La delincuencia es una de las preocupaciones más urgentes que enfrenta Perú. Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público cada 5 minutos se comete un delito y el 82 % de los peruanos se siente inseguro en las calles según el estudio del Instituto de Integración.
Perú ha experimentado cada vez más altos índices de criminalidad, especialmente en los grandes centros urbanos. El delito más común en el Perú es el robo agravado. También se reportó casos de violencia, incluyendo violencia sexual, con una tasa de 30 reportes diarios a menores de edad para diciembre de 2004.
Perú tiene la tasa de robos de viviendas más alta del mundo, con 2.086 robos por cada 100.000 personas cada año reportado en el 2017.
En el 2014, según la encuesta realizada por el Barómetro de las Américas, Perú lideró la mayor tasa de victimización por la delincuencia con 30% superando a Ecuador, Argentina y Venezuela. En relación, se detalla que el principal tipo de delincuencia es el hurto o robo al paso (32%), robo con amenaza (19%), robo con arma (18%), robos de la casa (12%) y extorsión (8%). Para 2017 la cifra aumentó a 33%, en que el 57.5% de las víctimas afirmó haber sufrido robos en su vivienda.
En el Ranking de Competitividad en Viajes y Turismo evaluado por el Foro Económico Mundial, Perú se ubica en el puesto 117 de seguridad entre 141 países, dentro del rubro en lo referente a la fiabilidad de los servicios policiales esta en el puesto 135 mientras que los costos comerciales de la delincuencia en el 125.
En el 2014, según la encuesta realizada por el Barómetro de las Américas la inseguridad desplazó a la economía como el principal problema más importante en el Perú.
Según el Índice de Ley y Orden (GLO) de Gallup en 2019 tiene una calificación de 64 puntos, por encima de Argentina, México, Bolivia y Venezuela.
Según la PNP en 2008 se registraron 12128 jóvenes involucrados en 410 grupos de pandillas, responsables de 5318 hechos delictivos. Según Conasec en ese año, 370 grupos están localizadas en Lima y Callao.
Las principales instituciones encargadas de combatir el crimen en el Perú son: la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Nación.
Según el Ministerio del Interior, el 91% de detenidos por la Divincri son liberados.
Los problemas que enfrenta la policía son la falta de logística e infraestructura. Menos de la mitad de las comisarías cuentan con infraestructura adecuada y en buen estado según el I Censo Nacional de Comisarías 2012. La mitad de la policía labora en forma parcial bajo el sistema 24x24. Además, para 2022 se ha desembolsado 5976 millones de soles, aunque solo se invirtió el 11%, lo que se destina 69.9 soles por persona en Lima.
En 2021 el ministro del interior Avelino Guillén anunció medidas para combatir el crimen organizado.
La prensa roja es recurrente en los informativos televisivos. Dos de los programas de telerrealidad que extienden la cobertura de esta prensa son Alto al crimen (Panamericana y Willax) y Código 7 (TV Perú).
En el estudio de CIEC de 2017 señala que el departamento de Tumbes tiene la tasa más alta de asesinatos del país con 22.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Loreto es la más baja con 3.7.
De cada 100 personas 25 han sido víctimas de robo en Arequipa. El distrito de Cerro Colorado es el que más delitos fueron cometidos en el 2013 en Arequipa. Además, es la tercera ciudad con más delitos en el 2012.
En 2004 la Policía identificó los puntos de alto riesgo, incluido los Barrios Altos como la residencia principal de los asaltantes.
Según el Observatorio de la Criminalidad en 2015 del Ministerio Público los distritos con mayor incidencia delictiva son: Lima Cercado, San Juan de Lurigancho, Ate, La Victoria, Santa Anita, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Comas, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.
En 2021 la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 506 homicidios, de los cuales 219 fueron altamente violentos y cerca del concepto de sicariato.
En 2022 la policía visita por lo menos dos horas en los lugares con mayor recurrencia en Lima, entre ellos los distritos de La Victoria y El Agustino.
En 2021 se registraron 204 asesinatos, algunos de ellos relacionados con el crimen organizado.
