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Las Fuerzas Armadas de Uruguay están subordinadas constitucionalmente al presidente de la República a través del Ministro de Defensa Nacional. Su principal misión es cumplir los requerimientos de la defensa nacional, a fin de salvaguardar la soberanía, la independencia e integridad territorial del país, así como cuidar los recursos estratégicos y contribuir al mantenimiento de la paz interna.
En 2016, contaba con 22136 efectivos, que significaba 64.6 militares cada 10 000 habitantes.
A 2003, Uruguay cuenta con más de 3.000 soldados uruguayos en doce misiones de paz de las Naciones Unidas. Los contingentes más grandes se encuentran estacionados en la República Democrática del Congo y en Haití. En la península de Sinaí, se encuentra un destacamento de 85 hombres.
Las fuerzas armadas uruguayas cuentan con una fuerza superior a 30 mil efectivos.
Las fuerzas armadas del Uruguay están formadas por las siguientes Ramas:
Históricamente, se considera que el ejército uruguayo tiene su bautismo de fuego en 1811, al comenzar el proceso emancipador del Reino de España; el prócer nacional, José Artigas, tuvo un papel decisivo en tales instancias.
También en esa etapa (hacia 1817) nace el embrión de lo que luego sería la Armada Nacional uruguaya.
Durante todo el siglo XIX, la presencia militar en la vida nacional fue intensa, con varios presidentes procedentes del medio castrense: Fructuoso Rivera, Manuel Oribe, Venancio Flores, Lorenzo Batlle, Lorenzo Latorre, Máximo Santos, y Máximo Tajes.
Entre el fin del siglo XIX y los últimos años de la década de 1960, los civiles dominan la política y los militares pasan a segundo plano. La acción del presidente José Batlle y Ordóñez evita la consolidación de cualquier forma de poderío territorial de los militares.
La Constitución de 1918 limita enormemente la participación política de los militares. Incluso, durante los golpes de Estado de 1933 y 1942, las fuerzas armadas uruguayas permanecen leales al presidente titular de turno, sin intervenir en esos episodios de quiebre institucional.
Esto es así hasta que, en la década de los años 1970, intervienen en el combate a la guerrilla, lo cual desembocaría en el involucramiento de los militares en la política (véase al respecto el artículo sobre la dictadura cívico-militar de Uruguay).
Al retornar la democracia, a mediados de la década de los años 1980, los gobernantes civiles tuvieron una delicada tarea tendiente a que los militares volvieran a quedar restringidos a sus misiones constitucionales y legales (véase al respecto el artículo sobre la Ley de Caducidad).
El 16 de julio de 2019 el parlamento uruguayo aprueba la reforma a la ley orgánica militar, ley identificada con el número 19.775
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