Gobierno de Francisco Sagasti
El gobierno de Francisco Sagasti en el Perú empezó el 17 de noviembre de 2020 tras juramentar como presidente de la República del Perú por sucesión constitucional a fin de completar el periodo de gobierno 2020-2021. Su gobierno se ha autodenominado como "Gobierno de transición y de emergencia", en alusión al contexto de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica y política que vive el país.
El 15 de noviembre de 2020, tras la renuncia de Manuel Merino y de la Junta Directiva anterior del Congreso, el Poder Legislativo procedió a elegir un nuevo Presidente del Congreso. La primera lista presentada, encabezada por la parlamentaria Rocío Silva-Santisteban (Frente Amplio), no consiguió los votos necesarios. Al día siguiente se convocó una nueva votación para una nueva lista, conformada por representantes de los grupos parlamentarios del Partido Morado, Frente Amplio, Acción Popular y Somos Perú. Esta lista estaba conformada de la siguiente manera:
Los resultados de la votación de la lista fueron los siguientes:
Mayoría requerida: Simple
Francisco Sagasti juramentó como presidente constitucional de la República del Perú el día martes 17 de noviembre. Asumió así la misión de liderar el gobierno de transición hasta el 28 de julio de 2021, día en el cual juramentaría como presidente el ganador o la ganadora de las elecciones generales de Perú de 2021.
El día 23 de noviembre de 2020, Francisco Sagasti anunció que había decidido hacer cambios en los altos mandos de la Policía Nacional y manifestó que designaría al general César Augusto Cervantes como Comandante General. Tras el anuncio, los generales Orlando Velasco Mujica (Comandante General), Jorge Lam Almonte (Subcomandante General) y Herly Rojas Liendo (Inspector General) renunciaron a sus puestos. En las cartas de renuncia, los generales advirtieron que el General Cervantes ocupaba el número 18 en el escalafón de oficiales y que de su futura designación contravendría el Decreto Legislativo 1267 y el Decreto Supremo 011-2019-IN por lo que resultaría ilegal. Cabe mencionar que dichas normas establecen que el Comandante General deberá ser elegido entre los Tenientes Generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. En caso de no alcanzar la disponibilidad de Tenientes Generales, la terna se completará con los Generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales.
La Alta Dirección de la Policía Nacional del Perú está conformada por el Director General; el Sub Director General y el Inspector General.
La designación de Cervantes implica el pase al retiro de 17 oficiales generales. Dicha designación fue oficializada el día 24 de noviembre de 2020 con el refrendo del ministro del Interior Rubén Vargas Céspedes. Adicionalmente, se designó a Edgardo Garrido López como subcomandante general y a Arquímedes León Velasco como inspector general.
Ante la polémica, los exministros del Interior José Luis Pérez Guadalupe, Fernando Rospigliosi, Félix Murazzo, Rómulo Pizarro se manifestaron en contra de los cambios realizados por el presidente Sagasti. Pérez Guadalupe pidió la renuncia del nuevo Comandante General y calificó que el pase al retiro fue ilegal. Rospigliosi manifestó que la reforma "no corresponde" a un gobierno de transición. Murazzo sostuvo que "la desinformación ha inducido a error al Presidente de la República". Pizarro sostuvo que el gobierno no puede desconocer la normativa y que la medida vulnera la ley policial. De la misma manera, el exministro de Defensa, Roberto Chiabra pidió que el presidente Sagasti acepte la renuncia del ministro del Interior Rubén Vargas Céspedes. El también exministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos cuestionó la decisión del gobierno y dijo que Sagasti debe "atenerse a Ley" para "cumplir con los requisitos de una democracia constitucional".
En un pronunciamiento, excomandantes generales de la Policía Nacional consideraron que la medida resultó de una "malinterpretación" de la Ley Policial y calificaron el pase al retiro de 18 oficiales como una "maniobra antidemocrática" y como una "lesión a la institucionalidad". Entre los firmantes se encuentran los tenientes generales José Manuel Tisoc Lindley, Carlos Rodríguez Tirado, Félix Murazzo, Eduardo Jaime Pérez Rocha, David Nicolás Rodríguez Segeu, Luis Hermilio Montoya Villanueva, José Armando Sánchez Farfán, Mauro Walter Remicio Maguiño, Miguel Hidalgo Medina, Raúl Óscar Becerra Velarde, Raúl Salazar Salazar, Max Reinaldo Iglesias Arévalo.
