Las elecciones de gobernadores Venezuela 2017 se realizaron en 15 de octubre de 2017, y en ellas se eligieron a los gobernadores de cada entidad federal, por primera vez en la historia no resultaron elegidos en conjunto con los legisladores de los parlamentos estatales, optando para el periodo 2017-2021. Fueron las novenas elecciones regionales que se realizaron en Venezuela desde 1989, por segunda vez separando las elecciones estatales de las municipales, las cuales podrían realizarse a mediados de 2018. La toma de posesión de los gobernadores se realizó en los días previstos de acuerdo a las respectivas constituciones de los estados ante los parlamentos regionales, precedidos por la polémica juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente.
La controversia sobre la fecha de las elecciones se presentó debido a los índices de popularidad del partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el cual controlaba 20 de 23 estados y podía perder gobernaciones de tener lugar las elecciones. En julio de 2016 se mencionaba como posible fecha el 11 de diciembre, situación que fue discutida entre gobernadores y el CNE, pero que no fue confirmada por las autoridades.
Diversas organizaciones no gubernamentales han señalado que la Constitución de la República establece que las elecciones deben realizarse cada cuatro años, y por ende el CNE entraría en desacato al no anunciar la fecha de convocatoria de los comicios. Vicente Bello, representante de la MUD ante el CNE, señaló en octubre que la Ley de Presupuesto para el año 2016 contemplaba 13 043 014 bolívares para la realización de las elecciones.
El 18 de octubre de 2016 la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que las elecciones regionales se realizarán a finales del primer semestre de 2017, declarando que el retraso se debe a una llamada "guerra económica" y los bajos precios del petróleo. Fuentes del gobierno indicaron que la verdadera razón del retraso fue la esperanza de que los precios del petróleo más altos pueden aumentar la popularidad del PSUV.
Finalmente el 23 de mayo de 2017 la presidenta del organismo electoral Tibisay Lucena anunció que las elecciones se realizarán el 10 de diciembre del mismo año. Sin embargo, el 12 de agosto la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) emitió un decreto que reprograma las elecciones para el mes de octubre, sin entregar una fecha específica. Posteriormente sería anunciada la fecha específica por el ente comicial para el 15 de ese mes.
Telesur reportó que una misión de 70 acompañantes internacionales, incluido el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), estuvieron presentes para las elecciones. Sin embargo, Liliana Hernández, coordinadora electoral de la MUD, denunció que el CNE no permitió observación internacional y no acreditó al Observatorio Electoral Venezolano para el acompañamiento durante las elecciones regionales.
El 18 de octubre de 2016 Tibisay Lucena, la presidenta del CNE, anunció que las primarias de los partidos que deseen realizarlas para definir a sus candidatos se llevarán a cabo entre marzo y abril de 2017. El 7 de agosto de 2017 Tibisay anunció que la Mesa de la Unidad Democrática no iba a poder inscribir candidaturas en siete gobernaciones debido a decisiones tomadas en esos estados: Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo.
Luis Emilio Rondón, rector del CNE, denunció durante la campaña varias irregularidades del CNE también señaladas por la oposición y por gobiernos como el de Canadá y Estados Unidos, y considera que el órgano electoral ha tomado varias medidas ilegales encaminadas a desmovilizar a los ciudadanos en las zonas consideradas mayoritariamente opositoras; recordó que la elección debía haberse celebrado en diciembre de 2016, cuando vencían los mandatos de los gobernadores de los 23 estados del país, y explicó que el CNE ha recibido quejas relacionadas con retrasos en la constitución de las mesas o en la llegada a las mismas de quienes deben ocuparse de ellas, además de problemas «tecnológicos con las máquinas de votación». También criticó que la televisión estatal, Venezolana de Televisión, transmitiera actos de propaganda electoral oficialista prohibidos por la ley desde el jueves. El rector calificó de «lamentable» que el propio canal público «esté infringiendo la normativa electoral». La más criticada de estas acciones fue la reubicación a menos de 72 horas de la elección de más de 250 centros de votación, muchos de ellos en zonas tradicionalmente opositoras y en los que votaban alrededor de medio millón de personas. La Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado declarando:
Aseguraron que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo son aliados del presidente Nicolás Maduro y que «Ambos se han convertido ahora en los principales asesores de Maduro en la organización de fraudes electorales». En el comunicado la MUD exigió al Ejecutivo Nacional la expulsión inmediata de los asesores nicaragüenses de Venezuela y le pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los gobierno de la región exigir a Nicaragua no entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, diciendo que «rechazamos la participación de Nicaragua en cualquier iniciativa relacionada con la situación de Venezuela». Liliana Hernández, coordinadora electoral de la MUD, denunció que el CNE no permitió observación internacional y no acreditó al Observatorio Electoral Venezolano para el acompañamiento durante las elecciones regionales.
