Golpe de Estado de 1955
Revolución Libertadora es el nombre con que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la República Argentina tras derrocar al presidente constitucional, Juan Domingo Perón, clausurando el Congreso Nacional, depuesto a los miembros de la Corte Suprema, a las autoridades provinciales, municipales y universitarias y puesto en comisión a todo el Poder Judicial mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955 y que, tras más de dos años, organizó elecciones condicionadas que trasladaron el poder político a un gobierno encabezado por el radical Arturo Frondizi, el 1 de mayo de 1958, quien también sería derrocado en 1962.
El general de división Eduardo Lonardi, líder del golpe, asumió el 23 de septiembre de 1955 y fue sustituido el 13 de noviembre por Pedro Eugenio Aramburu, mediante un golpe palaciego. Ambos gobernaron como autoridades supremas atribuyéndose el título de Presidente de la Nación.
Este gobierno suele ser llamado entre sectores peronistas como Revolución Fusiladora debido a los militares y civiles fusilados por orden del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu con motivo del intento de levantamiento encabezado por el general Juan José Valle. En menos de 48 horas, civiles y militares fueron fusilados en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y la Penitenciaria Nacional. Para la noche del 11 de junio de 1956, los ejecutados ascendían a 16 militares y 13 civiles.
Aramburu derogó mediante una proclama militar la Constitución Nacional vigente y repuso el texto constitucional de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Poco después, el régimen organizó bajo su control, mediante elecciones condicionadas, una Convención Constituyente que convalidó la decisión y agregó el artículo 14 bis.
La autodenominada Revolución Libertadora fue uno de los seis gobiernos militares que tomaron el poder en la Argentina entre 1930 y 1983, en lo que se conoció como el ciclo golpe-elección, que postergó la consolidación de la democracia en Argentina hasta fines del siglo XX. El ciclo comenzó con el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 que derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical que había desarrollado la primera experiencia de gobierno democrático en Argentina a partir de las elecciones de 1916, las primeras en realizarse con la Ley Sáenz Peña de 1912, que estableció el sufragio secreto y obligatorio para todos los varones (la democracia universal plena recién se alcanzaría en 1951, con el voto femenino). En ese período fueron derrocados por golpes de Estado todos los gobiernos radicales (1930, 1962, 1966) y peronistas (1955 y 1973). También fue derrocada la experiencia de gobierno conservador-radical impuesta mediante elecciones fraudulentas, conocida como Década infame (1930-1943). Los últimos alzamientos militares fueron las sublevaciones carapintadas realizadas entre 1987 y 1990, durante los gobiernos democráticos del radical Raúl Alfonsín y el peronista Carlos Menem.
El peronismo surgió entre 1943 y 1945, a partir de un amplio movimiento de base sindical, que se caracterizó por un fuerte contenido social, conocido con el nombre de peronismo o justicialismo, debido al énfasis puesto en la justicia social. En simultáneo, se formó un amplio movimiento, el antiperonismo, coordinado por la embajada de Estados Unidos en Argentina, e integrado por las cámaras patronales, la mayoría de los partidos políticos existentes y asociaciones estudiantiles.
Las elecciones de 1946 fueron ganadas por el peronismo, que llevaba como candidato a Juan Domingo Perón, en un hecho que sorprendió al Establishment.
La confrontación entre peronistas y antiperonistas caracterizó al gobierno de Juan Domingo Perón. Ya antes de que asumiera como Presidente, Perón había sido derrocado de su cargo de vicepresidente y detenido en octubre de 1945, por un golpe de Estado que fracasó luego de una amplia movilización obrera el 17 de octubre de 1945. Pocos días antes de las elecciones de 1946, la oposición también había preparado un golpe de Estado, que no llegó a ponerse en marcha. Su gobierno enfrentó una dura oposición antiperonista que incluyó actos terroristas a partir de abril de 1953, y connatos militares a partir de septiembre de 1951. En general señalan su origen en las conspiraciones golpistas y los actos terroristas antiperonistas, como el intento de golpe de Estado de 1951, el atentado en la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953 que asesinó a seis manifestantes peronistas e hirió a otros noventa, y el bombardeo de la Plaza de mayo de 1955, en el que fueron asesinadas por sectores antiperonistas 308 personas identificadas.
En octubre de 1945, el coronel Cabanillas, antiperonista fanático, había planeado dos atentados fallidos contra el presidente Juan D. Perón. Más tarde sería convocado por la dictadura de Aramburu para matar a Perón en Caracas, haciéndose pasar por un peronista.
En 1946 sectores ligados a la Sociedad Rural Argentina, la sección local de la UCR en Corrientes y el Partido Liberal de Corrientes planearon un atentado contra su vida, durante la campaña electoral que llevaría a Perón a la presidencia. El 3 de febrero de 1946, el diario ‘El Laborista‘ de Buenos Aires informaba que opositores políticos a Perón ante la marcha por las calles de Goya se posicionaron sobre los techos con armas. Desde un vehículo en el que viajaban los liberales Bernabé Marambio Ballesteros, Gerardo Speroni, Juan Reynoldi y Ovidio Robar, dispararon con armas de fuego a la gente que desde el puerto enterada de la noticia marchaba hacia el centro para repudiar el intento de asesinato.
Uno de los primeros antecedentes del intento de golpe de Estado se produjo en la madrugada del 28 de septiembre de 1951, cuando el capitán Alejandro Agustín Lanusse, futuro presidente de facto, se apoderó de la puerta número 8 de Campo de Mayo y por ella ingresaron Benjamín Andrés Menéndez y su estado mayor. A todo esto llegó el jefe del C-8, teniente coronel Julio Cáceres, que recibió el apoyo de los suboficiales, produciéndose un tiroteo en el cual cayó muerto el cabo Miguel Farina por las fuerzas golpistas. De los treinta tanques solo pudieron movilizar a siete –es probable que por sabotaje de los suboficiales-, pero antes de llegar a la salida otros cinco tuvieron desperfectos y debieron ser abandonados.
Perón fue informado por los servicios de inteligencia que el complot estaba encabezado por el general, retirado del servicio desde 1942, Benjamín Andrés Menéndez, Julio Alsogaray, Tomás Sánchez de Bustamante y Alejandro Agustín Lanusse. En un segundo plano estaban los oficiales Larcher, Guglialmelli, Álzaga y el capitán de navío Vicente Baroja. Menéndez convocó a una reunión secreta para transmitirles a referentes de la oposición los pasos a seguir: asistieron Arturo Frondizi de la UCR, Américo Ghioldi, Horacio Thedy, en representación de los Demócratas Progresistas, y Reynaldo Pastor. Sin embargo, la intentona golpista fracasó pronto.
