Manuel José García Ferreyra (Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata, 1784 – Buenos Aires, Argentina, 1848) fue un político, jurista, economista y diplomático argentino.
En su larga carrera política se desempeñó como Secretario de Hacienda de las Provincias Unidas del Río de la Plata durante el Segundo Triunvirato (1812-1814) y como Ministro de Gobierno y Hacienda de la provincia de Buenos Aires en los gobiernos de Martín Rodríguez (1820-1824) y Juan Gregorio de Las Heras (1824-1826). Luego de su misión de paz al Brasil en 1827, volvió a desempeñarse como Ministro de Hacienda en el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas (1829-1832) y Ministro de Hacienda y Gobierno de Juan José Viamonte en su dos gobernaciones de la provincia de Buenos Aires (1829 y 1833-1834).
Fue una de las más influyentes personalidades de la "Generación de Chuquisaca". No identificado con ninguno de los partidos dominantes, le preocupaba ante todo la organización institucional del país. Por ello participó activamente en la preparación de la Asamblea del Año XIII y del Congreso General de 1824, con el fin de redactar una constitución nacional.
Como economista, ejerció como primer Ministro de Hacienda de la República Argentina y fundó el hoy denominado Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pese a que ejercía como ministro de hacienda, tuvo una actuación aparentemente secundaria en el proceso que llevó a la provincia de Buenos Aires a contraer el primer empréstito externo, contratado con la Banca Baring Brothers & Co. Introdujo innovaciones administrativas que tuvieron vigencia hasta pasada la primera mitad del siglo XIX, y llevó adelante una política de claro corte liberal, inspirada en las enseñanzas de Adam Smith y Jean Baptiste Say.
En la esfera diplomática le tocó intervenir en tres períodos cruciales de la Historia Argentina: fue Embajador Plenipotenciario del Directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata ante la corte portuguesa de Río de Janeiro (1815-1820), período durante el cual se encargó de velar por la neutralidad de la Corona de Portugal en la Guerra de la Independencia Argentina, aunque habría admitido la Invasión Portuguesa de la Provincia Oriental ante la imposibilidad del Directorio de imponerse al caudillo Oriental José Artigas; Ministro de Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires (1824-1826), etapa durante la cual firmó el «Tratado de "Amistad, Comercio y Navegación" celebrado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Su Majestad Británica (1825)»., que implicó el primer reconocimiento a la independencia argentina por una potencia de Europa, además del beneficio fiscal obtenido por la recaudación de derechos aduaneros; y por último fue Ministro Plenipotenciario de la República de las Provincias Unidas del Río de la Plata ante el Imperio del Brasil, ocasión en que firmó la Convención Preliminar de Paz de 1827 que incluía la renuncia de las Provincias Unidas a la soberanía sobre la Provincia Oriental, que venía siendo ocupada por la fuerza durante diez años.
Hijo del Coronel Pedro Andrés García y de Clara Ferreyra Coelho de Silva, nació en Buenos Aires el 11 de octubre de 1784. Completó sus estudios preparatorios en el Real Colegio de San Carlos, ingresando luego en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, donde se doctoró en derecho civil y canónico en 1804.
Participó en las invasiones inglesas, combatiendo a las órdenes de su padre, como Jefe de la 4a Compañía del Tercio de Cántabros Montañeses, en la batalla producida en la iglesia de Santo Domingo el 5 de julio de 1807 durante la segunda invasión, oportunidad en la que por su actuación mereció el ascenso al grado de Teniente Coronel, despacho firmado el 5 de enero de 1809 por el entonces virrey Santiago de Liniers.
En 1808 fue partidario del grupo dirigido por Manuel Belgrano y Juan José Castelli, que pretendía conseguir la independencia de España coronando como reina a doña Carlota Joaquina de Borbón. Fue nombrado Subdelegado Real de Porco y Chayanta, en el Alto Perú, en 1809.
Regresó a Buenos Aires en 1811, después de la Revolución de Mayo. Fue tesorero del Cabildo porteño, regidor segundo en 1812, y vocal de la Cámara de Apelaciones en 1812.
Dos años luego de su creación por orden de la Junta Gubernativa, en 1812 la "Gazeta de Buenos Ayres" cambió su nombre por el de "Gazeta Ministerial de Gobierno de Buenos Ayres".
El 7 de septiembre de 1812, el Segundo Triunvirato lo nombra redactor del mentado boletín, manifestando en su documento de nombramiento:
Como Director de "La Gaceta", publicó una serie de artículos inspirados en los sucesos europeos y las hostilidades en la plaza de Montevideo, y criticó la constante negativa de los funcionarios del antiguo régimen de reconocer el cambio político en "la América del Sud" y su inflexible postura con respecto a la reimplantación de las antiguas leyes.
Ante el rumor que se hablaba en ese entonces de sancionar una Constitución en España, se expidió con escepticismo al afirmar "...si esta constitución es justa y liberal, solamente la libre sanción de los pueblos puede legitimarla; la fuerza y la opresión jamás han producido derecho".
Inspirado en el rechazo de "las absurdas proposiciones" del Triunvirato por parte del General Gaspar de Vigodet, gobernador de la plaza de Montevideo y partidario de la monarquía absolutista, expresó
Por último, escribió dos artículos titulados "Relaciones Interiores", en los cuales se refiere a la situación política de las Provincias Unidas y a la adopción generalizada de las nuevas ideas democráticas provenientes de Europa. En ellos afirma
Culminó el último de estos artículos reclamando de los "hombres de bien de todas las naciones el reconocimiento de los derechos de los pueblos americanos y de éstos la necesidad de cesar sus luchas internas para lograr vencer a sus enemigos y asegurar el goce de su libertad."