El día 27 de noviembre, 15 exministros del Interior (Fernando Rospigliosi, Félix Murazzo, Rómulo Pizarro, Remigio Hernani Meloni, Octavio Salazar Miranda, Miguel Hidalgo Medina, Óscar Valdés Dancuart, Daniel Lozada Casapia, Wilver Calle Girón, Daniel Urresti Elera, José Luis Pérez Guadalupe, Vicente Romero Fernández, Mauro Medina Guimaraes, Carlos Morán, César Gentille Vargas) expresaron su preocupación por los hechos y calificaron el nombramiento del nuevo Comandante General como "violación de la ley". Del mismo modo, consideraron que el presidente Sagasti había sido inducido a un grave error.
El día 27 de noviembre, el expresidente Martín Vizcarra consideró que el relevo en los altos mandos realizado por Sagasti "no es legal". Al día siguiente, el congresista y exministro del Interior Daniel Urresti sostuvo que el ministro Rubén Vargas Céspedes "por dignidad, debería renunciar".
El día 30 de noviembre de 2020, el teniente general Edgardo Garrido López renunció como Subcomandante general de la Policía Nacional y el general Óscar Gonzáles Rabanal renunció a la Dirección Contra el Crimen Organizado. El día 1 de diciembre, el Director de la Oficina General de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio del Interior, general Manuel Pacheco Ledesma, renunció al cargo por su desacuerdo con el relevo del alto mando de la Policía. De la misma manera, el general César Guardia Vásquez, director de la Dirección de Control de Drogas y Cultivos Ilegales del Ministerio del Interior renunció expresando su "disconformidad" con los relevos.
Por la tarde del día 1 de diciembre, el ministro Rubén Vargas asistió a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso de la República, en la cual su presidente y exministro del Interior Daniel Urresti cuestionó la designación del Comandante General de la Policía Nacional. Urresti pidió que el ministro renunciara.
Por la noche del 1 de diciembre, exministros de Defensa y excomandantes generales de las Fuerzas Armadas del Perú rechazaron el procedimiento de relevo hecho en la Policía Nacional, al que calificaron como "ilegal" y sostuvieron que la decisión "es contraria al ordenamiento jurídico, afecta la moral de la Policía Nacional del Perú y menoscaba el trabajo que esta institución realiza". Entre los oficiales en retiro firmantes se encuentran 22 Generales de División del Ejército, 23 Vicealmirantes de la Marina de Guerra y 17 Tenientes Generales de la Fuerza Aérea. Firmaron el expresidente de la República Francisco Morales Bermúdez junto a los exministros de Defensa Julio Velásquez Giacarini, Roberto Chiabra, Jorge Kisic Wagner, Jorge Moscoso, Walter Martos y Jorge Chávez Cresta; los exjefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú Pablo Carbone Merino, Víctor Bustamante Reátegui, Aurelio Crovetto Yáñez, José Williams Zapata, Jorge Montoya Manrique, José Aste Daffos, Francisco Contreras Rivas, Ricardo Howell Ballena, José Cueto Aservi, Benigno Cabrera Pino, José Paredes Lora; los excomandantes generales del Ejército Luis Alberto Muñoz Díaz, Jorge Celiz Kuong, entre otros.
El día 2 de diciembre, el periodista Nicolás Lúcar dio a conocer el testimonio de un exmiembro del desactivado Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que reveló que el hermano del ministro del Interior fue dirigente del grupo terrorista Sendero Luminoso. A las pocas horas, Rubén Vargas Céspedes renunció al ministerio del Interior. La noche del mismo 2 de diciembre, Cluber Aliaga Lodtmann juró como nuevo Ministro del Interior.
El día 4 de diciembre, el Colegio de Abogados de Lima emitió un pronunciamiento en el cual sostuvo que el nombramiento del Comandante General de la Policía Nacional "no se realizó en estricto cumplimiento del marco normativo".
El día 6 de diciembre, el ministro Cluber Aliaga sostuvo en una entrevista que el pase al retiro de los generales fue una decisión “apresurada” y que "No había necesidad de tomar una decisión tan apresurada que genera una desazón en el policía que ha dado tantos años al servicio".
El día 7 de diciembre, el ministro Aliaga asistió a la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República presentó videos que demostraban que hubo personas que “incitaron a la violencia” durante las protestas de noviembre de 2020, lo que originó respuestas de la policía. La respuesta policial fue uno de los motivos por los cuales se retiró a los generales. En la noche del mismo día, Aliaga renunció al Ministerio del Interior.
