Alejo Ramos Padilla cumple los años el 30 de diciembre.
Alejo Ramos Padilla nació el día 30 de diciembre de 1975.
La edad actual es 48 años. Alejo Ramos Padilla cumplirá 49 años el 30 de diciembre de este año.
Alejo Ramos Padilla es del signo de Capricornio.
Alejo Ramos Padilla (30 de diciembre de 1975) es un juez federal de Argentina, titular del juzgado federal de Dolores desde el año 2011 a 2021. Graduado de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el año 2000. También ejerció como juez federal subrogante en Bahía Blanca, hasta su renuncia a partir del 31 de diciembre de 2015.
En febrero de 2021 juró como juez federal de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires.
Es hijo del juez Juan Ramos Padilla, que actualmente integra el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 de Capital Federal y es hermano de Juan Martín Ramos Padilla, exsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Ramos Padilla se recibió de abogado el 30 de junio del 2000 en la Universidad de Buenos Aires, se matriculó el 3 de noviembre del mismo año y ejerció independientemente la profesión hasta el 2011.
Tiene varios títulos de posgrado por la misma casa de estudios, entre ellos:
Como docente es adjunto interino desde marzo de 2007 en la Universidad de Buenos Aires en el curso Ciclo Profesional Orientado “Relaciones del Departamento de Derecho Penal II”; además de ayudante por concurso en la materia “Derecho Penal y Procesal Penal”, de la misma casa de estudios.
Fue además docente en 2012 de la materia Derechos Humanos de la Universidad Atlántida Argentina, y en 2014 ejerció la docencia en la Escuela del Servicio de Justicia en la asignatura “Administración de Justicia y Derechos Humanos”.
Es autor de los libros “Crímenes de Lesa Humanidad en la Argentina” y "De la Cultura de la impunidad a la inexorabilidad del juicio y castigo” y de los artículos “La acusación en nuestro ordenamiento procesal y el carácter no vinculante del pedido de absolución fiscal” y el derecho a la verdad”, entre otros.
Participó como panelista en numerosas conferencias en el ámbito nacional e internacional, como las realizadas en las Universidad de Columbia, Universidad de Georgetown o reconocidas ONG como Human Rights Watch, International Center for Transitional Justice y Human Rights First.
Fue Consejero Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires durante los períodos 1998/9 y 2000/2001.
También fue director Ejecutivo de la Fundación Anahí por la Justicia, la identidad y los Derechos Humanos (2000-2011) y Coordinador del Área Investigación y Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires (2010-2011) y se desempeñó como Director General de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2001).
Trabajó en el Poder Judicial desde 1995 hasta el año 2000.
Como abogado participó en varias causas penales en las que se investigaron crímenes de lesa humanidad, entre ellos los denominados Juicios por la Verdad, en el primer juicio oral realizado después de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, y los procesos seguidos a Miguel Etchecolatz, Christian Von Wernich, Alfredo Saint-Jean, Jorge Rafael Videla, Santiago Riveros, Reynaldo Bignone, Luis Patti , entre otros. Promovió el enjuiciamiento de funcionarios civiles y magistrados que actuaron durante la dictadura.
Participó en el juicio en el que se determinó la existencia de una práctica sistemática de robo de bebés. Representó a los soldados conscriptos que fueron torturados durante la Guerra de las Malvinas y promovió la identificación de las 123 tumbas N.N. que se encuentran en el Cementerio de Darwin.
Asimismo fue abogado de la fundadora y primera presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani, a la que conoció cuando él tenía 10 años y considera una influencia clave en su vida, según contó a la salida del velatorio de Mariani. Fu admirador de Alfredo Bravo, de quien fue su abogado y a quien considera otra referencia en su vida, al tiempo que no oculta su admiración también por el expresidente Raúl Alfonsín.
Dos de sus fallos más conocidos como juez federal de Dolores fueron el que hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la Asociación Consumidores Argentinos y ordenó suspender los cortes de gas por falta de pago del servicio en todo el país; y el que declaró inconstitucional el nombramiento por decreto de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en diciembre de 2015, obligando al Poder Ejecutivo a enviar los pliegos de los candidatos al Senado de la Nación Argentina para su posterior aprobación.
Es un escándalo originado en Argentina que investiga Ramos Padilla, que incluye extorsiones económicas y judiciales, actividades de espionaje estatal y paraestatal con metodologías también ilegales por parte de agentes y exagentes orgánicos e inorgánicos de agencias nacionales e internacionales de inteligencia. Se conoció luego de la denuncia de un productor agropecuario al supuesto abogado Marcelo D'Alessio y al fiscal Carlos Stornelli por una supuesta extorsión para no ser indagado en una causa judicial.
El 13 de marzo de 2019 fue citado para presentar un informe sobre el Escándalo D'Alessio por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
Sobre las acusaciones de ser un juez militante respondió:
El gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza, molesto por la investigación judicial que Ramos Padilla lleva adelante, que involucra a Marcelo D'Alessio, Carlos Stornelli, periodistas, agentes de inteligencias y políticos del partido de gobierno, intenta desplazarlo vía juicio político en el Consejo de la Magistratura.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechazó la decisión del Gobierno nacional de pedir el juicio político al juez federal Alejo Ramos Padilla, y consideró que "deja a toda la ciudadanía en extrema vulnerabilidad". "La actitud del gobierno (...) sólo genera un marco propicio para consagrar la impunidad y que estas prácticas continúen", advirtió el organismo de derechos humanos bonaerense a través de un comunicado, en el que expresó "su preocupación y rechazo" ante la actitud del oficialismo. La CPM consideró necesaria, además, la intervención de "todas las instituciones de la democracia" (de la dirigencia social, sindical y política, los colegios profesionales y la magistratura) para proteger a Ramos Padilla, y reclamó los recursos necesarios para llegar "a la verdad y a la justicia".
A raíz de esta presunta intromisión del presidente en decisiones judiciales, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático denunció penalmente ante la Justicia Federal al presidente Mauricio Macri por intromisión a la Justicia. Anunciaron además que también harán lo mismo con el ministro de Justicia, Germán Garavano y el consejero Juan Bautista Mahiques por el pedido de destitución del juez federal de Dolores.
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