El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es una institución gubernamental, autónoma, dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al instituto, llamada entonces asegurado o derechohabiente.
El IGSS fue creado por el Decreto No. 295 del Congreso de la República de Guatemala y firmado por el entonces Presidente de la República de Guatemala el Doctor Juan José Arévalo, actualmente se encuentra anexada al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sin embargo esto no impide su autonomía.
La misión del IGSS es la siguiente: Proteger a nuestra población asegurada contra la pérdida o deterioro de la salud y del sustento económico, debido a las contingencias establecidas en la ley. La visión es: Ser la institución de seguro social caracterizada por cubrir a la población que por mandato legal le corresponde, así como por su solidez financiera, la excelente calidad de sus prestaciones, la eficiencia y transparencia de gestión.
La junta directiva es la autoridad suprema del Instituto y, en consecuencia, le corresponde la dirección general de las actividades de éste, y está integrada por seis miembros propietarios y seis miembros suplentes de la siguiente forma:
Los miembros propietarios deben ser sustituidos en sus ausencias temporales o accidentales por sus respectivos suplentes.
En caso de falta definitiva de un propietario, debe ocupar el puesto de éste su personas o entidades encargadas de hacer el nombramiento que proceda deben limitarse a designar un nuevo suplente también por el resto de dicho período. (Artículo 6, Capítulo II, de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295 del Congreso de la República).
Los miembros suplentes de la actual Junta Directiva son:
* Señora Reny Mariane Yasmina Bake Barillas, por el Organismo Ejecutivo.
* Por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala.
* Dr. Erick Arnoldo Porres Mayen, por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
* Dr. Conrado Antonio Rivera Lara, por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.
* Ernesto Morales Pinzón, por el sector Patronal.
* Juan Francisco Mendoza Estrada, por el sector Laboral.
Todo aquel trabajador que pague sus cuotas al instituto es considerado «afiliado» al mismo. En 2014, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social contaba con aproximadamente un millón doscientos mil trabajadores afiliados, de los seis millones de ciudadanos económicamente activos en el país.
Las prestaciones en dinero por los cuales el IGSS se responsabiliza son:
El Gobierno de Guatemala, durante la presidencia del Doctor Juan José Arévalo Bermejo gestionó la llegada a Guatemala de dos técnicos en materia de Seguridad Social; ellos fueron el Lic. Oscar Barahona Streber, oriundo de Costa Rica y el chileno Walter Dittel quienes hicieron un estudio de las condiciones económicas, geográficas, étnicas y culturales de Guatemala. El resultado de este estudio lo publicaron en un libro titulado Bases de la Seguridad Social en Guatemala. Al promulgarse la Constitución de la República de los gobiernos revolucionarios, se incluyó entre las Garantías Sociales en el Artículo 63 el establecimiento de un Seguro Social obligatorio.
El 30 de octubre de 1946, el Congreso de la República de Guatemala, emitió el Decreto número 295, Ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por medio del cual se creó la institución. La ley orgánica especifica que el IGSS es autónomo, tiene derecho público de personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala, un régimen nacional, unitario y obligatorio de Seguridad Social, de conformidad con el sistema de protección mínima.
La más reciente Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985, señala en el artículo 100 que en cuanto a Seguridad Social el Estado reconoce y garantiza el derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nación.
Debido a los contratos millonarios y fuertes ingresos que maneja el Seguro Social, ha estado expuesto a graves casos de enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, el 2 de mayo de 2006 una corte de apelaciones revocó la sentencia de trece años de prisión y la multa de veinticinco millones de quetzales que se le habían impuesto al vicepresidente del IGSS, Jorge Mario Nufio por apropiacidn ilícita de trescientos cincuenta millones de quetzales en 2005. Otra caso fue el del presidente de la Junta Directiva Carlos Wohlers, quien fue enviado a prisión en 2006 por falsificaciones que hiciera en la transferencia de fondos del instituto.