La misma noche del 7 de diciembre, José Elice, quien se desempeñaba como Secretario General de la Presidencia, juró comó Ministro del Interior.
El día 9 de diciembre, la Defensoría del Pueblo, solicitó al Gobierno resarcir los derechos fundamentales de los que se vieron afectados y señaló que la decisión trasgredió las atribuciones otorgadas por la Constitución Política del Perú. El organismo sostuvo que se ha realizado una interpretación incorrecta de la Ley Policial "que afecta la institucionalidad de [la Policía], contraviene las reglas y estándares fijados por el Tribunal Constitucional y menoscaba los derechos fundamentales".
El día 3 de diciembre de 2020, el Consejo de Ministros presidido por Violeta Bermúdez asistió al Congreso de la República para exponer la Política General del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión (en cumplimiento con el artículo 130 de la Constitución Política). La exposición se desarrolló en medio del Paro Agrario en Ica y La Libertad. En el debate, el congresista Lenin Bazán Villanueva informó sobre un muerto en la Provincia de Virú, como resultado de las protestas de los trabajadores de agroexportación. Los diversos grupos parlamentarios retiraron la lista de oradores y pasaron al voto. El Gabinete Bermúdez obtuvo el voto de confianza con 111 votos a favor.
El 2 de diciembre de 2020, el Congreso de la República aprobó por insistencia el proyecto de ley de "devolución" de hasta S/4,300 de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Dicho proyecto había sido observado por el gobierno de Martín Vizcarra en el mes de octubre. El Presidente Sagasti adividrtió que, de aprobarse el proyecto, el Ejecutivo presentaría una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El día 7 de diciembre de 2020, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza Bellido anunció que el Consejo de Ministros aprobaría la presentación de la demanda ante el Tribunal Consticuional.
El día 9 de diciembre, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez anunció que el Ejecutivo aprobó presentar una demanda de inconstitucionalidad.
En septiembre de 2020, durante el Gobierno de Martín Vizcarra, el Ministerio de Salud aseguró que la adquisición de vacunas contra la COVID-19 estaban "aseguradas", así como la compra de la vacuna desarrollada por Pfizer y que hacia fines de diciembre o principios de enero llegarían las primeras vacunas. De la misma manera, la ministra de Salud Pilar Mazzetti aseguró que la vacunación podría iniciarse a fines de diciembre de 2020 o en enero de 2021, la ministra comentó el Perú contaba con las vacunas de Pfizer y de Covax Facility.
El 30 de noviembre de 2020, en una entrevista con los programas Cuarto poder, Panorama, Punto Final y DíaD el presidente Francisco Sagasti anunció la llegada de 50 mil vacunas del laboratorio Pfizer para diciembre de 2020.
El 5 de diciembre de 2020, en una entrevista en Radio Programas del Perú, el presidente Sagasti aseguró que "Si todo sale bien, a fines de diciembre tendríamos el primer lote de vacunas". Al día siguiente, Sagasti aseveró "En pocas semanas iniciaremos un gigantesco proceso de vacunación para proteger a la población".
El 13 de diciembre de 2020, en una entrevista en el dominical Panorama, la presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez sostuvo que en diciembre no se contaría con las vacunas anunciadas. Sin embargo, afirmó que estas llegarían en el primer semestre de 2021.
El 6 de enero de 2021, Sagasti dio un mensaje a la Nación en el cual anunció la llegada de un millón de vacunas del laboratorio Sinopharm para el mes de enero como parte de un contrato con el laboratorio chino por 38 millones de dosis. En el mismo mensaje, anunció un acuerdo con AstraZeneca para la adquisición de 14 millones de dosis. Sagasti también señaló que estas adquisiciones se sumaban a los 13,2 millones de dosis que llegarán al país a través de Covax Facility.
El día 30 de enero de 2021, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció que el primer millón de vacunas de Sinopharm llegaría el 9 de febrero a Lima procedentes de Pekín.
El día 3 de febrero de 2021, el portal web El Foco difundió una grabación en la cual el presidente Sagasti manifestaba "su inquietud porque Sinopharm no ha confirmado que el primer lote de vacunas sea de un millón" y se tenía que "estar preparados para cualquier variación". Ante ello, la presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez confirmó en una conferencia de presna que la cancelación de vuelos de la aerolínea KLM a China había puesto en suspenso la llegada de vacunas. La ministra afirmó que el gobierno se encontraba a la espera de la nueva ruta y fecha exacta de la llegada de las vacunas al Perú.
El 7 de febrero, Sagasti estuvo presente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez supervisando la llegada del primer lote con 300,000 vacunas del laboratorio chino Sinopharm.
