Germán Garavano
Germán Garavano cumple los años el 23 de octubre.
¿Qué día nació Germán Garavano?
Germán Garavano nació el día 23 de octubre de 1969.
¿Cuántos años tiene Germán Garavano?
La edad actual es 55 años. Germán Garavano cumplió 55 años el 23 de octubre de este año.
¿De qué signo es Germán Garavano?
Germán Garavano es del signo de Escorpio.
¿Dónde nació Germán Garavano?
Germán Garavano nació en Buenos Aires.
Germán Carlos Garavano (Buenos Aires, 23 de octubre de 1969) es un abogado y consultor en Reforma Judicial argentino, que se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 9 de diciembre de 2019. Fue fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y 2014 y consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Nacido en 1969, a los dieciocho años ingresó en el fuero federal penal. Luego ocupó todos los cargos de la carrera judicial hasta ser secretario de Juzgado. Estudió abogacía en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA), graduándose en 1994.
Realizó estudios de posgrado en el Instituto de Derecho y Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y el Centro de Investigaciones en Derecho y Economía de la Universidad Complutense de Madrid en España, como así también en el Reino Unido, invitado por el Foreign and Commonwealth Office y el Consejo Británico.
Antes de asumir el cargo de fiscal general en 2007, fue consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, juez del juzgado penal contravencional y de faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, elegido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, a propuesta del Gobierno Nacional.
En 2008, impulsó la creación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) dentro de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal de la ciudad.
En 2014 fue consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación representando a los abogados de la ciudad de Buenos Aires. Su lista ganó y acordó compartir el mandato con Adriana Donato.
También se desempeñó como director académico de la ONG Unidos por la Justicia desde abril de 2014. En cuanto a su vida personal, está casado y tiene tres hijos.
Como ministro de Justicia y Derechos Humanos, se impulsó de una Reforma Judicial en la Argentina que ha sido bautizada como "Justicia 2020", una serie de medidas para realizar cambios de fondo en el Poder Judicial de su país para el año 2020 que busca cumplir con los objetivos de la Nueva Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entre las reformas se destacan la creación de nuevos juzgados especializados y agilizar y modernizar los procedimientos judiciales, entre otras.
Bajo su gestión, impulsó el decreto Decreto 83/2015 del 14 de diciembre de 2015, mediante el cual se designaba en comisión a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti. Los jueces nombrados en comisión por el Poder Ejecutivo asumen sus funciones antes de recibir el acuerdo del Senado y ejercen el cargo en esa condición hasta el inicio del siguiente periodo legislativo, cuando sus nombramientos expiran a menos que sean convalidados por el Senado, según el artículo 99, inciso 19, de la Constitución. El procedimiento había sido usado en distintas oportunidades para designar jueces federales, pero tratándose de integrantes de la Corte Suprema solo existían once antecedentes: la conformación de la primera Corte Suprema en 1862, el nombramiento del juez Dámaso E. Palacio, confirmado por el Senado el 3 de junio de 1910, y los casos de José Domínguez (1872), Onésimo Leguizamón (1877), Manuel D. Pizarro (1882), Luis Vicente Varela (1889), Luis Sáenz Peña (1890), Benjamín Paz (1892) y José Federico Bidau (1962).
El procedimiento de nombrar en comisión desató una polémica pública en la que numerosos juristas expusieron que se trataba de un avasallamiento a la justicia independiente. El tema fue incluido entre los reclamos de una marcha realizada el 17 de diciembre y la jura de los jueces fue postergada por acuerdo de los poderes ejecutivo y judicial. Unos días después, un juez federal con competencia en el distrito judicial de Dolores, Alejo Ramos Padilla, frenó las designaciones a través de una medida cautelar, argumentando "gravedad institucional" y urgencia (ya que solo restaba la jura), la violación de los derechos adquiridos del pueblo mediante el decreto 222/03 a realizar objeciones, y las incongruencias de los fundamentos del decreto que los designaba. A pesar del fallo y las críticas, Garavano se manifestó a favor de los nombramientos en comisión de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte. Ante las críticas, el Poder Ejecutivo decidió retirar los nombramientos en comisión y proponer a los mismos postulados a través del procedimiento ordinario con la aprobación del Senado. Rosatti asumió en junio de 2016 y Rosenkrantz en agosto del mismo año.
