El Expediente Picasso es el nombre con el que se conoce al informe redactado por el general de división Juan Picasso, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en relación a los hechos acontecidos en la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 1921: el llamado Desastre de Annual y el abandono de las posiciones.
Tras el derrumbamiento militar, el Alto Comisario Dámaso Berenguer, trasladado a esta plaza, solicitó al ministro de la Guerra que un oficial general, nombrado por aquel, investigase los hechos y depurase las responsabilidades que hubiera lugar. Mediante la Real Orden de 4 de agosto de 1921, Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza, ministro de la Guerra, nombró al general Juan Picasso para que investigara en la propia plaza de Melilla los hechos ocurridos, con la ayuda del auditor de brigada Juan Martínez de la Vega y Zegrí. Sin embargo, el desastre se reveló de tal envergadura que el gobierno de Allendesalazar se vio obligado a dimitir. En agosto de 1921, el rey Alfonso XIII encarga formar Gobierno a Antonio Maura, que nombró a Juan de la Cierva como ministro de la Guerra.
Picasso ya había comenzado sus investigaciones en Melilla, y el 15 de agosto envió al general Berenguer un escrito solicitando los planes de operaciones que habían guiado la actuación del general Silvestre y sus tropas. El general Berenguer, trasladó el escrito al ministro de la Guerra el 20 de agosto, solicitando instrucciones al respecto y manifestando así mismo que no se consideraba autorizado a proporcionar tal información por ser materia reservada. Presionado el ministro, se dictó una nueva Real Orden el 24 de agosto, aclarando al general Picasso que los acuerdos, planes o disposiciones del Alto Comisario quedaban fuera de sus investigaciones, y que debía limitarse a los hechos realizados por los jefes, oficiales y tropa para deducir responsabilidades en los casos en los que no se hubieran cumplido las obligaciones militares.
El 31 de agosto el general manifestó en carta al ministro su desacuerdo con la Real Orden, manifestando que se debía investigar sin exceptuar a nadie, incluidas las más altas instancias del mando, ya que no se podían concretar las responsabilidades a sucesos incidentales, consecuencia natural y obligada de los errores y desaciertos del mando. Ofrecía asimismo la posibilidad de que se le relevase de la comisión encargada para continuar su trabajo como representante militar español ante la Sociedad de las Naciones.
Picasso decide no dimitir y se traslada a Melilla. Toma declaración a setenta y nueve personas, sólo en relación con Annual. Uno a uno, escribe «Muerto», «Desaparecido», «Presente» o «Plaza» junto a los nombres de los soldados y oficiales que se vieron envueltos en el Desastre. El 23 de enero de 1922, tras nueve meses de trabajo, el General regresa a Madrid con un abultado expediente de 2.433 folios. El 18 de abril de 1922 el general entregó el expediente (y un resumen final redactado por él mismo) al Ministerio de la Guerra.
Mientras el general Picasso instruía el expediente fue creciendo la idea entre ciertos sectores del país de que la causa contra los responsables del "desastre de Annual" no llevaría a ninguna parte. Así lo atestiguan estas coplillas de Luis de Tapia publicadas en el periódico La Libertad el 6 de septiembre de 1921 con el título Ni caso, y en el que se hace una alusión a la posible responsabilidad del rey:
Por Real Orden comunicada el 21 de abril, el Consejo Supremo de Guerra y Marina recibió el expediente, pasándolo el 24 de abril al fiscal militar, José García Moreno, que el 26 de junio lo devolvió al Consejo Supremo, pronunciándose por pasar lo actuado al reunido, en Sala de Justicia, por haber hallado indicios de responsabilidades penales, solicitando ratificar todos los testimonios y subsanar las deficiencias halladas; abrir expediente para detallar méritos y recompensas; y comunicar lo actuado al Ministerio de la Guerra. Dos días más tarde, el 28 de junio, el fiscal togado, Ángel Romanos, remitió un escrito al Consejo identificándose con el informe del fiscal militar.
El 6 de julio se reunió el Consejo Supremo en pleno, acordando pasar lo actuado al reunido, constituido en Sala de Justicia; rechazar la formación de expedientes de recompensas; y remitir al Ministerio de la Guerra una copia del expediente, del informe del fiscal militar y de los acuerdos del Consejo.