Se unió a la Logia Lautaro, heredera de la anterior Logia de Caballeros Racionales N.º 8. Al instalarse el Segundo Triunvirato, se le encargó organizar el temario que debía tratar la “Asamblea General Constituyente”, conocida como Asamblea del año XIII, de la cual fue secretario. El proyecto de constitución preparado por la comisión formada por el propio García, Nicolás Herrera, Hipólito Vieytes, José Valentín Gómez, Pedro Somellera y Gervasio Posadas –este último por la renuncia de Pedro José Agrelo– nunca pudo ser tratado, ya que por ese entonces "no era oportuno pensar en una constitución escrita," porque la preocupación principal recaía en el avance del ejército realista en el norte del país, el bloqueo que ejercía la escuadra realista en el Río Uruguay y el peligro de las fuerzas españolas estacionadas en Montevideo. Probablemente la medida política más importante de la Asamblea haya sido la unificación del poder ejecutivo con la creación del cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en reemplazo del anterior órgano colegiado, en vistas de la necesidad de mayor celeridad en la toma de decisiones.
Tras un fugaz paso por la Cámara de Apelaciones, en abril de 1813 fue nombrado Secretario de Hacienda, cargo desde el cual llevó adelante una política librecambista. Propuso la no regulación de la actividad minera, para inducir a mineros europeos a interesarse en extraer minerales, especialmente oro y plata. El entonces Director Supremo Don Gervasio Posadas, lo nombró miembro del Consejo de Estado, del cual desempeñaría el cargo de secretario, a pesar de ser el más joven de sus miembros.
Con la renuncia de Posadas en enero de 1815, su reemplazante Carlos María de Alvear le encomendó la redacción de un documento para presentar ante la Asamblea Legislativa que reflejase la situación general de las Provincias Unidas y las eventuales medidas a tomar. En dicho documento, García describía el desarrollo de la revolución desde 1810 y remarcaba el cambio en el escenario político europeo, generado por la caída del imperio francés, que sin duda alguna generaría el inicio de las demoradas represalias del gobierno español para con sus colonias rebeldes. A su vez, destacaba la precaria situación general debido a las derrotas del Ejército del Norte en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, el marcado empobrecimiento de las clases productoras por la pérdida del comercio con el Alto Perú, las importantes cargas contributivas que se les habían impuesto para financiar los ejércitos, y la devastación provocada por los "grupos armados" de Artigas en el Litoral. A esta grave situación general se le agregaba la constante amenaza española del Virreinato del Perú, plaza fuerte de la monarquía en sus colonias Sudamericanas. En vistas de la gravedad de la situación, proponía atraer a Inglaterra por el lado del interés comercial, para que actuase como "protectora natural de las libertades de América", sumar al resto de las provincias a apoyar la "causa de Buenos Aires" y abrir los puertos al comercio, lo que permitiría recaudar "sumas cuantiosas" en derechos aduaneros que financiarían la revolución "sin causar molestias ni a los comerciantes ni a la población en general".
Debido a la creciente posibilidad del envío de una fuerza represiva al Plata por parte de la Corona, el 28 de febrero de 1815 fue comisionado por el Director Supremo Alvear a Río de Janeiro, para entregar dos pliegos redactados por Nicolás Herrera, entonces secretario del Consejo de Estado, y firmados por Alvear, dirigidos al embajador británico en la corte portuguesa Lord Strangford y otro al Ministro de Relaciones Exteriores, Lord Castlereagh.
Numerosos ejemplos documentales muestran la desesperación del gobierno de Buenos Aires por encontrar respaldo externo, provocada principalmente por la inminencia de la salida hacia América de una expedición española de 10 000 hombres comandada por el general Pablo Morillo (aunque esta sería finalmente enviada a Venezuela y Colombia, regiones reconquistadas por España luego de una terrible represión). Encarnaba esta desesperación el Director Supremo, general Carlos María de Alvear: rechazado por el Ejército del Norte, derrotadas sus tropas por los artiguistas en la Banda Oriental, y latente el peligro de la mencionada expedición española, Alvear firmó dos notas, aparentemente redactadas por Herrera, una para Lord Strangford y otra para el gobierno inglés, y envió a su comisionado Manuel José García a Río de Janeiro y a Londres, con el objeto de entregar las Provincias Unidas del Río de la Plata a Inglaterra.
La primera carta del director supremo Alvear a Strangford, decía textualmente:
El contenido de esta carta de Alvear a Strangford no fue finalmente dado a conocer por García. El emisario de Alvear decidió no tomar en cuenta la propuesta original del director supremo y prefirió negociar una posible mediación británica en el conflicto entre España y las Provincias Unidas.
En cambio, García presentó a Strangford un memorial fechado el 3 de marzo, para que el diplomático británico lo enviara a Lord Castlereagh. Aparentemente a pedido de Strangford, este memorial omitía el ofrecimiento de sumisión, y limitaba su pedido a una intercesión ante el gobierno español:
En la carta que envió el 14 de marzo a Lord Castlereagh, ministro de relaciones exteriores, Strangford parece confirmar que el pedido de García estaba condicionado por el peligro representado por la expedición punitiva que se preparaba en España:
En agosto de 1814, las coronas de Gran Bretaña y España habían firmado una addenda al tratado de 1809, por la cual
Si bien para la época de su entrevista con Strangford (fines de febrero de 1815), García no tenía conocimiento de los términos exactos de los agregados al tratado, sí sospechaba de su contenido. Además de la reticente conducta del Ministro inglés en la entrevista, lo que llevó a García a suponer de los términos de la addenda fueron las órdenes recibidas por el almirante británico en Río (consistentes en solicitarle a todos los comerciantes de esa nacionalidad que se retiren de Buenos Aires) por lo que el 25 de abril informa a su gobierno
Finalmente destacaba dos peligros en caso de reconquista española: la reinstauración de la esclavitud y el perjuicio para los intereses de los residentes británicos en el Río de la Plata.
En Buenos Aires se esperaba encontrar oxígeno político a través del reconocimiento de —y la vinculación con— Gran Bretaña. Así parece demostrarlo el contenido de una carta enviada desde Río de Janeiro por el ministro británico Henry Chamberlain a su superior el vizconde Castlereagh, el 10 de febrero de 1816:
Se podría suponer que las previsibles consecuencias de la mencionada expedición punitiva fueron las que movieron a los políticos rioplatenses a tratar de obtener la protección de Inglaterra.
