Berta Cáceres cumple los años el 4 de marzo.
Berta Cáceres nació el día 4 de marzo de 1971.
La edad actual es 53 años. Berta Cáceres cumplió 53 años el 4 de marzo de este año.
Berta Cáceres es del signo de Piscis.
Berta Isabel Cáceres Flores (4 de marzo de 1971-La Esperanza, 2 de marzo de 2016) fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña.
Cofundó el COPINH para luchar por los derechos de los lencas y ganó el Premio Medioambiental Goldman,«el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente». Fue asesinada después de años de haber recibido amenazas contra su vida. Su asesinato fue ampliamente condenado a nivel internacional en toda América y parte de Europa.
Fue hija de Austra Bertha, que fue partera, enfermera y alcaldesa, quien dio amparo a muchos refugiados de El Salvador durante la guerra civil de ese país. Además sometió la moción de la firma de Honduras del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el cual fue firmado en 1995. También impidió que se instalara un batallón en La Esperanza para evitar la militarización, ya que los militares suelen hacer acosos a los pueblos y a las mujeres indígenas.
Durante su infancia y adolescencia Berta Cáceres pudo ver y unirse a las luchas de su pueblo. Uno de sus hermanos fue balaceado y perseguido, su otro hermano fue secuestrado y torturado por seis meses. Su madre fue vigilada por doce años y fue secuestrada en 1992 por un coronel egresado de la Escuela de las Américas, que luego fue ascendido.
Al formar parte de su pueblo, participó en muchos de sus ritos y tradiciones, entre ellos, la compostura al agua.
Estuvo casada con el dirigente indígena Salvador Zúniga y fue madre de cuatro hijos. Una de sus hijas, Berta Zúñiga Cáceres, asumió el liderazgo del COPINH, la organización que Berta Cáceres dirigía antes de ser asesinada. Pocas semanas después de asumir la responsabilidad, Berta Zúñiga Cáceres denunció que el 30 de junio de 2017 sufrió un atentado del que logró escapar.
En marzo de 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que se emplea por «la lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura [l]enca y [por] elevar las condiciones de vida de la población de la región».
Destacó en su activismo medioambiental, siendo especialmente mediática su actividad en contra de la privatización de los ríos y en contra de los proyectos de presas hidroeléctricas de inversores internacionales, sobre todo su lucha contra el proyecto de la represa de Agua Zarca en el río Gualcarque en el departamento de Santa Bárbara. Luchó también contra proyectos mineros y madereros para proteger el medio ambiente.
En 2009 «encabezó protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya». Además fue una dura crítica del Gobierno de Juan Orlando Hernández.
Desde el golpe de Estado de 2009, se han iniciado en Honduras una gran cantidad de megaproyectos muy destructivos para el medio ambiente, que acarrean el desplazamiento de comunidades indígenas y la privatización de ríos y territorios, destinándose casi el 30% del territorio nacional a concesiones mineras. Según denuncia el COPINH, en 2010 el Congreso Nacional «otorgó docenas de concesiones de ríos en toda Honduras.» Entre estas, le entregó por veinte años el río Gualcarque a la empresa DESA, «un río sagrado para el pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos».
En 2006 un grupo de indígenas lencas de la región indígena de Río Blanco, acudió al COPINH en busca de ayuda tras haber sido testigos de la llegada de maquinaria y material de construcción en su área. El proyecto se trataba de una alianza comercial para construir cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque. Los actores implicados eran la compañía china Sinohydro (la mayor compañía constructora de presas del mundo), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA). Al no consultar a la comunidad local sobre el desarrollo del proyecto, las empresas habían violado la ley internacional, concretamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los lencas consideraban que las presas afectarían su acceso a agua, comida y materiales para medicina, por lo que su modo de vida tradicional sería puesto en peligro.