En julio de 2018 impulsó un proyecto de ley que buscaba limitar las acciones judiciales de origen colectivo y que restringía la posibilidad de que más de una organización de derechos humanos o de consumidores puedan presentarse de manera conjunta en casos colectivos. De acuerdo con el proyecto, no solamente “limita” las acciones colectivas sino que, además, facilita las posibilidades para que un juez pueda rechazarlas y establece que los litigios deban ser planteados solo en la ciudad de Buenos Aires, limitando la facultad de los ciudadanos de las provincias. También se ha criticado el avance sobre la autonomía universitaria al proponer que la habilitaciones para ejercer como abogado sean acreditadas desde un ente formado por el poder Ejecutivo transfiriendo esa facultad que estaba reservada a las universidades.
Fue señalado como parte de una embestida del Gobierno para desplazar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a través de un proyecto de ley con la idea de vaciar de poder ese organismo y acotarle el mandato a cuatro años. El proyecto incluso pretendía hacer desaparecer todas las direcciones, unidades y procuradurías, que actualmente componen la actividad de la Procuración: Derechos Humanos, Lavado de activos, Violencia contra la Mujer, Seguridad Social, Ciberdelincuencia, Narcocriminalidad, Violencia institucional y los llamados Atajo, que atienden zonas de alta vulnerabilidad. Los cambios pretendían impulsar la salida de Gils Carbó y, de hecho, tenían su lista de candidatos a reemplazarla, como el fiscal Guillermo Marijuán, el fiscal Ricardo Sáenz, José María Campagnoli.
Se lo acusó de intentar controlar el poder judicial mediante la remoción de jueces críticos, entre ellos el juez platense Luis Arias quien falló a favor de los usuarios de servicios públicos y docentes, los fiscales Hernán Schapiro que investigaba la causa por los falsos aportantes de Cambiemos, y Juan Pedro Zoni, que estaba a cargo de la Causa Correo Argentino donde está imputado el Presidente Mauricio Macri por condonarle a la empresa de su familia una deuda con el estado de 70.000 millones de pesos y Gabriel de Vedia, quién impulsó investigaciones sensibles vinculadas a la ANSES y el desplazamiento de los jueces federales Oyarbide, Ballestero y Farah, quienes habían intervenido en la causa en la donde Macri estuvo procesado por las escuchas telefónicas ilegales durante su mandato como jefe de Gobierno porteño.
Germán Garavano es autor de:
En coautoría con Diego Gorgal y Eugenio Burzaco:
Garavano, cuando se desempeñó como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, recibió críticas por los fondos y gastos del Poder Judicial de la ciudad, además del incremento del personal del Ministerio Público Fiscal (500 personas en cinco años) y viajes realizados para participar en eventos, actividades, conferencias, entre otros. Según los críticos, en 2010 utilizó 17 millones de pesos argentinos para organizar en Buenos Aires la III Conferencia de la Asociación Internacional de Fiscales; gasto que habría incluido 25 mil pesos en la compra de maletines de regalo para los asistentes. Garavano rechazó esta afirmación a través de una resolución en la que sostuvo que el gasto total de la conferencia fue de 828.746 de pesos argentinos, en lugar de los 17 millones que se le atribuían; indicó también: "Entiendo que existió una suma de graves errores de información y niego cualquier irregularidad o desprolijidad de cualquier tipo, invitando a quien lo considere así a formular las precisiones o denuncias que correspondan".
También se afirmó que al año siguiente gastó 35 mil pesos para viajar a Corea del Sur a un congreso similar, donde se trataron temas de crímenes de guerra y testigos protegidos, que no son las competencias de la fiscalía porteña (que es de faltas y contravenciones). En 2012, se habrían gastado 70 mil dólares en un viaje para una capacitación sobre tercera edad. Entre 2011 y 2013, también habría realizado viajes al Reino Unido, Estados Unidos y los Países Bajos y una transferencia de 300 mil pesos argentinos para el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.
A poco de asumir, los trabajadores de Infojus —agencia de noticias judiciales que depende del Ministerio—, denunciaron las acciones de vaciamiento del portal, y la desaparición de unas 10 mil notas e investigaciones periodísticas y judiciales, denunciando que Garavano ordenó borrar las notas del portal, con lo cual desaparecieron coberturas enteras sobre temas de violencia institucional, violencia de género, femicidios, lesa humanidad, talleres textiles clandestinos, delitos económicos y lavado de dinero, narcotráfico, y casos de corrupción que comprometían a funcionarios del nuevo gobierno.