Vale aclarar que el peligro no desapareció cuando se supo el destino último de la expedición de Morillo, pues en España continuó la preparación de expediciones para recuperar las colonias hasta 1820, cuando la revolución liberal volvió a salvar al Río de la Plata de la amenaza.
García permaneció en la Corte de Río de Janeiro como Embajador Plenipotenciario de los sucesivos Directores Supremos, Ignacio Álvarez Thomas, Juan Martín de Pueyrredón y José Rondeau, hasta el año 1820. El primero de ellos, intrigado, le preguntó en 1815 con qué misión había viajado. García contestó al jefe de Estado en una misiva fechada el 15 de agosto de Río de Janeiro ese año que
Con respecto a la Misión de García, Nicolás Herrera (exministro del Director Alvear) dijo
A lo largo de sus cinco años en el Brasil, se volvió un experto de la diplomacia internacional y su estratégica ubicación le permitió conocer y mantenerse al tanto de todos los acontecimientos que acaecían en Europa. Su principal objetivo consistió en mantener la neutralidad del Brasil en la guerra de la independencia con España, para evitar una alianza que crease un segundo frente de batalla, que sin duda alguna hubiera dado por tierra con los intentos de emancipación. Para conseguir dicho objetivo, invocó constantemente el Tratado Rademaker-Herrera, firmado en 1812, y se relacionó con las personalidades más influyentes de esa Corte y los enviados ingleses. Esto generó el recelo de la Infanta Carlota Joaquina, quien enviaba agentes a que lo siguieran constantemente y le informaran de sus movimientos.
García compartía la interpretación predominante en Buenos Aires sobre la negativa de José Artigas a someterse a la autoridad central organizada como un estado unitario, por considerar que el modelo "Confederado" adoptado por Artigas atentaba contra la unidad nacional y promovía tendencias inconvenientes en tiempos en que la misma independencia no se encontraba asegurada. García opinaba así, toda vez que dentro del modelo Confederado (a diferencia del Federal) los "estados miembros" poseen el derecho de secesión (facultad de abandonar la Confederación cuando así lo dispongan) y el de "no obediencia" a la autoridad central en caso de no compartir una decisión de esta (principios que tornan cuasi ridícula la existencia de un estado en estas condiciones). Era considerada como particularmente peligrosa, debido a que el modelo propuesto por Artigas se extendía con notable facilidad por Entre Ríos, provincia de Corrientes, y Santa Fe. También se había extendido a Córdoba y a Santiago del Estero, aunque en estas provincias por el momento estaba limitado a esporádicas reacciones rurales. En la ya citada carta de García a Castlereagh, describía así la situación de su país:
Junto a Nicolás Herrera, García ha sido acusado de ser responsable de incitar a Juan VI de Portugal a invadir la Banda Oriental. Si bien la mayor responsabilidad parece recaer en Herrera, en una carta al Director Supremo Pueyrredón relataba:
En julio de 1816, en un mensaje a Álvarez Thomas, García le informaba, con tono optimista:
Un anónimo informante español informaba a su gobierno en esa época:
En definitiva, la Banda Oriental fue invadida entre 1816 y 1820 por fuerzas del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve con la excusa de defenderse de las acciones de su caudillo Artigas, pero en la práctica fue una simple invasión que tuvo lugar aprovechando las disensiones entre este y el Directorio, e incluso entre Artigas y sus lugartenientes.
En abril de 1817, García redactó y presentó un proyecto de acuerdo con el Brasil en los siguientes términos:
2º S.M.F, restablecido el orden en la Banda Oriental del Uruguay, no permitirá pasar sus tropas al Entre Ríos, pero esta Provincia se sujetará al Congreso y Gobierno de las Provincias Unidas, como las demás; de suerte que el dicho Gobierno puede garantir a S.M.F., la tranquilidad de esta frontera.
3º S.M.F. se obliga solamente a no contribuir directa o indirectamente, a que no sea atacado, ni invadido el territorio de las Provincias Unidas.
El mentado acuerdo, dejaba de manifiesto el carácter transitorio de la ocupación portuguesa y reafirmaba la pertenencia de la Provincia Oriental al resto de las Provincias Unidas, al manifestar que "(...)esta Provincia se sujetará al Congreso y Gobierno de las Provincias Unidas, como las demás" una vez que el Gobierno de éstas estuviese en condiciones de reasumir su autoridad sobre ellas y garantizara al del Brasil la "(...)tranquilidad de esta frontera".
Por otro lado, el Directorio y su agente en Río de Janeiro intentaban impedir por todos los medios evitar una ruptura con Portugal, para evitar - ante el entonces inminente embarque de la flota española hacia Sud América – una posible alianza entre Portugal y España, que permitiría a esta tener una cabeza de puente para su ataque al Río de la Plata. A finales de esa década, el peligro de una alianza entre los dos reinos ibéricos había aumentado significativamente, debido a que la Corte portuguesa consideraba seriamente entregar Montevideo a la esperada expedición española, tal vez por razones ligadas al matrimonio entre la Infanta Carlota Joaquina de Borbón y el Rey Juan VI de Portugal.