La campaña de protesta consistió en organizar reuniones comunitarias, presentar quejas legales y llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A partir del 2013, Cáceres dirigió al COPINH en la campaña de protesta. Una de sus principales acciones fue el bloqueo del acceso al área de construcción por más de un año; pese a que los activistas locales fueron repetidamente desalojados por la Policía Nacional de Honduras. El 15 de julio de 2013, los militares de Honduras abrieron fuego contra algunos miembros del COPINH, quienes realizaban una protesta pacífica, causando la muerte del dirigente Tomás García y tres heridos. En mayo de 2014 se produjeron dos asesinatos más y otros tres activistas resultaron gravemente heridos.
Además, las compañías constructoras, la policía y los militares montaron desde entonces una campaña sistemática de represión, acoso y amenaza contra activistas locales y grupos indígenas, a la vez que se les criminalizaba y se les presentaba en los medios de comunicación como violentos y peligrosos.
En 2013, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Aline Flores, acusó a Cáceres de liderar grupos que solamente quieren «atrasar al país» oponiéndose a proyectos de desarrollo, los cuales, manifestó, se han hecho a través de convenios y socialización con las comunidades. El mismo año, Cáceres, junto a otros dirigentes indígenas, fue acusada de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en prejuicio de DESA, por lo que se le dictó una medida de prisión preventiva. En respuesta, Amnistía Internacional declaró que los cargos deberían ser retirados y que si los activistas eran encarcelados serían considerados presos de conciencia. Sumado a esto, 45 organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales expresaron su preocupación por la criminalización a los defensores de derechos en Honduras e hicieron un llamamiento para que el Gobierno investigara las amenazas contra ellos. Las presiones del COPINH, liderado por Cáceres, junto con la ayuda de comunidades indígenas y organismos internacionales, hizo que a finales del 2013 Sinohydro y la CFI se retiraran del proyecto, aduciendo inquietudes sobre violaciones a los derechos humanos. A pesar de ello, Desarrollos Energéticos continuó con el proyecto y trasladó el área de construcción al otro lado del río con la intención de evitar bloqueos.
En una entrevista realizada en diciembre de 2013 por Dick y Mirian Emanuelsson, Berta denunció el acoso y la persecución a las tribus indígenas y el robo de sus tierras ancestrales por parte del Gobierno de Honduras, y la venta de la tierra y los recursos naturales del país.
Denunció las 47 concesiones (permisos de explotación) otorgadas a empresas transnacionales mediante el uso de testaferros o prestanombres hondureños luego del golpe de Estado de 2009, en las que se vendieron tierras, recursos y ríos mientras las comunidades que cuidaron de ellos durante milenios eran desalojadas, quedando desprotegidas; donde los ríos, la tierra e incluso el aire pasan a ser de las transnacionales. Los ríos en muchos casos son desviados y dejan de pertenecer a las comunidades, y la contaminación o deforestación de estas zonas por empresas deforestadoras eliminan también la flora y fauna de estas tierras. Para Berta y su tribu el desvío del río significa la muerte para las comunidades, además de un ataque espiritual a ellas, ya que los espíritus del agua en su cosmología son femeninos y vitales en sus comunidades. Expresó además que durante el Gobierno de Porfirio Lobo no hubo tantas concesiones, en cambio durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández hubo más de 47 concesiones.
Su apelación al préstamo de 15 millones de dólares por parte de los Países Bajos, al violentar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y el derecho a consulta a los pueblos indígenas, se debió a la consulta ilegítima realizada a la empresa DESA, a una organización gubernamental y a una secretaría gubernamental de asuntos indígenas y africanos en lugar de consultar a los pueblos directamente afectados.
Berta Cáceres denunció también al exministro de SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente), Rigoberto Cuéllar, de ser testaferro de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) al juramentar que no existía el pueblo lenca en la región indígena de Río Blanco ya que no había ningún documento que hiciera constar la existencia de miembros de esa etnia en esta región, y que debido a esto fue puesto por el presidente Juan Orlando Hernández como fiscal adjunto para blindarlo legalmente por todo el daño hecho por las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDES, anteriormente llamadas ciudades modelo), empresas mineras, hidroeléctricas, etc. a los pueblos, tierras, flora y fauna afectados en el país.
