La Yidispolítica es el nombre que se le dio al escándalo político desatado en Colombia en abril de 2008 a raíz de las declaraciones de la ex Representante a la Cámara Yidis Medina, quien admitió haber recibido ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del Gobierno Nacional a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato presidencial.
Los funcionarios implicados por Medina han negado las acusaciones. El expresidente Uribe, uno de los señalados por Medina, al ser cuestionado ha respondido con la frase: "El Gobierno Nacional persuade; no presiona ni compra conciencias".
El 26 de junio de 2008 la Corte Suprema de Justicia determinó que Medina si vendió su voto para la reelección después de escucharla en indagatoria y de sentenciarla a pagar 47 meses de detención domiciliaria por el delito de cohecho. En la sentencia la Sala Penal de la Corte anunciaba que enviaría la información correspondiente a los distintos organismos judiciales encargados de investigar o sancionar a los funcionarios del gobierno presuntamente implicados y manifestaba que "la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder", al tiempo que pedía a la Corte Constitucional revisar dicha reforma. La sentencia causó una fuerte reacción del presidente Uribe quien cuestionó las actuaciones del máximo tribunal de justicia y sugirió la complicidad de algunos magistrados con grupos terroristas tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, a la vez que anunció que tramitaría la aprobación de un referendo para repetir las elecciones de 2006 con el propósito, según dijo, de "legitimar su mandato" (más tarde desistiría de ello). Al día siguiente del pronunciamiento, funcionarios del gobierno interpusieron demandas penales contra los magistrados de la Corte Suprema. (ver:Enfrentamiento entre Uribe y la Corte)
Los funcionarios implicados están siendo investigados. Entre ellos se encuentran Diego Palacio Betancourt, Ministro de la Protección Social y Sabas Pretelt de la Vega, embajador en Italia y quien fue Ministro del Interior y de Justicia durante la aprobación del acto legislativo que permitió la reelección. (ver:señalados por Medina)
Pretelt y Palacio fueron absueltos de la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría si bien la investigación penal en contra de los funcionarios continúa en la Fiscalía. Además de Medina, también fueron condenados los ex congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Álvaro Uribe fue reelegido Presidente de Colombia para el período 2006 - 2010 después de impulsar una reforma a la Constitución que impedía la reelección presidencial. La aprobación de la reforma en el Congreso fue un hecho controversial debido a que los representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño cambiaron su decisión a última hora; Medina votó favorablemente la reelección después de que había manifestado su voto en contra y firmado compromisos con la oposición, mientras que Avendaño se ausentó de la votación. Mucho se había especulado sobre el tema hasta que en abril de 2008 la exrepresentante se auto incriminó al afirmar en entrevista al semanario El Espectador que el gobierno no había cumplido con los pactos y anunció que publicaría un libro junto con Avendaño donde relataría los hechos.
El 20 de abril de 2008, días después de la entrevista a El Espectador, Noticias Uno transmitió un video en el que la excongresista Yidis Medina admite ante Daniel Coronell, director del noticiero, haber aceptado sobornos de parte del propio presidente Álvaro Uribe y de algunos de sus cercanos colaboradores, entre ellos Sabas Pretelt para entonces Ministro del Interior y de Justicia, para cambiar su voto en la comisión primera de la Cámara de Representantes en el proyecto de ley tramitado por el gobierno para permitir la reelección presidencial inmediata que le daría la oportunidad a Uribe de aspirar a un segundo mandato. El video fue grabado en agosto de 2004 pero el periodista y la entonces congresista pactaron que el video solo sería revelado en caso de que a ella le sucediera algo, puesto que afirmó haber recibido amenazas contra su vida. Medina dijo que el video también podía revelarse en el caso de que ella no recibiera lo pactado con el gobierno.
Semanas antes de la emisión del video, Medina había revelado en la entrevista con el semanario El Espectador la existencia de dicho video, por lo tanto Coronell aseguró que Medina había roto el pacto y así se lo hizo saber a Medina quien lo admitió y por lo cual el periodista anunció su publicación.