Para evitar esta posible alianza entre España y Portugal, García intentó lograr la intervención favorable de Gran Bretaña. Pero una entrevista con el encargado de negocios inglés en Río de Janeiro, Mr. Henry Chamberlain, le permitió comprender la verdadera política inglesa para con las Provincias Unidas, consideradas "vasallos rebeldes" del Rey de España Fernando VII. En su informe al director supremo, informaba que el encargado de negocios de "la Gran Bretaña" había presentado una nota al gobierno portugués, en la cual pedía explicaciones acerca de la ocupación de la Banda Oriental, insinuando la conveniencia de evacuar ese territorio español "para no ofender los derechos reconocidos de S.M.C. ni perturbar sus operaciones sobre sus vasallos rebeldes". García terminaba su informe refiriéndose a la política exterior británica:
Durante el gobierno del Director Supremo José Rondeau, García recibió una nota de este en la que le informa que había propuesto al General Carlos Federico Lecor, jefe de la ocupación de la Banda Oriental, un ataque combinado a las fuerzas orientales en Entre Ríos, autorizando a los portugueses a cruzar la línea del río Uruguay. En este sentido le impartía las siguientes instrucciones:
Aunque se aclaraba que las fuerzas portuguesas deberían retirarse al este del río Uruguay una vez vencidos los federales, y pese a que el pedido fue desdeñado tanto por Lecor como por el rey de Portugal, casi todos los historiadores argentinos y uruguayos coinciden en interpretar ese ofrecimiento como un acto de traición por parte de Rondeau, o al menos de una torpeza extrema ya que se oponía de cuajo con las resoluciones del "Soberano Congreso" recibidas por García el 22 de noviembre las cuales se encontraban "en contradicción directa con el tenor de la comunicación" de Rondeau (de hecho, demostró ningún interés en discutir las instrucciones de Rondeau por considerarlas desacertadas).
Esto se ve reflejado en una carta que escribe a Gregorio Tagle en la que le manifiesta que se debe proceder con precaución en la política a seguir con el Brasil ya que si la expedición de los españoles no se realizara los portugueses deberían de suspender la ocupación de la Banda Oriental. Si bien consideraba primordial acabar con el poder de los "anarquistas" (federales de litoral), dudaba de las verdaderas intenciones de la Corte de Río ya que afirma en la misma carta
García regresó a Buenos Aires a principios de 1821. El 8 de agosto de ese año fue nombrado ministro de hacienda por el gobernador Martín Rodríguez; los otros dos ministros eran Bernardino Rivadavia, de Gobierno y Relaciones Exteriores, y Francisco Fernández de la Cruz, de Guerra.
El 15 de enero de 1822 creó el Banco de Descuentos, que gozaba del monopolio de la emisión de billetes y monedas, pero no era estatal, sino privado; controlado inicialmente por comerciantes rioplatenses, en poco tiempo pasó a estar bajo control de capitalistas británicos. Posteriormente, este establecimiento se transformaría en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Fue el autor de la primera ley de presupuesto de la historia argentina, el 19 de diciembre de 1823. Durante su gestión se crearon la Contaduría, la Tesorería y la Receptoría, todas dependientes del Tribunal de Cuentas. Mantuvo un cuidadoso equilibrio financiero, muy favorecido por la concentración de todos los gastos en la provincia de Buenos Aires – que renunció a continuar la guerra de independencia – y la utilización exclusivamente por esta de los recursos de la Aduana. Se llevó adelante una activa lucha contra el contrabando, se redujeron los aranceles aduaneros y se abandonó cualquier atisbo de proteccionismo económico.
La Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires sancionó en agosto de 1822 una ley que facultaba al gobierno a "negociar, dentro o fuera del país, un empréstito de tres o cuatro millones de pesos valor real". Los fondos del empréstito debían ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera, la fundación de tres ciudades sobre la costa entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones y para dotar de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires.
Para contratar ese empréstito en Gran Bretaña, García y Rivadavia constituyeron un consorcio, encabezado por Braulio Costa y los hermanos William y John Parish Robertson. Estos últimos viajaron a Londres, donde consiguieron un crédito por un millón de libras esterlinas con la firma Baring Brothers & Co.
Tras una serie de arreglos entre la Baring y el mencionado consorcio, llegaron a la Argentina solamente 570.000 libras esterlinas, en su mayoría en letras de cambio contra comerciantes establecidos en Buenos Aires – esto es, no había necesidad de colocar el empréstito en Londres si las letras iban a ser pagadas en metálico en Buenos Aires – y una parte minoritaria en metálico. La idea de girar letras de cambio fue de Parish Robertson, y los dos mayores destinatarios de las mismas eran este y Costa. Como garantía del empréstito, el Estado de Buenos Aires "empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de la dicha suma de 1.000.000 de libras esterlinas y su interés". El empréstito solo se pagaría por completo ochenta años más tarde.
No es algo menor para destacar, el hecho de que el empréstito argentino de 1824 no fue el único de su tipo en Latinoamérica (ni el [único en celebrarse en esas condiciones): ya en 1822 Colombia había negociado un crédito por valor de 2 millones de libras esterlinas, lo mismo había hecho ese año Chile con un crédito por 200 000 libras. El reino de Poyais (país ficticio creado por el estafador Gregor McGregor supuestamente en la Costa de Mosquitos, ubicada en el litoral del Mar Caribe de las actuales Honduras y Nicaragua), hizo lo propio por 200.000 libras, y Perú colocó un empréstito por 1.200.000 libras. México también tomó un crédito de este tipo en 1824, y Colombia obtuvo su segundo crédito. Entre 1822 y 1826 las colonias españolas se endeudaron con Londres por la suma de 20.978.000 libras, habiendo Inglaterra desembolsado una suma real de sólo 7.000.000 de libras. Viendo este panorama global, se podría asumir que las "ignominiosas" condiciones pactadas por el gobierno de Rivadavia eran las únicas disponibles para una nueva y endeble nación, sin crédito internacional ni posibilidad de ofrecer garantías sólidas, de conseguir un empréstito de esa cuantía.
En cuanto el préstamo llegó a Buenos Aires, la Legislatura dispuso que las circunstancias ya no hacían necesaria su utilización para los objetivos fijados en la ley, de modo que lo entregó al Banco de Descuento para que lo entregara como créditos a sus clientes, a intereses mucho más bajos que los que pagaba la provincia por ese dinero.
En 1827 fue el primer cesación de pagos de la historia de Argentina. La Argentina había tenido una presencia activa en los mercados internacionales de capital luego de su independencia. Fue justamente en medio de un auge de préstamos ocasionado por el fin de las guerras napoleónicas que Argentina y otros países de América Latina consiguieron emitir bonos en Londres para financiar sus guerras de independencia. Este auge crediticio terminó en 1825 cuando el Banco de Inglaterra subió su tasa de descuento para frenar su caída de reservas: el ajuste monetario derivó en un estallido bursátil, problemas bancarios y recesión en Inglaterra y Europa continental. En pocos meses, la crisis se expandió a América Latina. Argentina entró en cesación de pagos en 1827, y recién reinició sus pagos en 1857. La siguiente cesación de pagos ocurriría durante el Pánico de 1890.