Expresó el combate del COPINH contra 17 proyectos que afectan sus tierras, entre ellos un megaproyecto eólico en La Esperanza, Intibucá. La lucha del Gobierno contra los pueblos indígenas con tácticas modernas como la contrainsurgencia, ataques con falsas denuncias y juicios, persecución judicial, ataques y pago por adelantado de sicarios, y pago de personal de 2000 lempiras para que sabotearan sus automóviles –lo hicieron en más de ocho ocasiones– además de tener pagados por adelantado a sicarios para cometer asesinatos contra ella, Francisco Sanches, sus otros dos compañeros enjuiciados y contra activistas indígenas y medioambientales. También denunció el intervencionismo de Estados Unidos en Honduras, el uso del país como laboratorio, el entrenamiento de paramilitares que de día trabajan como militares y de noche como mercenarios, la división de los hondureños y la construcción de la base marítima estadounidense más grande de Latinoamérica en la laguna de Caratasca, la cual tiene construcciones subterráneas de las que –alega– no son para combatir al narcotráfico. Denunció el soborno de 1 a 20 millones de lempiras a alcaldes y a líderes indígenas.
También denunció las amenazas de muerte que recibió, el acoso sexual y telefónico, y las amenazas recibidas por el excoronel de la fuerza aérea Douglas Geovanny Bustillo mientras este trabajaba como jefe de seguridad de DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), así como la persecución judicial recibida por parte del Gobierno. Además, tras preguntársele sobre ello, Berta Cáceres comentó que la partera que ayudó a nacer a la jueza que la enjuició en septiembre de 2013, Aicia Lizeth Naigh, fue la madre de Berta, Austra Flores, quien era la partera o matrona del pueblo, y de cómo su madre recibió también a todos sus hermanos porque ella era la matrona del pueblo.
En una entrevista llevada a cabo el 7 de mayo de 2015 por CNN, Berta expresó cómo las nuevas leyes estaban violentando el derecho a la expresión de los grupos indígenas y el derecho de la defensa de sus tierras y comunidades, y de cómo el Gobierno persigue a quienes protegen sus tierras.
Según la ONG Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con un total de doce activistas medioambientales asesinados en 2014 y más de 120 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas.
Berta Cáceres llevaba años denunciando hostigamiento, graves amenazas de muerte y de violencia contra ella y su familia, y contra miembros del COPINH. Por lo mismo, contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009, aunque según su madre, en la práctica no recibía protección del Estado por la presión de las autoridades que defienden a la mineras y empresas hidroeléctricas.
Debido a la persecución recibida, su madre y sus hijos tuvieron que abandonar el país, mientras ella tomo precauciones extremas, dormía cada noche en un lugar diferente y casi no se comunicaba mediante aparatos telefónicos, siempre viajaba acompañada, no hacía presentaciones públicas, expresó además que recibía amenazas por parte de la empresa privada DESA como de las fuerzas de seguridad del Gobierno que protegian el proyecto de DESA. Una semana antes de su asesinato, Cáceres denunció que ella y otros dirigentes de su comunidad habían recibido amenazas de muerte y otros cuatro habían sido asesinados.
Cerca de la medianoche entre el 2 y 3 de marzo de 2016 Berta Cáceres se encontraba en su vivienda en La Esperanza, donde también se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto miembro de Amigos de la Tierra; cuando los asesinos forzaron las puertas. Castro escuchó cuando Berta preguntó: «¿Quién está ahí?», y un sicario le disparó y la mató e hirió a Castro, quien fingió estar muerto para salvar su vida. Al mediodía, su cuerpo fue trasladado por la Fuerza Aérea Hondureña hasta Medicina Forense en Tegucigalpa.
