Universidad de Palermo
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Patricia Bullrich (Buenos Aires, 11 de junio de 1956) es una política judeo-argentina que preside el partido Propuesta Republicana (PRO). Fue diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los períodos 1993-1997 y 2007-2015, ministra de Trabajo entre octubre de 2000 y octubre de 2001, ministra de Seguridad Social entre octubre y diciembre de 2001 y ministra de Seguridad entre 2015 y 2019.
Nació el 11 de junio de 1956 en el Instituto del Diagnóstico, en Buenos Aires. Es hija de Alejandro Bullrich (médico clínico y cardiólogo) y de Julieta Luro Pueyrredón.
Su hermana fue esposa de Rodolfo Galimberti, líder de Montoneros.
Por su parte materna, forma parte de la familia tradicional argentina de los Pueyrredón, de linaje francés e irlandés,cuyos miembros más destacados fueron Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata (1816-1819); y Honorio Pueyrredón, ministro de Agricultura (1916) y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores (1917-1922) del presidente Hipólito Yrigoyen. En su familia también hubo dos intendentes de la Ciudad de Buenos Aires: Adolfo Bullrich (1898-1902) y Carlos Pueyrredón (1940-1943).
Desde chica jugó al hockey sobre césped. Para ese entonces ya participaba en la Juventud Peronista, al mismo tiempo que trabajaba en el local de comidas rápidas Cheburger.
Terminó la secundaria en 1975. Tuvo intentos por recibirse de socióloga y abogada, hasta que finalmente en 2001 se graduó como Licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Comunicación en la Universidad de Palermo. En 2009 obtuvo el título de Magíster en Ciencias Políticas y Doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín (UNSAM).
A los 15 años empezó la militancia en la Juventud Peronista, recorriendo los conventillos de barrio de Abasto. Estuvo en la masacre de Ezeiza el día que volvió Perón, y en la Plaza de Mayo cuando el presidente echó a los Montoneros.
Miembro de Montoneros, brazo armado del Peronismo, obtuvo el rango de segunda teniente en la organización, relacionada con Rodolfo Galimberti y Roberto Perdía, líderes de alto rango de esa organización. Se hacía llamar Carolina Serrano en la guerrilla. Hoy se la conoce por el apodo «La Piba». A Bullrich se le atribuyen vínculos (nunca verificados) con un grupo capitaneado por Rodolfo Galimberti. A Galimberti se lo ha relacionado con dos muertes jamás esclarecidas de su hermana y la de Jorge Cedrón, a lo que se agrega el secuestro extorsivo de Saturnino Montero Ruiz, en mayo de 1980, hechos que no estaban relacionados con una eventual actividad política sino con la delincuencia organizada, según el historiador y periodista Juan Gasparini.
Tras el regreso de la democracia, se acercó a Antonio Cafiero en la renovación peronista. En 1993 fue elegida diputada por la Capital, en la lista encabezada por Erman González y Miguel Ángel Toma. En este cargo dentro del bloque del PJ, apoyó las políticas adoptadas por Carlos Menem.
Después de un paso breve por la municipalidad de Hurlingham con Juan José Álvarez y de ocupar un cargo en el gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde, terminó recalando en la Alianza de la mano de Antonio de la Rúa y Fernando de Santibañes (exjefe de la SIDE).
En 1999, con la llegada al gobierno de Fernando de la Rúa, fue la primera mujer en ocupar la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En abril de 2000 decidió relevar a 112 guardiacárceles que facilitaban la salida de presos y los acompañaban en sus asaltos.
Entre octubre de 2000 y el mismo mes de 2001, Patricia Bullrich ocupó el cargo de ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación, siendo la primera mujer en el cargo. Asumió tras la renuncia de Alberto Flamarique, quien se vio involucrado en el escándalo de corrupción para aprobar la Ley de Reforma Laboral conocido como «la Ley Banelco».
El 6 de enero de 2001, Bullrich convocaba a reformar 400 convenios amparada en la ley Banelco. Impulsó un proyecto que eliminaba todas las asignaciones familiares a los trabajadores que cobraran más de mil pesos de sueldo y a cambio creaba una asignación de 30 pesos por hijo y una mochila con útiles escolares. Impulsó un plan de «transparencia sindical», que incluía entre otros puntos la obligación de presentar declaraciones juradas de ingresos por parte de los dirigentes gremiales.
