El fraude electoral es la intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales ya sea aumentando la cantidad de votos del candidato favorecido, disminuyendo las de los candidatos rivales, o ambas. Lo que constituye fraude electoral varía de país en país.
Muchos tipos de fraude electoral se prohíben en las legislaciones electorales, pero otros están en infracción con leyes generales, como las que prohíben el asalto, el hostigamiento y la difamación. Aunque técnicamente el término cubre solo aquellos actos que son ilegales, a veces también se usa para describir actos que son legales, pero que son considerados moralmente inaceptables, fuera del espíritu de una elección o que violan los principios de la democracia. Las elecciones show, de solo un candidato, a veces son clasificadas como fraude electoral, aunque pueden estar en cumplimiento de la ley y son presentadas más bien como referéndums.
En elecciones nacionales un fraude electoral exitoso puede tener el efecto de un golpe de estado o el de una democracia corrupta. En una elección reñida, una pequeña cantidad de fraude puede ser suficiente para cambiar el resultado, e incluso si el resultado no es afectado, la revelación de que hubo fraude puede tener un efecto dañino si no es castigado, porque puede reducir la confianza de los votantes en la democracia.
Existen diversas técnicas practicadas para ejecutarlo, a continuación se mencionan algunas:
La práctica del fraude electoral ocasiona reacciones enérgicas, desde manifestaciones que denuncian su simple sospecha, como en los comicios del estado de Florida en la primera elección de George W. Bush contra Al Gore, procesos penales e investigaciones como en Perú, después de que el presidente Alberto Fujimori abandonó el país, renuncias o destituciones de los jefes de estado, como la renuncia del presidente de EE. UU. Richard Nixon como consecuencia de la investigación del Caso Watergate, o actos de resistencia civil.
Para evitar el fraude electoral, las sociedades que lo han sufrido de manera sistemática, elaboran complicadas leyes destinadas a impedirlo. En este orden de ideas se han creado:
Otros mecanismos de defensa contra el fraude electoral consisten en la creación de órganos y tribunales electorales integrados con funcionarios no seleccionados por el poder ejecutivo y se han tipificado un buen número de delitos para castigar a los instigadores, colaboradores, beneficiarios y ejecutores de cada una de las prácticas del fraude electoral, sin embargo aun falta mucho por hacer ya que ninguna legislación contempla el fraude mediático, aunque en algunos países se prohíbe muy convenientemente que los partidos se promuevan en la televisión por medio de anuncios, lo tienen que hacer en espacios específicamente diseñados para eso.
Sin embargo muchas de estas medidas resultan insuficientes, la cultura del fraude electoral en países como México o Perú, es enorme, pero es en países llamados desarrollados donde este fenómeno se acentúa más (Estados Unidos, Italia, entre otros).
La jornada electoral se llevó a cabo el 30 de noviembre de 1952, dando como ganador a la URD, mientras que en segundo lugar quedaba el partido FEI y en tercer lugar COPEI. Al saberse la derrota del FEI, Pérez Jiménez desconoció los resultados y el CSE detuvo los escrutinios, retirándose algunos miembros en forma de protesta, mientras que el gobierno continuó por su cuenta el proceso.
El 2 de diciembre Marcos Pérez Jiménez proclamó ante el país la victoria de su partido. La Constituyente conformada, en 1953 promulgó una nueva Constitución en donde se establecía el voto directo para elegir al Presidente de la República y demás altos funcionarios del Poder Público.
Aunque dicha Constitución establecía el voto directo, Pérez Jiménez hizo que la Constituyente lo eligiera Presidente Constitucional y así mismo hizo que eligiera a los demás altos cargos públicos.
El plebiscito se consideraba contrario a la constitución de 1953, ya que no contemplaba ese procedimiento, sino el de elecciones con la participación de los diversos actores políticos. La oposición a su gobierno llama a la población a no participar alegando que el plebiscito carecía de carácter legal y que todo estaba arreglado previamente. Según los datos oficiales del órgano electoral, la población aprobó por mayoría su continuidad en el gobierno. Ningún partido u organización opositora reconoció los resultados. El plebiscito aumentó el descontento de algunos sectores del ejército contra su gobierno y sería uno de detonantes de los acontecimientos de enero de 1958 que precipitaron la caída de su gobierno.