Miles de personas asistieron a su funeral, celebrado el 5 de marzo de 2016 en La Esperanza, que se convirtió en un homenaje popular. El acto fue dirigido por el sacerdote Ismael Moreno Coto y el padre Fausto Milla. Acompañados de los rituales y danzas garífunas, se cantó el Padre Nuestro en diversos idiomas y lenguas como lenca, misquito, garífuna, quiché, español e inglés. Luego del acto, sus hijas encabezaron una marcha por toda la ciudad, en la que reclamaron justicia y denunciaron la impunidad de los asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras. La multitud llegó hasta el cementerio de La Esperanza, donde fueron sepultados sus restos.
El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenó el hecho y declaró el esclarecimiento de su crimen una prioridad estatal. También condenaron su muerte y exigieron una pronta investigación por parte de las autoridades hondureñas: el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, la relatora de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, el Parlamento Europeo, la Cepal, el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, Greenpeace; y 74 organizaciones latinoamericanas, entre otras. También hubo protestas y homenajes por parte de activistas y organizaciones en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania.
Además, lamentaron su muerte Daniel Ortega (presidente de Nicaragua), Jimmy Morales (presidente de Guatemala), Rafael Correa (presidente de Ecuador), y Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), así como artistas conocidos por su activismo social, como René Pérez (Residente), Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio y Naomi Klein.
También en Honduras hubo protestas durante los meses posteriores, llevadas a cabo por estudiantes universitarios, feministas, ambientalistas nacionales y extranjeros, y el COPINH.
En las primeras horas tras el asesinato se procedió a la detención de tres personas, los testigos Gustavo Castro (conocido de Berta), José Ismael Lemus (guardia de seguridad) y Aureliano Molina Villanueva (militante de base del COPINH) como sospechosos. Lemus fue liberado horas después con la advertencia de mantenerse en el país y la petición de colaborar con las autoridades, y el 6 de marzo fue también liberado Molina bajo vigilancia policial, porque no encontraron suficientes elementos para mantenerlo detenido. Hasta el momento, la policía mantenía la hipótesis de un crimen pasional, a pesar de los reclamos de los familiares de Berta de tratarlo como un crimen político.
Dos días después del asesinato, Gustavo Castro fue puesto bajo el resguardo de la embajada de México en Honduras y las autoridades le prohibieron salir del país por 30 días debido a las investigaciones. El 7 de marzo, rompió el silencio mediante una carta pública, en la cual, entre otras cosas, acusó al Gobierno hondureño de prohibirle salir del país sin razón alguna, de que ninguna de las fotografías presentadas por los entes de investigación respondían a los principales sospechosos del crimen, sino más bien a compañeros del COPINH y de que el escenario del crimen había sido modificado.
La medida de retenerlo en el país también causó rechazo entre más de 100 ONG activistas, quienes exigieron al Gobierno de Enrique Peña Nieto intervenir para acelerar su retorno a México.
Las investigaciones realizadas hasta el momento por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), señalan al exmilitar hondureño, Henry Javier Hernández Rodríguez, como el autor intelectual y material de la muerte violenta de Cáceres; quien fue capturado en enero de 2017 en México tras un trabajo coordinado entre las policías de ese país y de El Salvador y Guatemala. Con este, suman ocho los detenidos por la investigación del asesinato de la dirigente ambientalista. Entre ellos se halla el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Roberto Cardona, capturado por la ATIC en octubre de 2016 tras permanecer prófugo. Cardona enfrenta juicio por ampliar irregularmente la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, trasladando las obras de infraestructura de Río Blanco (Intibucá) a San Francisco de Ojuera en Santa Bárbara, sin realizar previamente un proceso de consulta a los pueblos lencas.
En octubre de 2016, le robaron su auto a la magistrada de la Corte Suprema de Apelaciones Penal, María Luisa Ramos, en donde tenía los expedientes relacionados al asesinato de Berta Cáceres. Naciones Unidas expresó su preocupación ante este hecho, aunque el mismo no afectó la investigación, según lo afirmado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.
En noviembre de 2017, un equipo de expertos internacionales sacó un informe, detallando los hallazgos de su investigación, incluso estableciendo «la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund» y «la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes.»