Luego estuvo a cargo del recién creado Ministerio de Seguridad Social, desde octubre de 2001 hasta noviembre del mismo año, momento en el cual renunció. En el contexto de la llamada «ley de déficit cero», Bullrich impulsó y firmó el decreto que estableció la reducción del 13 % a los haberes de los trabajadores estatales y de las jubilaciones, cuyos montos fueran mayores a los ARS/USD 500 (pesos argentinos convertibles a dólares estadounidenses al mismo valor). Durante su gestión el desempleo se elevó del 15 al 25 %.
Creó el partido Unión por la Libertad (en ese momento llamado Unión por Todos) por el que fue candidata a la Jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en una alianza con Recrear. Bullrich quedó en un cuarto lugar con el 9,76 %, detrás de Mauricio Macri (37 %), Aníbal Ibarra (33 %) y Luis Zamora (12,3 %). También compitió por un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ocupó el sexto lugar entre más de treinta candidatos.
En 2007, el partido Unión por la Libertad se integró al frente Coalición Cívica de Elisa Carrió. Ese mismo año Bullrich encabezó en dicho partido la lista para Diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el periodo 2007-2011.
En diciembre de 2015 fue designada ministra de Seguridad de la Nación por Mauricio Macri.
A mediados de diciembre de ese año puso en funciones a su equipo en el ministerio, sin indicar sus planes y accionar general. Como mano derecha designó a Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que tuvo un papel destacado como defensor de los responsables de delitos de lesa humanidad en juicios en La Pampa y Concepción del Uruguay y a su vez sindicado como responsable directo de la caso Santiago Maldonado.
La primera medida de importancia tomada por la ministra Bullrich fue la declaración de la "emergencia nacional en seguridad", tomada el 17 de diciembre de 2015.
Una de las primeras medidas fue el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina a la Policía Metropolitana de Buenos Aires, en enero de 2016.
Pocos días después de iniciado el nuevo período presidencial, junto al jefe de gabinete Marcos Peña preparó un “protocolo de protesta social”. El protocolo permitía el uso de armas de fuego y balas de goma para dispersar cualquier protesta o reclamo y además limitaba la cobertura periodística. Los periodistas deberán ubicarse en "una zona determinada" por las fuerzas de seguridad impidiendo la cobertura y el libre ejercicio de prensa.La política de seguridad, llevada adelante por Patricia Bullrich, significó medidas como: la autorización a la policía a disparar sin dar la voz de alto, el aumento de la represión policial a la protesta social, y la aprobación de un protocolo contra la protesta social, este último considerada una de las medidas más polémicas del gobierno, llegando a tener repercusiones en diarios del exterior. Referentes de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca "amedrentar los reclamos". Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, la nueva normativa "otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales". Como elemento punitivo se aplicarán las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción. Paralelamente se dio un repliegue de 1800 efectivos del operativo Escudo Norte, de protección de las fronteras, y en el marco de recortes presupuestarios, se retiró del Operativo Fronteras el sistema de radares de vigilancia terrestre de la frontera norte. Durante su gestión bajó el número del rescate de víctimas de tráfico de personas. En un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%.
Referentes de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca "amedrentar los reclamos" y “disciplinar a la sociedad ante la creciente protesta social”. Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, la nueva normativa «otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales». Para la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda, «es increíble que con una mera resolución ministerial se pretenda avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización». El diario El País de España lo consideró una de las medidas más polémicas del gobierno.
A fines de 2018 impulsó un protocolo de uso de armas de fuego, que habilita a los efectivos de fuerzas federales a disparar a matar en cualquier circunstancia. Durante su paso por el ministerio se firmaron acuerdos con Estados Unidos, y la DEA para instalar una Fuerza de Tarea en Misiones, emplazamiento geopolítico fundamental sobre el Acuífero Guaraní y un Centro de Inteligencia Regional en Ushuaia cercano a los recursos geoestratégicos del Atlántico Sur y su cercanía a la Antártida. Además, se llevó a cabo la instalación de una base estadounidense militar de “asistencia humanitaria” en Neuquén, en las cercanías del yacimiento Vaca Muerta. Meses después Bullrich, anunció que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) instalará una base militar en Argentina.