Años más tarde, en 1831, el propio García explicaría al gobernador correntino Pedro Ferré que no podía tomar medidas proteccionistas de la producción nacional y restrictivas del comercio exterior porque
Otra actuación destacada tuvo lugar cuando llegó a Buenos Aires Antonio Gutiérrez de la Fuente, enviado de José de San Martín, que ejercía como Protector del Perú y no había logrado expulsar completamente a los realistas de ese país. Cuando Gutiérrez de la Fuente presentó el pedido de ayuda militar y económica para terminar esa campaña recibió una serie de respuestas elusivas esgrimidas por distintos funcionarios y legisladores. García terminó la discusión afirmándole, frente a la Sala de Representantes, que
Al finalizar el gobierno de Rodríguez fue elegido gobernador de la provincia el general Juan Gregorio de Las Heras. Ofreció continuar en los cargos de ministros a quienes los ocupaban hasta esa fecha, pero Rivadavia lo rechazó, pues debía hacer un viaje a Londres. Manuel José García ocupó los ministerios de Hacienda, Gobierno y Relaciones Exteriores, mientras en el de Guerra continuaba Francisco Fernández de la Cruz.
En el discurso de asunción de su gobierno, Las Heras pronunció la conocida frase con la que se identifica al período de gobierno inmediatamente posterior a la denominada anarquía de 1820 ocurrida en Buenos Aires como la "feliz experiencia". Con esa frase, Las Heras reconocía los logros del gobierno anterior y el beneficio que significó para la provincia la política de no participación en la guerra de independencia y el usufructo de los recursos de la Aduana del puerto de Buenos Aires, además del aumento del tráfico comercial por la disminución de los derechos de aduana.
La principal gestión de García en su ministerio fue la que se tradujo en la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que firmó el 2 de febrero de 1825 con Gran Bretaña, y fue aprobado poco después por el Congreso Nacional y refrendado por Las Heras el 19 de febrero. La importancia fundamental de ese Tratado fue el reconocimiento explícito que hacía por primera vez una gran potencia europea de la independencia de las Provincias Unidas, ya que la firma de un tratado les otorgaba entidad propia. En la época no era compatible con el derecho de gentes el celebrar un tratado con rebeldes sin dejar de considerarlos como tales.
Woodbine Parish recibió las plenipotencias para un tratado de amistad, comercio y navegación, que sería a la vez la expresión formal de reconocimiento. Canning quiso asegurarse previamente que el gobierno de Buenos Aires contaría con el asentimiento de las demás provincias para concertarlo, y García hizo ver a Parish que por los términos de la Ley fundamental no cabía duda sobre su carácter nacional. Las negociaciones fueron rápidas - tal vez no las hubo, porque su texto es idéntico a los tratados que firmaron Colombia y Méjico con Inglaterra en ese mismo tiempo – y el 2 de febrero quedó concluido. Sometido al congreso el día 2, se acordó tratarlo en sesiones secretas. El 12 tuvo lugar la primera, incitados los diputados por una nota del gobierno que llamaba la atención sobre la demora; se observó la cláusula sobre la libertad de culto, pero quedó entendido — aunque no se modificó el tratado— que las provincias tendrían la facultad de resistir la tolerancia del culto "cuando chocare con sus instituciones resguardadas por la Ley Fundamental o lo resistiese la opinión pública." Las disposiciones del tratado sobre libertad de comercio, privilegios comerciales, y exenciones militares y jurídicas no encontraron oposición.
Se establecían ciertas ventajas para los comerciantes británicos en las Provincias Unidas, especialmente en cuanto a la libertad de culto, cierta extraterritorialidad para los comerciantes británicos, y la cláusula que establecía que en futuros acuerdos de las Provincias Unidas con otras naciones, se anticipaba que Gran Bretaña gozaría los privilegios de nación más favorecida, esto es, que cualquier otro beneficio que se otorgara a otro país debería ser obligatoriamente extensivo a Gran Bretaña.
Por otro lado, se establecía una igualdad comercial ilusoria entre ambos países, tal como lo detallaba el cónsul de los Estados Unidos, al secretario de estado John Quincy Adams: la supuesta igualdad para el ingreso de buques en los puertos de ambas naciones, entre un país que tenía miles de buques que desplazaban dos millones y medio de toneladas con otro que no sólo no tenía ninguno, sino que – para acceder a esa reciprocidad – se le exigía que los buques fueran construidos en las Provincias Unidas y fuesen también de propiedad de ciudadanos rioplatenses, y tripulados por capitán y tres cuartas partes de la tripulación de ese origen.
En 1821 la Banda Oriental fue anexada a Portugal con el nombre de Provincia Cisplatina por medio del pronunciamiento de los representantes del pueblo oriental, aunque muchos de estos representantes fueron elegidos por presión del gobernador portugués Carlos Federico Lecor.
Cuando el rey de Portugal, Rey Juan VI se vio obligado a regresar a Europa, su hijo se puso al frente de un incipiente movimiento independentista y proclamó la independencia del Imperio del Brasil, coronándose como Emperador Pedro I de Brasil. El cabildo de Montevideo solicitó a las fuerzas portuguesas que la ciudad fuera puesta bajo su gobierno, con la intención de reincorporarse a las Provincias Unidas, pero al año siguiente la ciudad pasó a ser controlada por el Brasil, bajo la gobernación de Lecor.
La situación interna de las Provincias Unidas era de mucha inestabilidad, ya que cada provincia se gobernaba por sí misma, separada de las demás no solamente por razones políticas, sino por diferencias geográficas y económicas, con poblaciones divergentes en cuanto a carácter y hábitos de vida. Por otro lado, si bien Buenos Aires había abandonado la lucha por la independencia, no se podía descartar completamente una posible reacción de España para reconquistar sus perdidas colonias sudamericanas, tanto desde Europa como desde el Alto Perú, aún bajo el régimen colonial.