En 1953 el capitán de fragata Jorge Alfredo Bassi se embarcó en el rutinario viaje de instrucción de la Flota de Mar, durante el cual tuvo la idea de atacar la Casa Rosada de la misma manera en que los japoneses habían atacado Pearl Harbor. Mediante amigos comunes solicitó a Eduardo Lonardi su ayuda pero este hizo caso omiso.
El 15 de abril de 1953 se produjo un ataque terrorista que consistió en la detonación de dos bombas mientras se realizaba un acto sindical organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Plaza de Mayo (frente a la Casa de Gobierno). Como resultado murieron seis personas y más de 90 quedaron heridas y 19 mutilados en lo que es considerado un primer ensayo del posterior bombardeo a Plaza de mayo de 1955 y del golpe de septiembre.
Luego del atentado de 1953 se reactivó la conspiración e incluso se elaboraron dentro de la Marina planes que bajo la apariencia de ejercicios de guerra tenían como finalidad prepararse para un futuro golpe. Tras el Golpe de Estado de 1955, que derrocó a Perón, fueron amnistiados por la Revolución Libertadora.
Tan pronto se acallaron los ecos de las bombas detonadas en la Plaza de Mayo durante abril de 1953 un grupo de capitanes de fragata y de corbeta elaboraron un plan para capturar al Presidente en julio de 1954, en ocasión de su visita a la nave insignia de la flota durante las ceremonias del Día de la Independencia, que terminó en fracaso.
Raúl Lamuraglia era un hombre de negocios que había financiado la campaña de la Unión Democrática, que enfrentó en las elecciones de 1946 a la fórmula de Perón, a través de millonarios cheques del Bank of New York que habían tenido como destino sostener el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y a sus candidatos José P. Tamborini y Enrique Mosca. En 1951, el empresario había aportado recursos para apoyar la asonada fallida del general Benjamín Menéndez, lo que lo llevó a prisión, y tras salir en libertad marchó al Uruguay. Gracias a su fortuna, compró un avión de combate en Estados Unidos para bombardear la Plaza de Mayo y matar a Perón. Tripulado por un aviador naval, Luis Baroja, el cazabombardero volaría hasta la Plaza de Mayo, en pleno acto del peronismo, para ametrallar el balcón donde hablaría Perón. Lamuraglia se reunía con referentes del Partido Colorado de Uruguay. Días antes, se encontró en secreto con el presidente Batlle Berres y el empresario argentino Alberto Gainza Paz en su residencia veraniega de Punta del Este, quienes le ofrecieron apoyos para el plan de magnicidio. Instalado de nuevo en Buenos Aires, el empresario radical Lamuraglia ofreció su quinta en Bella Vista para organizar la conspiración y se comprometió a financiar un futuro golpe. En noviembre de 1954 se reunieron Bassi, Lamuraglia, Francisco Manrique, Néstor Noriega, el excapitán del ejército Walter Viader, Carlos Bruzzone, el comandante de tropas de la Fuerza Aérea Agustín de la Vega, y políticos opositores, entre ellos el político radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, el intelectual conservador Américo Ghioldi, Jaime Mejía, Mario Amadeo y el abogado Luis María de Pablo Pardo, futuro Ministro del Interior de Eduardo Lonardi, Adolfo Vicchi, futuro embajador ante Estados Unidos durante la dictadura de Aramburu, y Alberto Benegas Lynch. Olivieri no solo admitió haber ordenado disparar contra los civiles que rodeaban el alzado Ministerio de Marina (hoy edificio Guardacostas, sede de la Prefectura Naval, en la Avenida Madero y Perón, entonces Cangallo), sino que incluso ordenó disparar después de haber dispuesto un alto el fuego y enarbolar la bandera blanca de parlamento. Al redactar sus memorias dos años más tarde, Olivieri seguirá reivindicando haber ordenado disparar a los civiles.
El 16 de junio de 1955 un sector de la Aviación Naval bombardeó Buenos Aires causando 364 muertos (algunas versiones elevan esa cifra a 500) y un millar de heridos. Bajo la cobertura de los ataques aéreos, las tropas de Argerich atacaron a los granaderos que defendían la Casa Rosada. Los sublevados mataron a los conscriptos que los manejaban, para que las tropas no llegaran al destino. Numerosos oficiales de la Marina a cargo de naves se negaron a bombardear la destilería platense, incluidos dos comandantes que se habían plegado al golpe.
En Buenos Aires, el 29 de agosto el diario La Época informaba que en el Barrio Norte, residencial de clase alta, había sido desbaratada una organización de "pitucos" que disponían de dinero, armas y autos en abundancia. Planeaban atentados y estaba integrada por Emilio de Vedia y Mitre (h.), Mario Wernicke, Emilio Allende Posse, Carlos Ocantos, Héctor López Cabanillas y Julio E. Morón.
Para principios de septiembre de 1955 la UCR había convocado a un acto en la Casa Radical, donde repartieron armas en comités y en parroquias. Los comandos civiles ultracatólicos (llamados “palomas”) convocaron a la acción armada. Previamente negociaron un crédito con la Sociedad Rural Argentina para que financie actividades desestabilizadoras, como sabotajes a la red eléctrica, a los cables de la empresa telefónica Entel y disparos a las ruedas de camiones de bomberos y ambulancias; días antes represantantes de la UCR y comandos civiles viajaron a Uruguay, entrevistándose con Emilio Eduardo Massera, Horacio Mayorga, Oscar Montes y Osvaldo Cacciatore. En Córdoba se sucedieron atentados con bombas o incendios: contra seis unidades básicas peronistas, la sede de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), de la Confederación General Universitaria y un busto de Eva Perón en Unquillo.
Respecto a los motivos del golpe de Estado, el almirante Arturo Rial, uno de los Jefes de la revuelta, diría semanas más tarde frente a representantes sindicales: «Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo de barrendero muera barrendero».