En 2019 Correpi presentó un informe preliminar en el que sostiene que en 1110 días de gobierno de Cambiemos el aparato represivo estatal mató 1.206 personas, siendo el más fuerte incremento de la represión estatal desde 1983, con un promedio de más de 400 asesinatos estatales al año en el marco de sus diferentes modalidades, entre ellas gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desaparición forzada, represión a la protesta o conflictos sociales, etc.
El día 22 de diciembre de 2015, la Gendarmería Nacional reprimió con violencia una manifestación de empleados de una industria avícola que había cortado la Autopista Ricchieri, acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza, tras ordenar a los manifestantes abandonar el corte en cinco minutos. La represión, que consistió en dos cargas separadas por algunas horas, incluyó el uso de palos, balas de goma y camiones hidrantes, dejando entre diez y doce trabajadores heridos, de acuerdo al testimonio de los manifestantes. Cristian Villalba, delegado de los trabajadores, denunció que las agresiones fueron iniciadas por activistas políticos infiltrados en la manifestación. Bullrich declaró a los medios que fue ella quien dio las órdenes a la Gendarmería para desalojar a los manifestantes y que se utilizó «el mínimo de la fuerza». En un comunicado emitido ese mismo día por la cartera a su cargo se involucra al Partido Obrero (PO) como responsable de los incidentes, el comunicado además acusa: «Mientras se llevaban adelante las negociaciones, un grupo de militantes del Partido Obrero intentó ingresar al aeropuerto de Ezeiza, para tomar posesión del mismo. Allí, golpearon a un gendarme y desataron el conflicto.» A raíz de esto el Comité Ejecutivo del PO anunció el mismo día que presentaría una denuncia penal contra Bullrich «por calumnias e injurias, agravadas por provenir de altos funcionarios del Estado y, por lo tanto, de servirse de la mentira para pavimentar la persecución política.»
En la mañana siguiente dirigentes y abogados de la agrupación política presentaron la querella contra la ministra en el juzgado a cargo de la Dra. María Romilda Servini. Dichos dirigentes políticos calificaron el accionar de Bullrich como similar a lo hecho por el ministro Aníbal Fernández, quien en 2008 había acusado a ese mismo partido por los incidentes ocurridos en una formación de tren. Finalmente, en horas de la tarde el propio Ministerio emitió un segundo comunicado desdiciendo lo escrito en el anterior, entonces afirmaron que «en Seguridad nunca sostuvimos, ni involucramos al Partido Obrero como responsable de los hechos»; tras esta rectificación la querella no continuó.
En diciembre de 2017 se produjeron una serie represiones en el centro de la Capital Federal: al anochecer del 12 de ese mes hubo una fuerte represión con heridos y numerosos detenidos contra manifestantes que reclamaban contra la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuya reunión cumbre tenía lugar en esa ciudad.
A la tarde del día siguiente, una gran manifestación frente al Congreso Nacional contra un proyecto de ley que modificaría el cálculo de las jubilaciones a favor de los jubilados fue también violentamente repelida por la Gendarmería, con al menos un camión hidrante y balas de goma, y tres diputados nacionales agredidos (Victoria Donda, con heridas en un pie; Leonardo Grosso, víctima de mordidas por un perro de Gendarmería; y Juan Manuel Huss, quién sufrió una fisura en una costilla). Horacio Pietragalla fue agredido verbalmente. El grupo de manifestantes y legisladores pretendía dar un «abrazo» pacífico al Palacio del Congreso. La Gendarmería buscó por su parte evitar un acampe de movimientos sociales en la plaza del Congreso.
El 14 de diciembre de 2017, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para debatir y votar la reforma previsional, los alrededores del Palacio del Congreso de la Nación Argentina amanecieron vallados y rodeados por 280 efectivos de la Policía Federal Argentina, 900 de Gendarmería Nacional Argentina, 78 de Policía de Seguridad Aeroportuaria y 110 de Prefectura Naval Argentina, con el fin de impedir el paso de los manifestantes de partidos políticos opositores, organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, entre otras. Horas antes de los inicios de la sesión, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir brutalmente a los manifestantes concentrados en la Plaza del Congreso y la Avenida Callao, utilizando balas de goma, camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Los periodistas que cubrián la movilización se vieron afectados. Pablo Piovano, fotógrafo del diario Página 12, fue baleado por la policía. Declaró que «un policía me vio con mi cámara en mano y me disparó a medio metro», siendo herido en el pecho. Durante el operativo de la gendarmería, una joven de 25 años de edad que salía de su trabajo fue detenida y manoseada.
