La transición gubernamental de Andrés Manuel López Obrador inició formalmente el 20 de agosto con una reunión entre el gabinete del presidente electo y el del presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional. Previamente, López Obrador y Peña Nieto se reunieron en dos ocasiones, el 3 de julio —dos días después de los comicios, cuando López Obrador era virtual presidente electo— y el 9 de agosto —un día después de que López Obrador recibiera la constancia de mayoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que lo acreditó como ganador de las elecciones presidenciales del 1 de julio—.
La transición en México tiene una duración de cinco meses y no existe un método definido con excepción de las disposiciones en entrega-recepción de dependencias públicas establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos. Previo a los comicios, López Obrador aseveró el 2 de junio la necesidad de respaldar a Peña Nieto hasta el fin de su mandato para evitar «sobresaltos» o «dualidad de poderes». En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 se etiquetaron 150 millones de pesos para el proceso de transición presidencial, que pueden ser utilizados por el equipo del presidente electo y que tiene como fecha límite el 30 de noviembre para erogación. El dinero se debe utilizar para crear una Ley de Ingresos y determinar el presupuesto que la nueva administración ejercerá en 2019. El 2 de julio, sin embargo, López Obrador aclaró que se podría realizar la transición sin emplear los fondos asignados.
El 8 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección presidencial y declaró presidente electo a López Obrador con 30 millones 110 mil 327 votos (53.2 %). Este último, al recibir la constancia de mayoría, afirmó que «Vivimos momentos estelares, históricos. Muchas han sido las enseñanzas del pasado proceso».
Ya siendo presidente electo, López Obrador se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional el 9 de agosto. Este encuentro dio formal inicio a los trabajos de entrega y recepción. Para estos últimos se planteó la posibilidad de que Peña Nieto designara como enlaces a Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, y José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda. El 20 de agosto, comenzó formalmente el proceso de transición con un encuentro en Palacio Nacional entre los gabinetes entrante y saliente. Con la reunión de poco más de una hora, ambos gabinetes «iniciaron los trabajos para intercambiar información sobre la situación» de las veinte secretarías de Estado.
Previo al inicio formal de la transición, Andrés Manuel López Obrador se reunió con Enrique Peña Nieto el 3 de julio en Palacio Nacional. El virtual presidente electo llegó poco antes de las 11:00 horas y antes del encuentro dio un mensaje en el que afirmó que llegaba «con el respaldo de los ciudadanos y con ánimos de reconciliación y de buscar una transición ordenada para beneficio de todos». Posteriormente, afirmó que la reunión fue «de cordialidad, [amistosa] y de respeto». También reconoció que «el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron, en lo general, libres y limpias». En esa ocasión, abordaron temas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la reforma energética, el presupuesto y la seguridad.
El mismo día, López Obrador mantuvo una reunión con su gabinete propuesto y colaboradores. Luego de la reunión de cuatro horas, explicó que dividió a los integrantes en cuatro equipos de trabajo: «gobierno, relaciones exteriores y seguridad; hacienda y desarrollo económico; desarrollo social; y comunicaciones, obras públicas y energía». Además, se establecieron «35 prioridades», la central «lograr la pacificación del país». Cada equipo se encargaría de crear los proyectos gubernamentales. Al día siguiente, se entrevistó con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde anunciaron el programa «Jóvenes construyendo el futuro», con el que se buscaría garantizar educación y empleo a aproximadamente 2.6 millones de jóvenes y para lo que se requerían 110 000 millones de pesos.
El 10 de julio, López Obrador anunció que se reuniría con una delegación del gobierno estadounidense, encabezada por Mike Pompeo, secretario de Estado, para tratar temas como el TLCAN, migración, seguridad y «programas de bienestar para el desarrollo de la región». Un día después, se encontró con los legisladores federales electos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), donde anunció trece iniciativas que enviaría al Congreso de la Unión, entre las que se listaron la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, «abolición de fueros y privilegios», «Presupuesto y Ley de Ingresos» y revocación de mandato, entre otras. Además, se dio a conocer que Ricardo Monreal Ávila fue propuesto como coordinador de la bancada partidista en el Senado de la República.
También se reunió con los candidatos electos a las gubernaturas, diputaciones locales y alcaldías por la coalición Morena-PES-PT y posteriormente con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la que le mostró su respaldo. Además, dio a conocer que sustituiría los delegados federales en los estados de la República por 32 coordinadores estatales para reducir la burocracia del gobierno federal. La reunión entre López Obrador y su equipo —Olga Sánchez Cordero, Carlos Urzúa, Alfonso Durazo y Jesús Seade— y la delegación estadounidense se concretó el viernes 13 de julio. Esta última estuvo conformada por Pompeo, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Interior, y Jared Kushner, consejero y yerno del presidente de Estados Unidos. En esa ocasión, se entregó a la delegación la propuesta del futuro gobierno lopezobradorista en áreas como la renegociación del TLCAN, desarrollo y migración y seguridad.
Posteriormente, el 20 de julio, López Obrador rechazó participar en la Cumbre de la Alianza del Pacífico de Puerto Vallarta a la que había sido invitado por el presidente Peña Nieto, dado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aún no le entregaba la constancia de mayoría que le acreditaría como presidente electo. Poco antes, había afirmado que se reuniría con sus contrincantes en las elecciones presidenciales, José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés, con el fin de «saber sus planes». También anunció que tendría un encuentro con Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. Esta reunión se efectuó el 25 de julio siguiente con el objetivo de «dialogar sobre la relación bilateral». Por otra parte, el 3 de agosto López Obrador sostuvo un encuentro con Qiu Xhiaoqui, embajador de China en México y al día siguiente se reunió con Meade Kuribreña.
