El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayoritariamente en la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta se derivan todas las demás.
La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Languedoc (en el sur de Francia) para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. En 1249 se implantó también en el reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal; y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, se extendió a esta con el nombre de Inquisición española (1478-1834), bajo auspicio de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados en lo que se denominaría América: la Inquisición portuguesa (1536-1821) y la Inquisición romana (1542-1965). Sus víctimas eran seres humanos, e incluso animales, acusados de brujería o de homosexualidad; en 1600 se emitió la orden de no incoar más procesos 'por sodomía', por blasfemar, por practicar bestialismo, por herejía (cristianos que niegan algunos de los dogmas instituidos por la Iglesia católica) y por acusaciones de judaizar en secreto.
Aunque en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra católicos,[cita requerida] contra reformadores radicales como los anabaptistas y contra supuestos practicantes de brujería; los tribunales se constituían en el marco del poder real o local, generalmente adecuado para cada caso concreto y no constituyeron una institución específica.
En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión tolerada en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes.
En respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el siglo XII en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, la cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia católica con relación a la salvación, al matrimonio y otras instituciones de la sociedad. Como reacción, el papa Inocencio III organizó una cruzada contra los albigenses promulgando una legislación punitiva contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter la herejía no estuvieron bien coordinados y fueron ineficaces.
Aunque el procedimiento inquisitorial como medio para combatir la herejía es una práctica antigua de la Iglesia católica, la Inquisición episcopal, primera fórmula de la Inquisición medieval, fue establecida en 1184 mediante la bula del papa Lucio III Ad abolendam, como un instrumento para acabar con la herejía cátara. El castigo físico a los herejes había sido dispuesto con anterioridad por Federico II Hohenstaufen, la institución de la Inquisición se dio para detener los abusos que estos procesos podrían sufrir por parte del poder civil. Mediante esta bula, se exigía a los obispos que interviniesen activamente para extirpar la herejía y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis.
En las siguientes décadas, el proceso de la Inquisición resultó intermitente y contradictorio en muchas ocasiones. Un ejemplo fue el caso del primer director de la Inquisición de Hungría, Paulus Hungarus, quien defendió a los chamanes paganos húngaros valiéndose de su influencia con el papa Inocencio III. Además, aseguró que estos al adorar al sol adoraban al ente supremo que era el mismo Dios, así que no hallaba razón para condenarlos. Paulus Hungarus fue uno de los primeros frailes dominicos, quien escribió importantes documentos como la Suma de poenitentiae, tendiendo las bases de la nueva orden a petición de Domingo de Guzmán. Sin embargo, Paulus fue destituido y reemplazado por un religioso más estricto cerca de 1232, después de haberse iniciado propiamente la Inquisición.
En 1231, ante el fracaso de la Inquisición episcopal, denominada así porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales, Gregorio IX creó mediante la bula Excommunicamus la Inquisición pontificia o Inquisición papal, dirigida directamente por el papa y dominada por las órdenes mendicantes, especialmente los dominicos. El hecho de que religiosos bajo el control directo del Papa tuvieran a su cargo los tribunales, fue un freno a su expansión, ya que algunos obispos no querían ver limitado su poder en una diócesis por la presencia de estos organismos papales.
En 1252, el papa Inocencio IV autorizó en la bula Ad extirpanda el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Se recomendaba a los torturadores no se excedieran hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlos. Las penas eran variables. Los que se negaban a abjurar, "herejes relapsos", eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte.
La Inquisición pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España, existió en la Corona de Aragón desde 1249, pero no en la de Castilla.
La Inquisición real se implantó en la Corona de Castilla en 1478 por la bula del papa Sixto IV Exigit sincerae devotionis con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos de Sevilla, uno de cuyos condenados se llamaba: 'Yusif Franco', caso del que más tarde vieron irregularidades procesales. A diferencia de la Inquisición medieval, la impulsó directamente la monarquía, es decir, los Reyes Católicos. Tras una nueva bula emitida en 1483, la Inquisición se extendió a los reinos de la Corona de Aragón, incluyendo Sicilia y Cerdeña, y a los territorios de América (hubo tribunales de la Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias), y se nombró Inquisidor General a Tomás de Torquemada, de familia de conversos, el confesor de Isabel, Espina, había sido rabino. La Inquisición se convirtió en la única institución común a todos los españoles, con excepción de la propia Corona, a quien servía como instrumento del poder real: era un organismo policial interestatal, capaz de actuar a ambos lados de las fronteras entre las coronas de Castilla y Aragón, mientras que los agentes ordinarios de la Corona no podían rebasar los límites jurisdiccionales de sus respectivos reinos.
