Proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador

El desafuero de Andrés Manuel López Obrador es uno de los procesos legales más famosos en la historia mexicana reciente. Ocurrió durante los años 2004 y 2005. Los preparativos, sus causas y su desenlace fueron uno de los temas más polémicos en la sociedad de ese país.

En 2004 se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por gobiernos anteriores. Aunque los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatorio y se responsabilizó directamente a López Obrador por ello.

Siendo jefe de gobierno del Distrito Federal desde 2000, López Obrador tenía inmunidad jurídica (fuero parlamentario); es decir, no podía ser sujeto a un proceso administrativo o penal a menos que el Congreso de la Unión, por alguna excepción, decidiera retirárselo.

El gobierno federal encabezado por Vicente Fox solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión, para que López Obrador respondiese ante la justicia por sus presuntas responsabilidades.

El tema levantó polémicas en la opinión pública. Una mayoría significativa consideró el proceso de desafuero como una maniobra política para eliminar la posibilidad de que López Obrador fuese candidato a la presidencia de la república en 2006, ya que, aún si se lo declaraba inocente, el jefe de gobierno no podría registrarse como candidato mientras durase el proceso, que se vislumbraba largo (cita). El gobierno federal, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, por su parte, mantuvieron su posición la mayor parte del tiempo, aludiendo a la defensa de la legalidad.

El desafuero se consumó el 7 de abril de 2005. Como consecuencia se produjeron grandes manifestaciones populares en rechazo y el presidente Vicente Fox terminó por anunciar la marcha atrás de su gobierno en el proceder contra López Obrador.

El proceso del desafuero comenzó durante la segunda mitad de la presidencia de Vicente Fox.

El caso político del desafuero fue defendido principalmente por el gobierno federal, el partido gobernante (Partido Acción Nacional o PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque la discusión principal era la aplicación completa de la ley, esta discusión sonó en hueco debido a la carencia del proceso de varios escándalos financieros multi-millonario que implicaban a miembros prominentes del PRI y, en un grado inferior, al PAN.

Inicialmente las discusiones contra el desafuero vinieron del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otros miembros y militantes de la izquierda política mexicana. En 2005 López Obrador encabezó diversas formas de protesta contra el desafuero, la población que rechazaba el desafuero realizó carteles que reclamaban “no al desafuero”, "fuera Fox" entre otros lemas similares, sobre todo en las movilización sociales y marchas entre la que destaca la marcha del silencio convocada el 25 de abril de 2005 donde se reunieron alrededor de 1,2 millones de personas en el centro de la Ciudad de México además de diversas acciones políticas realizadas por su partido, el PRD. También al interior del PRI y el PAN, existió cierta resistencia de algunos sectores en promover el desafuero, como el caso del entonces diputado federal del Partido Revolucionario Institucional; Roberto Campa Cifrián que declaró; "El origen de todo esto no es que López Obrador sea un delincuente, sino que es un candidato peligroso, que nos va a ganar".

La estrategia de los medios de López Obrador era contrastar su proceso con el de las matanzas atribuidas a los gobiernos anteriores como la de Tlatelolco en 1968 y a los escándalos financieros (1994-1995) donde no se llevó a los responsables directos frente a la justicia, pues contrario a ello el Estado les protegió. Él también se comparó con Francisco I. Madero, candidato político en 1910 quién fue encarcelado por el Presidente Porfirio Díaz, volviéndose eventualmente líder de la revolución mexicana y el presidente siguiente. También declaró que su proceso fue un diagrama político orquestado por, entre otros políticos superiores, el presidente anterior Carlos Salinas de Gortari, el presidente Fox y el candidato presidencial, Santiago Creel. Como el proceso de desafuero ganó ímpetu, otras voces comenzaron a expresar su oposición, incluyendo intelectuales mexicanos conocidos, muchos de los medios nacionales, algunos miembros del PRI y el PAN y en última instancia, los medios extranjeros que veían bien las acciones realizadas por el jefe de gobierno quien logró ser reconocido como el segundo mejor alcalde del mundo. Este fue el factor principal que forzó en última instancia al PAN y al gobierno a buscar una solución política.

El 9 de noviembre de 2000, Rosario Robles, su antecesora, expropió una parte de un terreno más grande llamada El Encino, en Santa Fe, Cuajimalpa, para construir una vía de acceso para un hospital privado. El 11 de marzo de 2001, el propietario del terreno demandó al Distrito Federal sobre la base de expropiación incorrecta y promovió un amparo para evitarla. Le concedieron una orden judicial federal que salvo la construcción adicional hasta que el asunto fuera aclarado definitivamente. Según los querellantes, López Obrador desobedeció con conocimiento esta orden varias veces. Bajo código criminal, esto es un delito menor.

