Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron una organización terrorista, paramilitar, narcotraficante y contrainsurgente de extrema derecha, que participó en el conflicto armado interno en Colombia entre 1997 hasta su desmovilización en 2006, con antecedentes de grupos paramilitares y dejando posteriores grupos disidentes y neoparamilitares. Se consolidó como agrupación de varios grupos paramilitares el 18 de abril 1997 para combatir a guerrillas como: FARC-EP, ELN y disidencias del EPL, y a los grupos de oposición a intereses políticos y económicos en varias regiones de Colombia. Recibieron el apoyo de políticos, militares, ganaderos, empresarios y personas del común.
Fue uno de los grupos armados que más víctimas ha dejado en Colombia, con 94.754 asesinatos atribuidos junto a otros grupos paramilitares, aún se siguen encontrando varias fosas comunes donde al parecer hay más de 40 mil cadáveres .Responsables de torturas, asesinatos, desplazamiento forzado , masacres,despojo de tierras, responsables del 44% de los desalojos en el país, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Según las Naciones Unidas, las AUC son responsables de 80% de los asesinatos de civiles del conflicto armado interno en Colombia. Se financiaron con el narcotráfico, de la misma manera que la extorsión y el secuestro se citaron como actividades rentables.
Las AUC fueron clasificadas como una organización terrorista por el Gobierno de Colombia, la Unión Europea y por Estados Unidos. Human Rights Watch calificó de «sexta división» de las fuerzas gubernamentales. En 2006 se desmovilizan los 30 150 hombres que, según el alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo, pertenecían a las AUC. Tras el proceso de desmovilización liderado por el gobierno de Álvaro Uribe (2003-2006), varios de sus principales miembros comandantes terminaron siendo extraditados como narcotraficantes a los Estados Unidos, posteriormente juzgados y pagaron condenas privativas de la libertad. Otros integrantes de las AUC incurrieron nuevamente en su accionar delictivo, y conformaron varios grupos neoparamilitares denominados Bandas criminales emergentes (Bacrim) o Grupos Armados Organizados, entre ellas las Águilas Negras, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo).
Durante las guerras civiles del siglo XIX entre liberales y conservadores los grandes latifundistas financiaron y conformaron ejércitos privados para que protegieran sus tierras de un bando u otro. A partir de la violencia de los años 50 tras el Bogotazo, mientras que la Policía trabajando para el gobierno conservador de turno armaba a los campesinos llamados "Chulavitas", para atacar a las poblaciones liberales y asegurar el triunfo del partido conservador, los terratenientes utilizaron a los llamados “Pájaros o Guerrillas de Paz” con el fin de salvaguardar sus propiedades de los "Cachiporros" y bandoleros y extenderse territorialmente. En los años 50, el Coronel Sierra Ochoa (gobernador militar de Caldas y que combatió a las guerrillas liberales del llano) sistematizó esta política de represión y en febrero de 1962, luego de una visita al país del General William P. Yarborough, Director de investigaciones del Centro de Guerra Especial de Fort Bragg (Carolina del Norte, Estados Unidos), encargado de revaluar la estrategia militar de Estados Unidos en Vietnam, Argelia y Cuba, redactó un Suplemento Secreto al Informe de su visita que hablaba de la creación de organizaciones de “tipo antiterrorista” y para la “lucha anticomunista”, en los siguientes términos: “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después”.
En desarrollo de esta estrategia contrainsurgente, y sustentada en la doctrina de seguridad nacional, es dictado el decreto 3398 de 1965, convertido en legislación permanente con la ley 48 de 1968, que sirvieron para hacer que la Fuerza Pública organizara la "defensa nacional", "defensa civil" y entrenara, dotara de armas a habitantes en zonas de Conflicto con la finalidad de involucrarlos directamente en la confrontación y los apoyara en la lucha contrainsurgente, es decir estas normas fueron el fundamento legal para la promoción y organización de las autodenomimadas "autodefensas", o paramilitares.
El 25 de diciembre de 1965 el gobierno de Guillermo León Valencia expide el Decreto 3398 (luego Ley 48 de 1968 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo) que permite a los militares entregar armas de uso privativo de las FF.MM a los civiles y constituir grupos armados de autodefensa coordinados por el ejército. Esta normativa fue declarada inexequible o inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 25 de mayo de 1989.