La historia de la Santa Inquisición en México se inició desde los primeros momentos en que los españoles pisaron el continente americano. Los primeros casos de que se tiene noticia son las "ordenanzas" contra blasfemos promulgadas por Hernán Cortés en 1520, es decir, antes de la caída de Tenochtitlán, y el proceso de idolatría iniciado por Nuño Beltrán de Guzmán en contra del Caltzontzin, señor de los purépechas (denominados tarascos por los españoles).[cita requerida]
Tras la conquista, se instauró el Tribunal del Santo Oficio, que dependía directamente del Consejo de la Suprema Inquisición, encabezado por el inquisidor general de la Monarquía Hispánica. La autoridad superior del tribunal en México era el Inquisidor (o Inquisidores, ya que el puesto normalmente lo ocupaban varias personas). Los empleados de más alto rango eran el fiscal, a cuyo cargo estaba el promover los procesos, y el Secretario del secreto, que tenía fe pública y autorizaba las actas, diligencias, despachos, edictos, etc. Los inquisidores contaban con un cuerpo de personas doctas y de alta posición social y oficial llamados "consultores del Santo Oficio", que integraban una especie de consejo. Estos consultores intervenían con su voto en las decisiones graves, como cuando un reo era condenado a muerte. El tribunal contaba, además, con el auxilio de un cuerpo de peritos en asuntos teológicos y religiosos, llamados calificadores del Santo Oficio, cuya misión era ilustrar la opinión de los inquisidores en casos debatibles y de difícil resolución. También existía un cuerpo policiaco, que eran quienes resguardaban las cárceles y el Tribunal del Santo Oficio.[cita requerida]
Al establecerse el Tribunal del Santo Oficio, los primeros procedimientos consistían en una ceremonia llamada el "Juramento", en la que, como lo dice el nombre, los asistentes juraban denunciar a todas las personas que consideraran sospechosas y prestar al tribunal la ayuda que pudiesen, pero, además, al concluir esa ceremonia se solía dar lectura a un edicto de los inquisidores, llamado edicto de gracia, por el cual se conminaba a quienes se sintieran culpables a denunciarse a sí mismos dentro de un plazo fijado; a cambio, obtenían por lo general el perdón de la pena de muerte o la prisión perpetua, así como el de la pena de confiscación de bienes. En el edicto se indicaban con minuciosidad los hechos considerados punibles, aunque su objetivo final era lograr de los autoinculpados la identificación de sus cómplices; es decir, el edicto de gracia en era en realidad un mecanismo para provocar denuncias, convirtiéndose en una trampa que permitía a los inquisidores la formación de un fichero preliminar de sospechosos. En el edicto general de gracia de 1815 se dio potestad a los propios confesores para practicar y recibir testimonios de herejía, prohibiendo a los confesores dar la absolución a los que de algún modo no hubieren cumplido con aquel mandamiento. Más adelante, el juramento primigenio de delación también adquirió la forma escrita, siendo leído por el cura a los feligreses una vez al año; esta figura tomó el nombre de edicto de fe, leyéndose una semana después el edicto de anatema, que declaraba excomulgado a quien no hubiera denunciado lo que sabía acerca de sus vecinos.
Toda denuncia, incluso anónima, era válida. Una vez recibida, se abría de inmediato una investigación secreta que al revelar algún indicio, por débil que fuera, conducía al apoderamiento de la persona indiciada y al aseguramiento de sus bienes. Se le tomaba enseguida una declaración que incluía siempre preguntas sobre su familia y su origen, sobre su conocimiento de los dogmas y prácticas sobre la religión católica, y sobre si tenía alguna sospecha acerca del motivo de su prisión. Por lo general el acusado manifestaba total ignorancia a ese respecto, temeroso de implicarse en algún hecho que no figurara en la denuncia, situación que agravaba su caso. Si después de preguntarle tres veces el acusado persistía en la misma respuesta se le declaraba "negativo" y se abría propiamente hablando el proceso. Durante toda la secuela de este —que a veces tardaba años— el acusado permanecía incomunicado en la llamada cárcel del secreto y ni siquiera podía hablar con él uno de los inquisidores si faltaba alguien que pudiera servir de testigo. El acusado nunca era informado del nombre de quienes declaraban en el proceso, no había por supuesto la posibilidad de careos y el recurso de tachar a un testigo por ser enemigo del acusado solo podía hacerse efectivo si este adivinaba quien había declarado en su contra o por torpeza del acusado en las declaraciones del testigo. A todos los testigos se les exigía el juramento del secreto.