El 16 de septiembre de 1955 se inició el golpe de Estado que derrocaría al presidente constitucional Juan D. Perón, al Congreso de la Nación y a los gobernadores provinciales. La sublevación se inició en Córdoba, fue liderada por el general Eduardo Lonardi y se extendió hasta el 23 de septiembre. El 16 de septiembre de 1955, después de ingresar a la Escuela de Artillería en Córdoba, Lonardi se dirige al dormitorio del jefe de la unidad, y ante un amago de resistencia de este le descerrajó un balazo. La consigna era: hay que ser brutales y proceder con la máxima energía. El golpe de Estado estaba en marcha. Sáenz Quesada narra que en la Casa Radical entregaban armas cedidas por la Fuerza Aérea para combatir a las fuerzas constitucionales.
Los mayores enfrentamientos se produjeron en Córdoba, donde hubo al menos 112 muertos. Allí, Lonardi atacó a la de Infantería, cuyos mandos no quisieron plegarse al golpe y habían decidido defender el gobierno constitucional. El mismo Eduardo Lonardi cometería el primer asesinato de la Revolución Libertadora al darle un tiro en la cabeza al jefe de la Escuela de Artillería en Córdoba, por no sumarse a la sublevación. Días después es el responsable de la represión el 17 de octubre de 1955 –y cuya ejecución estuvo a cargo del general Raúl Justo Bengoa- donde tres tanques Sherman ametrallan a una manifestación de alrededor de 5000 personas en Pavón y Centenario Uruguayo, dejando muertos y heridos.El apoyo de la jerarquía católica fue decisivo. El colegio católico San José de Córdoba se había convertido en un depósito de armas, llegando a alamacenarse armas molotov en los dormitorios de los sacerdotes, y en los sótanos del seminario mayor se hacían ejercicios de tiro con fusiles.
El 17 de septiembre de 1955, el pueblo de Río Colorado sufrió el primer bombardeo por parte de las fuerzas militares que habían desatado el golpe. Ese día la infantería de marina ocupó Bahía Blanca tras bombardear la ciudad, pero tropas leales al gobierno marcharon sobre ella. También fue bombardeada por los golpistas Mar del Plata. El 18 de septiembre, Policía de la Provincia de Buenos Aires y el regimiento 7 de Infantería derrotaron a la sublevada Escuela Naval de Río Santiago.
El 19 de septiembre fueron acorraladas las tropas golpistas de Córdoba en el centro de la ciudad y su comando operativo en el Cabildo de dicha ciudad estuvo a punto de ser tomado por asalto por parte del General Miguel Iñíguez y su tropa.
Cuando el golpe parecía fracasar se dieron dos factores: una parte de la Escuadra de Mar a cargo de Isaac Rojas llegó a la altura de Pontón Escalada y lanzó su ultimátum: si Perón no renunciaba, bombardearían la ciudad de Buenos Aires y la destilería de petróleo de La Plata. Para demostrar su decisión, ordenó el bombardeo de la destilería de Mar del Plata, destruyéndola. El crucero 17 de Octubre abrió fuego desde una distancia de 9000 metros que dio en los depósitos de combustible del puerto, que estallaron y se incendiaron, disparando 69 proyectiles, que los destruyeron por completo. Tras esa demostración de fuerza, la Armada golpista hizo conocer su ultimátum para que Perón renuncie. A partir de ese momento, «comandos civiles» comienzan a actuar realizando actos de terrorismo. Todo ello presagiaba que aun con un descontado triunfo militar por parte del Gobierno constitucional, se abría la posibilidad del desarrollo de una guerra civil. Evitando ello renunció Perón y transfirió el mando a una junta militar.
En ese momento, la sociedad marplatense se encontraba dividida en dos fuerzas sociales, la peronista y la antiperonista. Dentro de la primera se encontraban la mayoría del movimiento obrero organizado, los cuadros políticos del PP local, el círculo del puerto del Partido Comunista local, el Partido Socialista Revolución Nacional regional Mar del Plata, el grueso de los efectivos de la policía y algunos soldados del ejército. Por parte de los antiperonistas en primera línea estuvieron el PS local, la Unión Cívica Radical local, el Partido Laborista marplatense, el Centro Universitario Marplatense (CUM), la UOL, la Casa del Pueblo, la Armada, la Federación Libertaria Argentina filial Mar del Plata, la UCIP, el Club Español, entre otros.
En el marco del conflicto entre Perón y la Iglesia, por resolución ministerial las hermanas Franciscanas fueron desplazadas del asilo Unzué, siendo remplazadas por personal civil. No transcurrieron dos semanas, cuando el 13 de junio se realizó un acto de repudio popular en la plaza Eva Perón con el intento de desagraviar la bandera nacional y la memoria de Eva Perón, el cual tuvo amplias proporciones. En la Escuela Antiaérea se realizó otro acto de las mismas características. Tres días más tarde, cuando estaba siendo bombardeada la Plaza de Mayo, el gobierno municipal exhortó al pueblo a reunirse en Plaza San Martín y permanecer hasta que Perón rectificara la decisión de renunciar a la presidencia, mientras tanto, cerca de 500 obreros de la CGT regional Mar del Plata viajaron a la Capital Federal con motivo de la concentración en plaza de Mayo. Desde el campo golpista, el general Lucero, al momento de producirse el bombardeo en la Capital, ordenó a las guarniciones de Tandil, Azul y Mar del Plata que avanzaran sobre la base naval de esta última ciudad y se apoderaran de ella. A su vez, la compañía N.º 7 de infantería de la marina sublevada, bajo las órdenes del jefe de la base naval capitán de navío César Poch, se dirigió hacia el aeropuerto de Camet para embarcarse en dos aviones que los trasladarían a Buenos Aires. Al llegar a las proximidades del aeropuerto observaron que las instalaciones estaban custodiadas por efectivos del ejército con el objetivo de impedir que se acercasen. Ante este hecho el jefe de la compañía, el teniente de navío José Antonio de Urquiza, intentó persuadir a los oficiales del ejército que estaban a cargo de la defensa del lugar. Ante la negativa de éstos se dispusieron para iniciar el combate que no llegó a desatarse debido a la noticia del fracaso del golpe en la Capital.
En 2017, el Archivo Nacional de la Memoria concluyó una investigación sobre la cantidad de personas muertas en el golpe, documentando al menos 156 víctimas fatales.