Con su independencia aún no reconocida por España ni por ninguna potencia europea, los principales dirigentes porteños – entre ellos García – decidieron manejarse por el terreno diplomático en lugar de recurrir a las armas para recuperar la Provincia Oriental. Por ello se intentó convencer al Emperador de devolverle el territorio en disputa a cambio de una indemnización por los gastos generados por la invasión, a lo que Pedro I se negó.
Las circunstancias comenzaron a cambiar en las primeras semanas de 1825, con la noticia del final de las Guerras de independencia hispanoamericanas por la batalla de Ayacucho, y por el tratado con Gran Bretaña, por el cual esta potencia – importante aliada del Brasil – reconocía la independencia de las Provincias Unidas. Otro factor favorable fue la reunión del Congreso General de 1824, que reunía después de casi cinco años a representantes de todas las Provincias Unidas.
En esas circunstancias, un grupo de exiliados orientales, comandados por Juan Antonio Lavalleja y financiado por Pedro Trápani y Gregorio Gómez – todos ellos amigos personales de García – organizaron una expedición libertadora de la Banda Oriental en Buenos Aires. García contribuyó con 500 pesos de su peculio en la colecta realizada costear la expedición, pero bajo el nombre de "El amigo de los Orientales", ya que de utilizar su verdadero nombre hubiera dado con tierra con la confianza de los portugueses y con ello la posibilidad de un arreglo diplomático.
Tras la rápida ocupación del territorio oriental por los Treinta y Tres Orientales comandados por Lavalleja, el 25 de agosto de 1825, los representantes de los pueblos y villas de la Banda Oriental – con la excepción de Montevideo y Colonia del Sacramento – declararon la independencia de la Provincia Oriental del Imperio del Brasil y su voluntad de reincorporarse a las Provincias Unidas en el Congreso de la Florida.
En respuesta, el Imperio envió su escuadra de guerra al Río de la Plata para evitar cualquier ayuda por parte de Buenos Aires. El evidente accionar hostil del Imperio del Brasil genera preocupación en el gobierno británico, que veía peligrar su comercio en la región. García aprovechó dicha circunstancia para comisionar a Matías de Irigoyen ante el embajador británico Stuart en Río de Janeiro. Aunque debía también reunirse con el Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, su misión principal era gestionar la intervención inglesa en la desocupación de Montevideo por parte de los brasileños. En dichos pliegos García afirmaba:
"2º Que tampoco puede reconocer derecho alguno proveniente de actos celebrados en la provincia de Montevideo a favor de S.M.F. o de S.M.I. durante el tiempo que ha sido tomada por sus armas."
Irigoyen debía viajar a Montevideo para embarcarse en el H.M.S. Jaseur para de ahí viajar a Río, pero una serie de insólitos desentendimientos logísticos frustraron su misión y nunca pudo salir de esa ciudad. Muchas conjeturas se hicieron sobre esos "desentendimientos", formando dos grandes teorías: una afirmaba que fueron generados por agentes brasileños en la ciudad Oriental, ya que el accionar hostil de su país había persuadido a los ingleses de tomar cartas en el asunto. La otra responde siempre al gran interrogante de si no fueron los propios ingleses quienes, fieles a su histórico "juego a dos puntas" sabotearon el traslado del comisionado para frustrar las gestiones diplomáticas.
Luego de la victoria de Lavalleja en la batalla de Sarandí, del 12 de octubre de 1825, García le expresó en una carta:
El 4 de noviembre, García escribió al Ministro de Relaciones Exteriores brasileño que las "Provincias Unidas están dispuestas a negociar amigablemente la restitución de la provincia Oriental", lo cual generó grandes críticas por parte de ciertos sectores, más impulsivos, que querían ir a la guerra. El 16 de diciembre, el Brasil le declaró la guerra a las Provincias Unidas y su flota a bloqueó el Río de la Plata. Hacia fines de diciembre de 1825, el gobierno de Las Heras se encontraba muy desprestigiado por su política pacifista, cesando definitivamente al frente de la gobernación el 7 de marzo de 1826, cuando la provincia de Buenos Aires fue nacionalizada por el recientemente electo presidente Bernardino Rivadavia.
No obstante las primeras victorias a favor de las Provincias Unidas, y los triunfos navales en el Combate de Los Pozos y la Batalla de Juncal, la guerra mostró su lado más costoso para las Provincias Unidas, en especial para Buenos Aires: la economía volvió a desequilibrarse, pasando a tener un enorme déficit comercial y fiscal, tanto por los costos de mantener una escuadra y un ejército en campaña, como por la casi completa interrupción del comercio por el puerto de Buenos Aires. La situación económica y social en la capital se volvió inestable, y – sumado a una serie de errores de conducción política por parte del presidente Rivadavia – le enajenaron el apoyo tanto de las provincias del interior como de la propia población de la capital. En particular, los influyentes comerciantes y los crecientemente poderosos estancieros clamaban ruidosamente por un rápido final de la guerra. Por otro lado, tras la batalla de Monte Santiago, en el comienzo de abril, luego antes de la misión García, ya no se podría combatir más en "línea de fila", ya no sería posible enfrentar abiertamente a unidades enemigas de mediano o mayor poder. La flota argentina quedó reducida a unas pocas goletas y cañoneras que solo alcanzaban para defender el puerto, hostigar los avances imperiales sobre el puerto del Salado al sur y por el norte dar apoyo de convoy a los transportes de refuerzos y abastecimientos al frente oriental. El embajador británico en Río de Janeiro, Sir Robert Gordon, escribiría a lord Ponsonby: "Los recursos de este Imperio parecen inmensos y creyendo como yo que Brown -grande como es- no puede con sus goletas aniquilar a la armada brasileña, simplemente tendrá Ud. al bloqueo restablecido con mayor vigor". Así, la lucha en alta mar quedaría reducida por el resto de la contienda a los esfuerzos de los corsarios.