Desde 1969 se emitieron una serie de Manuales y Reglamentos Contraguerrillas por el Ejército Colombiano, los cuales evidenciarían la creación de grupos paramilitares bajo la aprobación del Gobierno Colombiano.
En 1979, presumiblemente el cuarto frente de las FARC-EP, secuestraron al padre de los hermanos ganaderos Castaño Gil (Fidel, Vicente y Carlos) Jesús Castaño en Amalfi, Antioquia torturándolo y asesinándolo pese a que sus hijos habían pagado la mitad del rescate exigido por los captores. Después en 1981 es secuestrada Martha Nieves Ochoa hija de Fabio Ochoa Restrepo (hermana de los narcotraficantes del Cartel de Medellín Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez) por la guerrilla del M-19 en la ciudad de Medellín y después el Cartel de Medellín crea un grupo llamado MAS (Muerte A Secuestradores) con apoyo de todos los miembros incluido Pablo Escobar.
Entre 1982 y 1993 se desarrolló el origen y colapso de las primeras Autodefensas de Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio comandadas por Henry Pérez y su padre Gonzalo. Tras el asesinato de ambos líderes, el exoficial del Ejército Luis Meneses alias Ariel Otero comandó el grupo paramilitar hasta ser asesinado meses después.
Tras el asesinato del dirigente liberal y precursor del paramilitarismo de Puerto Boyacá, Pablo Guarín, a fines de 1987, Gonzalo Rodríguez Gacha El Mexicano líder del Cártel de Medellín se entrevistó con Henry Pérez. Ambos acordaron en contratar instructores y mercenarios extranjeros para preparar a escoltas con el fin de prevenir nuevos ataques de las guerrillas contra las estructuras paramilitares.
El “curso” fue bautizado con el nombre de “Pablo Guarín Vera” y los alumnos seleccionados: 20 del Magdalena Medio, escogidos por Pérez; 20 de Pacho, escogidos por El Mexicano; 5 de los Llanos, escogidos por Víctor Carranza, y 5 de Medellín, escogidos por Pablo Escobar.
El paramilitarismo que surgió en la década de 1980 en el Magdalena Medio se constituyó en la experiencia piloto de grupos de autodefensa en Colombia destinados a combatir a las guerrillas izquierdistas. También sentó las bases para la conformación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá que posteriormente fueron grupo base de las AUC, de hecho los hermanos Castaño, recibieron entrenamiento por parte de las Autodefensas de Puerto Boyacá.
Conocidas inicialmente como Muerte a Revolucionarios del Nordeste, empezaron como el grupo comandado por Carlos y Fidel Castaño como respuesta al secuestro y asesinato de su padre Jesús Alberto Castaño al parecer por el Frente 4 de las FARC-EP en 1981.
En Urabá el primer reducto paramilitar se creó en la hacienda "Las Tangas", propiedad de los hermanos Castaño, a finales de la década de 1980. Bajo el nombre de "Los Tangueros" perpetraron en 1988 la masacre de Honduras y La Negra, en Turbo (Antioquia).
La desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL) ante la Asamblea Constituyente de 1991 fue uno de los aspectos que permitieron el crecimiento del grupo paramilitar. Sin embargo, disidentes de esta guerrilla y algunos miembros de las FARC-EP comenzaron a asesinar a desmovilizados sospechosos por haberse aliado con los Castaño, quienes entretanto utilizaban a ex militantes del EPL para ejecutar asesinatos selectivos. De esta manera, los desmovilizados del EPL fueron claves para la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en 1995.
Entretanto, en 1992 los Castaño habían formado parte de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), en alianza con el Cartel de Cali, enemigos de Pablo Escobar, para llevar a cabo una guerra contra el capo, el cual los estaba persiguiendo. Se ha especulado que durante este período de transición, la organización colaboró con el Bloque de búsqueda para neutralizar a Escobar. En 1994 Fidel Castaño fue asesinado y el mando de la organización fue asumido por su hermano Carlos.
A partir de 1993, durante el período subsiguiente al desplome de las Autodefensas de Puerto Boyacá, comenzó un proceso de autonomización de varios grupos de autodefensa subordinados a la estructura de Puerto Boyacá. Entre los que se destacan están las Autodefensas de Puerto Boyacá (APB), organización reconfigurada en 1996 y comandadas por Arnubio Triana Botalón; y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), dirigidas por Ramón Isaza.