Las investigaciones dieron como resultado que el candidato manipuló las computadoras a través de un mecanismo para los fiscales electorales, que es aplicado en casos de errores, y que permite al fiscal borrar votos no válidos. Pero por una falla del sistema el candidato pudo loguearse a la computadora y reemplazar los votos marcados como no válidos por un voto propio
Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera los resultados oficiales, Antonio Mugica, director de la empresa Smartmatic (proveedor de las máquinas de votación a Venezuela), durante una conferencia de prensa en Londres, declaró que las cifras arrojadas por el sistema de las máquinas no concordaban con las anunciadas por el CNE y que en el proceso habían participado menos votantes de los que anunciaba el ente comicial, indicando que el CNE había manipulado los datos.
En la página de la empresa Smartmatic, se puede leer una nota de prensa con fecha del 2 de agosto de 2017, en donde se explica que el sistema automatizado de las máquinas de votación detectaron que los datos sobre participación en los comicios fueron alterados. "El sistema automatizado utilizado en Venezuela está diseñado para que, en caso de manipulación, su detección sea inmediata y muy fácil de identificar. Dicha detección se logra gracias a los mecanismos de auditorías intrínsecos al sistema, que son imposibles de eludir. " reza parte del comunicado.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, señaló que 20 gerentes de la empresa Smartmatic se habían ido de Venezuela el 2 de agosto por razones de seguridad. La salida de los gerentes ocurrió antes de que el director de la Empresa denunciara la manipulación de datos sobre los comicios.
Otro hecho bastante atípico es el denunciado por la Alianza Sindical Independiente (ASI), quien afirmó que el Gobierno presionó a los empleados públicos que no acudieron a la jornada electoral, a firmar una exposición de motivos donde indicaran que no habían participado en las elecciones por las protestas opositoras y que solicitaran al CNE anexar su voto a la Constituyente, pese a que ya se habían anunciado los resultados oficiales.
Sin embargo el presunto fraude que alegó el derrotado, no pudo haberse dado ya que la Junta Transitoria estaba dominada por el comandante Gustavo Jiménez, enemigo de Sánchez Cerro.
Llevadas a cabo en medio de un difícil momento político y social en el Uruguay de esos años que desembocaría dos años más tarde en una dictadura, estas elecciones fueron impugnadas por el Partido Nacional, cuyo candidato a la presidencia Wilson Ferreira Aldunate, según la Corte Electoral, había sido derrotado por un margen de 0,76% del electorado, es decir por 12.802 votos. La impugnación se debió a distintas denuncias de irregularidades, entre las que se contaron la pérdida de la microfilmación del padrón de habilitados, circuitos con un elevadísimo porcentaje de participación, circuitos con más votos que votantes, constatación de urnas abiertas previamente al escrutinio, entre otros. Muchos de estos hechos llevaron a que se extendiera una teoría que afirma que el procedimiento por el cual Juan María Bordaberry (quien dos años más tarde daría un golpe de estado) se alzó con la presidencia, fue fraudulento. Asimismo, en documentos desclasificados de Estados Unidos, donde se cita una conversación en diciembre de 1971 entre Richard Nixon y el primer ministro británico Edward Heath, se afirma que las elecciones habrían estado "amañadas" y que Brasil habría participado del fraude.
Luego de culminada la primera vuelta electoral, se dio el Flash Electoral (el cual consiste en dar un resultado estadístico por parte de empresas encuestadoras a las 4:00 p.m los medios de comunicación luego de cerrada la votación, donde señalada los resultados aproximados similar a un conteo rápido) y las encuestadoras daban un aproximado de 45 % al candidato Alejandro Toledo Manrique y un 40 % a Alberto Fujimori, por lo que virtualmente ambos se disputarían una segunda vuelta al no haber ninguno superado el 50 % requerido, no obstante los flashes electorales que se acostumbran dar cada 30 minutos con muestras más grandes y así presentar una mejor precisión, en aquel entonces las encuestadoras no volverían a dar sus datos hasta después de cinco horas, donde todos las encuestadoras daban un aproximado de 48 % para Fujimori y un 40 % para Toledo; cifras oficiales más tarde dadas por la Oficina Naciones de Procesos Electorales darían como resultado final un total de 49.9 % para el primero y un 40.2 % para el segundo.