En el estudio de CIEC de 2017 señala que en Loreto tiene la tasa más baja de asesinatos del país con 3.7 personas por cada 100 mil.
Desde 1992 la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (MPFN) se encargan del registro de fuentes de homicidios, anteriormente fueron deducidas por Ministerio de Salud. Según información de UNODC, es el vigéstimo país con más homicidios reportados en el mundo con 2006 registradas.
En 2012, Perú tenía una tasa de homicidios de 9,6 por 100.000 habitantes. En 2012 hubo un total de 2.865 asesinatos en Perú. En el 2014 se registró 2,076 homicidios y la tasa de 6.74 por cada 100,000 habitantes según la INEI. El 83.4% de las víctimas fueron hombres y el rango de edad fue el 36.5% entre 15 a 29 años, el 29.3% entre de 30 a 44 años y 16.9% entre de 45 a 64 años. Las ciudades con mayor tasa de homicidios por cada mil habitantes son Barranca (36), Trujillo (25), Tumbes (24), Chimbote (22), Pisco (12), Chincha Alta (12) y Huaraz (12).
En el informe de Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad 2011-2015, la causa de los víctimas de asesinatos son: venganza y delincuencia común en varones y celos y violencia familiar en mujeres.
Para 2017 la tasa es de 10 por cada 100.000 habitantes.
La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el Perú, por lo menos desde la última mitad del , y es considerada como uno de los temas a tratar en el gobierno central (según Ipsos-El Comercio en 2020). Estos actos nacen desde el periodo tardío del virreinato, y se consolidan por la llamada «cultura de la viveza».
El país, en el sentido económico, formuló su presupuesto desde mediados de ; pero llevó diferentes cambios para establecer su Estado de Derecho, hasta que en Constitución de 1979 se entablaron garantías para su correcto funcionamiento entre autoridades. Debido a su economía de libre mercado individualista, actualizado en la Constitución de 1993 como neoliberal, la corrupción es percibida con tolerada por los ciudadanos. En el ámbito de funcionario público (autoridades), este se populariza en dos frases: «roba, pero hace obras» (en relación que las autoridades recurren a los sobreingresos económicos como estímulo en obras), y «otorongo no come otorongo» (en la impunidad en cometer actos contra las leyes). Además ocurre con trabajadores temporales con servidores públicos. En consecuencia, la permanencia de actos de poca o nula transparencia: afecta en la calidad del ambiente de negocios, extiende la informalidad, y distorsiona los incentivos para brindar un mejor servicio; además, que se debilita la calidad del ámbito político del país, y dificulta la salida de la pobreza (1800 dólares adicionales en el salario individual pudieron ganarse para 2022).
Aunque una de las primeras redes de su tipo en instalarse ocurrieron en el virreinato de Manuel de Amat y Junyent, los escándalos continuaron en varios puntos de la historia nacional con pérdidas entre 1 a 6 puntos porcentuales del producto bruto interno.En algunos de ellos, Jorge Basadre, Manuel González Prada y otros más fueron críticos de la gestión de sus presidentes republicanos. Años después, ocurrió uno de los casos más notables en el y parte del con la corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori, mediatizada en el autogolpe de 1992, un año antes de la formación de aquella Carta Magna, con pérdidas casi multimillonarias por parte de la red criminal dentro del fujimorato.
Para el año 2000, se realizaron reformas políticas para apaciguar que duraron hasta 2002, que se notó una percepción negativa en sectores pobres del país. En 2021 se estimó pérdidas de más de 22 mil millones de soles. Además, la Procuraduría Anticorrupción de la Fiscalía, indicó que en 2015 el 92% de los alcaldes en el Perú son investigados por corrupción.
Según el Ministerio de la Mujer en 2014, 4 de 10 mujeres son víctimas de violencia familiar y genera una pérdida de 6.700 millones de dólares según el estudio de la Cooperación Internacional al Desarrollo GIZ y la Universidad San Martín de Porres.
El informe del Cepal mostró que el Perú ocupa el segundo lugar en latinoamericana en feminicidios, solo superado por Colombia, durante el 2013. En los últimos 6 años, 722 mujeres fueron víctimas de feminicidio.