A lo largo de su historia se le responsabiliza a esta organización de cometer varios delitos entre ellos, narcotráfico, secuestro, tortura, expropiación de tierras y extorsión a funcionarios públicos, asesinatos de líderes sociales, indígenas, violación, desaparición de políticos u simpatizantes de izquierda y campesinos.
Las cooperativas de vigilancia (Convivir) fueron creadas durante el gobierno de César Gaviria, pero fue durante la presidencia de Ernesto Samper que esta figura se extendió a todo el país. Durante la vigencia de estas cooperativa se crearon más de 500 entidades rurales de seguridad donde trabajaron 15 mil personas aproximadamente. En este contexto, en Urabá las zonas de operación de las Convivir fueron las mismas en las que se presentaron acciones de los paramilitares. Es así que el paramilitar Ever Veloza HH declaró que éstas cooperativas dieron inicio a la operación paramilitar en toda Colombia.
Al conformarse las AUC el 18 de abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron creando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que en la práctica se trató de una federación de grupos regionales cuya presencia en el territorio del país experimentó un crecimiento sin precedentes durante los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP (1998-2002).
Posteriormente, en diciembre del mismo año, aprovechando la declaración por parte de las AUC de una tregua unilateral durante la época de Navidad, las FARC-EP atacaron el cuartel general de Carlos Castaño en el Nudo de Paramillo. La retaliación a la incursión guerrillera, que por poco le cuesta la vida al comandante de las autodefensas, no se hizo esperar y, en enero de 1999, las ACCU asesinaron a 130 personas por tener supuestos vínculos con la subversión.
Dentro del clan de los hermanos Castaño, Fidel y Carlos concentraban la atención de la opinión pública, mientras Vicente fue asumiendo las riendas de las autodefensas ya que conseguía dinero para el sostenimiento de las AUC. Fue él quien consolidó los primeros bloques de autodefensa encargándose de expandir el fenómeno paramilitar. A mediados de 2001 se reformó el estado mayor de las AUC y una cúpula de varios comandantes asumió la comandancia de la organización. Según una sentencia del Tribunal de Justicia y paz, los grupos paramilitares expandieron sus redes criminales y fortalecieron sus nexos con la clase dirigente bajo la fachada de las Convivir.
En el año 2000 se conformó el Bloque Central Bolívar bajo el mando militar de Javier Montañez ‘Macaco’ y de 'Javier Bolívar',y mando político de Ernesto Báez. Fusionando los grupos paramilitares de sur de Bolívar, Santander, Puerto Berrío, Yondó, Bajo Cauca y Nariño. Tras el retiro de Carlos Castaño de la jefatura principal de las AUC, se independizan de la organización en junio de 2002, dividiéndose a su vez en 9 sub-bloques, 11 frentes e intentaron conformar un bloque en Venezuela, frustrado con la muerte de Gustavo Alarcón. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006 con 7603 hombres. La Fiscalía tiene reportadas más de 14 000 víctimas. El grupo tendría un ideario político afín al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En 2017 fueron condenados 32 de sus integrantes por 966 crímenes entre 1999 y 2006. Asociado al narcotráfico con 'Memo Fantasma'.
Salvatore Mancuso y Vicente Castaño convencieron a los comandantes de las AUC de sentarse en la mesa de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe. Como resultado, a mediados de 2003, el grupo firmó un acuerdo de desmovilización con dicho gobierno, dando inicio a un proceso, encabezado por Salvatore Mancuso, en el que las AUC aceptó un armisticio como requisito para una negociación con el gobierno. En 2004 según versiones del gobierno de Álvaro Uribe, miembros de las AUC asesinaron a Carlos Castaño por orden de su hermano Vicente, según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. El cadáver de Carlos, hallado e identificado en agosto de 2006 por las autoridades y varios miembros forenses, se encontraba en Montería, en una zona rural llamada Las Tangas, localidad donde se formaron las primeras facciones paramilitares de las Autodefensas. Uno de los integrantes del grupo, Jesús Roldán Monoleche, suministró la información sobre el cadáver luego de su desmovilización.