El primer muerto fue un suboficial de la Policía Federal asesinado en la madrugada del 16 por un grupo de civiles ligados al radicalismo en el barrio de Belgrano. Según consta en el acta de defunción, fue asesinado por un comando civil como los que integraba Mariano Grondona.[cita requerida]
En Córdoba, la mayor cantidad de muertos se produjo en el ataque del ejército golpista a la Jefatura de Policía legalista. En el Río de La Plata, 6 de los muertos fueron producto del bombardeo de la Armada al barrio Campamento de Ensenada, dos soldados del Regimiento 7 de La Plata legalista, dos policías de la provincia de Buenos Aires que enfrentaron junto con los vecinos a los marinos golpistas, un dirigente ferroviario que se quedó a atender a los soldados y otro vecino que murió horas después. También hubo 28 muertos en Buenos Aires, capital y provincia; 16 en Ensenada, y 5 en Santa Fe, de los cuales 4 eran de Rosario y uno de Reconquista. Otras fuentes indican que los golpistas se cobraron alrededor de 2000 víctimas fatales.
El golpe contó con el apoyo activo de Comandos civiles, de un sector de la Iglesia católica que hizo de nexo entre Lonardi y los comandos civiles, y el Reino Unido, que mostró una fuerte hostilidad al gobierno de Juan D. Perón y financió el golpe de septiembre, proveyendo dinero, armamento y combustible a las fuerzas golpistas.También apoyaron el golpe algunos partidos políticos, como la Unión Cívica Radical. El santo y seña de los conspiradores fue "Dios es justo".
“Dentro de los llamados gorilas, los comandos civiles ocuparon un espacio central”. Después del golpe de septiembre de 1955 “en acciones paramilitares o parapoliciales (…) ocuparon sindicatos y oficiaron de rompehuelgas”.
El 20 de septiembre, Lonardi se autoproclama desde Córdoba "Presidente provisional de la Nación", disponiendo como sede del nuevo gobierno a la provincia de Córdoba, hasta su traslado a la Capital Federal. El 23 de septiembre de 1955 se hizo cargo de la suma del poder público. La banda presidencial le fue entregada por el cardenal rosarino Antonio Caggiano, quien también firmó el acta de toma del poder. Sus primeras medidas fueron disolver el Poder Legislativo, derrocar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a todos los gobernadores y legislaturas provinciales y hacerse cargo de los poderes legislativo y ejecutivo, atribuyéndose el título de "Presidente". En los días siguientes nombraría por decreto a los miembros de la Corte Suprema y a los interventores de las provincias.
Lonardi sería quien cometió el primer asesinato de la dictadura al darle un tiro en la cabeza al jefe de la Escuela de Artillería en Córdoba, por no sumarse a la sublevación. Días después es el responsable de la represión el 17 de octubre de 1955 –y cuya ejecución estuvo a cargo del general Raúl Justo Bengoa- donde tres tanques Sherman ametrallan a una manifestación de alrededor de 5000 personas en Pavón y Centenario Uruguayo, dejando muertos y heridos.
El 16 de septiembre de 1955, apenas iniciado el golpe contra el gobierno constitucional, aparecieron focos de resistencia en Rosario, que durante 7 días soportaron el asedio de los golpistas. El general Bengoa, con refuerzos militares, armamento y municiones suficientes, sitia a la ciudad provocando una guerra civil en Rosario. Sitiados, sin alimentos y sin armamento, las fuerzas leales a Perón, el Regimiento Militar II de Infantería de Rosario junto a los trabajadores del cordón industrial, avanza sobre los sectores golpistas. Allí la resistencia peronista fue una de las más activas. Tenía una base social amplia. En Rosario, el golpe y la posterior represión se cobró más de 400 muertos entre niños, mujeres y hombres de distintas edades, además de cientos de heridos.Rosario, no bien se dio el golpe de Estado, fue uno de los lugares más resistentes: ese día, obreros del puerto, de la zona sur, de los mataderos con sus caballos, del frigorífico Swift, estibadores, las mujeres con el pecho desnudo, la ciudad es prácticamente tomada por el pueblo peronista. Levantaron barricadas en las calles, en las esquinas y cortaron el tránsito.
Con resistencias en Rosario, Mar del Plata, Tucumán y en el conurbano bonaerense, Lonardi se autoproclama Presidente Provisional en Córdoba. Ante el golpe militar, el norte de la Patagonia también intentó una resistencia. En septiembre de 1955 fuerzas de la guarnición militar de Esquel, Neuquén y Bariloche convergieron hacia Bahía Blanca para ayudar al regimiento V de Infantería a reconquistar la plaza. Las fuerzas que salieron de Neuquén fueron detenidas en Río Colorado y las que provenían de Bariloche y Esquel en Stroeder (provincia de Buenos Aires).
En tanto, en Mar del Plata en las primeras horas del golpe hubo incidentes, como la irrupción de partidarios del golpe en el local de la CGT, donde destruyeron distintivos y documentación, para luego sacar todos los muebles a la calle y quemarlos en una gran hoguera en medio de la calle Catamarca (Incendio de locales peronistas de 1955).
La misma suerte corrieron el local del consejo de distrito del Partido Peronista, en la calle Mitre, varias unidades básicas masculinas y femeninas, el Centro de Empleados de Comercio, locales de gremios y la delegación del ministerio de Trabajo y Previsión.
Cuando Eduardo Lonardi llegó a Buenos Aires para hacerse cargo del gobierno provisional, los comandos armados realizaban misiones de protección en el Aeroparque, donde tomó tierra en un DC3 que lo trajo de Córdoba y recorrió en la Costanera y la avda. Leandro Alem, en su camino a la Casa Rosada, acompañado de Isaac Rojas. El 21 de septiembre las fuerzas armadas recibieron desde Córdoba, la orden de eliminar ese foco de resistencia en el corazón de la city porteña y avanzaron sobre él con cañones y dos tanques Sherman, enviando un emisario para que se rindieran. Los cañones y los tanques dispararon y unos cincuenta hombres, encabezados por Guillermo Patricio Kelly, se rindieron. Los que quedaron dentro murieron bajo los escombros del edificio de tres pisos, destruido a cañonazos. Se ignora el número de muertos que algunos elevan a más de 400.
Eduardo Lonardi gobernó 52 días, intentando un gobierno conciliador manteniendo algunos algunas políticas precedentes que se habían gestado durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón.
Durante sus primeros días grupos de choque denominados Comandos Civiles habían ocupado por la fuerza una cantidad considerable de locales sindicales. Entre ellos se encontraban los locales de la Asociación Bancaria, la Federación Gráfica, La Confederación de Empleados de Comercio, la Fraternidad, el SUPE, la Unión Ferroviaria, entre otros.