También fueron reprimidos por la gendarmería los diputados del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana en las puertas del Congreso, incluyendo ataques a Máximo Kirchner, Juan Cabandié, Axel Kicillof, el dirigente del Partido Obrero Marcelo Ramal, la diputada Romina del Plá y Nicolás del Caño, diputado del Partido de los Trabajadores Socialistas. Los incidentes ocurrieron cuando los diputados opositores forcejearon con los gendarmes al intentar ingresar al Congreso a sesionar. El diputado fueguino Matías Rodríguez recibió un golpe que lo dejó inconsciente y debió ser atendido por una ambulancia. La diputada Mayra Mendoza fue rodeada por policías, de los cuales uno de ellos la atacó con gas lacrimógeno, teniendo que ser atendida. El diputado neuquino Darío Martínez también fue atacado con gas lacrimógeno, debiendo ser asistido por bomberos. El diputado Leopoldo Moreau, de origen radical, fue herido en la manos por los escudos de los gendarmes. Gabriel Mariotto recibió un golpe que le provocó un corte debajo del ojo derecho. Myriam Bregman fue golpeada y denunció que la dejaron «sin aire».
Previo a la sesión, diputados del kirchnerismo, el Movimiento Evita y la izquierda llevaron a cabo una conferencia de prensa denunciando el «nivel de militarización nunca visto» en torno al Congreso Nacional. También se denunció la presencia de gendarmes dentro del Edificio Anexo de la Cámara de Diputados. Elisa Carrió, de la alianza oficialista Cambiemos, declaró que «no se necesitan tantos gendarmes, la ministra de Seguridad tiene que parar». «No hay que hacer tanta ostentación de la fuerza, no es bueno». Héctor Daer, uno de los titulares de la Confederación General del Trabajo también denunció la «militarización» del Congreso Nacional.
Horas después, más de una decena de los más representativos organismos de derechos humanos de Argentina emitieron un breve comunicado exigiendo el cese de la represión y la "inmediata" renuncia de Patricia Bullrich. Luego de las críticas, en el más alto nivel gubernamental se tomó la decisión de desplazar a Bullrich del mando del operativo de seguridad en el Congreso del día lunes 18 de diciembre, para atribuírselo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y a la Policía de la Ciudad.
La jornada del 14 de diciembre finalizó con 30 heridos (nueve de ellos policías) y 22 detenidos, además de múltiples daños materiales en la vía pública. Sumando a los días anteriores, el saldo total de detenidos llegó a las 48 personas.
En los días posteriores, testigos y medios denunciaron que durante el operativo del día 14 se utilizaron gases lacrimógenos vencidos.
En 2017 compró cuatro lanchas israelíes con armamento de guerra por casi 50 millones de dólares. Según advirtió la Federación de la Industria Naval Argentina con el mismo monto se podrían haber construido localmente 20 lanchas similares, aunque sin el armamento. Se señaló además que Colombia había suministrado a Brasil lanchas artilladas y blindadas similares a las israelíes por USD 2 millones cada una. La empresa beneficiada es Codesur, perteneciente al empresario Mario Montoto, que es nexo de la ministra con las autoridades israelíes. La compra fue realizada en forma directa y sin ningún tipo de licitación previa. Cada lancha fue comprada a un costo equivale a unos 12,5 millones de dólares por equipo, una cifra elevada comparada a tres lanchas que licitó la Prefectura Naval Argentina un año antes, con un costo de USD 120 mil por unidad.
En julio de 2019 se anunció la compra de 100 pistolas taser para ser utilizadas por los efectivos de las Policías Federal y Aeroportuaria en terminales ferroviarias y aéreas a partir de septiembre de ese año.
Durante su gestión bajó el número del rescate de víctimas de tráfico de personas. En un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%, contándose las personas explotadas laboral o sexualmente, que recuperaron su libertad. En 2015 fueron rescatadas 2.110 pero el número de recates disminuyó a 666 en 2014 y a 516 en 2017.