Pese a ello, las negociaciones siguieron su curso teniendo como principal escenario la vereda Santa Fe de Ralito en el municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba, conocidas también como las conversaciones de Ralito. Sin embargo, ante el vacío jurídico, el gobierno impulsó una ley en el Congreso, conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta ley fue aprobada en 2005 y la Corte Constitucional de Colombia modificó, durante la revisión de la misma, varios apartes de la ley, implantando la exigencia de que quienes mintieran o no confesaran todos sus delitos perderían los beneficios jurídicos que otorgaba dicha ley. Las AUC se desmovilizó tras los diálogos de paz en un proceso bajo la verificación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las desmovilizaciones se iniciaron el 25 de noviembre de 2003 en Medellín con el bloque Cacique Nutibara y terminaron el 15 de agosto de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas. Fueron 38 actos en los que se desmovilizaron 30 150 integrantes de estos grupos armados. Los jefes de las AUC fueron recluidos principalmente en el Centro Penitenciario La Paz (Itagüí). Posteriormente se conocieron documentos y grabaciones telefónicas que hacían creer que algunos de sus miembros seguían delinquiendo desde la cárcel. Adicionalmente, algunos líderes locales no se acogieron al acuerdo de la desmovilización, volvieron a tomar las armas o crearon grupos criminales posteriormente.
El proceso de desmovilización tuvo varias fallas, que permitieron que algunos de los grupos paramilitares no se hayan desmovilizado, o que en su defecto varios de sus integrantes regresen individualmente hacia una vida criminal. Además, varios informes de prensa han revelado que algunos miembros siguieron delinquiendo desde la cárcel.
Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en informe emitido en octubre de 2007, al Estado "le ha faltado voluntad real de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares" y que las versiones libres que debían entregar los paramilitares a los jueces del proceso "se han convertido en apología al delito y al paramilitarismo". Agregaba que las víctimas que habían asistido a las audiencias no recibían las condiciones adecuadas de seguridad ya que "16 de ellas ya han sido asesinadas en total impunidad", asegura además que el número de desplazados seguía en aumento "a pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, los cuales siguen operando en las diferentes regiones del país". Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana afirmó que dicho proceso había servido para legalizar a capos del narcotráfico que se hicieron pasar por jefes paramilitares. El gobierno Uribe calificó las críticas de Pastrana como "un sartal de sandeces".
Se presentaron múltiples denuncias en los medios de comunicación en las que se aseguró que varios de los desmovilizados seguían delinquiendo desde la cárcel, situación por la que deberían perder los beneficios judiciales.
El 7 de mayo de 2008 el gobierno extraditó a Carlos Mario Jiménez Macaco a los Estados Unidos. La semana siguiente, en un operativo sorpresa, fueron extraditados a los Estados Unidos 13 ex paramilitares, dentro de ellos estaban varios de los máximos jefes paramilitares que se habían sometido a la Ley de Justicia y Paz. El gobierno dijo que habían incumplido con los requerimientos del proceso. Varias asociaciones de víctimas dijeron estar en contra de dicha medida puesto que en los Estados Unidos únicamente serán juzgados por el delito de narcotráfico y las víctimas no podrán acceder a la verdad y reparación. Dentro de los extraditados se encontraban Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Don Berna, y Rodrigo Tovar Jorge 40, entre otros.
Se organizaron en bloques de varios departamentos y regiones. Se estima que eran organizadas en 21 grupos al momento de su desmovilización y eran representados políticamente por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, entre otros. A partir de 1997 distintos grupos paramilitares de varias regiones del país se reunieron bajo la bandera de las AUC, con el propósito de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan nacional, una coordinación multiregional de las acciones y una agenda con pretensiones programáticas y políticas, todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político. Estaban conformadas por 40 estructuras (bloques y frentes principales), de las cuales 34 se desmovilizan.
Las AUC eran patrocinadas por grupos ganaderos,agroindustriales, terratenientes y narcotraficantes de las regiones donde operaban, debido a las amenazas y extorsiones de las guerrillas. Más del 70% de sus ingresos provenían del narcotráfico, igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión a comerciantes y empresarios pequeños, además de conseguir la propiedad legal o ilegal de una cantidad indeterminada de suelo agrícola y ganadero,el tráfico de armas y en el contrabando. además de recibir dinero de multinacionales como Chiquita Brands, y la carbonera Drummond que operaban en las zonas bajo su control. También recibieron colaboración de varios miembros de las Fuerzas Militares y mantuvieron estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos, con el objetivo de ganar poder militar y político en el país.
