de la afiliación a la Seguridad Social que sumó 569.600 afiliados. En el último trimestre del año 2020 se redujo el paro en 3100 personas, lo que situó la tasa en el 16,1 % y aumentaron 167.400 ocupados más. En definitiva, el segundo semestre del año amortiguó ligeramente la caída económica que se produjo en el primero, aunque no fue suficiente y, en aspectos generales, el año 2020 supuso 623.000 ocupados menos y 528.000 parados más.
La pandemia obligó al Gobierno a modificar todas sus previsiones económicas, incluidas las de déficit público. Así, el viernes 1 de mayo de 2020 la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, junto con la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció que el déficit estimado para el año 2020 alcanzaría el 10,34 % del PIB o 115.671 millones de euros. El 6 de octubre el Gobierno revisó hasta el 11,3 % el déficit para 2020, aumento que fue confirmado por la propia Ministra de Hacienda el 3 de enero de 2021. El dato definitivo fue del 10,09 %, siendo el tercer peor dato desde que hay registros.
El 3 de enero de 2021 la Ministra de Hacienda afirmó que el Gobierno estimaba que el déficit público para el año 2021 se reduciría 3,6 puntos, hasta el 7,7 %.
El Banco de España hizo público el 17 de febrero de 2021 su primer avance sobre deuda pública del año 2020. En dicho informe, el banco central español estimó que el conjunto de la deuda de las Administraciones Públicas cerró 2020 en los 1,311 billones de euros, lo que equivaldría al 117,1 % del Producto Interior Bruto. Este dato supuso el mayor endeudamiento de España desde 1902, cuando alcanzó el 128 % del PIB como resultado de la guerra de independencia cubana y posterior guerra contra Estados Unidos, así como por la crisis global de los precios agrarios.
La pandemia también se noto en la evolución del IPC. En el mes de marzo, el IPC anual cayó siete décimas desde el 0,7 % del mes de febrero y se situó en el 0 % —mínimos desde agosto de 2016—, principalmente por el descenso en el precio de los carburantes. Esta tendencia negativa continuó en abril, situándose en negativo (-0,7 %) por primera vez en cuatro años y alcanzó su mínimo anual en mayo, con un -0,9 %. Se mantuvo negativo el resto del año, cerrando 2020 con un IPC anual negativo del -0,5 %.
En 2021, el IPC anual volvió a la senda positiva, situándose en enero en el 0,5.
El día 28 de octubre de 2020 la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales para 2021, tras un largo e intenso periodo de negociación entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos.
Estos Presupuestos se caracterizaron por el marcado carácter social de los mismos, al destinarse un 59,9% al gasto social, lo que supuso un aumento considerable respecto a los anteriores. Tras la votación y superación de las enmiendas a la totalidad, los Presupuestos fueron aprobados por la mayoría de las Cortes Generales con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH-Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria, y los votos en contra de PP, VOX, Ciudadanos, Junts per Catalunya, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición Canaria, el Bloque Nacionalista Gallego y la CUP.
Este resultado permitió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobar los primeros Presupuestos propios desde que llegó a la Presidencia en junio de 2018 y evitar así una tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que estaban en vigor desde entonces. Además, fueron los primeros presupuestos desde los del año 2016 que se aprobaban antes de que acabase el año.
Al poco tiempo de iniciarse la legislatura se extendió a todo el planeta la pandemia de COVID-19. En España se registró el primer caso el 31 de enero en la isla canaria de La Gomera.
Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en España, el Consejo de Ministros aprobó el 13 de marzo de 2020 el Real Decreto 463/2020 con la declaración de estado de alarma en todo el territorio español, por un periodo de quince días, disponiendo al Gobierno de España como autoridad competente a través de la Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa, del Interior, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Sanidad. Mediante este decreto quedó limitada la libertad de circulación, restringida a actividades de primera necesidad, desplazamientos a centros de trabajo y causas de fuerza mayor. Además, quedaron suspendidas las actividades de hostelería y restauración en locales, toda actividad educativa, cultural y deportiva, fiestas populares, la regulación de las ceremonias civiles y religiosas y el restablecimiento de los controles fronterizos.