A finales de octubre de 2017, con la firma de Patricia Bullrich, se publicó en el Boletín Oficial el "Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT". Este documento crea el marco reglamentario para la actuación de todas las fuerzas policiales y de seguridad federales. Desde la Federación Argentina LGBT manifestaron su preocupación y malestar por lo que interpretan es un protocolo discriminatorio que viola el reconocimiento a la diversidad y los derechos individuales consagrados. En un comunicado, SUTEBA expresó su solidaridad y acompañamiento en el rechazo manifestado por las organizaciones que defienden los derechos del colectivo LGBT.
A mediados de ese año, se reveló la adquisición del software de espionaje israelí Pegasus por parte del Ministerio de Seguridad. En 2018, con motivo de la reforma del Código Penal, se intentó legalizar el uso de este programa por parte del Poder Ejecutivo para vigilar a cualquier ciudadano, a través de sus teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos, incluso sin orden judicial.
Durante su gestión se produjeron diversos hackeos en sitios web y redes sociales del gobierno, entre las que se encuentran la página de la Policía Federal, el Twitter de Profectura Naval y el de la propia Ministra. El más grave de ellos ocurrió en agosto de 2019 cuando se filtraron cientos de documentos de la Policía Federa, incluyendo escuchas telefónicas, legajos y huellas digitales.
En septiembre de 2017 se reglamentó la ley de cannabis medicinal que autoriza a INTA y CONICET a plantar cannabis con fines de "investigación y medicinales". El decreto reglamentario determina además que será el Ministerio de Seguridad el que disponga las habilitaciones de las plantaciones. En febrero de 2019, se dispuso que la plantación estará a cargo de la empresa CANNAVA S.E., propiedad del estado jujeño. La empresa funcionará en una finca estatal de 14 000 hectáreas, que fue cedida gratuitamente por un siglo y será presidida por el hijo del gobernador de Jujuy Gerardo Morales.
Durante su gestión se firmaron acuerdos con Estados Unidos, entre ellos un acuerdo con la DEA para instalar una Fuerza de Tarea en Misiones. Meses después Bullrich, anunció que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) instalará una base militar en Argentina. En 2018 el fiscal santafesino Walter Rodríguez denunció que «es alarmante» el nivel de «corrupción institucional» en las fuerzas federales que operan en Santa Fe cuya cabeza es Bullrich, denunciando además la complicidad de estas con el narcotráfico.
Según declaraciones de Bullrich en noviembre de 2019 durante su gestión se incautaron 810 toneladas de marihuana, lo que implica un valor monetario de $51.000 millones.
El 1 de agosto de 2017 durante la represión de una protesta llevada a cabo por la Gendarmería Nacional en el lof mapuche de Cushamen se produjo la desaparición de Santiago Maldonado. Su cadáver fue encontrado en el río Chubut 77 días después.
Los hechos se investigan en dos causas penales en la justicia federal argentina —una para investigar la desaparición y la otra para dilucidar la legalidad o ilegalidad del allanamiento—, así como dos expedientes ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Elido a que gendarmería depende del Ministerio de Seguridad se investiga también la responsabilidad de Patricia Bullrich y su fe de gabinete, Pablo Noceti.
La autopsia estableció que Santiago Maldonado «falleció por ahogamiento por sumersión», descartándose la existencia de moretones o traumatismos asociados a una muerte intencional. En noviembre de 2018, el juez cerró la causa y sobreseyó al único imputado, el gendarme Emmanuel Echazú. El fallo fue apelado y en septiembre de 2019 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dictó una sentencia descartando la hipótesis de desaparición forzada, pero dejando abierta la investigación de otras hipótesis. En diciembre de 2019, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso continuar la investigación de algunos aspectos de la causa con un nuevo juez.
Rafael Nahuel, integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de 22 años, recibió un disparo de bala de plomo en la espalda por parte de la Prefectura Naval Argentina, dependientes del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. El hecho sucedió en el marco de un reclamo del Pueblo Mapuche por un territorio junto al Lago Mascardi en la provincia de Río Negro, de donde habían sido violentamente desalojado, junto a otros dos indígenas de la comunidad, dos días antes. En el mismo lugar también fue herida de bala una joven de 20 años.