Lonardi padecía un cáncer cuyos síntomas ya eran notables al comienzo del golpe y que finalizaría con su vida en marzo del año siguiente. Representaba una fracción de las fuerzas armadas, de orientación nacionalista católica, que tenía como objetivo derrocar a Perón y excluirlo de la vida nacional, así como impedir que el peronismo volviera al poder. Lonardi liberó de la cárcel a Benjamín Menéndez y también liberó y nombró como Jefe de Granaderos a Agustín Lanusse. Lonardi fue derrocado por el sector liberal de los golpistas.
El gobierno militar de Lonardi clausuró el Congreso, dejó cesante por Decreto 415 del 6 de octubre de 1955 a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez desde su organización, la Corte era renovada sin el procedimiento constitucional. Desaparecía el respeto por los pasos constitucionales y los gobiernos militares o civiles que se sucederían apelarían a toda clase de violación de tales normas para cambiar los jueces de la Corte e incluso los de instancias inferiores. De esta manera, la independencia y la inamovilidad de los jueces desapareció. Paralelamente fue removido el Procurador vía decreto y del mismo modo fue nombrado Procurador General por Decreto N.º 415 del 6 de octubre de 1955 Sebastían Soler cuyo antiperonismo puso de manifiesto en varios dictámenes.El golpe de 1955 produjo la suspensión del Estado de derecho, de las actividades políticas, partidarias y gremiales y el cese de todos los mandatos electivos. En las provincias los gobiernos fueron intervenidos y de modo similar se procedió con los municipios. La CGT fue intervenida y robaron de su sede el cadáver de Eva Duarte. Se inició juicio de traición a la patria contra Perón y a todos los legisladores peronistas.
En materia universitaria la primera norma fue el Decreto 1339 del 30 de septiembre de 1955 a la semana de tomar el poder, en él se decreta la intervención de la Universidad de Buenos Aires y el resto de las universidades nacionales, deroga las leyes 13031 y 14297, y confiere al Interventor en la Universidad de Buenos Aires, y a los Delegados Interventores, las facultades del Rector, Decano y respectivos Consejos que quedan suprimidos. El 7 de octubre de 1955, se dicta el Decreto 47812, consecuencia del anterior, por el cual se pone “en comisión” a todo el Claustro de Profesores de la Universidad. Con el artículo 3 de dicho decreto se abre paso a las nuevas designaciones de forma arbitraria eliminando los concursos docentes y se faculta a los Interventores en las universidades a designar, a propuesta de los Delegados Interventores de cada unidad académica, profesores titulares, adjuntos o auxiliares, con carácter interino. También se obliga que: " Quienes fueron cómplices en esa tarea de subvertir la función de la cátedra o expresaron públicamente, o desde la Universidad, o desde cargos públicos, su adhesión a (el gobierno constitucional depuesto), carecen de autoridad moral necesaria para desempeñar funciones de profesor universitario”.
Adoptó una política económica que favorecía a los sectores exportadores agropecuarios y financieros. También prohibió el sindicalismo y asociaciones gremiales, en las fábricas se impuso una férrea disciplina laboral que junto con la intervención militar en los sindicatos Buscaba un fuerte disciplinamiento de la clase obrera. Los países compradores de las exportaciones argentinas estaban aplicando prácticas restrictivas. Se registraron déficits en el balance de pagos constantes entre 1955 y 1958, las reservas declinaron y se acumularon las deudas comerciales, la balanza de pagos comenzó a ser deficitaria seriamente. El deterioro de los salarios para detener el incremento de los precios, y la alarmante situación inflacionaria provocarían tensiones sociales.
Su lema fue «ni vencedores ni vencidos», tomada de Justo José de Urquiza, una de las frases políticas más famosas de la historia argentina.A las cinco y media de la tarde del 11 de noviembre, los obispos Antonio Caggiano y Fermín Emilio Lafitte visitaron a Lonardi. La Conferencia Episcopal agradeció la exención impositiva que decretó Lonardi para las escuelas católicas como gentileza por el apoyo de la cúpula eclesiástica al golpe de Estado de septiembre. Fueron clausuradas publicaciones como la revista "De Frente" y el periódico Palabra Argentina.
Lonardi era un militar que había tenido una controvertida actuación, fue agregado Militar en Chile en 1942 donde se vio envuelto en un caso de espionaje que lo llevó a estar detenido en aquel país. En Chile en 1942 mantuvo vínculos con el empresario germano August Siebrecht, presidente del Club Alemán. Siebrecht le proporcionaba un canal con los círculos nazismo y con el capitán Gerardo Ilabaca. El 2 de abril de 1938, el capitán llegó a las oficinas del pasaje Matte, donde esperaban Lonardi y su amante Ana María Cormack. Ilabaca entregó los documentos y reclamó el dinero acordado. Cuando Cormack salía a buscar el dinero a cambio de la información, la policía de Investigaciones ingresó a la oficina, allanó el departamento y detuvo a los espías. Los diarios chilenos del día siguiente informaban que en el lugar se había encontrado un maletín lleno de dinero. Lonardi fue llevado a la penitenciaría de Santiago, y fue discretamente puesto en la frontera y deportado del país por orden directa del presidente Arturo Alessandri. Cuando se conocieron los hechos, el embajador Quintana y la cancillería prometieron que Lonardi sería castigado. Al llegar a Buenos Aires, el oficial Lonardi fue detenido y permaneció durante 15 días bajo arresto en el Hotel Savoy, a la espera de que se le formara un consejo de guerra. Mercedes Villada Achával, esposa de Lonardi, miembro de una aristocrática familia de Córdoba, vinculada con obispos y militares, movilizó todas sus influencias para evitarle el procesamiento. Lo salvó de la destitución y de la baja deshonrosa gracias a un generoso donativo. Lonardi participó en el golpe de 1943 y en el intento de golpe contra Juan Domingo Perón de 1951, tras lo cual fue pasado a retiro.
Los interventores, nombrados para reemplazar a los gobernador electos depuestos recibieron una ampliación de facultades que les permitió actuar sin consulta previa en cuestiones vinculadas con los fines revolucionarios, el régimen constitucional, municipal, impositivo y legislativo, y acumulando en sus personas los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Este constructo entre la legalidad avasallada -la Constitución Nacional- y la ilegalidad imperante -la proclama revolucionaria- constituye un rasgo peculiar del gobierno de facto (Spinelli, 2005).