En 2007, el expresidente de la Cámara del Agro de Guatemala, Luis Reyes Mayen, fue nombrado como presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Reyes Mayen tendría que haber abandonado el cargo en 2009, pero continuó en el cargo hasta que fue destituido por el presidente Otto Pérez Molina en 2013 quien afirmó que Reyes Mayén ejercía de manera ilegal el cargo, pues el mandato para el que fue designado ya había vencido, y que había serias denuncias de corrupción en su contra.
Una semana después de ser destituido Reyes Mayen, se produjo un escándalo cuando el destituido presidente apareció en un video obteniendo favores sexuales en su despacho de parte de una supuesta empleada que le pide un ascenso para nuevas plazas en el IGSS. El escándalo provocó diversas reacciones: por ejemplo, el nuevo presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, dijo que en el despacho se encontraron otros materiales comprometedores e inmorales, por lo que se levantó el acta respectiva con notario y auditor.
El nuevo presidente de la institución advirtió que las evidencias servirán para entablar acciones legales, administrativas o penales, contra su antecesor, quien se entregó finalmente en enero de 2015, aunque quedó en libertad condicional luego de cancelar una medida sustitutiva por quinientos veinticinco mil quetzales.
En abril de 2013, el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina designó a Juan de Dios Rodríguez como nuevo presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en sustitución de Luis Reyes Mayen. La principal misión de Rodríguez, dijo entonces el mandatario, era «limpiar la corrupción» el Instituto.
Criticado inicialmente por su abrupta toma del control del Seguro Social y por su falta de idoneidad para el cargo, el exmayor Juan de Dios Rodríguez fue posteriormente acusado de procesos de licitación anómalos y compras sobrevaloradas sin que se pudiera comprobárselo.
Entre otros actos de corrupción de Rodríguez figurarían la compra de un sistema de software valorado en más de doscientos cincuenta millones, el incremento de las compras directas de medicamentos y licitaciones dirigidas a nuevos proveedores, y cambios en el Listado Básico de Medicamentos.
Bajo la dirección de Rodríguez, el Seguro Social adjudicó el 20 de diciembre de 2014 un contrato superior a los ciento dieciséis millones de quetzales a la Droguería PISA, la que a su vez subcontrató a un sanatorio privado para tratar a quinientos treinta enfermos renales, ya que no tenía capacidad para hacerlo en sus instalaciones. El convenio era proporcionar a los afiliados diálisis peritoneal en forma continua, o ambulatoria o en la unidad de consulta externa.
El miércoles 25 de febrero de 2015, la organización popular «Acción Ciudadana» (AC) calificó como lesivo dicho contrato ya que la adjudicación se otorgó a la empresa que ofertó un menor costo, pero que en realidad no tenía la capacidad para atender a los enfermos que requerían los servicios de diálisis peritoneal. La firma Baxter, que perdió la licitación, era la que en los últimos seis años suministró diálisis a los afiliados del Seguro Social que padecen de los riñones; el servicio era satisfactorio ya que llevaba medicamentos y el servicio viviendas de los enfermos si era necesario.
Estos son, entre otros, los factores negativos del caso tanto en lo relativo a Pisa como el sanatorio particular subcontratado:
El 20 de mayo de 2015 se descubrió el caso de corrupción de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuyos integrantes fueron capturados por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renales y que es acusada de causar la muerte de varios pacientes por las deficiencias en el tratamiento, falta de limpieza e insuficiencia de las instalaciones.
En total hubo dieciséis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto Pérez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling -que ya ha sido involucrada en las escuchas telefónicas del caso de La Línea. Molina Stalling fungía como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias. Según la investigación, los detenidos se concertaron «con el ánimo de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» y se habrían quedado con el quince por ciento del total del monto del contrato, el cual asciende a los ciento dieciséis millones de quetzales.