Durante una conferencia de prensa la ministra Bullrich, —acompañada por el ministro de justicia Germán Garavano—, sostuvo que la muerte de Nahuel fue consecuencia de actos legítimos realizados por miembros de la Prefectura Naval, debido a que las víctimas eran parte de un «grupo que está fuera de la ley que intenta convertirse en poder fáctico y tomar un territorio», armado con «armas de grueso calibre», con las que atacaron a las fuerzas de seguridad.
En mayo de 2019 la Cámara Federal de General Roca desestimó la figura de legítima defensa, dictó la falta de mérito para cuatro de los cinco prefectos procesados, y ordenó la detención del prefecto Francisco Pintos bajo la acusación de "homicidio agravado". En su escrito, los jueces señalaron la falsedad de la versión emitida desde el Ministerio de Seguridad, afirmando que "en lugar de una defensa legítima hubo una masacre".
El 8 de diciembre de 2017, un turista estadounidense fue asaltado y gravemente herido por dos malvivientes en el barrio de La Boca, tras lo cual éstos fueron perseguidos por el policía de la provincia de Buenos Aires Luis Chocobar, que mató a uno de ellos. Chocobar sostuvo que le disparó al delincuente cuando este intentó atacarlo con un cuchillo, pero un video del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mostró que Chocobar mató al delincuente disparándole por la espalda mientras huía y había caído al piso a causa de un disparo en la pierna. El juez de la causa consideró entonces que existían fuertes sospechas de que Chocobar había cometido un homicidio agravado y decretó el procesamiento del policía a fin de que el caso fuera sometido a juicio.
La actuación de Chocobar fue respaldada tanto por el presidente Macri como por Bullrich quien dijo "desde el primer día de gestión adoptamos un lema: cuidar a quienes nos cuidan. Recibí a Luis Chocobar, está enfermo, su caso le afectó la salud. Le ratifiqué nuestro compromiso: estamos a su lado y al lado de todos los policías que cuidan a la gente y actúan según su deber."
En diciembre de 2018 su caso dio origen a la denominada "Doctrina Chocobar" que reglamentó el uso de armas de fuego en situación de fuga.
En noviembre de 2001 la diputada Elisa Carrió denunció a la entonces ministra de Trabajo de la Nación Patricia Bullrich de «infame traidora a la Patria» y de integrar una asociación ilícita junto al presidente Fernando de la Rúa y los demás integrantes del gobierno, en relación con el decreto que establecía que «el Gobierno nacional garantizaría el pago de los bonos de la deuda con la recaudación, incluso antes de asegurar la liquidación de jubilaciones y salarios de la administración pública».
En abril de 2009 cuando Bullrich conducía su auto, fue detenida por un control de Agentes de Tránsito (CACTYT) y sometida a un test de alcoholemia cuyo resultado dio un valor por encima del máximo permitido. Desde entonces y con su llegada al ministerio de Seguridad, los rumores y burlas en redes sociales con respecto a su supuesto alcoholismo son comunes.
El a fines de enero de 2017, el movimiento Barrios de Pie denunció a Patricia Bullrich ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, debido a sus dichos en el curso de una entrevista radial donde expresó "Acá vienen ciudadanos paraguayos o ciudadanos peruanos que se terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país [...] el 33% de los presos por narcotráfico son extranjeros". Según los denunciantes, se trataría de una "estigmatización basada en conceptos xenófobos", con información falsa, ya que según estadísticas oficiales recientes, solo el 5% de los detenidos provienen de países limítrofes.
Días después del inicio de su gestión en el ministerio de Seguridad, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) emitió un comunicado donde denuncian que de forma «persecutoria» funcionarios de esa dependencia solicitan la «filiación síndica, ideológica y política» de los empleados, señalando que desde la gestión de la nueva ministra Patricia Bullrich, han comenzado a perseguir a los trabajadores por su «filiación política, sindical e ideológica», al punto de que se han solicitado la «filiación política, sindical e ideológica de los trabajadores del Ministerio». También se la acusa de llevar a cabo tareas de espionaje ilegal para marcar e identificar a empleados públicos que participaran de movilizaciones contra el gobierno de Macri.