El 8 de febrero, en el primer día del proceso de vacunación, a horas de la noche, el mandatario se vacunó contra la COVID-19, convirtiéndose así en unas de las primeras personas inmunizadas junto con el personal médico del país. Previo a eso, brindó un balance del proceso y como este se está llevando a cabo.
El 26 de enero de 2021, el presidente Sagasti, anunció en un mensaje a la Nación, que decreta una nueva cuarentena en 10 regiones del Perú, incluyendo Lima Metropolitana y el Callao, y que esta medida regirá desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero, sin embargo, se decidió extenderla hasta fin de mes. El 24 de febrero, en una reunión del consejo de ministros, se decidió levantarla.
En vista de que los contagios iban aumentando, se decretó una cuarentena temporal solo por Semana Santa. y tambien por el Dia de la Madre.
El día 10 de febrero de 2021, el periodista Carlos Paredes reveló en el programa Beto a Saber que el expresidente Martín Vizcarra y su esposa se habían vacunado contra la COVID-19 en octubre de 2020. La información fue confirmada al día siguiente por el expresidente Vizcarra quien informó a la prensa: “Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12,000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Confirmo que fue el 2 de octubre [de 2020]”.
Tras lo dicho por el expresidente, el Congreso de la República citó a la ministra de Salud Pilar Mazzetti, quien ejerció el cargo durante el gobierno de Vizcarra. Del mismo modo citaron a la presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez y al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios Gallegos para que informen sobre los avances en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Los ministros se presentaron en el Congreso el mismo día y Mazzetti sostuvo que desconocía sobre la vacunación de Vizcarra y que alguien como el presidente debe abstenerse de participar en ensayo clínico.
El día 12 de febrero diversos medios informaron que se estaba redactando una moción de censura contra ella, la cual no llegó a ser firmada por el número requerido de congresistas ni presentada para su trámite. En el mismo sentido, diversas bancadas del Congreso rechazaron promover una censura contra Mazzetti. Sin embargo, por la noche del día 12 de febrero, Mazzetti renunció al cargo.
Por la mañana del 13 de febrero, Sagasti, en una entrevista en Radio Programas del Perú defendió a la ministra Mazzetti y calificó como "injusto" el trato que recibió de parte del Congreso de la República: La doctora estuvo muchos años al frente del Minsa, ha hecho un esfuerzo extraordinario, todos hemos visto lo agotada que está y lo injusto que ha sido el tratamiento que se le ha dado, no solo en los medios sino en el Congreso.
El día 13 de febrero, Óscar Ugarte juró como nuevo ministro de Salud en reemplazo de Pilar Mazzetti, convirtiéndose así en la segunda persona en ocupar el cargo durante el gobierno de Francisco Sagasti. Durante la ceremonia, la exministra fue invitada por el presidente a la balaustrada del Salón Dorado, para el relevo ministerial.
El día 13 de febrero también renunció el viceministro Salud Luis Suárez Ognio. Al día siguiente, el exviceministro reveló que él y miembros de equipo fueron vacunados en octubre de 2020. La misma noche del día 14, la Ministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete reveló que ella también fue vacunada el 22 de enero de 2021 y renunció al cargo.
La noche del 14 de febrero, en una entrevista en el programa Cuarto poder, el ministro de Salud Óscar Ugarte Ubilluz reveló que los dos viceministros de Salud, Luis Suárez Ognio (Salud Pública) y Víctor Bocángel (Prestaciones y Aseguramiento en Salud), habían sido vacunados, información que era conocida por Pilar Mazzetti. Ugarte también anunció que había aceptado las renuncias de ambos funcionarios y que se formaría una Comisión Investigadora presidida por el exministro Fernando Carbone..
El 15 de febrero de 2021, Allan Wagner juró como nuevo Ministro de Relaciones Exteriores en una cermonia realizada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.
El día 15 de febrero de 2021 se reveló que la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler también se había vacunado. El diario El Comercio informó que Mazzetti había recibido la primera dosis a mediados de enero y la segunda el 6 de febrero.
El día 16 de febrero de 2021, el diario El Comercio detalló que ocho funcionarios de la comisión que negoció con Sinopharm se vacunaron antes y después del acuerdo de compra. La Comisión estaba integrada por 18 personas, entre ellas representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, del CONCYTEC, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Instituto Nacional de Salud, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De estos 18, ocho fueron vacunados.