Como medio para obtener las confesiones era habitual el uso del tormento. La sentencia ponía fin al proceso, y podía consistir en la absolución del reo (hecho infrecuente) o en su condena. En este último caso, se procedía a la lectura pública de los veredictos en presencia de los acusados y concurriendo las grandes autoridades, constituyendo un aparato ceremonial llamado auto de fe; en este mismo acto se entregaba al verdugo a los condenados a muerte, pena máxima consistente en la ejecución en la hoguera. Otras penas podían consistir en azotes, destierro, confiscación de bienes, galeras, sambenito o reclusión, en cuyo caso se cumplía el confinamiento en las llamadas casas de penitencia.
La Inquisición romana, también llamada Congregación del Santo Oficio, fue creada en 1542, ante la amenaza del protestantismo, por el Papa Paulo III. Se trataba de un organismo bastante diferente de la Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependía del control episcopal. Su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia católica. Su principal tarea fue desmantelar y atacar a las organizaciones, corrientes de pensamiento y posturas religiosas que socavaran la integridad de la fe católica, y examinar y proscribir los libros que se considerasen ofensivos para la ortodoxia.
Al comienzo, la actividad de la Inquisición romana se restringió a Italia, pero cuando Gian Pietro Caraffa fue elegido Papa como Paulo IV, en 1555, comenzó a perseguir a numerosos sospechosos de heterodoxia, entre los que se encontraban varios miembros de la jerarquía eclesiástica, como el cardenal inglés Reginald Pole. En 1600 fue juzgado, condenado y ejecutado el filósofo Giordano Bruno. En 1633 fue procesado y condenado Galileo Galilei, al destierro a más de 50 km de Roma, suspendiéndole asimismo el abono del dinero que recibía al modo de una beca moderna.
En 1965 el papa Pablo VI reorganizó el Santo Oficio, denominándolo Congregación para la Doctrina de la Fe.
En Portugal, donde se habían refugiado numerosos judíos españoles luego de la expulsión de 1492, el rey Manuel I, presionado por sus suegros, los Reyes Católicos, decretó la expulsión de los judíos que no se convirtieran al cristianismo en 1497. Esto produjo numerosas conversiones al catolicismo.
La Inquisición portuguesa fue establecida en Portugal en 1536 por el rey Juan III. En un principio, la Inquisición portuguesa estaba bajo la autoridad del Papa, pero en 1539, el rey nombró inquisidor mayor a su propio hermano, Don Enrique. Finalmente, en 1547, el papa terminó aceptando que la Inquisición dependiese de la corona portuguesa.
El primer auto de fe tuvo lugar en Lisboa el 20 de septiembre de 1540 y en 1560 se establece un tribunal de la Inquisición en Goa. Fue abolida por las Cortes Generales en 1821.
En 2004 se publicaron las "Actas del simposio internacional: La inquisición", gracias a la apertura de los archivos secretos de la Congregación para la Doctrina de la Fe ordenada por Juan Pablo II en 1998. En estas actas se recoge toda la posición católica en materia de documentación sobre los procesos inquisitoriales en la Europa católica donde regía la Santa Sede en el campo espiritual. De acuerdo a esta posición, es un mito hablar de genocidio en países como España por brujería, en cambio, los protestantes exageraron seguramente (ver Leyenda negra de la Inquisición española) para mejorar su oposición al Imperio español de la época.
Primero es necesario comentar que se inició como un fenómeno popular, la aparición de la figura de la bruja poseída por el diablo, y así se irían ajusticiando por la población local. En 1484, Inocencio VIII da por oficial la existencia de la brujería por medio de la bula Summis desideratis affectibus:
Algunos autores[¿quién?] sostienen que el papa no podía saber lo que Kramer y Sprenger iban a decir en el Malleus maleficarum y que solo había publicado la bula para decir que compartía su inquietud por el problema de las brujas. Sin embargo, la posición de la Iglesia con respecto a las brujas agravó la crisis de las persecuciones. Las primeras grandes oleadas de caza de brujas son consecuencia directa del Malleus maleficarum debido a la amplia distribución que tuvo el libro. Aunque la Iglesia nunca aprobó oficialmente la caza de brujas, en 1657 prohibió esas persecuciones en la bula Pro formandis.