Debido a los últimos casos de violencia de género registrados en el siglo XXI, se reveló las limitaciones que presentan las instituciones para proteger a las víctimas que inclusive afecta a la policía femenina (274 de ellas fueron agredidas en 2001). Un sistema judicial que presentan debilidades en la administración y los trámites judiciales por lo que no reciben una oportuna protección, el poco apoyo de las autoridades estatales y falta de coordinación entre la policía, la fiscalía y los jueces para atender de manera detallada e individualizada.
Recientemente, el asesinato por cuestiones de género ha sido incorporado en la legislación peruana de tipo penal. Dicha inclusión es resultado del interés del Estado y las organizaciones de la sociedad civil en producir políticas dirigidas a reducir la violencia de género, uno de ellos fue en 2011 en que tras el exponente aumento de asesinatos se elaboró la «ley contra el feminicidio» con prisión hasta por 25 años.
En el 2014, el 39% de la población penal está recluido por los delitos de robo agravado, hurto agravado y extorsión. El delito más común en el Perú es el robo agravado. Según la encuesta realizada por el Barómetro de las Américas se detalla que el principal tipo de delincuencia es el hurto o robo al paso (32%), robo con amenaza (19%), robo con arma (18%), robos de la casa (12%) y extorsión (8%).
En el 2015, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público informó que más de 250 robos y hurtos se producen cada día. En el 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informó que la tasa de robos es de 217 por cada mil habitantes.
En 2022 alrededor de siete mil teléfonos se pierden al día, según el exviceministro de Seguridad Pública Nicolás Zevallos Trigoso. A partir de la preocupación, cuatro mil celulares a nivel nacional son reportados diariamente a Osiptel.
Los especialistas en seguridad señalaron que para enfrentar este problema se debe contar vigilancia preventiva como la presencia policial y del serenazgo en las calles y mecanismos de articulación con la comunidad.
Según el Ministerio Público, se realizaron 3.849 denuncias por estafa en las fiscalías penales de Lima durante el 2005.
En el 2015, el 70% de los encuestados cree que el Perú va a convertirse en un narcoestado. En el 2012, el Perú se convirtió en el país con mayor área de cultivos de hoja de coca según informe de la ONU para el Crimen y las Drogas. La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca estimó 491 la producción potencial de cocaína y la hectáreas de cultivos de coca en 49.800 en el 2017.
Perú, para la década del 2000, es un país donde alberga organizaciones de trata de personas.
Desde la colonización del caucho, se evidenciaron acciones hostiles hacia las comunidades nativas como la asháninca. En 1993 se reportó un genocidio de 55 personas fallecidas. Entre 2002 y 2020 se reportaron alrededor de 96 asesinatos a líderes de comunidades, como muestra de la invasión de empresas clandestinas en territorio amazónico. Solo en 2022 se incluyeron a 171 líderes en el Registro sobre situaciones de riesgo del Ministerio de Justicia.
La protección contra comunidades andinas y selváticas está reconocida en el artículo 149 de la Constitución de 1993. En 2018 Perú firmó el acuerdo de Escazú para fomentar la protección a ellas.
La ley que rige el combate contra la delincuencia es la creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana creada en 2003 (Ley N° 27933). Cuenta con formulación gratuita de denuncias, de modalidades presenciales desde la comisaría, o virtuales como el Portal de denuncia digital.
Perú declaró estado de emergencia en determinadas ciudades:
Los peruanos son ahora víctimas de la delincuencia incluso en los lugares donde antes se sentían protegidos, por lo que la percepción de inseguridad ciudadana aumenta cada día. En los tres primeros meses del presente año, por ejemplo, los pasajeros de un bus del Metropolitano, los usuarios de una estación del Metro de Lima y los clientes de una agencia del Banco de Crédito del Perú, de Lince, vivieron esta realidad en carne propia cuando las instalaciones de esas instituciones fueron tomadas por asaltantes armados que, en minutos, lograron su objetivo.
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