El 2 de marzo de 2018 fue capturado Roberto David Castillo Mejía presunto autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres. Castillo, detenido en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula cuando pretendía salir de Honduras, era presidente ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que ejecutaba un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país. Castillo es la novena persona capturada relacionada con el asesinato. La empresa DESA rechazó las acusaciones contra Castillo y pidió su "inmedita liberación".
El 29 de noviembre de ese mismo año, siete hombres fueron hallados culpables del asesinato de Berta Cáceres: Sergio Ramón Rodríguez y Douglas Geovanny Bustillo (que formaban parte de la empresa DESA), Mariano Díaz Chávez y Henry Javier Hernández (que trabajaban con Bustillo), Edwin Rapalo, Edilson Duarte Meza y Óscar Torres. La corte declaró que el asesinato fue ordenado por ejecutivos de la compañía DESA debido a los retrasos y pérdidas económicas que suponían las protestas de los grupos ecologistas, y contrataron a un grupo de sicarios para llevar a cabo el crimen. Por su parte el octavo acusado, Emerson Duarte Meza, ha sido declarado inocente y puesto en libertad. Las condenas para los acusados se dictarán el 10 de enero de 2019.
Se han levantado denuncias por parte del COPINH que expresan cómo el mismo Gobierno intenta criminalizar a los compañeros de organización de Berta Cáceres para limpiar su imagen, en lugar de investigar a los entes y empresas acusadas por los familiares de Berta, entre los que destacan el la empresa DESA, el Estado hondureño y el Grupo empresarial ATALA, de la familia Atala Zablah, uno de los más poderosos grupos de poder del país.
A días del asesinato de Berta Cáceres, Erika Guevara-Rosas, representante de Amnistía Internacional criticó la deficiente investigación de las autoridades hondureñas y lamentó la negativa del presidente Juan Orlando a reunirse con familiares de Berta Cáceres, con defensores de derechos humanos y con Amnistía Internacional. Meses después, también el Comité de la ONU contra la Tortura criticó la lentitud en dicha investigación y el hermetismo de las autoridades hondureñas.
Berta Isabel Zúñiga Cáceres, la hija de Berta Cáceres, exigió que el asesinato sea investigado por investigadores internacionales junto al Ministerio Público y no por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y denunció la persecución en contra de la líder indígena por parte de empresas junto con autoridades locales de los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá. Pidieron también una investigación internacional independiente la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Ulrike Lunacek, en una carta abierta al presidente Hernández; el presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, Peter Turkson, el senador estadounidense, Patrick Leahy y la embajada de Suecia en Honduras.
El 6 de marzo, COPINH exigió en un comunicado que el Estado de Honduras firmase un convenio Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que enviara expertos independientes que condujeran una investigación imparcial, transparente y limpia. También más de 220 organizaciones ambientales firmaron una misiva dirigida al secretario de Estado de EE. UU. John Kerry, pidiéndole que la CIDH participe en la investigación del asesinato de Berta Cáceres. A dicha petición se sumaron 11 senadores demócratas y 59 congresistas estadounidenses.
A mediados de junio, 5 congresistas estadounidenses presentaron el Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras, orientado a suspender la ayuda económica de Estados Unidos a los entes de seguridad en Honduras, a los cuales responsabiliza de muchos de los atropellos a los derechos de los activistas. La ley representaría la retención de $18 millones destinados a la seguridad estatal, hasta que se castigue a los responsables del crimen de Berta Cáceres y se investiguen las muertes de muchos otros activistas ambientalistas. La ley no pasó, pero fue reintroducida en marzo de 2017 por 25 representantes.
En marzo de 2018 tras la detención de Roberto David Castillo, supuesto autor intelectual del asesinato, el Gobierno de Honduras exhortó a seguir investigando la muerte de Cáceres. La madre de Berta Cáceres, Augusta Flores, dijo que a la familia le satisface en parte la captura de Castillo pero que todavía hay «peces grandes» para ser capturados.
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Berta Cáceres (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)