Toledo encabezaría una serie de protestas contra la credibilidad del sistema electoral y pediría a los electores a viciar su voto. El resultado de la votación en segunda vuelta sería de 51 % para Fujimori, 30 % votos nulos y 18 % para Toledo. Durante muchos años se hablaría de fraude y que en aquella época las encuestadores habían sido sobornadas luego del primer flash electoral dado para cambiar sus datos en favor de Fujimori. Hasta la actualidad aquellas empresas encuestadoras han argumentado que fue un error de cálculo lo que los indujo a equivocarse en su primera aproximación electoral de las elecciones presidenciales del año 2000, y tampoco ha habido ninguna denuncia de por medio ni investigación del caso.
El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y su organización sin fines de lucro Carter Center, junto con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) asistieron a las votaciones y certificaron que la votación había sido «justa y libre». Carter invitó a todos los venezolanos «aceptar los resultados y trabajar juntos por el futuro». Incluso la administración Bush, absolutamente contraria a Chávez, reconoció que este había ganado correctamente. Sin embargo los líderes de la oposición alegaron fraude y afirmaron que Chávez les había robado su victoria.
Un estudio estadístico sobre las elecciones, escrito por María M. Febres Cordero y Bernardo Márquez, se publicó en 2006 en una revista internacional de estadística. La conclusión de los autores fue que el 56.4 % había votado «sí» (a favor de la destitución de Chávez), mientras que el resultado oficial era de 41.0 %.
La revista internacional de estadística Statistical Science, situada entre las 10 mejores del mundo, dedicó la mitad de su número de noviembre de 2011 (7 de 14 artículos) ―con un artículo introductorio escrito por Alicia L. Carriquiry― para demostrar que no había habido fraude en el referéndum.
Más de un año antes de la consulta la oposición venía denunciando que el Padrón Electoral era irregular y estaba mal elaborado, aunque no se hizo nada al respecto. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, uno de los más acérrimos opositores a Morales, denunció que la ciudadanía acudía a las urnas "sin la garantía de un proceso electoral transparente y en medio de un panorama de fraude electoral", agregando que "no otra cosa implica la doble carnetización y el doble registro ciudadano que encaró el Gobierno del presidente Evo Morales". No obstante alentó el acudir a sufragar y expresó su confianza en la victoria del "No".
Tras la votación, Marinkovic denunció que hubo fraude, acusando al Gobierno de prepararlo con la ayuda y el financiamiento de su par venezolano al momento de la carnetización (provisión de documentos), acotando que se vieron funcionarios militares venezolanos junto a la policía boliviana llevándose carnés para, según dijo, preparar el fraude. El opositor también se quejó de que en Santa Cruz la tinta utilizada para marcar un dedo de los votantes no era indeleble.
Al final, Jude Célestin pasó del segundo al tercer lugar, reemplazándolo Michel Martelly, de Respuesta Campesina (RP). Cuando se celebró la segunda vuelta el 20 de marzo de 2011, Martelly se impuso a Manigat por amplia diferencia.
La oposición, cuya principal agrupación política fue la alianza Partido Liberal Independiente (PLI), que vigiló el proceso, cuestionó duramente al mismo, acusando al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido gobernante, de amenazas a los interventores, duplicación de papeletas, problemas informáticos, documentación falsa y “actas preñadas”. También se reportó que hubo personas que sufragaron más de una vez.
El grupo cívico Ética y Transparencia (EyT) de Nicaragua descalificó el proceso electoral por considerar que no fue "justo, honesto ni creíble" y que tiene "indicios de fraude". Además de observar "una violación e incumplimiento sistemático y voluntario de parte del Estado nicaragüense".