El 9 de agosto, un día después de recibir la constancia de mayoría, López Obrador se reunió nuevamente con Peña Nieto en Palacio Nacional para acordar los términos de la transición. Al término del encuentro, el propio presidente electo informó que pactaron el envío de una iniciativa para la conformación de la Secretaría de Seguridad Pública, la designación del fiscal general de la República y anunció que el 20 de agosto se reunirían los gabinetes entrante y saliente. El mismo día, el presidente electo mantuvo una conversación telefónica con Theresa May, primera ministra del Reino Unido, sobre temas como transparencia, derechos humanos y cambio climático.
En el encuentro del 20 de agosto, iniciaron los trabajos de transición. Ese fue, según Peña Nieto, «un encuentro inédito toda vez que no había ocurrido en el pasado reciente en tener a estas alturas de la transición quienes serán los titulares de las dependencias de la administración pública federal». Por su parte, López Obrador calificó la transición de «institucional» y «respetuosa» dado que «hemos recibido el apoyo sin condición del presidente constitucional Enrique Peña Nieto; nosotros también hemos reafirmado nuestra decisión de respetar al actual gobierno hasta el último día de su mandato».
El 6 de julio, el equipo de transición dio por iniciado el proceso de consulta con organizaciones, organismos, líderes religiosos, especialistas y defensores de derechos humanos para desarrollar la ley de amnistía a presentarse en el Congreso de la Unión. Alfonso Durazo, Olga Sánchez Cordero, Loreta Ortiz y Zoé Robledo Aburto integraron el equipo encargado de la iniciativa de ley. López Obrador inauguró los foros «Por la Pacificación y Reconciliación Nacional» el 7 de agosto con el encuentro «Escucha Juárez», celebrado en Ciudad Juárez, Chihuahua, con víctimas de la violencia y el objetivo de definir la nueva estrategia de seguridad. El 21 de julio, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con el equipo de transición para definir su participación como representación de López Obrador en la renegociación del TLCAN y la Cumbre de la Alianza del Pacífico. El 17 de agosto, López Obrador anunció que habría una consulta popular a finales de octubre para decidir sobre construcción del NAICM o cancelarla y ampliar la Base Aérea de Santa Lucía, que funcionaría también junto con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
El 2 de julio, López Obrador anunció su equipo de transición, con el que trabajaría «para que el país siga su marcha sin que haya crisis de ninguna índole». En esa ocasión, también aclaró que, entre julio y septiembre, el equipo se encargaría de elaborar y llevar a cabo proyectos «para tener muy definidas las acciones que van a aplicarse». Posteriormente, entre mediados de septiembre y noviembre, anunció que realizaría una gira por el país, «esta vez como presidente electo». Sobre el trabajo del equipo y las autoridades afirmó que «No vamos a faltarle el respeto a las actuales autoridades, vamos a esperar nuestro tiempo y vamos a actuar de manera respetuosa». Por otra parte, la casa de transición se ubicó en la calle Chihuahua 216 de la Colonia Roma en la Ciudad de México.
La reunión con el excandidato priista, José Antonio Meade, pues mientras que, para algunos expertos y políticos fue algo favorable y denotó «madurez política», otros lo criticaron, especialmente por sus interacciones durante la campaña electoral. Algunos de los nombramientos de López Obrador causaron controversia, como el del Manuel Bartlett para dirigir la Comisión Federal de Electricidad. La propia Tatiana Clouthier consideró que «había mejores opciones», mientras que Rocío Nahle García, propuesta para la Secretaría de Energía, defendió la designación asegurando que «conoce la política del sector eléctrico, los cambios constitucionales, la evolución, avance o retroceso en el sector [...]».
Las actividades de López Obrador y su equipo de transición han llevado a considerarlo un «gobierno paralelo» al del presidente Peña Nieto. De acuerdo con la politóloga María Amparo Casar esta transición es «inédita en muchos sentidos. López Obrador acapara todos los reflectores, fija la agenda todos los días, ha habido un híper activismo en términos de medidas y propuestas». En este sentido, un análisis de «Central de Inteligencia Política» encontró que al comparar la cobertura mediática del presidente en funciones y del electo, este último obtuvo el 64 %, frente al 36 % del primero. Incluso, el 63 % de la cobertura de Peña Nieto estuvo relacionada con noticias o eventos generados por López Obrador.
Las repercusiones de la elección también las registraron diversas encuestadoras. Consulta Mitofsky —con base en una encuesta realizada entre el 6 y 8 de julio a 1000 ciudadanos— reportó a mediados de julio que el 45 % de sus encuestados mantenía en buena imagen a López Obrador, 67.4 % consideraron que se mejorarían las condiciones económicas (25.2 % que empeorarían), 65 % la seguridad (26.4 % que empeoraría) y 64.8 % la política (27.6 % que empeoraría). Además, 61.1 % indicó que los cambios debían comenzar a notarse entre un mes y un año después de la toma de posesión. Por su parte, una encuesta de El Financiero —410 mexicanos entre el 3 y 4 de agosto— arrojó un 59 % de aprobación y 18 % de desaprobación al trabajo de López Obrador durante la transición. Además, en general los nombramientos en el gabinete fueron bien vistos, aunque Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores es el que más rechazo generó (24 %), seguido de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad (20 %).
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