Como el historiador militar británico Brian Vale dijo, " [...] Juncal había hecho poco para empujar el Imperio en la dirección de la paz. Ahora en Monte Santiago, dos de los bergantines de guerra preciosos de la Argentina habían sido destruidos y el mejor de su Armada rotundamente derrotado. La abrumadora superioridad de la Marina brasileña en el mar se afirmó de una manera que ni la audacia de William Brown o las fragatas recién compradas de Ramsay en serio podrían desafiar ".
En el plano político, la insostenible situación económica del gobierno, cuyos ingresos por rentas aduaneras habían caído a $ 100.000, siendo las necesidades de $ 600.000, el éxodo del dinero metálico por la imposición por parte del gobierno del uso de papel moneda, los crecientes desórdenes internos y la obstinación del Emperador brasileño de continuar con la guerra, llevaron a Rivadavia a cambiar su postura belicista y buscar la paz. Por otro lado, estaba presionado por el diplomático británico John Ponsonby, lo que lo llevó a decidir negociar con el Imperio la independencia de la Provincia Oriental respecto de ambas naciones.
Sin embargo, en ese momento se estaba produciendo la campaña ofensiva del ejército de Carlos María de Alvear contra la provincia de Río Grande de San Pedro, que tuvo su culminación gloriosa el 20 de febrero de 1827 en la Batalla de Ituzaingó, victoria que lamentablemente no pudo capitalizarse por la reticencia del Comandante en Jefe de perseguir al ejército vencido.
El coronel Iriarte afirmó en sus "Memorias" al referirse a la reticencia del general Alvear a perseguir al enemigo vencido:
En el mismo sentido, afirmaba el general Paz en su anotación correspondiente al 25 de febrero de 1827:
Como destacó el coronel Iriarte, la guerra hubiera estado muy cerca de su conclusión de haberse continuado con la persecución del enemigo:
Finalmente, la inevitable falta de suministros sobreviniente y el pésimo estado de la caballada impidieron continuar con la persecución del ejército imperial y el normal desenvolvimiento de las acciones en el plano militar.
A pesar de la victoria táctica que implicó para las Provincias Unidas la batalla de Ituzaingó, la precariedad de su situación general no cambió sustancialmente: el ejército debió replegarse hacia el sur, y la escuadra brasileña continuó con el bloqueo del Río de la Plata. Por otro lado, Rivadavia veía cada vez más lejano su proyecto de unión nacional bajo el sistema unitario, para lo cual juzgó necesario contar con un ejército poderoso, capaz de imponerse a las provincias federales – la amplia mayoría – que habían rechazado la constitución unitaria de 1826 y la autoridad del presidente Rivadavia.
Durante el transcurso de la guerra, García permaneció alejado de puestos públicos, aunque se mantuvo en contacto permanente con el embajador Ponsonby, a quien alentó a insistir ante Rivadavia para obtener un arreglo basado en la independencia de la Banda Oriental. Por su parte, Ponsonby lo consideraba su mejor aliado, y escribía al ministro de relaciones exteriores británico George Canning.
Rivadavia recurrió nuevamente a García – quien ya había rechazado su ofrecimiento para encargarse de la cartera de Hacienda por sus discrepancias con el gobierno presidencialista unitario – para enviarlo en misión diplomática al Brasil e iniciar las tramitaciones de paz con el Imperio.
Las razones que impulsaron a Rivadavia a cambiar de opinión, fueron las mismas que habían disuadido a García a no ir a la guerra antes, para ello es importante resaltar la gran labor investigativa de Juan Carlos Nicolau, quien afirma:
El 16 de abril de 1827, García recibió las instrucciones para realizar su misión por parte de Rivadavia y su ministro Francisco Fernández de la Cruz, informándole que el gobierno se proponía "acelerar la terminación de la guerra y el restablecimiento de la paz, tal como lo demandan imperiosamente los intereses de la Nación". Esta instrucción refleja la crítica situación interna del gobierno de Rivadavia, desesperado por encontrar la paz para afrontar los otros grandes problemas que azotaban al país, es decir, la enorme crisis económica, la oposición de las provincias del interior, etc.
Las bases que debía utilizar el ministro plenipotenciario García, serían
Al despedirlo, el ministro Julián Segundo de Agüero le encargó conseguir la paz a todo trance; ...de otro modo, caeremos en la demagogia y en la barbarie.
García llegó en mayo de 1827 a Río de Janeiro y comenzó sus reuniones con el intermediario británico y los ministros plenipotenciarios brasileños. Apenas iniciadas las gestiones, García se encontró con una gran intransigencia por parte de los ministros brasileros con respecto a no renunciar a la Provincia Cisplatina: el Emperador, consternado por la victoria rioplatense de Ituzaingó y temiendo por la estabilidad de su imperio en esas circunstancias, había jurado ante el Senado brasileño no tratar la paz ante las Provincias Unidas y continuar la guerra hasta obligarlas a aceptar su soberanía sobre la Provincia Cisplatina; seguramente Pedro I especulaba también con la debilidad de la Provincias Unidas para prolongar las acciones bélicas.