En la reunión del 6 de julio, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, presidido por el general Aguilera, decidió procesar a 39 militares por negligencia o abandono de su deber en Annual, además de los 37 oficiales que aparecían imputados en el propio expediente Picasso. Entre los encausados se incluía al general Dámaso Berenguer, el Alto Comisario de Marruecos cuando ocurrieron los hechos, a quien el Expediente Picasso no acusaba pero del que se criticaba la estrategia que había seguido. Así el 10 de julio el pleno del Consejo acordó el procesamiento de Berenguer, pidiendo al Senado el suplicatorio correspondiente dada su condición de senador, y por esta razón el general Berenguer dejó el cargo de Alto Comisario. En ese mismo auto se acordó no procesar a ningún civil por no corresponder a la jurisdicción del Consejo, por lo que quedaron fuera del sumario el presidente del gobierno Manuel Allendesalazar y el ministro de la Guerra Juan de la Cierva.
Debido a la insistencia de algunos diputados, en particular el socialista Indalecio Prieto, el presidente del gobierno, el conservador José Sánchez Guerra, decidió pasar el Expediente Picasso a las Cortes.
Así se formó una Comisión parlamentaria de Responsabilidades, denominada de los «Diecinueve», y el 3 de noviembre de 1922 el ministro de la Guerra remitió al Presidente del Congreso de los Diputados una relación de testimonios deducidos del expediente y una serie de documentos y telegramas considerados de interés, que se completó el día 13 con siete documentos más. Durante ese mes hubo duros y exaltados debates en el Congreso, sobre lo ocurrido en Melilla, produciéndose filtraciones a la prensa, que indignaron a la opinión pública, pues se barajaba la cifra de 14 000 muertos.
En los encendidos debates parlamentarios del 21 y el 22 de noviembre, Indalecio Prieto responsabilizó directamente al rey Alfonso XIII de lo sucedido, como jefe del Ejército y del Estado. Ante el cariz que tomaban las sesiones parlamentarias el presidente del gobierno Sánchez Guerra decidió presentar su dimisión ante el rey. «Señor Presidente [del Congreso de los Diputados]: en vista de la actitud de las minorías, digo a S.S. que la sesión no puede continuar porque no hay Gobierno, pues yo me marcho desde aquí a Palacio a presentar la dimisión», dijo Sánchez Guerra. El rey nombró como su sustituto al frente de la presidencia del gobierno al liberal Manuel García Prieto y el debate sobre las responsabilidades políticas por el "desastre de Annual" continuó. A partir de entonces, como ha señalado el profesor Francisco Alía Miranda, «el Parlamento se convirtió en una auténtica pesadilla para el monarca, con el asunto de las responsabilidades debatiéndose abiertamente en comisiones y discursos».
El 10 de julio de 1923 se constituyó la Segunda Comisión de Responsabilidades, formada por 21 diputados, que debía emitir una resolución en veintiún días. El 7 de agosto el general Berenguer fue llamado a declarar ante la Comisión. El día 11 de agosto se negó a la Comisión las actas de la Junta de Defensa Nacional, y comenzó a rumorearse que el propio rey estaba implicado en el desastre. Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos y la falta de acuerdo de los miembros de la Comisión, acordaron convocar el Pleno de la Cámara para el 2 de octubre y que se efectuase una votación general sobre el asunto.
Sin embargo, el Pleno nunca llegó a reunirse: el 13 de septiembre el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, acometió un golpe de Estado, disolvió las Cámaras y proclamó la dictadura con el visto bueno del rey, finalizando así el proceso de depuración de responsabilidades.
En el manifiesto que hizo público el general Miguel Primo de Rivera para justificar el Golpe de Estado en España de 1923 aludió a las «pasiones tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades». Y a continuación en el manifiesto se decía: «El país no quiere oír hablar más de responsabilidades, sino saberlas, exigirlas pronta y justamente, y esto lo encargaremos, con limitación de plazo, a Tribunales de autoridad moral y desapasionados de cuanto ha envenenado hasta ahora la política». Lo cierto fue que al día siguiente del golpe toda la documentación de la Comisión Picasso del Congreso de los Diputados fue incautada y el pleno previsto para el 3 de octubre en que se iba a debatir el informe de la Comisión de Responsabilidades fue suspendido sine die. Nunca se celebraría, «para tranquilidad de Alfonso XIII».