El día 17 de febrero de 2021, Fernando Carbone, presidente de la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud informó que existen otras listas de vacunados contra la COVID-19.
El día 23 de febrero, la candidata presidencial Keiko Fujimori pidió al presidente Sagasti reconsiderar sus medida y permitir que privados importen vacunas contra la COVID-19.
El día 24 de febrero, la premier Violeta Bermúdez afirmó que los privados no podrían importar vacunas porque los laboratorios farmacéuticos no negociaban con privados. La premier argumentó: "Este no es el momento, porque nadie está vendiendo a privados". Esta afirmación fue desmentida el día 26 de febrero por el Embajador de la Federación Rusa en el Perú, Igor Romanchenko, quien afirmó que su país estaría dispuesto a negociar su vacuna Sputnik V con empresas y gobiernos regionales.
El día 27 de febrero, el ministro de Salud, Óscar Ugarte afirmó que "no hay problema" con que los privados negocien con Rusia para las vacunas Sputnik V. Sin embargo, al día siguiente, la premier Violeta Bermúdez desmintió lo afirmado por el ministro Ugarte y descartó que las empresas privadas puedan importar vacunas COVID-19.
El día 28 de febrero de 2021, el presidente Francisco Sagasti se mostró en contra de la importación de vacunas por parte de las empresas privadas y argumentó Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene, no.
El día 2 de marzo de 2021, la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, María Isabel León, asistió a una reunión con el presidente Sagasti y la premier Violeta Bermúdez en Palacio de Gobierno para exponerle la intención de los privados para poder adquirir vacunas para inmunizar a sus trabajadores.
El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó la campaña 'Pongo el hombro por el Perú' para promover la vacunación contra el COVID-19 entre la ciudadanía. La vacunación contra la COVID-19 en Perú es la estrategia nacional de inoculación que empezó el 9 de febrero de 2021 para vacunar contra la COVID-19 a la población del país, en el marco de un esfuerzo mundial para combatir la pandemia de COVID-19. A través de un mensaje a la nación, el presidente del Perú, Francisco Sagasti anunció la compra de 60 millones de dosis para el inicio de la vacunación contra la COVID-19. El primer lote de un millón de vacunas de Sinopharm fueron destinadas a los miembros del personal médico y sanitario del país.
El día 13 de febrero de 2021 arribó a Perú el segundo lote de vacunas de Sinopharm a las 7:40 p.m en el vuelo KLM743 operado por la aerolínea KLM.
El día 2 de marzo de 2021, el presidente Francisco Sagasti anunció la llegada de 50 mil vacunas BNT162b2, desarrolladas por BioNTech y Pfizer para complementar aún más el proceso de vacunación contra la COVID-19 en Perú Durante el mes de Marzo, llego al país un lote de 50 mil dosis cada semana, mientras que en Abril serán 200 mil semanales y en Mayo, medio millon semanal.
En Abril llegaron a traves del Mecanismo Covax Facility, vacunas provenientes de Pzifer y Astrazeneca, en total un lot de casi 1 millon de vacunas llego al país con el objetivo de seguir inmunizando a las personas, mientras que en el Mes de Mayo, el Presidente Francisco Sagasti, anuncio que suscribio un nuevo contrato con Pfizer por 12 millones adicionales, con que se llegaría a 32 millones ordenadas a esta farmaceutica. Actualmente tambien existen negociaciones con los laboratorios de Moderna y Gamelaya.
A dos meses de la vacunación de los médicos, Fuerzas Armadas y Policía el gobierno decidió vacunar a los ancianos comenzando por los mayores de 80 años y al encontrar el gobierno ciertos obstaculos decidió cambiar el plan de vacunación que depende los grupos etarios.
El día 30 de noviembre de 2020 trabajadores de agroexportación iniciaron un paro agrario en distintos sectores del Departamento de Ica, quienes exigen la derogatoria del decreto de urgencia 043-2019, que amplía la vigencia de la Ley de Promoción Agraria y mejoras en sus condiciones laborales. Los manifestantes bloquearon la carretera Panamericana Sur desde la madrugada del día 30 e ingresaron a las oficinas de SENASA y de algunas empresas agroexportadoras, en donde se registró ataques a la propiedad pública y privada, y sustracción de bienes y productos agrícolas. El día 1 de diciembre, la Presidencia del Consejo de Ministros convocó a una mesa de diálogo con algunos trabajadores; sin embargo, no permitieron la participación de los empleadores. Los voceros del Frente de Trabajadores Agrarios de Ica no asistieron a la mesa de diálogo. El mismo día, trabajadores de la Provincia de Pisco, y los sectores de Parcona, Santiago, Tate se sumaron al paro agrario. Luego de ser instalada, la mesa de diálogo culminó sin acuerdos entre el Gobierno y los trabajadores.