Entre los capturados también estaba Max Quirín Schöder, vocal de la Junta Directiva en representación del CACIF, quien desde 1990 había destacado en el mundo empresarial cafetalero; sus negocios y fincas se concentran en la Empresa Comercial Agrícola, S.A. (ECOAGRO) con sede en Cobán. En Alta Verapaz se localizan la mayor parte de sus plantaciones cafetaleras, herencia del potentado cafetalero alemán, Erwin Paul Dieseldorff, quien constituyó un emporio del aromático a finales del siglo xix. Bisnieto de Dieseldorff, Quirín Schöder también heredó la representación empresarial ante las asociaciones y cámaras agrícolas (CACIF) construida por su padre Fredy Quirín Dieseldorff, quien durante las décadas de 1970 y 1980 dirigió en varias ocasiones la Cámara del Agro y la desaparecida Unión Nacional Agropecuaria (UNAGRO) como representante de la Asociación Nacional de Ganaderos del Norte.
El MP y la CICIG informaron que con sus investigaciones establecieron que Otto Fernando Molina Stalling -entonces asesor del seguro social- junto con Edgar Rodolfo García-Granados Reyes se comprometieron con directivos de la droguería PISA a que el IGSS firmaría un contrato con ellos para los servicios de diálisis peritoneal continua ambulatoria para la unidad de consulta externa de enfermedades. Ahora bien, como integrantes de la junta de licitación de ese contrato, Molina Stalling y García-Granados habrían incurrido en irregularidades al adjudicar el contrato a un oferente que había subcontratado el servicio de diálisis. Además, los investigadores determinaron que la junta directiva del IGSS integró la junta de licitaciones de una forma «ligera y descuidada», con personas que no tenían la aptitud suficiente para abordar las propuestas que se hicieron.
Además, la CICIG y el MP reportaron que García-Granados y Ramiro Lorenzana Ortiz habrían participado en otra liticación para servicio de hemodiálisis, pero que no fueron favorecidos porque habría habido un soborno mayor; en este caso, de acuerdo a las escuchas telefónicas interceptadas, el pago ilegal negociado sería del quince al dieciséis por ciento de la adjudicación. Por su parte, los miembros de la Junta Directiva del IGSS fueron sindicados de fraude, pues en la sesión ordinaria del 4 de noviembre de 2014 aprobaron por unanimidad la adjudicación luego de analizar lo actuado. Entre los miembros de la junta directiva del IGSS capturados estaba también Julio Roberto Suárez Guerra, presidente del Banco de Guatemala, por delito de fraude.
La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo que se está investigando si hubo negligencia médica en este caso ya que hubo varias denuncias recibidas de los familiares de los pacientes que fallecieron supuestamente a causa del tratamiento deficiente que recibieron con la empresa PISA; el 13 de mayo de 2015 el procurador general de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo de León Duque, presentó una denuncia por siete casos por muerte de pacientes.
Con respecto a la captura de Max Erwin Qurín Schoder, representante ante la Junta Directiva del IGSS por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el vicepresidente de esta entidad empresarial indicó que no estarán defendiendo a nadie que esté involucrado en hechos de corrupción. Quirín Shoder, junto con el resto de la Junta Directiva del IGSS fue sindicado por el delito de fraude.
Por la tarde del 20 de mayo se conoció que la jueza asignada al caso, Silvia Violeta de León Santos, fue señalada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en 2013 de pertenecer a un grupo que en ese momento denominón Jueces de la Impunidad, para quienes solicitó un antejuicio que permitiera el enjuiciamiento respectivo. Sin embargo, ese procedimiento no prosperó porque la Corte Suprema de Justicia lo declaró improcedente.
También se supo que los representantes del sindicato de trabajadores del IGSS (STIGSS) paralizaron sus labores en la consulta externa del hospital de accidentes y bloquearon la Calzada San Juan -una de las de mayor circulación vehicular en la ciudad de Guatemala- como medida de presión para que la representante del IGSS and la Junta Directiva de dicho instituto fuera liberada.