Como haber dado carpetazo definitivo al Expediente Picasso hubiera supuesto dar la razón a los que afirmaban que uno de los motivos del golpe había sido enterrarlo, Primo de Rivera permitió que continuara la actuación del Consejo Supremo de Guerra y Marina —que se ocupaba de las responsabilidades militares y no de las políticas— pero en seguida algunos de sus vocales fueron sustituidos por otros más proclives a absolver a los militares acusados y sin previa consulta a su presidente el general Aguilera, quien por esta razón dimitió en marzo de 1924. Tres meses después se hizo público el fallo contra el general Navarro (2º Jefe de la Comandancia General de Melilla) y el general Dámaso Berenguer (Alto Comisario de Marruecos cuando se produjo el desastre de Annual). El primero fue absuelto y el segundo fue condenado a una pena leve: la separación del servicio y el pase a la reserva. Y dos semanas después, el 4 de julio, el rey decretaba una amplia amnistía para todos los implicados en la derrota de Annual, incluido el general Berenguer. Más tarde el rey Alfonso XIII acabaría nombrando al general Berenguer jefe de su casa real. Como ha señalado el profesor Alía Miranda, «de esta forma, se daba carpetazo al asunto de las responsabilidades sin ninguna consecuencia. (...) La factura que tuvo que pagar el rey por intentar poner fin a su pesadilla personal al final resultaría muy costosa, pues la decisión de unir su suerte a la del dictador y a la de la dictadura lo arrastraría al exilio siete años y medio después».
Convencido de que Primo de Rivera quería destruirlo, el antiguo diputado Bernardo Mateo Sagasta Echevarría rescató el expediente de los archivos y lo ocultó en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, de la que era director. Allí permaneció hasta el advenimiento de la II República, pues, al parecer, Mateo Sagasta devolvió el Expediente al Congreso en 1930.
El rey fue procesado y condenado in absentia en las Cortes el 19 y el 20 de noviembre, condena que necesita ser estudiada a la luz de la intervención de documentos que hizo la Comisión de Responsabilidades en el domicilio de José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. Se sabe que, tras abandonar el poder, Miguel Primo de Rivera había abandonado España en dirección a París con varias maletas de documentos. El Resumen elaborado por el propio Juan Picasso fue enviado a las Cortes y fue publicado en 1931, al igual que los informes de la Comisión de Responsabilidades.
Durante la dictadura militar del general Franco nada se supo del famoso expediente. Diego Abad de Santillán prologó en 1976 una edición parcial fuera de España (El Expediente Picasso, Buenos Aires, 1976).
El general Juan Picasso era tío abuelo del pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso.
El Expediente Picasso calificó de negligente la actuación de los generales Berenguer (Alto Comisario) y Navarro (2º Jefe de la Comandancia General de Melilla) y de temeraria la del general Silvestre.
Conocido de forma fragmentaria durante mucho tiempo, el informe Picasso fue recuperado en su totalidad y transferido al Archivo Histórico Nacional en 1990. El Expediente Picasso propiamente dicho consta de 10 piezas y 2418 folios. Todo este contenido ha sido digitalizado y puede consultarse en el Portal de Archivos Españoles (pares.mcu.es), donde aparece como "Información Gubernativa instruida para esclarecer los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de posiciones del territorio de la Comandancia General de Melilla en el mes de julio de 1921 (Expediente Picasso)" con signatura "FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO, Exp.50". La primera pieza contiene un valioso índice del mismo y en las páginas web de cada pieza se detallan en líneas generales los respectivos contenidos.
Junto con el Expediente Picasso propiamente dicho, el Archivo Histórico Nacional contiene una pieza íntimamente relacionada, que incluye testimonios obtenidos con posterioridad, por ejemplo los de los prisioneros españoles implicados en el Desastre de Annual y liberados años más tarde. Tiene como nombre "Causa en única instancia instruida por el Consejo Supremo de Guerra y Marina para depurar las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el Mando con motivo de los sucesos desarrollados en el territorio de la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 1921." y signatura "FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO, Exp.51". Esta causa posee 39 piezas separadas, todas ellas públicamente accesibles. En el artículo referenciado en las líneas anteriores se puede encontrar una descripción extensa de ambos expedientes, así como su génesis e historia.
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