El Índice de percepción de corrupción (IPC) es un índice publicado de forma anual desde 1995 por Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín. El índice clasifica a los países «por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público», todo ello determinado por la encuestas de opinión y evaluaciones de «expertos». El IPC define la corrupción como «el uso indebido del poder público para beneficio privado».
EL IPC de 2020, publicado en enero de 2021, clasifica a aproximadamente 180 países en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio) según la situación determinada para cada país entre mayo de 2019 y mayo de 2020. En la última lista, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Singapur y Suiza se perciben como las seis naciones menos corruptas del mundo y todos ellos han ocupado un lugar alto de la clasificación, mientras que desde 2012, Somalia es percibido como el país más corrupto del mundo, con una puntuación de entre 8 y 10; en penúltimo lugar —más corruptos— se sitúa Sudán del Sur, un país sumido en constantes crisis sociales y económicas y con una puntuación media de 13 sobre 100 en 2018.
Las valoraciones sobre el índice son mixtas: algunos análisis econométricos del Banco Mundial han determinado que, aunque limitados, los datos del IPC son consistentes. Otras fuentes han señalado posibles fallos metodológicos, limitaciones en la definición de conceptos complejos como la corrupción al ser una «encuesta de encuestas» y no un verdadero análisis de corrupción y «sesgos elitistas y engañosos» por la procedencia de encuestas y personalidades que participan en su elaboración.
La corrupción se puede definir como un fenómeno nocivo, vasto, diverso y global cuyos agentes pertenecen al sector público como a las empresas privadas. No se refiere al simple saqueo de patrimonio del Estado. La corrupción incluye el ofrecimiento y la recepción de sobornos, coimas; la malversación y la negligente asignación de fondos y gastos públicos; la subvaluación o la hipervaluación de precios; los escándalos políticos o financieros; el fraude electoral; la paga a periodistas, la compra de información en medios de comunicación masivos o la infiltración de agentes para obtener información y beneficios concomitantes; el tráfico de influencias y otras transgresiones; el financiamiento ilegal de partidos políticos; el uso de la fuerza pública en apoyo de dudosas decisiones judiciales; las sentencias parcializadas de los jueces; favores indebidos o sueldos exagerados de amistades, a pesar de su incapacidad. Los concursos amañados sobre obras materiales, la indebida o sesgada supervisión o calificación de las mismas; la compra de instrumentos, de armas de mala calidad, etc., etc.
Transparencia Internacional (TI) comisionó a Johann Graf Lambsdorff de la Universidad de Passau para elaborar el Índice de Percepción de Corrupción (IPC). El IPC de 2005 obtiene datos de 16 encuestas procedentes de diez instituciones. Las instituciones que proporcionaron los datos para el índice de 2005 son: Universidad de Columbia, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Information International, International Institute for Management Development, Merchant International Group, Political and Economic Risk Consultancy, la Comisión Económica para África, el Foro Económico Mundial y el World Markets Research Centre. Los primeros IPC utilizaban encuestas de opinión, pero en la actualidad solo se utilizan análisis de «expertos». TI requiere que se disponga de al menos tres fuentes para poder evaluar un país en el IPC.
Acerca del IPC, TI escribe en su sección de preguntas frecuentes que «el punto de vista de los residentes está bien correlado con el de los expertos de fuera. En el pasado, los expertos reconocidos tras las fuentes del IPC eran a menudo hombres de negocios provenientes de países industrializados; el punto de vista de los países menos desarrollados estaba infrarrepresentado. Esto ha cambiado con el tiempo, y se ha dado cada vez más voz a analistas provenientes de economías emergentes».
Como este índice está basado en sondeos, los resultados son subjetivos y son menos fiables en países de los que se extraen menos fuentes. Además, lo que se define legalmente (o se percibe) como corrupción difiere según la jurisdicción: por ejemplo, una donación pública puede ser legal en unas jurisdicciones pero ilegal en otras; una acción considerada aceptable en un país como puede ser el dar una propina puede considerarse un soborno en otro.
Para el índice de 2007 se incluyeron tres nuevas fuentes: Clasificaciones de Evaluación del Desempeño Nacional del Banco Asiático de ola, Evaluaciones Institucionales y de las Políticas Nacionales del Banco Africano de Desarrollo y el Índice de Transformación de Bertelsmann. Inclusión de Afganistán, Cabo Verde, Comoras, Guinea-Bissau, Kiribati, Liberia, Maldivas, Montenegro, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Islas Salomón, Somalia, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Tonga, Vanuatu y Yibuti.
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