Viendo la situación, García decidió regresar a Buenos Aires, pero el embajador británico Gordon lo convenció de entrevistarse con el ministro de relaciones exteriores imperial, el Marqués de Queluz. Tras tres reuniones infructuosas, las presiones del gobierno británico por terminar rápidamente con el conflicto para reanudar el comercio, la inflexible postura del gobierno brasileño y el crítico estado político-económico de las Provincias Unidas, llevaron a García a decidir por sí mismo la paz sobre otras bases. Más tarde explicó al embajador Gordon que, aunque
Parafraseando a Juan Carlos Nicolau: "García estaba convencido de que la paz traería el desarrollo de la economía y con ello, el progreso y fortalecimiento de las instituciones que permitiría lograr la felicidad de sus habitantes en una nación donde todo debía ser construido." Por su parte, Alén Lescano subraya que ése era
De modo que, dejando de lado sus instrucciones, el 24 de mayo de 1827 firmó la Convención Preliminar de Paz de 1827 que disponía, entre otras cosas:
A pesar de que la convención contravenía sus instrucciones, García había logrado que se cambiase la redacción primitiva que incorporaba la Provincia Cisplatina al Imperio y que se omitiera el reconocimiento de cualquier derecho de soberanía por parte del Emperador del Brasil sobre la Provincia Oriental, ya que la Convención solo se refería a la renuncia efectuada por las Provincias Unidas. Tal vez sin notarlo los diplomáticos brasileños, se dejaba la puerta abierta a la independencia uruguaya. Sin embargo, en su carta a Ponsonby informando de la firma de la convención, Gordon emitió ciertas opiniones que permiten inferir que todas las partes eran conscientes de que posiblemente el Emperador se vería obligado a otorgar la independencia de la Cisplatina tarde o temprano:
A su regreso a Buenos Aires, el 20 de junio, García presentó la Convención al Presidente y al Congreso. La opinión pública en Buenos Aires reaccionó indignada, se publicaron artículos muy violentos contra el gobierno en los periódicos, y la ciudad se cubrió de panfletos ofensivos contra García, Rivadavia y Ponsonby. De modo que Rivadavia, a quien se suponía partidario de aceptar el acuerdo, se presentó ante el Congreso con un virulento discurso exigiendo su rechazo.
El ministro Agüero dirigió a García una misiva en la que manifestaba:
La respuesta de García fue de rechazo a los cargos imputados por Rivadavia y Agüero, argumentando en su defensa que la firma de la mentada Convención podía comprometer su honra personal, pero no obligaba al país hasta tanto no fuera ratificada. En este sentido, relata
Esta Convención Preliminar de Paz fue rechazada por el Congreso General Constituyente de la República Argentina y por el Presidente de la República Argentina, D. Bernardino Rivadavia, el 25 de junio de 1827.
Si bien la Convención Preliminar fue rechazada, Rivadavia no logró salvar su gobierno: la opinión pública no le perdonaba su actuación, y simultáneamente se denunciaban en la prensa su participación en negociados mineros en Famatina. El día 26 de junio, Rivadavia presentaba su renuncia irrevocable a la presidencia.
Las consecuencias de la fracasada Convención Preliminar firmada por García son objeto de controversia: ciertos autores creen que el antecedente de un acuerdo de estas características, aún después de rechazado, condicionó fuertemente el accionar del gobernador Manuel Dorrego para la firma de la Convención Preliminar de Paz de 1828, por la que se disponía la independencia de la "Provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina". Otros autores, en cambio, afirman que mal puede atribuírsele a este responsabilidad alguna a García con los términos del tratado final firmado por Juan Ramón Balcarce y Tomás Guido, cuando –al no haber sido ratificada por el Congreso– la Convención Preliminar no vinculó en forma alguna al Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
En 1829, el general Lavalle lo nombró mediador ante su vencedor, Juan Manuel de Rosas, con quien tenía una amistad y parentesco, y el nuevo gobernador Viamonte lo nombró nuevamente Ministro de Hacienda. Su sucesor, el propio Rosas, lo mantuvo unos meses en ese cargo.
En 1830 se permitió enviar una misiva al exgobernador Rosas, en la cual criticaba sus formas autoritarias. Por esa postura, su casa fue baleada por partidarios de este en 1834. Entre otras consideraciones, le decía:
En la época del gobierno de Balcarce sostuvo la posición del partido que seguía a Rosas. Fue nombrado ministro de Hacienda del segundo gobierno de Viamonte; durante ese período expulsó del país a Rivadavia, que regresaba de su exilio en Europa, pues corría peligro de ser linchado por los federales por temor a los simpatizantes de Rosas y a la Mazorca.
No se identificaba particularmente con el partido federal ni con el unitario, de modo que fue funcionario bajo gobiernos de ambas tendencias. Sus ideas políticas eran eclécticas; ya en la época de su embajada en Río de Janeiro escribía al gobierno:
Y en otro pasaje varios años posterior:
Tal vez el pasaje que mejor exprese el pensamiento político de García sea el siguiente:
Respecto a la organización del poder, también adoptó una postura ecléctica, pregonando el principio de subsidiariedad entre las distintas esferas de competencia gubernamental (nacional, provincial y municipal). Al respecto, dio una extensa explicación en la cual destacaba el rol que debían tener los municipios en una carta que escribió en 1816 a su amigo Julián Álvarez desde Río de Janeiro, donde termina afirmando:
Fue un continuo opositor al accionar de los caudillos provinciales, tanto por sus tendencias localistas y autoritarias, como porque se resistían a la preponderancia de Buenos Aires.
Se retiró a la vida privada en 1835. Rosas lo nombró embajador en Brasil, en Perú y en Inglaterra sucesivamente, pero rechazó todos esos nombramientos.
Una noche de 1842, cuando García estaba de paso por Montevideo, en una charla con el intelectual Florencio Varela, este vio entre papeles viejos una carta lacrada sin abrir. Se la pidió al exministro, quién le autorizó su apertura. Resultó ser la carta al primer ministro británico que le había entregado Carlos María de Alvear. Hasta entonces, las negociaciones de Alvear habían quedado en secreto.
Falleció en Buenos Aires en octubre de 1848.
Había contraído matrimonio en la Iglesia de San Ignacio de la ciudad de Buenos Aires, el 5 de marzo de 1825 con Manuela Juana Isidora Nepomucena de Aguirre y Lajarrota, hija de Agustín Casimiro de Aguirre Micheo y María Josefa Lajarrota, y hermana del financista Manuel Hermenegildo Aguirre, quien por ese entonces era Ministro de Hacienda del Presidente Rivadavia. Tuvieron un solo hijo, Manuel Rafael García Aguirre, quien se casó con Eduarda Damasia Mansilla, hija del general Lucio Norberto Mansilla y sobrina de Juan Manuel de Rosas.
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