Estados Unidos consideró que las elecciones "no fueron transparentes" y que "adolecieron de irregularidades", la Unión Europea denunció la "falta de transparencia" de las autoridades electorales y la Organización de Estados Americanos (OEA) observó irregularidades durante los días previos y durante el sufragio.
Enfrentamientos post-electorales entre partidarios y opositores del presidente, derivados justamente de esta situación,, dejaron un saldo de 4 muertos y varios heridos.
Además de la presidencia, Ortega también logró el control de un 60% del Congreso, cerrando la posibilidad a cualquier recurso de revisión de los resultados por parte de la oposición.
El Instituto Federal Electoral (IFE) contestó negando cualquier maquinación y la posibilidad de un fraude. Renuente a desmontarse de su teoría, López Obrador pidió a la autoridad electoral que impida que los votantes ingresen a las cabinas de votación con teléfono móvil. El candidato creía que los votantes “comprados” serían obligados a tomar una foto a su papeleta para demostrar que emitieron el voto tal y como les fue indicado. El candidato acusó además que a cargo de esa movilización de votantes “acarreados” estarán los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernaban en dos terceras partes de los Estados del país. El PRI rechazó la imputación y advirtió que lo que pretende López Obrador es construir el escenario de un conflicto poselectoral.
Después de los resultados preliminares del Instituto Federal Electoral que indicaban que Enrique Peña Nieto era virtual presidente electo, varias protestas estudiantiles dirigidos por el movimiento juvenil Yo soy 132, movimientos ciudadanos independientes y seguidores del candidato López Obrador estallaron en todo el país denunciando a la imposición forzada de un Presidente y fraude electoral. Entre otros lugares, los manifestantes marcharon al IFE y a los de la cadena Televisa, acusándolos de estar parcializados con Peña Nieto.
Autoridades del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que integró el Movimiento Progresista, el cual postuló a López Obrador, fueron usadas en la compra de voto por parte de la coalición Compromiso por México, de Peña Nieto, antes y durante el proceso electoral del 1 de julio. El IFE anunció que investigaría esta denuncia.
Finalmente, el 31 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad de México en la materia, determinó que la elección presidencial del 1 de julio fue válida y declaró a Enrique Peña Nieto presidente electo. El TEPJF declaró infundada la impugnación porque consideró que la agrupación política de López Obrador no aportó pruebas suficientes de los agravios que señalaba, como falta de equidad en la contienda y compra de votos.
En la noche del 14 de abril de 2013, el candidato de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles desconoció el boletín oficial emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aventajaba al presidente encargado Nicolás Maduro, y llamó a un reconteo total de los votos, ya que según su comando de campaña se habían detectado al menos 3500 supuestas irregularidades durante petición que también realizó el rector del CNE Vicente Díaz (quien sin embargo aclaró que no tenía dudas sobre el resultado), y la cual fue apoyada por los gobiernos de España, Francia, Estados Unidos, Paraguay, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Maduro, aceptó la realización de la auditoría propuesta por la oposición, pero el CNE declaró que en Venezuela el proceso era automatizado y que la auditoría propuesta no se podía realizar en los términos propuestos, pues según este organismo no estaba prevista en el ordenamiento jurídico.
Capriles presentó su solicitud formalmente el 17 de abril, con todas las denuncias correspondientes y la petición para la verificación total de las actas; el CNE se reunió por horas ese mismo día, hasta aceptar la verificación "en segunda fase", del 46% de las cajas de votación no auditadas al azar en un primer momento, esta auditoría sin embargo no fue avalada por Capriles, argumentando que la misma «tendría que haber sido llevada a cabo junto a una revisión de los cuadernos de votación», por lo cual el proceso fue impugnado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El 11 de junio el CNE anunció la finalización de la auditoría al 100% de los votos emitidos, una de las 18 auditorías que se realizaron durante todo el proceso, los resultados confirmaron la victoria de Maduro, puesto que se presentó un 0,02 por ciento de error, que el CNE justificó con las aclaraciones colocadas en las actas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sentencia anunciada el 7 de agosto por la magistrada y presidenta del poder judicial Gladys Gutiérrez, anunció que por unanimidad declararon inadmisibles todas las impugnaciones (al menos 10) a los resultados del 14 de abril de 2013. Argumento entre otros aspectos falta de pruebas, y la presentación de argumentos genéricos e imprecisos.