En 2016 Patricia Bullrich recibió críticas por impulsar desde el ministerio de Seguridad la contratación de varios familiares y allegados. Su hijo Francisco Langieri Bullrich fue designado directivo dependiente de la Secretaría País Digital del Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra, su cuñada Ana Gazcón Aráoz fue designada en la Subsecretaría de Comunicación Social, dependiente de la Secretaría de Medios de la Nación y su ahijado Pedro Cernadas fue designado titular de una Unidad de Atención Integral (UAI) del ANSES en Tigre. A su vez la pareja de este y sobrina política de Bullrich, Sofía Bravo, fue designada como empleada de la Corte Suprema de Justicia. Su sobrino Santiago Bullrich fue designado al frente de las campañas en el área de comunicación digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la nieta de su tía María Julieta Williams se incorporó a una dependencia del gobierno porteño. La tía de la ministra, Julieta María Williams, fue designada Directora General de Innovación Social y Planeamiento Participativo de la Ciudad de Buenos Aires.
El 25 de diciembre de 2015 se opuso al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, que establece que cuando se detiene a un ciudadano, los fiscales deben informar dicha detención a un juez de garantías dentro de las 24 horas y en el mismo plazo, el juez debe resolver sobre la detención.
A fines de diciembre del mismo año, los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez se fugaron del penal de General Alvear de la provincia de Buenos Aires. El 9 de enero de 2016, uno de ellos, Martín Lanatta fue capturado en Cayastá, provincia de Santa Fe. Inicialmente se reportó oficialmente que los tres prófugos habían sido recapturados. Bullrich reconoció que fue ella misma quién le comunicó la noticia al presidente. Los dos prófugos restantes fueron encontrados el 11 de enero. Debido a estos hechos, Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad, pero el presidente Macri no la aceptó.
En el contexto de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires, en diciembre de 2017, el diario Página 12 tuvo acceso al texto del cable diplomático por el cual la Cancillería Argentina le ordenó a las embajadas y consulados del país a lo largo del mundo, que denieguen los visados para ingresar al país a representantes de organizaciones de la sociedad civil, por instrucción del Ministerio de Seguridad (de Patricia Bullrich) y la Agencia Federal de Investigaciones (a cargo de Gustavo Arribas). En el listado no sólo figuraron organizaciones activistas defensoras de derechos humanos y civiles, sino también entidades profesionales y reputados especialistas a nivel internacional. Días después periodistas y activistas internacionales fueron deportados, generando roces diplomáticos con otros países y críticas internacionales.
En septiembre de 2017 Patricia Bullrich, el director de la Gendarmería Nacional y los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos fueron denunciados ante la justicia penal por abuso de autoridad y prevaricato, debido a las condiciones impuestas para el cumplimiento de prisión domiciliaria ordenado a Milagro Sala.
Diputados del bloque del FpV-PJ presentaron un pedido de juicio político contra Patricia, tras la masacre de San Miguel del Monte donde fallecieron cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, a manos de la policía bonaerense. Leopoldo Moreau, Agustín Rossi, Mónica Macha, Gabriela Cerruti, Daniel Filmus, José Luis Gioja y Roberto Tailhade son algunos de los legisladores que iniciaron este trámite en la Cámara de Diputados. En sus fundamentos, consideraron que Bullrich incurrió en «mal desempeño» y en la comisión de «eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones».
El periodista y exmilitante revolucionario Juan Gasparini, acusó a Patricia Bullrich de ser la «principal reclutadora de exiliados en España para la contraofensiva montonera del 79, junto a su cuñado y actual diputado en Santa Fe Gerardo Rico, pero a la hora de subirse al avión, ella salió huyendo». Gasparini agregó que Bullrich fue un emblema de la contraofensiva de Montoneros y agregó que «incluso embarcaron en ese suicidio colectivo a una piba de 16 años: Verónica Cabilla o Cabillia, que por supuesto fue capturada y fusilada por el régimen militar».
En 2015 el abogado históricamente vinculado al peronismo Juan Gabriel Labaké denunció que Bullrich y la diputada Elisa Carrió trabajan para el gobierno de Barack Obama como parte de un entramado tendiente a desestabilizar a gobiernos izquierdistas de la región latinoamericana que no responden a los intereses estadounidenses.
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