Aunque el Observatorio Electoral Venezolano declaró que «hay incidentes pero estos son más aislados que generalizados», reportó varias irregularidades, como reportes de ausencia de testigos en centros de votación, que el portal web del CNE aún tenía datos desactualizados sobre la reubicación de centros electorales, que Carlos Ocariz, candidato a la gobernación de Miranda, postergó su derecho al voto por ser agredido y que en un centro electoral ubicado en Palo Verde le pedía a electores pasar por un «punto rojo» del PSUV para verificar sus datos después de votar. Durante las elecciones hubo negativa por parte del Plan República y miembros de mesa para que medios de comunicación registrasen el proceso. En el colegio Fermín Toro de Valencia uno de los testigos denunció que su credencial le fue arrebatada por un funcionario luego de que intentara tomar fotos del centro. Hasta horas de la madrugada, el Sistema de Medios Públicos transmitió propaganda electoral de los candidatos oficialistas, violando la normativa electoral. En Los Teques varias mesas electorales abrieron tarde y con miembros de mesa accidentales (electores esperando en la fila y testigos de mesa). Daniel Ascanio, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, sostuvo que simpatizantes del oficialismo tomaron el centro electoral más grande de Guarenas para impedir que los electores votaran. A pesar de que para las 10 a. m. la MUD registró más de 620 incidentes irregulares, la organización opositora aseguró que las denuncias representan aún un porcentaje bajo y estaban siendo atacadas regionalmente para solucionar los problemas. El ministro de defensa Padrino López reportó la comisión de 26 presuntos crímenes electorales, y Foro Penal Venezolano reportó 15 detenciones por los mismos, incluyendo una por tomar una foto a la papeleta electoral, entre las cuales la mayoría de los detenidos han sido liberados.
Después de las elecciones, el candidato por la MUD Carlos Ocariz aseguró que no reconocería a Héctor Rodríguez como gobernador del estado Miranda. Como parte de las denuncias realizadas por el candidato opositor, explicó que por ejemplo, en 403 centros de 1118 “no pudimos conectarnos con los testigos porque cerraron las líneas telefónicas”. Aseguró que tienen “todas las actas y las estamos revisando. Pero no es un tema solo de actas” ya que “en muchos centros de votación sacaron a nuestros testigos a la fuerza”. Detalló que, “de manera ilegal no permitieron las sustituciones que es un derecho nuestro y está establecido en la Constitución. Faltando 48 horas para que se instalarán las mesas de manera inescrupulosa e ilegal el CNE hace una movida y cambia de su centro de votación a 225 mil mirandinos”. Explicó que hicieron una reingeniería con las reubicaciones de centros y esto “afectó notablemente los resultados”. Agregó que las personas que se movilizaron en autobuses a los centros reubicados, los asaltaron y golpearon (…) utilizaron la violencia como herramienta para evitar el voto”. “Vimos lo que es la masificación del voto múltiple al no haber tinta indeleble” y agregó que Venezuela enfrenta actualmente “un sistema absolutamente fraudulento”. “Hay inconsistencias numéricas entre las encuestas y los resultados electorales“. El comando de campaña de Ocariz denunció que el Plan República no permitiió el 74% de las auditorías ciudadanas, que en 242 centros la transmisión de datos ocurrió pasadas las 8:30 p. m.. y que el PSUV recibió más de 67 mil votos luego de la hora oficial de cierre de los centros de votación.
La Mesa de la Unidad Democrática difundió un comunicado fijando una postura y denunciando las diversas irregularidades durante el proceso, entre las cuales se encuentran:
El portal oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó en su portal resultados en Bolívar que confirmaban la victoria de la oposición, eliminándolos en cuestión de horas. El candidato opositor a la gobernación, Andrés Velásquez, anunció antes de que el CNE contabilizara los votos de que los resultados que lo mostraban como ganador eran «irreversibles», declarando tener el 100 % de las actas, señalando que el CNE no las había contabilizado por intentar revertir la ventaja obtenida y asegurando que hasta el momento tenía 50,42 % de votos adjudicados, 272 960 votos, mientras que el PSUV tenía el 49,58 %, lo cual representa 268 361 votos.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú pidieron una "auditoría independiente" de las elecciones regionales "ante los diversos obstáculos, actos de intimidación, manipulación e irregularidades que caracterizaron a los comicios", con el fin de aclarar la controversia generada sobre los resultados.
El 18 de octubre, el candidato para el estado Bolívar Andrés Velásquez denunció como "fraude" el nombramiento del candidato Justo Noguera Pietri a la gobernación de Bolívar, alegando la existencia de actas invalidadas. Ese mismo día, el diputado Enrique Márquez presentó comparaciones de las actas de escrutinio de varias mesas de votación con los resultados mostrados por el CNE, en las que le restaban votos a Andrés Velásquez y le añadían votos a Justo Noguera Pietri, incluyendo una mesa en donde mostraban un porcentaje de participación de 96,67 %.
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