La denuncia de Lasso era porque, previamente, 3 encuestadoras a boca de urna daban la victoria a CREO-SUMA, y solo una a Lenin Moreno, de la gobernante Alianza País. Además, a Lasso le pareció "sospechoso" que el CNE diera unos de los boletines de resultados una hora antes de lo anunciado.
Dijo que él y su partido exigirá al CNE la apertura de las urnas. 'Vamos a pedir el conteo voto a voto, acta por acta porque el pueblo ecuatoriano no aceptará que se lo agreda, que se lo violente' , dijo.
Aseguró que en los próximos días presentarán de manera sustentada la protesta sobre incongruencias en los votos, sobre lo que previamente se había expresado César Monge, presidente nacional del movimiento político que llevó a Lasso a la candidatura.
Lasso comentó el mismo 2 de abril en la noche habló con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como también con el observador de la OEA y expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández.
Durante el recuento en la provincia de Buenos Aires, distintos votantes de Unidad Ciudadana comprobaron que sus sufragios no quedaron registrados en el conteo provisorio que le otorgó a Esteban Bullrich una ventaja de 7 mil votos.paralelamente en varias mesas se denunció que los votos registrados no coincidían con los telegramas. Paralelamente se dio un escándalo en la carga de los votos escrutados se fueron llevando adelante primero en las secciones más apegadas al oficialismo, dejando las opositoras para los últimos minutos. Incluso se suspendieron los trabajos cuando aún quedaban unos 400 mil votos por escrutar dos días después una ONG denunció al presidente de la Nación, Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por fraude en el escrutinio provisorio de las PASO. En tanto se abrió una investigación judicial, el fiscal federal Franco Picardi, determinó "Los hechos denunciados, en caso de comprobarse su materialidad, se erigirían como faltas o delitos de neto carácter electoral, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.108 y en el Código Nacional Electoral". El letrado expuso la presunta manipulación de datos electorales en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y advirtió que los responsables, entre los que mencionó al jefe de Estado, podrían haber incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y eventual fraude. Finalmente la causa quedó a cargo de la jueza Sevini de Cubria.En Tandil,en al menos dos mesas la N.º 5 y la Nº32 Unidad Ciudadana en la carga de datos del escrutinio nacional no tenían ningún voto en ninguna de las categorías, sin embargo en la planilla que llevan los fiscales en ambas mesas la fuerza política tiene votos en todas las categorías. Trabajadores contratados por Correo Argentino para cargar los datos de los telegramas denunciaron “irregularidades” en el sistema de recuento de votos. Un mes antes se le entregó los trabajos de fiscalización una ONG integrada por una serie de organizaciones vinculadas con Cambiemos quienes fiscalizaran las eleccioneen reemplazo de la Cámara Nacional Electoral quien tradicionalmente llevaba a cabo los trabajos de fiscalización de todas las elecciones desde 1983. El acuerdo fue visto como una partidización y tercerización disfrazada del proceso electoral, obligación que hasta el ahora venía cumpliendo el Poder Judicial y que ahora correrá por cuenta de un integrante del Poder Ejecutivo. todas las asociaciones que componen la red tienen vínculos directos con el Gobierno nacional o funcionarios de Cambiemos. Incluso, algunos directivos de las ONG son candidatos del oficialismo.