Al día siguiente, el 14 de marzo de 2020, entró en vigor el decreto de alarma y diez días después, el 24 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros solicitó al Congreso de los Diputados la primera de las prórrogas del estado de alarma, hasta el 12 de abril de 2020 a las 00:00 horas. El 25 de marzo de 2020, en la sesión plenaria nº15, se produjo la votación, con únicamente 43 diputados presenciales, ejerciendo el resto el voto telemáticamente. El resultado de la votación fue el siguiente:
El 7 de abril de 2020 el Consejo de Ministros solicitó la segunda prórroga del estado de alarma, hasta el 26 de abril de 2020 a las 00:00 horas, que fue votada en la 16ª sesión plenaria del Congreso de los Diputados. El resultado de la votación, en la que Vox y la CUP cambiaron sus votos hacia el no, fue el siguiente:
Nueve días después de la segunda votación, el Consejo de Ministros solicitó la tercera de las prórrogas del estado de alarma, llevándose a cabo la votación el 22 de abril de 2020, en la 18ª sesión plenaria. El resultado, habiendo cambiado únicamente del sentido de su voto (hacia el no) los diputados de Junts per Catalunya, fue el siguiente:
El 6 de mayo de 2020 el Consejo de Ministros solicitó al Congreso de los Diputados la cuarta prórroga del decreto de estado de alarma, hasta el 24 de mayo de 2020 a las 00:00 horas. A diferencia de las anteriores prórrogas, esta nueva ampliación suscitó un importante debate entre el Gobierno y el conjunto de los grupos parlamentarios, debido a las diferencias de criterios para llevar a cabo la desescalada de las medidas de confinamiento adoptadas, en especial lo relacionado con el autogobierno de las Comunidades Autónomas.
La principal consecuencia fue el cambio de voto al no de ERC (a excepción de Joan Josep Nuet) y del diputado de Foro Asturias; y el cambio de voto a la abstención del Partido Popular, BNG y Navarra Suma. Además, el Gobierno tuvo que negociar una serie de medidas con los grupos parlamentarios de Ciudadanos y PNV para mantener su voto afirmativo a la prórroga
El resultado de la votación fue el siguiente:
La quinta prórroga del estado de alarma fue la prórroga que más controversia y oposición tuvo. En principio, el Gobierno tenía pensado solicitar una quinta y última prórroga, con un plazo más amplio, un mes. Sin embargo, las negociaciones con los diversos grupos parlamentarios obligó al Gobierno a reducir sus pretensiones, teniendo que solicitar otra prórroga de 15 días. El principal partido de la oposición, el Partido Popular, votó en contra de otra prórroga, y así lo hizo igualmente Compromís. El resultado fue el siguiente:
Debido al rechazo por parte de la Cámara Baja de la pretensión del Gobierno de extender la última prórroga un mes, el Gobierno decidió solicitar una sexta y última prórroga, que supondría la última fase del estado de alarma, con medidas más relajadas y con mayor protagonismo de las comunidades autónomas, que ausumieron el liderazgo del proceso de la desescalada en todo aquello que no supusiese limitar la movilidad. El Gobierno volvió a conseguir la aprobación del Congreso, esta vez, con menor oposición que en la quinta prórroga. El resultado fue el siguiente:
Como consecuencia de la segunda ola que afectaba a España debido a la pandemia de COVID-19, el Consejo de Ministros aprobó el 25 de octubre de 2020 el Real Decreto 926/2020 que declaraba el estado de alarma en todo el territorio nacional, por un periodo de quince días. Este nuevo decreto, que tenía como autoridad competente al Gobierno de la Nación a través de su Presidente, estableció por primera vez que las autoridades delegadas serían los presidentes de las comunidades autónomas. Este decreto establecía medidas parecidas al Real Decreto 463/2020 que declaró el estado de alarma en marzo, pero añadiendo otras como el toque de queda. Sin embargo, todas las medidas quedaban supeditadas a la voluntad de los gobiernos autonómicos, que eran los encargados de decidir que medidas tomar o, en el caso del toque de queda, las horas en las que se aplicaría (de forma general, el Gobierno central estableció un toque de queda desde las 23:00h hasta las 06:00h).
El Gobierno de la Nación, desde el momento que declaró el estado de alarma, dejó claro que pediría al Congreso de los Diputados una prórroga de seis meses. Este fue el resultado de la votación:
Durante la XIV Legislatura se mantuvo el Ministerio de Cultura y Deporte que, con la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2021, obtuvo su mayor presupuesto histórico que, entre el ministerio, sus organismos autónomos y otras entidades, alcanzó los 1.687 millones de euros.
Tras los problemas para renovar la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) en las legislaturas anteriores, en febrero de 2021 se anunció un acuerdo entre el PSOE y el PP para llevar a cabo la renovación del Consejo de Administración del entre público, acuerdo que también incluía a Unidas Podemos y el PNV. El Pleno del Congreso de los Diputados ratificó el 25 de febrero el pacto alcanzado por las formaciones políticas, contando los seis candidatos de la Cámara Baja con 259 votos a favor. Entre los candidatos elegidos estaba el periodista y catedrático José Manuel Pérez Tornero, candidato de consenso para ocupar la Presidencia de RTVE. De confirmarse el pacto en Senado —al que le corresponden cuatro candidatos—, volvería a conformarse el Consejo de Administración y terminaría el mandato de Rosa María Mateo como administradora única del Ente.