Por primera vez desde su organización, la Corte Suprema era renovada sin el procedimiento constitucional, desaparecía el respeto por los pasos constitucionales y los gobiernos militares o civiles que se sucederían apelarían a toda clase de violación de tales normas para cambiar los jueces de la Corte e incluso los de instancias inferiores. De esta manera, la independencia y la inamovilidad de los jueces desapareció. Por el decreto citado de Lonardi y su elenco del ministerio de Justicia, fueron removidos todos los jueces supremos.
El gobierno militar formó 60 comisiones investigadoras, con amplias facultades, el grado de discrecionalidad y poder atribuido a los comandos civiles antiperonistas y a las comisiones investigadoras dio como resultado miles cesantías, encarcelamiento, procesamiento de funcionarios y allegados. Hasta se llegó a sancionar a la Selección Argentina de Básquetbol que había logrado el campeonato mundial de 1950, y que luego pasó 30 años sin obtener títulos. Entre las facultades que recibieron se hallaban la posibilidad de detener personas, allanamiento y secuestro de la documentación sin autorización de ningún juez, bloqueo de bienes , traslado de detenidos , ocupación de viviendas de sospechosos de simpatías con el peronismo, expropiación de bienes, etc. Estas comisiones quedaron mayormente en manos de las agrupaciones políticas como la UCR, impulsora de denuncias. Las comisiones instaban a la población mediante comunicados de prensa, audiciones radiales y bajo amenaza de detención a los ciudadanos de cada ciudad a denunciar a sus vecinos, colegas, empleados o patrones que adherían al peronismo. La mayor parte de las consecuencias recayeron sobre los municipios, policía, escuelas, sindicatos y centros de asistencia. Los medios de prensa también fueron perseguidos por estas comisiones y sus brazos parapoliciales, los comandos civiles. Se indicó a los directores de establecimientos escolares secundarios y a los profesores universitarios que entregaran listas con estudiantes simpatizantes del peronismo o que indicaran de cualquier discurso que pudiera ser tildado de peronista durante la asistencia a clases.
Las autoridades militares colaboraron activamente en la represión mediante la creación de comandos civiles, que actuaban como grupos de choque en apoyo al gobierno de facto, a los que pusieron bajo su dependencia a las policías locales cuyo objetivo delatar y castigar a simpatizantes del peronismo, que fueron organizados siguiendo el modelo de las Einsatzgruppen y las Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo. El radicalismo aceptó integrar las comisiones investigadoras junto con sectores del partido Demócrata Nacional. Opina la historiadora Martha Ruffini que" La fiebre de denuncias y delaciones se advierte en la documentación relevada que da cuenta de un espíritu revanchista, temeroso del resurgimiento de la hegemonía peronista pero complaciente con el gobierno de facto". Los soportes financieros para las actividades de tales organizaciones también se emparentan en sectores agropecuarios y financieros. Los soportes técnicos militares y logísticos fueron proporcionados en su mayoría por sectores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Durante su dictadura se entonara la Marcha de la Libertad, cuya letra y musicalización corresponde Manuel Rodríguez Ocampo y Manuel Gómez Carrillo (h)— quienes la compusieron justo después del 16 de junio, con un tono reminiscente del himno franquista Cara al sol.
La noche del 22 de septiembre de 1955, menos de una semana después del golpe, un comando militar integrado por marinos y un comando civiles antiperonistas de la UCR irrumpió en la casa del secretario general de ATE y la CGT en la localidad bonaerense de Azul, Manuel Chaves, derribando la puerta. Tras allanar el domicilio, los hombres que integraban el comando civil, por miembros del comité de la UCR de Recoleta, violaron a la esposa de Chaves, bajo la atenta mirada de los marinos quienes no intervinieron, excepto para golpear a Chaves cuando intentó defender a su esposa, hasta dejarlo inconsciente. Cometida la violación los civiles radicales procedieron a intentar violar a la pequeña hija de Chaves, Merceditas, de 4 años de edad, pero ante los gritos de la niña que alertó a los vecinos desistieron. Tras el allanamiento mataron de una ráfaga de ametralladora al dirigente sindical delante de su mujer y sus cuatro hijos.
El 1 de noviembre la Marina ocupó el Ministerio de Trabajo con el fin de desencadenar la represión de los sindicalistas peronistas. Cerruti Costa resiste la presión y logra, con apoyo de Lonardi, un nuevo pacto con la CGT, por el cual vuelven a ser reconocidas las autoridades de la central sindical y se decide designar de común acuerdo a los interventores sindicales que procederían a la normalización. un conjunto con los grupos de choque denominados Comandos Civiles habían ocupado por la fuerza una cantidad considerable de locales sindicales. Entre ellos se encontraban los locales de la Asociación Bancaria, la Federación Gráfica, La Confederación de Empleados de Comercio, la Fraternidad, el SUPE, la Unión Ferroviaria, entre otros, provistos con armas de la Marina.
Su gobierno de facto estuvo teñido por las persecuciones al peronismo, que sin ser tan acentuado como el que le siguió con Aramburu, ponía en evidencia su debilidad para controlar a los sectores más antiperonistas que se lanzaron a ocupar espacios en todos los niveles, ingresando a punta de pistola en locales partidarios, sindicatos y universidades. Además se procedió en encarcelar e interrogar a miles de dirigentes peronistas y sindicales, mientras sus hogares eran allanados. La hija del general Lonardi señala al coronel Carlos Eugenio Moori Koenig como el cabecilla de los comandos civiles que actuaron como fuerza parapolicial organizada, en todos los ataques sufridos por locales peronistas y sindicatos, además ese militar fue el que cumplió la misión de ultrajar el cadáver de Eva Perón. En tanto la familia de Evita fue perseguida y los Duarte se exiliaron en Chile y regresaron recién en 1962.
La Confederación General Económica (CGE) fue intervenida por Lonardi. Fue declarada ilegal e intervenida militarmente. Para el 30 de septiembre de 1955, se había ocupado numerosos sindicatos, como la Federación Gráfica, la Unión Ferroviaria, la UTA, la Asociación Bancaria, el SUPA (portuarios), entre otros. Frente a la inacción del gobierno para frenar estas ocupaciones ilegales por parte de comandos armados, la CGT pidió una reunión de urgencia con Lonardi.