El proceso electoral contó con hechos atípicos como el cierre de urnas una hora antes de lo habitual y un retraso de 6 horas en la divulgación de los primeros resultados por parte del ente electoral. Con el 57% de las actas electorales contadas, Salvador Nasralla de la Alianza de Oposición aventajaba con 45% a su adversario, el oficialista Juan Orlando Hernández , que tenía 40%. Luego del primer informe, el conteo de votos se detuvo durante 36 horas y en el transcurso de los días la diferencia entre ambos candidatos se acortó hasta que, con el 83% de las actas procesadas, Hernández superó a Nasralla el 29 de noviembre. Horas más tarde, el sistema del ente electoral sufrió una falla. Se terminaron de contar las 18,000 actas, seguido de un reconteo de 4,700 de estas; y finalmente se declaró a Hernández como el ganador oficial, quien tomó posesión el 27 de enero de 2018. El resultado no fue reconocido por los principales partidos de oposición y el informe de la Misión de Observación de la OEA concluye que por las numerosas fallas e irregularidades se trató de un proceso «de baja calidad». Tanto esta Misión como un análisis independiente de la revista The Economist concluyen que el dramático cambio de tendencia plantea serias dudas sobre la veracidad de los resultados.
El día de las elecciones se caracterizó por una marcada abstención y cientos de denuncias sobre proselitismo político del chavismo, instalación de Puntos Rojos cerca y dentro de centros electorales, compra de votos por parte del oficialismo, voto asistido y coacción a testigos de mesas de candidatos opositores, todos estos hechos con la anuencia del CNE. Al finalizar la jornada pasado las 06:00 p. m. y antes de anunciarse los resultados oficiales, el candidato Falcón dio una rueda de prensa desde la sede su partido criticando dúramente el proceso electoral y manifestando que por la cantidad de irregularidades ocurridos en el mismo, desconocería los resultados y que dicho proceso debía repetirse.
El CNE declaró que la participación del proceso fue del 46.07% proclamando a Nicolás Maduro como ganador con el 67.84%, contrastando ampliamente con las múltiples encuestas a la opinión pública que daban a Maduro como perdedor. Al día siguiente, Luis Emilio Rondón, rector principal del CNE, declaró que en vista de las múltiples irregularidades ocurridas durante la jornada electoral, no reconocía los resultados como legítimos. Asimismo, la oposición desconoce la legitimidad de Maduro como presidente.
Días posteriores, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Grupo de Lima, el G7 y otras naciones de varios continentes manifestaron desconocer los resultados de las elecciones.
El candidato presidencial Carlos Mesa declara la segunda vuelta diciendo «Hemos logrado un triunfo incuestionable que nos permite decir con certeza que estamos en segunda vuelta» a tres horas de terminar el conteo de votos. A las 21 horas, el presidente Morales se declaró el ganador de las elecciones, diciendo: «Ganamos una vez más, son cuatro elecciones consecutivas que ganamos, es histórico e inédito», y que «Nuevamente somos mayoría absoluta».
El 21 de octubre de 2019, se celebró una conferencia de prensa del Órgano Electoral Plurinacional, que publicó datos del conteo rápido del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), publicado a las 19:30 horas, casi 24 después después de ser suspendido inicialmente, indicando que con el 95.30% de los votos verificados, el MAS de Morales obtuvo el 46.86% de los votos sobre el 36.72% de la Comunidad Ciudadana de Mesa, superando los 10 puntos porcentuales necesarios para evitar un segunda vuelta y, como resultado, Morales permanecería en el poder por un cuarto mandato.
Finalmente, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, presentó los resultados al 100 por ciento de las elecciones generales, donde el candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, ganó con el 47,08 por ciento de los votos y en segundo lugar quedó Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con 36,51 por ciento. La diferencia entre ambos es de 10,57 por ciento. Choque expresó su predisposición para que la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y otras instituciones puedan realizar la auditoría.
La Organización de Estados Americanos hace público el informe preliminar del Grupo de Auditores Proceso Electoral en Bolivia en el que se identifican diversas irregularidades.
La Secretaría General de la OEA emite un comunicado en que considera que el proceso electoral debe comenzar nuevamente. Señala también que aún falta el informe final:
En diciembre de 2000, con el fin de evitar las irregularidades detectadas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2000, los presidentes de Caltech y MIT, David Baltimore y Charles Vest, respectivamente, establecieron el Voting Technology Project (VTP), cuyas actividades incluyen el desarrollo de tecnologías para votaciones, mejorar la gestión de las elecciones y fomentar la investigación científica en la materia.
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