El día 2 de diciembre el ministro de Trabajo Javier Palacios Gallegos asistió a Ica a la mesa de diálogo; sin embargo no logró acuerdos con los trabajadores. Los agricultores decidieron dar una "tregua humanitaria" para que los vehículos transiten desde las 17:00 horas hasta las 00:00 horas del 3 de diciembre. Luego de ello, se reanudó el bloqueo de la Panamericana Sur.
El día 4 de diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo envió un Proyecto de Ley al Congreso para modificar el capítulo laboral de la Ley de Promoción Agraria; sin embargo, el Congreso descartó el pedido y acordó derogar la Ley y formar una comisión multipartidaria para crear un régimen laboral para el agro. Ante ello, el presidente Sagasti anunció que no observaría la norma. El mismo día se reportó un segundo muerto como consecuencia de las protestas.
El día 20 de diciembre, los ministros de Economía y Finanzas y Trabajo y Promoción del Empleo participaron en la sesión del Congreso destinada al debate y votación de la nueva Ley Agraria. En dicha sesión, el Ejecutivo se mostró en contra de distintos aspectos del proyecto de Ley. Horas más tarde, el Congreso decidió retornar el proyecto a trámite de Comisiones para llegar a uno de consenso. El día 21 de diciembre, los agricultores reanudaron la toma de carreteras en la Panamericana Sur en Ica y en la Panamericana Norte en La Libertad.
El día 3 de diciembre de 2020, trabajadores del sector agrario de la Provincia de Virú en La Libertad bloquearon la carretera Panamericana Norte exigiendo mejores condiciones laborales, así como la derogación de la Ley de Promoción Agraria. Al mediodía del 3 de diciembre diversos medios reportaron un fallecido en las protestas.
El día 30 de diciembre, tres personas fallecieron debido a la represión policial en la provincia de Virú, entre ellos un joven de 16 años.
El 3 de diciembre, trabajadores de la empresa agroindustrial Pedregal en el Distrito de Castilla en Piura iniciaron también un paro agrario exigiendo mejores condiciones laborales.
El día 1 de diciembre, pobladores de la provincia de Cotabambas en Apurímac iniciaron un paro indefinido y bloquearon el corredor minero de Las Bambas. Los comuneros solicitaron la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez para llegar a acuerdos con la empresa MMG.
Mientras que la madrugada del 4 de diciembre de 2020, trabajadores de Doe Run bloquearon la Carretera central como medida de protesta para exigir al gobierno de Francisco Sagasti la adjudicación directa de los activos de la empresa. Los trabajadores bloquearon las carreteras La Oroya - Huancayo, La Oroya - Lima y La Oroya - Tarma.
El día 9 de diciembre de 2020, un grupo de transportistas bloqueó la Panamericana Sur a las afueras de Lima Metropolitana. Los transportistas reclaman por “una justa pensión universal” y “contra el uso y abuso de poder” de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y del organismo supervisor Sutran. Los manifestantes incendiaron neumáticos en la vía, lo que impidió el paso de buses, camiones de carga y vehículos particulares. Horas después del bloqueo, la Policía Nacional dispersó a los manifestantes.
Desde el 13 de marzo de 2021, los transportistas de carga pesada y de buses interprovinciales iniciaron un paro nacional bloqueando las carreteras más importantes en todo el país. Algunas de las solicitudes de los transportistas son que se elimine el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado al diésel, la reducción del precio de este combustible, de los costos de peajes, suspensión de los peajes Morrope (Chiclayo) y Bayoyar (Piura), aplicar una amnistía general a las multas de la Sutrán, entre otros.
El día 16 de marzo, buses interprovinciales y camiones bloquearon la entrada principal al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
El día 17 de marzo, la Defensoría del Pueblo informó que el paro alcanzaba a 21 regiones del Perú. El tránsito fue restringido en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco. Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.
La presidenta del Consejo de Ministros informó, el día 17 de marzo, que una comisión presidida por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González Chávez y conformada por altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia del Consejo de Ministros venía dialogando sobre posibles soluciones a las medidas adoptadas por los transportistas llegando el paro a su fin el día 20 de marzo.
Ejercieron el cargo de presidente del Congreso de la República del Perú:
Ejercieron el cargo de presidente de la Corte Suprema del Perú:
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