En la Europa central, se vio especialmente agravada por varios motivos:
Entonces se puede hablar de dos regiones diferenciadas según la fuerza de la brujería:
Aunque sería el último país en abandonar la Inquisición, ya hacía mucho tiempo que no ejecutaba a muerte a supuestas brujas; se ejecuta a la última en 1611, la adolescente catalana Magdalena Duer. Los últimos casos son en los cantones suizos con Anna Göldin en Glaris, en 1782 (es la última ejecución en Europa Occidental), y en Polonia, en 1793.
A los brujos y brujas condenados la Inquisición les imponía desde la abjuración de levi, con destierro de seis años de la ciudad donde viviera, hasta la pena de muerte como en el famoso caso de las brujas de Zugarramurdi (1610). Después de este proceso la absolución fue frecuente. Con la confesión del brujo, la Inquisición advertía:
Julio Caro Baroja afirma en El señor Inquisidor y otras vidas por oficio:
Algunas cifras (estimadas) de las ejecuciones por tribunales civiles y por procesos inquisitoriales constatados, por proporcionalidad en relación ejecutados/población:
Los acusados eran interrogados, comúnmente, mediante torturas y finalmente castigados si se les encontraba culpables, requisándose sus bienes durante el proceso para sufragar las costas judiciales y los gastos de encarcelamiento. Estos también se podían arrepentir de su acusación y recibir la reconciliación con la Iglesia. A la ejecución de los suplicios asistían el inquisidor, el médico, el secretario y el verdugo, aplicándose los mismos (excepto en el caso de las mujeres) sobre el reo completamente desnudo. Los más conocidos métodos de tormento fueron:
Según la Iglesia católica, se adoptó el método de la tortura (lo cual era socialmente aceptado en el contexto de la época) solo en casos excepcionales. El procedimiento inquisitorial se regulaba minuciosamente en las prácticas de interrogación. No todos los métodos de tortura aceptados civilmente eran avalados por la Iglesia católica y para que un acusado fuese enviado a tortura, debía ser perseguido por un crimen considerado grave, y el tribunal debía tener también sospechas fundadas de su culpabilidad.[cita requerida]
A pesar del uso de la tortura, el procedimiento inquisitorial representa un avance en la historia de la legislación. Por un lado, definitivamente descartó el uso de la ordalía, tradición germánica condenada hacía mucho por la jerarquía, sin que tomasen medidas disciplinares contra ella, como medio de obtención de pruebas, reemplazándola por el principio de prueba testimonial, el cual todavía tiene vigencia en las legislaciones de la actualidad. Por otro lado, se restablece el principio del Estado como fiscal o parte acusadora. Hasta ese tiempo, era la víctima la que tenía que demostrar la culpabilidad de su agresor, incluso en los procedimientos criminales más graves, esto frecuentemente era muy difícil cuando la víctima era débil y el criminal poderoso. Pero en la Inquisición la víctima no es más que un simple testigo, tal y como sucede en los países donde se aplica un sistema inquisitivo. Era la autoridad eclesiástica quien ahora tenía sobre sí la carga de la prueba.[cita requerida]. El resumen del 'Directorium Inquisitorum', de Nicolás Aymerich, hecho por Marchena, anota un comentario del inquisidor aragonés: 'Quaestiones sunt fallaces et inefficaces' -Los interrogatorios son engañosos e inútiles-
En Italia, Galileo Galilei (1564-1642) fue obligado por la Inquisición a declarar que su teoría heliocéntrica era una hipótesis, que situaba al Sol en el centro de todo, en contra de la creencia que situaba la Tierra como el centro del universo (véase: teoría geocéntrica). El sistema copernicano podía interpretarse como un simple cambio de sistema de referencia, que simplificaba el cálculo astronómico del movimiento de los cuerpos celestes, sin necesidad de un cambio en la concepción metafísica del mundo. [cita requerida]
Si bien la teoría heliocéntrica es hoy en día ampliamente aceptada, la postura de la Iglesia católica mantiene un dejo de justificación de sus actos pasados:
Según algunos estudiosos[cita requerida], se le solicitaron a Galileo pruebas sobre la teoría heliocéntrica, pero este nunca las proporcionó: en su lugar presentó indicios de carácter experimental pero insuficientes para una demostración adecuada al método científico. La Iglesia católica, al observar los trastornos ocasionados por la supuesta falta de prudencia científica, y por declarar como verdad un hecho hipotético, junto con diversas infracciones disciplinarias, como interrumpir la 'beca' que recibía del Vaticano, y desterrarle a 40 km de Roma, decidió censurar a Galileo y obligarle, en su primera condena (1616), a no seguir publicando acerca del sistema heliocéntrico.