Lonardi sería acusado por limitar la libertad de prensa, condenado la imposición de la uniformidad de la prensa, agravado por la presencia de «veedores» en algunos de ellos, negándose por su conducto todo principio de libertad aplicado a la prensa. También habilitó la prohibición explícita e implícita de determinadas informaciones es una consecuencia natural aunque vergonzosa de la intervención de las empresas, el dirigente radical Carlos Walter Perkins, colaborador civil de Lonardi declaró: «A todos los que atacan una revolución que ha venido a restablecer la libertad de palabra, yo les cortaría la lengua»
Después de septiembre de 1955 se procede a la expulsión de los empleados identificados con el peronismo. La Asociación Bancaria fue intervenida y puesta bajo la dirección de César Gonzálezg. Fue una de las tantas intervenciones de facto realizadas por los comandos antiperonistas munidos de armas largas. El asalto tuvo lugar el 4 de octubre. Empleados de distintas extracciones organizaron una asamblea de 1957 a la que asistieron más de mil personas. Visto el poder de la convocatoria decidieron tomar la sede de la Asociación Bancaria, expulsar a la intervención y designar una Mesa Coordinadora. La dictadura militar había decretado un aumento salarial para los bancarios, pero el proceso inflacionario de una tasa anual superior al 25% fue erosionando la capacidad de compra.
En tanto el peronismo intentó maniobrar aprovechando las diferencias entre ambas corrientes militares, para obtener ventajas y ganar tiempo para reorganizarse alrededor del movimiento sindical. Por esa razón ese momento fue conocido como la entente cordiale.
El 5 de octubre de 1955 la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) renunció asumiendo la dirección provisoria Andrés Framini y Luis Natalini de Luz y Fuerza.
La CGT aumentó su presión sobre el gobierno para que se abstuviera de intervenir en la situación interna de los sindicatos, buscando imponer direcciones no peronistas y antiperonistas. El 26 de octubre, en una reunión con el Ministro de Trabajo Luis Cerruti Costa, La CGT le exigió dejar de apoyar a los grupos opositores, bajo amenaza de declarar una huelga general. Cerruti Costa entonces rechaza la exigencia sindical y, dos días después establece nuevas reglas para la "normalización sindical" que, en los hechos, dejaban sin efecto el acta firmada con la CGT. Las nuevas reglas establecían la caducidad de los mandatos de los dirigentes de la CGT y los sindicatos, y el llamado a elecciones controladas por las Fuerzas Armadas. Ante ello los sectores liberales del régimen militar se movieron para obtener mayor poder.cr
Al día siguiente de asumir la dirección de la CGT, Framini y Natalini firmaron un pacto formal con el ministro Cerruti Costa, por el cual el gobierno reconocía a las autoridades de la CGT y se comprometía a designar interventores imparciales en los sindicatos, donde se deberían realizar elecciones democráticas en 120 días. Por su parte, la CGT aceptó la eliminación del preámbulo del estatuto donde se adoptaba la doctrina peronista y la eliminación del 17 de octubre como feriado.Durante su gestión un los grupos de choque denominados Comandos Civiles habían ocupado por la fuerza una cantidad considerable de locales sindicales. Entre ellos se encontraban los locales de la Asociación Bancaria, la Federación Gráfica, La Confederación de Empleados de Comercio, la Fraternidad, el SUPE, la Unión Ferroviaria, entre otros, provistos con armas de la Marina.
A fines de septiembre se reabrió la Cárcel de Ushuaia de la Armada Argentina, que en 1947, durante el gobierno de Juan D. Perón, el penal fue clausurado por su entonces director Roberto Pettinato (padre) por razones humanitarias. Más de 2 mil dirigentes peronistas volvieron serían prisioneros políticos en el penal, entre ellos los sindicalistas Andrés Framini y José Espejo (titular de la CGT en la década peronista), además de Héctor J. Cámpora.
Sobre esta etapa se producirá una persecución muy violenta a la clase trabajadora. Eso implica la intervención de todos los sindicatos, que lleva a que los sectores más antiperonistas y reaccionarios a través de lo que se llamaban los comandos civiles coparan a punta de pistola los sindicatos y trataran por todos los medios de poner gente adicta como interventores. Eso generará una gran resistencia que poco a poco se va conformando. El coronel Raimundez asumía como interventor administrativo de la CGT. Mientras tanto, diversos gremios serán asaltados y ocupados por el sindicalismo "libre", con el apoyo de los comandos civiles y fuerzas de la marina. A principios de octubre había comenzado sus funciones la Comisión Nacional de Investigaciones, destinada a esclarecer los supuestos delitos del régimen derrocado. Carente de facultades legítimas, ese organismo disponía allanamientos de domicilios y arrestos.
Es saqueada la Escuela de Enfermeras 7 de mayo perteneciente a la Fundación Eva Perón, que entre 1947 y 1955 formó a 858 enfermeras y 430 especialistas. Las enfermeras fueron perseguidas con saña y crueldad. Allanaron sus casas, quemaron sus uniformes, destruyeron sus libros y apuntes. Se destruyeron los legajos de los hospitales con las historias clínicas de los pacientes. A los enfermos mentales los sacaron a empujones de los hospitales, los arrastraron hasta una ruta y los fusilaron. Por lo demás, todo lo que tuviera que ver con la Fundación fue destruido. De los hospitales, los vándalos de los Comandos Civiles robaron lo que pudieron y lo que no, lo rompieron: vajillas, nebulizadores, aparatos de presión, entre otros objetos.
Una abogada antiperonista fue nombrada interventora del Hogar Escuela de San Juan. Decidió convertirlo en una agencia de empleo. Así las niñas internas debían trabajar como mucamas en las casas de sus amigas. Las asistentes sociales protestaron y desde el patio las niñas gritaron,”¡Queremos que vuelva Perón!” (Clarín, 7 de agosto de 2006, “Hogar Escuela de San Juan”).