Entre las notas e informes judiciales que desaparecieron, figura documentación que involucraba al presidente Mauricio Macri en temas sensibles, como su imputación por espionaje ilegal como jefe de Gobierno porteño, la represión en el Hospital Borda, su directa responsabilidad en el incendio intencional del depósito de documentos vinculados a lavado de dinero de la empresa Iron Mountain en el que murieron diez personas, o la relación de la primera dama Juliana Awada con talleres de costura clandestinos con mano de obra esclava, entre otros. Ante consultas de diversos medios periodísticos, Germán Garavano argumentó que los artículos no habían sido borrados, sino que «Algunos pueden no estar accesibles». Poco tiempo después, se confirmó el cierre del portal.
Garavano fue criticado por mantener en abril de 2016 una reunión con Cecilia Pando, a quien diversos grupos consideran justificadora del terrorismo de estado. En esa oportunidad, la activista formuló reclamos por las condiciones de detención de militares sujetos a causas por delitos de lesa humanidad. El ministro declaró que la reunión no fue reservada y que el mismo día de la reunión Pando se cruzó en la sede del ministerio con representantes de organizaciones de derechos humanos; asimismo desmintió una afirmación del diario Página 12 que le atribuía la intención de modificar la Ley del arrepentido y aclaró había respondido a Pando que debía dirigir su planteo al Poder Judicial.A su vez, Pando dijo que había mantenido reuniones por el mismo reclamo con el gobierno anterior.
En abril de 2018, el ministro publicó un aviso fúnebre en el diario La Nación para despedir a Carlos Chasseing, interventor de la provincia de Córdoba durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacionalque la organización H.I.J.O.S. consideró “inadmisible”.en tanto Abuelas de Plaza de Mayo, pidió la renuncia de Garavano.
A fines de noviembre de 2017, acompañando a la ministra Patricia Bullrich en una conferencia de prensa luego de los episodios en los que fue asesinado el joven mapuche Rafael Nahuel y heridas otras personas, Germán Garavano expresó que «lo que el Estado argentino no puede permitir bajo ningún concepto es la violación de la ley, la extorsión o la violencia como forma y poner en crisis al estado de derecho [...] tiene que haber un repudio generalizado de estos grupos que usan la violencia» en referencia a la supuesta organización RAM. Pocos días después, ambos ministros coordinaban acciones con gobernadores de provincias patagónicas, con el objetivo de que los hechos que involucraran a la RAM y los reclamos mapuche fueran derivados al fuero federal, bajo la figura de "atentado contra el orden público", figura que se asemeja al concepto de terrorismo.
En abril de 2018, Germán Garavano afirmó que la caracterización de la RAM como grupo "terrorista" «fue una declaración política» sin sustento en evidencias surgidas de investigaciones judiciales.
El 16 de octubre de 2018 la diputada Elisa Carrió solicitó al Congreso el juicio político contra Garavano por presunto "mal desempeño en sus funciones" y eventuales "delitos en el cumplimiento de sus funciones". El pedido de juicio político fue firmado por diputados de la Coalición Cívica, entre ellos Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Javier Campos, Héctor "Toty" Flores, María Lucila Lehmann, Leonor María Martínez Villada, Alicia Terada y Orieta Cecilia Vera González. El escrito fue elaborado por Mariana Stilman, que integró el equipo de abogados del Estado en el caso AMIA hasta que asumió como asesora de Elisa Carrió.
El pedido de juicio político se presentó luego de que Garavano declarara públicamente, refiriéndose a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que “no es bueno para un país que un expresidente esté detenido preventivamente o se pida su detención”. Según Elisa Carrió, estas palabras implicaban una grave intervención en el Poder Judicial y vulnera la división de poderes.
Entre otros cargos, la diputada acusó al Ministro de haber manipulado algunos concursos para la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El Poder Ejecutivo solo posee un representante en el Consejo y las ternas son elegidas con el consenso de todos sus integrantes, provenientes de los diversos poderes del Estado y de la sociedad civil.
Garavano también fue cuestionado por haber designado en su cartera como asesora a la exprocuradora de la provincia de Buenos Aires María del Carmen Falbo, quien dejó su cargo en medio de acusaciones por encubrimiento de actividades vinculadas al narcotráfico. También cuestionó la actuación del Ministerio en la causa AMIA II, al haber solicitado la absolución de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados del encubrimiento del atentado.
En el caso particular de Barbaccia, el escrito de juicio político califica de “sospechosa” su protección por haber sido compañero del Ministro en un juzgado en la década del ‘90 y porque su esposa, Silvina Rivarola O’ Connor, fue designada directora de Coordinación y representante ante organismos internacionales de la Unidad de Información Financiera (UIF). Su designación estuvo a cargo de Mariano Federici, titular de la UIF, un órgano que no se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
El escrito además denuncia que José Console, abogado representante del Estado en la causa AMIA, también es secretario del Tribunal de Disciplina de Boca Juniors y, por lo tanto, está vinculado al presidente del club, Daniel Angelici, a quien Carrió acusó en reiteradas ocasiones de influir sobre la Justicia. Console fue nombrado a propuesta de Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad AMIA.