El 26 de mayo, el juzgado resolvió ligar a proceso penal por el delito de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones a Otto Molina Stalling, hijo de la Magistrada Blanca Stalling. Herbert García-Granados, particular y presunto negociador, quedó ligado por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. Por su parte, Ramiro Lorenzana Ortiz y Edgar René de la Peña, ambos directivos de PISA, quedaron ligados por cohecho activo. El médico Arturo Castellanos Poou será procesado por asociación ilícita. Respecto a los trabajadores del IGSS, la jueza ligó a proceso a las cinco enfermeras que formaron parte de la comisión de licitación por el delito de fraude. Finalmente, todos los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fueron ligados a proceso por las supuestas anomalías en el contrato que se firmó con la farmacéutica PISA. Todos los acusados fueron conducidos a prisión preventiva; los hombres fueron enviados a la cárcel del cuartel Mariscal Zavala y las mujeres a la cárcel de Santa Teresa.
El 24 de julio de 2015 la policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP) y apoyados por personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dieron cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el Juzgado Primero de Instancia Penal por el delito de incumplimiento de deberes de Walter Omar Linares Pacheco, jefe de consulta externa del IGSS.
El detenido era el responsable de remitir a los pacientes con insuficiencia renal hacia las instalaciones de Pisa de Guatemala S.A. para que recibieran el tratamiento. Sin embargo, se estableció por medio de escuchas telefónicas que Linares Pacheco conocía de la situación precaria en la que se atendía a los pacientes remitidos. Se le acusa de no haber adoptado las acciones pertinentes para resguardar la vida de los pacientes remitidos, ya que, aun estando consciente de que corrían peligro inminente, nunca frenó el envío de pacientes renales a dicha droguería.
El 13 de agosto el Ministerio Público dio inicio a las investigaciones para declarar extinción de dominio sobre los bienes de los implicados en el Caso IGSS-Pisa; en un reporte presentado a la prensa local, se supo que Otto Fernando Molina Stalling, registró cuarenta eventos de contratación con el IGSS y dos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en su agenda. De acuerdo con la fiscalía, entre los concursos se encuentran unos que corresponden a la compra de alimentos y alquiler de servicios técnicos y esto podría haber usado para conseguir que las compañías fueran elegidas a criterio de Molina Stalling y sus colaboradores. El 12 de agosto Molina Stalling había tratado de cambiar los delitos por los que fue ligado a proceso y salir de prisión con una medida sustitutiva, pero no le fue posible ya que la jueza a cargo del caso rechazó su petición. El MP y la CICIG también revelaron que Molina Stalling se comunicó con Herbert García-Granados, representante de Pisa, por medio de la red social Viber.
Tras meses de letargo, el proceso retomó notoriedad en enero de 2017. cuando el MP y la CICIG solicitaron antejuicio contra la magistrada Blanca Stalling por presunto tráfico de influencias para influir a favor de su hijo, Molina Stalling; tras retirarle la inmunidad el 6 de febrero de 2017, la aún magistrada fue capturada por la policía el 8 de febrero cuando estaba disfrazada con una peluca y armada.
El 17 de junio de 2015 la fiscal general Thelma Aldana y el comisionado de la [CICIG] Iván Velásquez ofrecieron detalles de los resultados de la investigación en torno a la adjudicación anómala del arrendamiento, por dos años y tres meses -vía cotización-, de tres niveles del edificio Plaza Minerva donde opera el Seguro Social en la ciudad de Chiquimula. Por el mismo caso la Policía, el Ministerio Público y la CICIG capturaron en allanamientos domiciliares a Jorge Mario López Pellecer -director del IGSS en Chiquimula-, Francisco Cortez Bocaletti –Jefe de Servicios Contratados-, Alma Méndez Blanco, Lester Ortiz y Salvador Rolando Álvarez Mérida. De manera paralela, ambas instituciones presentaron esta mañana en la oficina de Gestión Penal, de la Torre de Tribunales capitalina, una solicitud de antejuicio contra el legislador Hichos López por los delitos de fraude y asociación ilícita.