En el año 2004 el gobierno federal encabezado por Vicente Fox solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión, para que López Obrador respondiese ante la justicia por sus presuntas responsabilidades.

En enero de 2005, se evidenció la intención de López Obrador de postularse para presidente. Mientras tanto, el Procurador General de la República envía el caso al congreso para la evaluación. En marzo el gobierno federal inició los medios de campaña contra López Obrador.

El 1 de abril de 2005 un subcomité de cuatro diputados permitió el voto del desafuero completo en la cámara de diputados, lo que se ejecutó seis días más tarde. Después de una larga sesión en la cual López Obrador acusó a Fox de estar detrás del proceso, la cámara de diputados votó para quitarle el fuero por 360 a 127 (con dos abstenciones), con el PRI y el PAN a favor del desafuero y el PRD, partido de López Obrador, unánimemente en contra de la resolución. A la sesión solo fueron 488 de los 500 diputados, aunque al parecer uno llegó demasiado tarde para votar.

Después del voto de los diputados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (el cuerpo legislativo local) debía votar sobre el desafuero. Sin embargo, los diputados federales discutieron que el congreso fuese el cuerpo apropiado para considerar dicho proceso. El Tribunal Supremo acordó considerar ambas súplicas, permitiendo que López Obrador siguiera siendo jefe de gobierno mientras continuaba el proceso. Las editoriales de las revistas Times, Times de Los Ángeles, el Chicago Tribune y The Financial Times consideraban el desafuero como una mala decisión. A pesar de ello, el 8 de abril de 2005 (un día después), Obrador abandonó su oficina. El gobierno local fue dirigido temporalmente por la secretaría de López Obrador del gobierno Alejandro Encinas.

El 20 de abril de 2005 el Ministerio Público Federal (MPF) fijó una fianza de 2000 pesos (unos 180 dólares). Esta fue pagada, sin conocimiento ni consentimiento de López Obrador, por dos diputados locales del PAN en la Asamblea Legislativa (Gabriela Cuevas y Jorge Lara) . En conferencia de prensa afirmaron que pagaron la fianza de buena fe y para impedir que López Obrador se hiciera "la víctima", López Obrador llamo la fianza un “acto cobarde” y rechazó aceptarlo porque vino de las manos de los que promovieron el desafuero.

Este hecho fue denunciado por el grupo del PRD en la ALDF como una maniobra política para inutilizar la capacidad de defensa del inculpado. Al pagar la fianza por un delito donde no había un detenido consignado o remitido al MPF, se impedía al acusado ser partícipe y testigo de la consignación del expediente y se le dejaba sin posibilidad de enfrentar personalmente el proceso penal, lo que lo descartaba como aspirante a la presidencia de la República. La fianza fue posteriormente cancelada por el juez que llevaba el caso con argumentos técnicos.

El 24 de abril hubo una reunión en apoyo de López Obrador en el Zócalo en Ciudad de México. Las fuentes de Ciudad de México citaron una atención que excedía a un millón personas.^[1]​Las fuentes del gobierno federal calculaban una atención en los “centenares de millares”.^[2]​Sus críticos dijeron que esta promoción fue pagada con los fondos del gobierno, incluyendo la producción de carteles con frases tales como “no al desafuero de AMLO” o “no al Golpe de Estado”. También coordinó los movimientos políticos de los pueblos en México y en el exterior. Sus partidarios dijeron que la promoción era espontánea, y totalmente independiente del gobierno local, a partir de entonces López Obrador comenzó una campaña que denominó de "resistencia civil" contra su posible marginación de la elección presidencial. Declarando que se trataba de una estrategia del gobierno federal para bloquear su candidatura, en días posteriores continuaron las masivas movilizaciones en su apoyo en una de ellas llegando a declarar; .

Tres días después Fox anunció cambios en su gabinete (por dimisión incluyendo al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha) y una nueva evaluación del caso legal en contra de López Obrador, proponiendo una enmienda constitucional por las que los derechos civiles no se suspenden hasta que encuentren a un ciudadano culpable. En febrero de 2006, estos cambios no habían pasado a congreso. Designaron a un nuevo Procurador General de la República, cuya oficina el 4 de mayo de 2005 anunció que descartaba los cargos contra López Obrador por un tecnicismo. Resumiendo, declaró que él era culpable pero solamente como jefe de gobierno. La ley tenía solamente previsiones para los gobernadores o el presidente municipal. López Obrador no era ni uno ni otro. Por lo tanto, la fraseología del artículo relevante hacía confuso establecer si existía una pena para su delito. El aviso fue refutado por los expertos del derecho penal, afirmando que había precedentes legales de una pena clara. Por otra parte, demandaron que el Procurador General de la República no puede declarar culpabilidad ni inocencia, y menos interpretar la ley. De tal modo, el Procurador General de la República no podría archivar los cargos debido a la naturaleza de la ofensa, de modo que el proceso siguió adelante.