Se atribuye a miembros de las AUC la responsabilidad de crímenes selectivos y numerosas masacres de grupos de oposición, de campesinos y de otros sectores que ellos consideran ser miembros y apoyos de las diferentes guerrillas u opuestos a sus intereses económicos y políticos. Miembros de las AUC y en particular de anteriores grupos paramilitares participaron activamente en el aniquilamiento de militantes de la Unión Patriótica. De igual forma, son responsables de la muerte de indígenas, sindicalistas y militantes de grupos políticos de izquierda, aquellos que acusaban de ser colaboradores o seguidores de las guerrillas. Entre la década de los años 1980 y 2000, los grupos paramilitares ejecutaron a más de 15 000 personas y se apoderaron militarmente de «6 000 000 de hectáreas de tierra».
Según el Observatorio de Memoria del Conflicto las AUC ocasionan 4000 masacres y 260 000 muertos. Las autoridades han hallado fosas comunes donde estarían miles de personas asesinadas por este grupo, incluidos niños. La ubicación de muchas de estas fosas aún no se conoce públicamente. Varios jefes paramilitares sometidos al proceso de desmovilización han revelado la ubicación de algunas de ellas. Según informes de prensa, a finales de los años 1990 este grupo incrementó el número de masacres llegando al punto de cometer 1 masacre cada 2 días entre los años 1999 y 2000, tiempo en el que perpetraron más de 200 masacres por año. En algunos de los casos no ha sido posible establecer la veracidad (o falsedad) específica de dichas consideraciones de parte de las AUC, lo que indicaría que necesariamente tanto personas inocentes como culpables de dicha acusación habrían caído asesinadas por ese grupo de manera individual y colectiva.
Informes de prensa han revelado que algunos de los miembros de las AUC entrenaban a sus hombres en el descuartizamiento y desollamiento de personas vivas con el uso de motosierras y machetes, así como en tácticas de tortura para causar terror u obtener información. Varios desmovilizados de las AUC han relatado a las autoridades la manera cómo a los campos de entrenamiento algunos jefes paramilitares llevaban a varios campesinos amarrados en camiones para utilizarlos en cursos de instrucción que enseñaban a descuartizar personas vivas.
Según las investigaciones, el descuartizamiento de personas vivas tenía un triple objetivo, desparecer a las víctimas, usarlo como ritual de iniciación para insensibilizar a los combatientes jóvenes y facilitar el cavado de una fosa poco profunda puesto que el cuerpo descuartizado era más fácil de enterrar que el cuerpo entero. Otros métodos inusuales revelados por confesiones de antiguos miembros desmovilizados fue el de uso de serpientes venenosas para matar a sus víctimas. La orden la habría dado alias Jorge 40 a sus hombres del Bloque Norte para el momento en que tuvieran que asesinar a más de tres personas. El objetivo de este método era evitar que se considerara como masacre y se la atribuyeran al grupo puesto que el Derecho Internacional Humanitario califica como masacre actos de asesinato que incluyan a más de tres personas.
Estos actos, entre otros más, causaron el desplazamiento forzado de millones de personas, así como la desaparición de cerca de 25 000 individuos durante las décadas de 1990 y 2000, muchos de ellos asesinados y enterrados en fosas comunes, arrojados al río, incinerados o devorados por medio del empleo de animales salvajes como caimanes o cocodrilos.
Sus homicidios fuera de combate han sido considerados como crímenes de guerra tanto en Colombia como ante entidades jurídicas internacionales, además de haber sido consignados en informes de ACNUR, Human Rights Watch y otras ONGs que también han denunciado el reclutamiento de menores de edad.
Existen acusaciones y evidencias en Colombia y en el exterior sobre la colaboración de algunos miembros de las fuerzas policiales, militares y políticas con las AUC y otros grupos paramilitares.
La influencia de las AUC en la Clase dirigente a nivel regional y en algunos organismos estatales como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) así como en las fuerzas armadas han sido motivo de controversia. El gobierno de Álvaro Uribe se ha visto envuelto en la polémica debido a que varios de las personas implicadas en esta infiltración paramilitar han sido aliados políticos o funcionarios de su gobierno como lo es el caso de Jorge Noguera exdirector del DAS.
Han surgido acusaciones y se han recaudado pruebas de la participación o colaboración directa o indirecta de congresistas y de algunos funcionarios estatales en actividades de las AUC, lo que en varios casos ha dado lugar a procesos judiciales en su contra. Igualmente han causado controversia algunas de las declaraciones de los líderes paramilitares ante los fiscales del proceso en los que han involucrado a varios políticos cercanos al presidente Uribe, incluidos su primo el congresista Mario Uribe y el vicepresidente de la nación Francisco Santos si bien este último fue desvinculado por no haber pruebas en su contra.