Tanto el Presidente Uribe como sus funcionarios han negado las acusaciones de Medina. Uribe dijo que se había reunido con ella pero nunca había ofrecido a ella ni a ningún otro parlamentario nada a cambio de su voto. Además, acusó a Medina de chantajear a su hijo Tomás Uribe y a otros altos funcionario del gobierno por medio de llamadas telefónicas, mostrando una lista de la empresa de telefonía Comcel donde aparecían llamadas del número de Medina al teléfono móvil de Tomás Uribe, y, aunque Medina afirmó que ese no era su número, días después se comprobó que sí lo era, en una declaración del abogado de Medina.
Uribe dijo que Medina se comportaba como una delincuente y dijo: "Su voto ayudó, pero aparece ahora como una señora fracasada e insatisfecha porque no realizó su extorsión". Además, se refirió a sus funcionarios Pretelt y Betancourt como personas honestas y de conducta intachable y acusó al periodista Daniel Coronell de encubrir el supuesto delito.
A raíz de las revelaciones hechas por Medina, la Fiscalía inició investigaciones preliminares con el fin de indagar si funcionarios públicos cometieron en este caso el delito de cohecho.
La Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura contra Medina quien se entregó el 27 de abril de 2008. Días después declaró ante los magistrados y se sometió a sentencia anticipada.
Según revelaron algunos medios de comunicación como la Revista Cambio, Yidis dijo que Teodolindo recibió 200 millones por no asistir a la votación de la reelección y se rumoreaba que la exrepresentante posee pruebas documentadas que implican a los funcionarios. Avendaño fue detenido el 16 de mayo de 2008. Avendaño admitió haber recibido dineros de Yidis Medina aunque negó que esos dineros tuvieran relación con su ausencia en la votación del proyecto.
Días más tarde fue detenido el congresista Iván Díaz Mateus, titular del escaño que ocupaba Medina de manera temporal, La Corte Suprema de Justicia dijo dar plena credibilidad a las declaraciones de Medina quien acusó a Mateus de haberle sugerido que era mejor apoyar la iniciativa para conservar su integridad.
El 26 de junio de 2008 la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia mediante la cual determinaba que Yidis Medina sí vendió su voto al tiempo que cuestionaba la legitimidad del acto legislativo que dio paso a la reelección presidencial. Dicha sentencia causó una fuerte reacción del Presidente Uribe en contra de la Corte.
En diferentes oportunidades se habían presentado desavenencias entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno. Varias de ellas se habían ocasionado a raíz del escándalo de la parapolítica, debido a las decisiones judiciales que tenían a varios miembros del congreso, cercanos al gobierno, tras las rejas por el presunto apoyo recibido de grupos paramilitares para ser elegidos.
La sentencia que condenó a Yidis Medina fue un nuevo motivo de enfrentamiento puesto que en la sentencia el tribunal supremo sugiere que la aprobación de la reelección fue producto de un delito "el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal" reza la sentencia, a la vez que pide a la Corte Constitucional, si así esta lo consideraba, revisar la legalidad de dicho acto.
El presidente reaccionó sugiriendo que los magistrados tenían vínculos con grupos terroristas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, y dijo que convocaría a un referendo para repetir las elecciones de 2011 con el propósito, dijo, de que no quedara en duda la legitimidad de su mandato, igualmente procedió a interponer demandas por medio del comisionado de paz Luis Carlos Restrepo contra los magistrados de la Corte Suprema por supuestos vínculos con terroristas e instó a su ministro Diego Palacio a interponer una denuncia por falsas imputaciones en contra de este en la sentencia que condenó a Medina. Días más tarde la Corte Constitucional se pronunció al respecto de la constitucionalidad del acto legislativo en el que participó Medina diciendo que dicho acto era cosa juzgada y, por lo tanto, no podía modificar la decisión tomada en su momento.
El magistrado Jaime Araujo Rentería hizo salvamento de voto en el que se pronunciaba diciendo que el acto legislativo era producto de un delito y que por lo tanto: "El actual Gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico, y que por tanto se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un Gobierno que fue elegido gracias a un delito, violando las reglas básicas del juego de la Democracia y del Estado constitucional de derecho".
Después de conocida la decisión de la Corte Constitucional de no someter a revisión la constitucionalidad del acto legislativo, el gobierno anunció que desistiría de presentar el referendo para repetir las elecciones de 2006. Según el ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio no quedaba duda alguna de la legitimidad del mandato de Uribe.
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