En enero de 2006, Marisela Morales, funcionaria del Procurador General de la República directamente a cargo del caso desde el principio, dejó su puesto en la unidad responsable de procesar los crímenes confiados por los oficiales del gobierno. Por su salida, sustituyeron a todos los funcionarios de alto nivel a cargo del caso, pero la oficina del Procurador General de la República indicó, poco después del discurso de Azuela en diciembre, que los cargos contra López Obrador seguían estando pendientes.

El desafuero se consumó el 7 de abril de 2005. Como consecuencia se produjeron grandes manifestaciones populares en rechazo y el presidente Vicente Fox terminó por anunciar la marcha atrás de su gobierno en el proceder contra López Obrador.

El artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indicaba en esas fechas que Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Este privilegio se confunde generalmente con la libertad de la protección de discurso concedida a los miembros del congreso por el artículo 61, conocidos como fuero (de la palabra forum en latín); a este proceso se le conoce como desafuero. Puesto que la inmunidad del procesamiento criminal se confunde casi universal con el fuero, ambos términos son utilizados indistintamente.

Si la cámara de diputados vota en negativa, el procesamiento puede ocurrir cuando el funcionario deje su puesto, pues los diputados no votan sobre la acusación, sino solamente si entienden que hay una creencia razonable que el delito fue cometido. Si votan a favor, el funcionario puede ser procesado. Una ley secundaria indica que en este caso el funcionario pierde su oficina inmediatamente. La constitución asigna que por mandato los gobernadores del estado están sujetos a los congresos de sus respectivos estados; en este caso el Distrito Federal no era un estado.

Quien está en proceso penal tiene sus derechos políticos suspendidos (artículo 38) así que no puede ejercer su derecho o presentarse a alguna candidatura, por lo menos temporalmente. A todos los candidatos a la elección presidencial en julio del 2006 se les requería postularse a más tardar el 15 de enero de 2006, aunque la ley permite un cambio del candidato hasta mayo del mismo año.

El sistema legislativo no había sido probado en casos como este, y el caso especial del Distrito Federal (el cual no es un estado) conduce todas las alegaciones y controversias legales al Tribunal Supremo.

Acción Nacional y la mayor parte del PRI se mantuvieron siempre en la postura de que el proceso era estrictamente de carácter legal y que López Obrador lo había politizado. Aunque fuese el precandidato más popular en ese momento, debía prevalecer la justicia y la legalidad. Ambos partidos acusaron a López Obrador de violentar sistemáticamente el estado de derecho. El senador del PRI, Enrique Jackson, por ejemplo, declaró que López Obrador no podía aludir a la falta de justicia en otros casos de la historia reciente de México, pues el hecho de que existiera impunidad en crímenes del pasado reciente no significaba que en su caso específico tenía que ser así.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese tiempo, Mariano Azuela Huitrón, y el coordinador de los diputados priistas, Emilio Chuayffet, lamentaron el hecho de que el gobierno de Vicente Fox hubiese dado marcha atrás en el proceso legal, al considerar que, por motivos políticos, se toleró la violación a la ley y se mantuvo la impunidad. Vicente Fox comentó en 2007 que, efectivamente, el gobernante de la ciudad violó la ley, pero que se tuvo que retroceder ante el rechazo de la mayoría de la población.

Por su parte, López Obrador aseguró que nunca había violado la ley y que no existía ningún documento probatorio en el sentido de que él hubiese contrariado el mandato judicial. El jurista y constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas se pronunció en ese sentido: se debe comprobar si hay o no un documento de tal naturaleza para eliminarle toda posible responsabilidad al exgobernante.

Javier Quijano, abogado de la Universidad Iberoamericana y defensor de López Obrador en el caso, sostuvo que el caso fue eminentemente político. Según él, los argumentos por los que se señalaba a López Obrador como posible responsable eran jurídicamente muy débiles y la declaración de culpabilidad o inocencia era irrelevante para el gobierno federal, cuyo objetivo era únicamente impedirle al político presentarse a la elección de 2006.

Julio Scherer Ibarra, abogado y asesor de López Obrador agregó que otro objetivo fue denostarlo y presentarlo como un enemigo de la legalidad y el estado de derecho. Añadió que nunca hubo un proceso de desafuero ante casos especialmente graves en México: los casos de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, cuyo gobierno fue señalado como represor por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y Mario Marín, gobernador de Puebla, exhibido en conversaciones telefónicas en un posible caso de tráfico de influencias y violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.

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