Ante la polémica, se hizo una nueva revisión (mediada por la Iglesia) del caso Galileo en 1979, pero la comisión que se nombró al efecto en 1981 y que dio por concluidos sus trabajos en 1992, tras efectuar un estudio completo del proceso judicial confirmó una vez más la tesis de que Galileo carecía de argumentos científicos para demostrar el heliocentrismo en la época en que fue publicado originalmente. Sostuvo la inocencia de la Iglesia como institución y la obligación de Galileo de prestarle obediencia y reconocer su magisterio, justificando la condena y evitando una rehabilitación plena. El cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresó en 1990, citando al filósofo agnóstico Feyerabend: «En la época de Galileo la Iglesia fue mucho más fiel a la razón que el propio Galileo. El proceso contra Galileo fue razonable y justo». En una carta enviada a los cardenales católicos, el papa Juan Pablo II exhortó a la Iglesia a reconocer los errores cometidos “por sus hombres, en su nombre”, y les anima a arrepentirse. [cita requerida]
Según la opinión de Michael Segre de esta manera se revalida la posición de que la Iglesia tiene derecho a decidir qué tesis científicas pueden ser defendidas y cuáles deben ser prohibidas, y a condenar y castigar a los que defiendan estas últimas.
La versión según la cual las acusaciones contra la Inquisición son calumniosas o exageradas empezó con un estudio de Jacques Mallet du Pan en 1784 y fue reeditada múltiples veces durante dos siglos, y en esencia dice que Galileo paradójicamente fue mejor teólogo que científico.
Nacida en Domrémy, un pequeño poblado situado en el departamento de los Vosgos en la región de la Lorena, Francia, ya con 17 años encabezó el ejército real francés. Convenció al rey Carlos VII de que expulsara a los ingleses de Francia, y este le dio autoridad sobre su ejército en el sitio de Orleans, la batalla de Patay y otros enfrentamientos en 1429 y 1430. Estas campañas revitalizaron la facción de Carlos VII durante la guerra de los Cien Años y permitieron la coronación del monarca. Como recompensa, el rey eximió a Dòmremy del impuesto anual a la corona.
Posteriormente, Juana fue capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses mediando precio. Los clérigos bajo influencia inglesa la condenaron por herejía y el duque Juan de Bedford la quemó viva en Ruan. La mayoría de los datos sobre su vida se basan en las actas de aquel proceso pero, en cierta forma, están desprovistos de crédito, pues, según diversos testigos presenciales del juicio, fueron sometidos a multitud de correcciones por orden del obispo Pierre Cauchon, así como a la introducción de datos falsos. Entre estos testigos estaba el escribano oficial, designado solo por Cauchon, quien afirma que en ocasiones había secretarios escondidos detrás de las cortinas de la sala esperando instrucciones para borrar o agregar datos a las actas.
Entre 1266 y 1586 se realizaron, solo en Francia, por lo menos sesenta juicios contra animales en los tribunales de la Inquisición - aunque este tipo de juicios tuvieron lugar en todo el Occidente cristiano - según lo que el historiador Michel Pastoureau ha encontrado en los archivos de los documentos judiciales. Un ejemplo citado por Pastoreau es el de la cerda que fue declarada culpable por el asesinato del bebé Jean Le Maux y fue vestida como humana, torturada, mutilada y condenada a muerte a pesar de que no confesó frente a ningún cura, tras nueve días de juicio en Falaise, en 1386. Sin embargo, en 1457, en Savigny-Sur, en Borgoña, el tribunal logró, bajo tortura, la confesión de otra cerda que había asesinado a otro pequeño de cinco años. En otro caso la condena fue más fuerte porque el cerdo cometió su crimen un viernes de vigilia, pecado mayor. Los juicios contra animales incluían, al igual que los de las brujas, exposición, acarreo, vejaciones, torturas para el castigo ejemplarizante y la humillación pública y, finalmente la destrucción del cadáver mediante el fuego.
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