Respecto de la designación de Falbo como coordinadora ad honorem del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Criminalística, Carrió acusó a Garavano de obviar las acusaciones que pesan en su contra vinculadas al narcotráfico, en especial su actuación en la investigación del crimen de dos ciudadanos colombianos en un centro comercial y de la fuga de tres presos ligados al tráfico de efedrina que, según la diputada, están vinculados al exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Frente a esto, el Ministro puso a disposición su renuncia, pero el presidente Mauricio Macri se la denegó y lo ratificó en el cargo. Garavano también expresó que está dispuesto a ir a dar explicaciones a la comisión de Juicio Político en el Congreso en caso de que el juicio avance.
El Ministro recibió el apoyo de dirigentes políticos, magistrados, fiscales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Red Solidaria. En el Congreso, diputados del bloque de Cambiemos expresaron su desacuerdo con el pedido de juicio político. Para Daniel Lipovetzky, el pedido “no tiene fundamento”, mientras que Pablo Tonelli lo calificó de "una exageración". Para Eduardo Amadeo, “lo de Carrió fue una amenaza”.
La dirigente de la Coalición Cívica tampoco tuvo el apoyo de otras fuerzas aliadas a Cambiemos ni de la oposición, quienes le quitaron entidad a la denuncia por lo que, según el partido gobernante, es poco probable que el juicio político prospere en la Cámara de Diputados.
Otros dirigentes de Cambiemos también mostraron su apoyo a Garavano. El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, expresó que no había necesidad de un juicio político porque el Ministro solo había emitido una opinión. Otro dirigente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, también coincidió con las declaraciones de Garavano sobre la prisión preventiva.
En octubre de ese año se sumaría un nuevo pedido de juicio político por parte de la asociación que nuclea a familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, quienes afirman que “el ministro Garavano ordenó salvar a sus amigos imputados por irregularidades en la causa AMIA a través de la querella que representa al Estado argentino."
En 2017 fue denunciado junto a Laura Alonso por el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade por "negociar impunidad" con Odebrecht basado en que ambos funcionarios se habían reunido a espaldas de la Justicia con la empresa que pagó coimas en diferentes países. El fiscal Federico Delgado no dio curso a la denuncia y las partes acordaron que Tailhade realice una declaración pública retractándose.
En noviembre de 2018 el juez a cargo de la investigación concluyó que no había existido la desaparición forzada de Santiago Maldonado, sobreseyó al único imputado y decidió el archivo de la causa, sobre la base de la autopsia y de una pericia del INTI sobre el documento de identidad de Maldonado. La familia apeló la decisión.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, Jorge Colvis, del Instituto Sampay, y los representantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosenblum y José Schulman habían afirmado que se había producido la desaparición forzada de Maldonado y acusaron a Germán Garavano y a otros funcionarios por encubrimiento de ese delito, declarado después inexistente por la justicia.
El 5 de marzo de 2018, el presidente Mauricio Macri eliminó la Secretaría de Estado para el seguimiento de las causas AMIA y Alberto Nisman, que había creado dos años antes. Al disolverse la Unidad, fue cesado también el funcionario que estaba a cargo de la misma, el radical Mario Cimadevilla, quien el 22 de marzo de 2018, hizo una denuncia por supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA al ministro Garavano y a otros funcionariosque fue rechazada por la justicia.
El 12 de diciembre de 2015 el presidente Mauricio Macri había creado una Secretaría de Estado para el seguimiento de las causas sobre el atentado terrorista a la AMIA en 1994 y la muerte de Alberto Nisman en 2015, y designó para dirigirla al exsenador de Chubut, Mario Cimadevilla, de la Unión Cívica Radical, bajo la autoridad del ministro Garavano. Menos de dos años después, el gobierno, con participación de Garavano, consideró que la Unidad AMIA había "cumplido su ciclo" y que no había logrado los resultados esperados, evaluando el cierre de la misma. En febrero de 2017 la gestión de la Unidad AMIA fue cuestionada por la asociación de familiares de víctimas de la AMIA Memoria Activa, y por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, imputándole al ministro Germán Garavano haber dejado caer la acusación contra dos exfuncionarios acusados de encubrir el atentado a la AMIA en el juicio AMIA 2.
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