Carlos Castaño aseguró en su libro autobiográfico que existía el grupo de "Los Seis", a los que se refirió como "hombres al nivel de la más alta sociedad colombiana. ¡La crema y nata! del país" que asesoraban secretamente a Castaño en la conducción del grupo paramilitar. Por su parte Diego Fernando Murillo Don Berna, en declaraciones ante la justicia antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2007, dijo que uno de Los Seis era Monseñor Isaías Duarte Cancino reconocido obispo de Apartadó que fue asesinado en 2002, la iglesia y algunos sectores de opinión rechazaron dichas afirmaciones.
El 31 de julio de 2004 inclusive los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez estuvieron en el congreso de la República de Colombia justificando todo lo que hicieron durante el Conflicto armado y fueron aplaudidos por todos los políticos que se encontraban ahí sentados escuchando.
En junio de 2008 el paramilitar conocido como El Iguano dijo que otro de los notables era José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, según el exparamilitar, Narváez fue una de las personas que más influyó en el asesinato del humorista Jaime Garzón y en el secuestro de la senadora Piedad Córdoba. En el mismo sentido, Ever Veloza HH, declaró en 2009 que el ganadero Rodrigo García habría sido otro de los "notables", García Caicedo había sido detenido en enero del mismo año.
El ex coronel y mercenario israelí Yair Klein, quien en la segunda mitad de los años 80 entrenó a estos grupos paramilitares en Colombia, señaló que los entrenamientos que realizó en dicho país en los años 80 eran conocidos y estaban respaldados por el Gobierno de la época. Añadió que una de las personas que presenció los entrenamientos a los paramilitares en los años 80 y 90, fue posteriormente elegido Presidente de la República de Colombia, pero nunca dijo un nombre específico.
Posterior al proceso de desmovilización, se desató un escándalo en el país al revelarse documentos e investigaciones que vinculaban a varios miembros de la clase política en Colombia con este grupo armado. Según las investigaciones judiciales y de prensa varios dirigentes políticos y funcionarios del gobierno se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, concejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República, la Presidencia y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.
El escándalo fue llamado por los medios de comunicación como el escándalo de la "parapolítica", que tiene hoy a varios políticos en la cárcel. Uno de los documentos más controvertidos fue el llamado Pacto de Ralito, donde varios políticos firmaron un documento con los máximos líderes de este grupo que tenía como objetivo refundar la patria.
Los grupos ilegales surgidos después de la desmovilización de las AUC se conocen como Bandas Criminales (Bacrim), neoparamilitares, o Grupos Armados Organizados (GAO) o Grupos Delictivos Organizados (GDO), entre las que figuran las llamadas Águilas Negras. El gobierno de Colombia ha alegado que no se les puede seguir llamando "paramilitares" a grupos que exclusivamente trafican con drogas ilegales y sólo combaten a las guerrillas por el control de las mismas. En algunos casos, dichos grupos han realizado negocios con las mismas guerrillas a través de intermediarios como Daniel Barrera.En otros casos estas estructuras actúan en conjunto con agentes del Estado.
En 2008 se realizó en varias ciudades de Colombia y el mundo una marcha en contra de los Crímenes de Estado y del paramilitarismo. Seis personas que participaron en la organización y promoción local de dicha marcha fueron asesinadas, otras desaparecidas y otras varias amenazadas de muerte a través de correos electrónicos y comunicados, por parte de grupos paramilitares surgidos tras la desmovilización de las AUC y que son conocidos como las Águilas Negras. La ONU expresó su preocupación ante los asesinatos y amenazas.
Hay dudas acerca de qué colaboración prestarán las AUC frente a las reclamaciones de justicia, verdad y reparación de parte de las víctimas de sus acciones. Han ocurrido diferentes asesinatos de víctimas que reclamaban reparación por parte de los paramilitares o en su defecto, del estado. Tal es el caso de la líder social Yolanda Izquierdo. Dicha situación continúa siendo polémica en Colombia. La reparación y la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas del paramilitarismo está amparada por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).
Desde 2013, la Unidad para las Víctimas ha entregado indemnizaciones económicas a 1.725 víctimas por valor de $26.210 millones en cumplimiento de sentencias de tribunales de Justicia y Paz.
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