La CICIG y el MP comprobaron en el portal de Guatecompras el proceso seguido para el arrendamiento del inmueble, registrado a nombre de Comercial y Constructora Siboney, S. A., firma de la que el congresista sería presidente de su Junta Directiva, lo que facilitó la forma de firmar el contrato por más de Q2 millones; se subrayó que todos los señalados incurrieron en delitos porque, antes de publicar la invitación a ofertar, llevaron a cabo la remodelación del inmueble, se violó la Ley de Compras y Contrataciones, hubo bloqueo a la posible participación de más empresas en la licitación y que las engañaron con datos falsos. De ahí el cargo de asociación ilícita, que, además, permitió que Hichos López recuperara lo invertido en los trabajos físicos efectuados en el Plaza Minerva. Los dos funcionarios indicaron que también los imputados ejecutaron ciertas operaciones en Guatecompras para aparentar legalidad en el contrato.
En 16 de julio de 2015, la CICIG presentó su reporte de financiamiento de partidos políticos en Guatemala e indicó que una forma de finacimiento era el apoyo de los grupos élites en aportes monetarios o contribuciones que van desde el financiamiento de actividades del partido hasta el apoyo logístico para el transporte de candidatos. Estos grupos han mantenido influencia en el Ejecutivo y en el Legislativo a cambio de estos aportes, que constituyen ilícitos porque no son reportados al Tribunal Supremo Electoral; las razones para ocultar estos aportes son: (a) no existe una cultura de transparencia en las donaciones políticas y los empresarios prefieren que sus nombres no aparezcan vinculados con proyectos políticos particulares, (b) en muchas ocasiones se apoya a varios candidatos en una misma contienda electoral, y (c) para el partido es mejor no declarar los recursos recibidos y así poder manejarlos a discresión.
La CICIG pudo identificar tres formas de financiamiento de las élites empresariales a los partidos políticos, entre ellas la figura del recaudador, quien es una persona que recibe aportes para campañas electorales sin reportarlos al TSE ni a la contabilidad de los partidos y ya en el gobierno favorecen a los financistas. Los recaudadores actúan en los diferentes niveles de la competencia política y movilizan fondos de proveedores del Estado, donantes que prefieren mantener el anonimato y estructuras criminales. En las campañas presidenciales actúan independientemente de los partidos movilizando recursos directamente para el candidato presidencial.
Durante el gobierno de Álvaro Colom, Gustavo Alejos fue nombrado secretario privado de la presidencia, desde donde logró una importante influencia política y convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. Había sido financista y operador de Colom durante las campañas de 2003 y 2007 e influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante este período, las empresas vinculadas con é fueron beneficiadas por contratos públicos y su hermano y padre fueron nominados como candidatos a diputados por la UNE.
El 27 de octubre de 2015, el Ministerio Público y la CICIG allanaron varias propiedades de Gustavo Alejos Cámbara y capturó a más de diez personas que lo habrían ayudado en actividades de ventas irregulares de medicinas al Estado de Guatemala y especialmente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. De acuerdo a los documentos presentados por la CICIG y el MP, la red dirigida por Alejos Cámbara habría funcionado de esta forma:
Entre los más de treinta allanamientos se capturaron a once personas, entre quienes se encuentran:
A continuación se presenta la cronología de los casos de corrupción que se descubrieron en el IGSS en 2015:
Se creó el concurso de licitación en Guatecompras, que es el sistema de compras del Gobierno de Guatemala.
La Corte Suprema de Justicia da trámite al antejuicio presentado en contra del presidente Otto Pérez Molina por el caso IGSS-Pisa y el de «La Línea» y lo traslada al Congreso para que éste le dé trámite.
El 23 de noviembre de 2016, la CICIG y el MP capturaron a cinco personas sindicadas de cometer ilegalidades en tres eventos administrativos en el IGSS que ocurrieron entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014. Los casos fueron:
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