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Atentado de Tarata



¿Dónde nació Atentado de Tarata?

Atentado de Tarata nació en Lima.


El atentado de Tarata de 1992 —también conocido como el atentado de Miraflores, o atentado de Lima—, consistió en la explosión de un coche bomba en la cuadra 2 de la calle Tarata, en pleno corazón de Miraflores de la ciudad de Lima, Perú realizada el 16 de julio de 1992 por el grupo terrorista Sendero Luminoso. La explosión fue parte de una campaña mayor de atentados en la ciudad de Lima durante la época del terrorismo.

El lugar donde ocurrió el hecho es una zona comercial dentro de un distrito de clase alta de Lima. Dos vehículos, cada uno equipado con 250 kilogramos de explosivos, explotaron en la mencionada calle a las 9:15 p.m., matando a 43 e hiriendo a más de 200 personas.[2]​ La onda expansiva destruyó o dañó 183 casas, 400 negocios y 63 automóviles estacionados.[3]​ El atentado fue el comienzo de una serie de ataques senderistas contra el Estado peruano de una semana de duración, que en total causaron 40 muertes y tuvieron en zozobra a la capital.[4]

En 1992 el Perú se encontraba en una situación de inseguridad civil interna debido a los constantes y crecientes ataques terroristas. Dentro de estos grupos, el autodenominado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso era el de más radical accionar, totalizador y perpetrador de la mayor cantidad de actos de esta naturaleza.

Una de las medidas polémicas (justificada y alentada por el pueblo en su momento) ese año para restablecer el orden en el país, fue el Autogolpe que el presidente Alberto Fujimori dio el 5 de abril, que consistía en la disolución del Congreso nacional los otros poderes del estado, entre otras medidas de carácter político y militar, como la persecución y encarcelamiento de toda oposición.

Dentro de los ataques senderistas de ese año previos a esta acción, sobresale el asesinato de la dirigente vecinal de Villa El Salvador, María Elena Moyano. María Elena, quien era conocida por criticar abiertamente a Sendero Luminoso y sus acciones terroristas, fue cruelmente ejecutada por un comando senderista el 15 de febrero mientras concurría a una fiesta comunal de su distrito. En el asesinato, luego de dispararle varias veces, los perpetradores hicieron explotar su cuerpo con una carga de dinamita.

Asimismo, el 5 de junio un coche bomba explotaba al lado de las instalaciones del canal de televisión Frecuencia Latina cerca de la medianoche. Este hecho marcó un nuevo hito dentro de la escalonada de violencia vivida en el conflicto interno, ya que era la primera vez que Sendero Luminoso atacaba abiertamente a un medio de comunicación. Como saldo lamentable quedó la muerte del periodista Alejandro Pérez.

En medio de toda esta situación caótica (también vivida en el área económica) es que se lleva a cabo el atentado en Miraflores.

El día del ataque fue el jueves 16 de julio de 1992 y el objetivo original de este ataque fue la agencia del Banco de Crédito del Perú de la exclusiva avenida limeña José Larco.

Durante la tarde de aquel trágico día, el contingente senderista de Lima realizó ataques menores contra comisarías y entidades financieras con el objetivo de dispersar a las fuerzas policiales, y conseguir el camino libre para perpetrar el hecho.

Según testimonio de militantes senderistas entrevistados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el destacamento número doce de SL en Lima que estaba al mando del "camarada Daniel" (identificado posteriormente como Carlos Mora La Madrid en los archivos de la Comisión) fue el encargado de realizar esta acción.

Alrededor de la hora pactada, ocurrió una oscilación de la luz seguida por uno de los apagones que caracterizaba a la ciudad en ese tiempo. La idea original era estallar los explosivos en el frontis de dicha entidad bancaria a las 21 horas y 20 minutos, pero un vigilante del establecimiento no les permitió estacionarse en el lugar pactado, realizando disparos con su arma de protección. Decidieron, entonces, dejar el vehículo en la intersección siguiente (que era la calle Tarata) y dejar que el carro avance lentamente hasta el momento de su explosión. Una vez en la calle, el conductor del vehículo disminuyó su velocidad y lo abandonó, ya que según se dice, la mecha del explosivo ya estaba encendida.

La carga era de aproximadamente entre 400 y 500 kilos de ANFO mezclada con dinamita. Los edificios afectados por encontrarse en el centro de las dos explosiones ocurridas fueron El Condado, San Pedro, Tarata, Residencial Central y San Carlos. La onda expansiva alcanzó casi los 400 metros a la redonda, a tal punto que el motor del auto utilizado por los terroristas, fue a caer sobre el techo de un aparcamiento de vehículos ubicado a 320 metros del centro del atentado.

El trágico saldo final fue de 25 personas muertas, 250 heridos y pérdidas materiales superiores a los 3 millones de dólares de aquella época, afectándose también aproximadamente un centenar de edificaciones cercanas entre bancos, exclusivas boutiques, casas, centros comerciales, librerías y hasta galerías de arte.

Las condenas contra el grupo Sendero Luminoso llegaron desde distintos puntos del mundo, así como también la solidaridad con el pueblo y gobierno peruano para sobreponerse a esta situación. Según especialistas,[5]​ fue la primera vez en todos los años que llevaba el conflicto armado interno que la sociedad limeña "tradicional" sintió como propio el conflicto. Era la primera vez que se realizaba un acto terrorista hacia un objetivo civil a gran escala y, también, era el primer ataque directo contra uno de los "corazones" de la ciudad.

También sucedieron autocríticas al interior de Sendero Luminoso, cuyas principales cabezas reconocieron este acto como "error" que no debió suceder debido a que no era el objetivo principal.[6]

Mediante Oficio de fecha 8 de junio de 2009, la Municipalidad de Miraflores emitió al Congreso de la República del Perú una iniciativa legislativa denominada: "Ley que condona los intereses y moras derivados del endeudamento contraído por los afectados del atentado terrorista de la Calle Tarata", con el objetivo de buscar el beneficio de los deudos de las víctimas del atentado terrorista.



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