En 1947, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón se ordenó la construcción del complejo turístico en Chapadmalal, consistente en un conjunto de edificios y pabellones los cuales fueron pensados para albergar niños, en especial hijos de obreros. Las obras se dieron en el marco del Primer Plan Quinquenal peronista. La Fundación Eva Perón se encargó de llevar contingentes de niños hasta cuatro mil por cada dos semanas. El uso del complejo turístico por parte de obreros fue mermando con el avenimiento de la Revolución Libertadora. En lo que respecta al turismo, el cambio devino en un giro en la forma de concebirlo y estructurarlo. Así, con el derrocamiento del peronismo, el turismo social fue desplazado. Se observa la omisión por parte de la dictadura militar a las políticas públicas sobre turismo social llevada a cabo por el peronismo. Los trabajadores en su condición de “pobres” dejarían de contar con este beneficio que le había dado el gobierno peronista y las vacaciones pasarían a ser vistas como un privilegio y no como un derecho garantizado. Se intervinieron todos los complejos hoteleros, siendo privatizados mediante decreto y vendidos en algunos casos a una décima parte de su valor a empresarios cercanos a Lonardi, entre ellos a su cuñado Villada Achával. El gobierno dictatorial trata de endilgarle todo tipo de crímenes a Perón, e incluso trucaron fotos donde se lo veía a Perón siendo violado por un campeón de box, el negro Archie Moore. La llamada Revolución Libertadora tejió una "leyenda negra" para desacreditar al peronismo. Simultáneamente, la Secretaría de Difusión de la Presidencia convocaba al periodismo a presenciar la proyección de una película, en la que el exvicepresidente Alberto Tessaire denostaba a Perón y efectuaba diversas revelaciones sobre la intimidad de su gobierno, que fue presentada como una confesión "espontánea"; confesión que sería forzada, según el historiador Fabián Bosoer, ya que horas antes la familia de Tessaire fue secuestrada por un comando militar perteneciente a la Marina. Este cortometraje se exhibió en las salas cinematográficas previo a las proyecciones de las películas. No obstante, su confesión no le alcanzó para salir indemne ya que la Marina lo mantuvo detenido en la isla Martín García desde ese momento hasta 1958.
Se le atribuyó la tenencia de "un número de automóviles que varía curiosamente: primero siete, luego diecisiete y más tarde veintisiete". En esta época, apareció una serie de obras sobre Evita, que en términos generales, repitían los chismes, cuentos y versiones que corrían en los salones y camarillas opositoras contra el peronismo. No había en ellas la mínima tentativa de cuestionar los rumores o las anécdotas que reproducían y ninguna era el producto de una investigación medianamente rigurosa desde el punto de vista histórico. Surge de inmediato su propósito panfletario, ya desde el título. Tanto las obras publicadas hasta 1955 como las que aparecieron a partir de esa fecha son ensayos imbuidos de espíritu revanchista que tienen un propósito común: atacar todo cuanto el peronismo representó para así poder destruirlo.Así mismo, se utilizan fondos públicos para producir películas para desacreditar al peronismo.
El ministerio del Interior reparte los medios de comunicación y a cada sector ideológico le asigna un órgano de información. Lo mismo sucede con las radios; varias emisoras van a manos de la Marina o a sectores vinculados a ella. Los vencedores tienen así el control total de la prensa.
A poco de asumir Lonardi, se manifestaron las diferencias entre las dos alas del régimen militar:
En el Ministerio del Interior tuvieron influencia los demócratas progresistas, cuyo líder, Sebastián Soler, fue designado Procurador General de la Nación. En el Ministerio de Marina estuvo Américo Ghioldi.En su gabinete sumó además sectores nacionalcatolicos, junto a un nazi declarado y confeso como Goyeneche, quién fue un colaborador cercano del Ausland-Sicherheitsdienst, el servicio de inteligencia de ultramar de la Alemania nazi, y simpatizantes fascistas como Bengoa, Uranga y Villada Achával.
Lonardi integró su gobierno con los siguientes ministros:
En noviembre, Eduardo Lonardi dividió el Ministerio del Interior y Justicia, renunciando entonces Busso; el 12 de noviembre asumió de facto Luis María de Pablo Pardo como Ministro del Interior y Julio Velar de Irigoyen como Ministro de Justicia.
Para fines del mes de octubre, las tensiones en pugna se acentuaron. El peronismo comenzó a reorganizarse y a recuperar su capacidad de acción, y llegó a realizar una silbatina al vicepresidente de facto, Almirante Isaac Rojas, en ocasión de una visita de este al Hipódromo de San Isidro, que se frustró a los pocos minutos cuando aviones de la Marina de Guerra comenzaron a realizar vuelos rasantes sobre las tribunas.
A las 2.35 de la madrugada del 12 de noviembre, la casi totalidad de los miembros de la Junta Consultiva presentó su renuncia ante Rojas. Permanecieron en sus puestos los «lonardistas» Ariotti y Storni. El hijo de Lonardi, Luis Eduardo, en su libro "Dios es justo", detalló las últimas horas de su padre en el poder: "Ossorio Arana se adelantó y […] le dijo: Señor general, debo manifestarle, en nombre de las Fuerzas Armadas, que ha perdido su confianza y exigen su renuncia. Otorgan solo cinco minutos para presentarla. Vencido este plazo se adoptarán medidas de fuerza y habrá derramamiento de sangre. Alguien confirmó: "Cuando salí ya estaban calentando los motores los Glosters". Entre otras amenazas estaba bombardear la Quinta de Olivos, y amenazaron con repetir en pequeña escala los bombardeos del 16 de junio. Entre ellos estuvieron Ossorio Arana, el almirante Hartung, los generales D’Andrea, Huergo, Videla Balaguer y Dalton, los contraalmirantes Toranzo Calderón y Rial, y el secretario general de la Presidencia coronel Boncarrere.Los dos miembros de la Junta Consultiva que no habían renunciado la noche anterior fueron muy pronto separados de la misma. En medio de fuertes presiones cívico-militares debió huir acompañado por su mujer, Mercedes Villada Achával, a Nueva York. A las 17.45 del 29 de noviembre de 1955, partieron a bordo del Río Tunuyán, un moderno vapor de pasaje y carga hecho construir por el gobierno peronista en Italia. En la escala de Caracas, Lonardi se enteró de que su casa había sido allanada.
Un foco sedicioso para el derrocamiento de Lonardi estuvo ubicado en la Casa Militar, organismo que debía ocuparse de la seguridad del presidente, las audiencias y el protocolo, cuyo jefe era el coronel Bernardo Labayrú. El jefe del despacho de la Casa de Gobierno era el coronel Emilio Bonnecarrere y el jefe del regimiento de granaderos a Caballo era Alejandro Lanusse, todos los cuales tenían la obligación de defender al presidente; sin embargo fueron miembros activos y determinantes de la conspiración.
Poniendo en evidencia el desplazamiento inminente del sector nacionalista católico, ese mismo día Luis Pandra, del Partido Socialista, escribió en el diario La Época:
Los sectores más duros, encabezados por Aramburu y Rojas, acusaban al Lonardi de cierta complacencia para con el peronismo depuesto. Las presiones llegaron al límite y ante la negativa de Lonardi a renunciar, sus enemigos amenazaron con bombardear la residencia presidencial.En los últimos días de septiembre, fuerzas militares ocupaban las barriadas populares de Rosario y las localidades de Berisso, Ensenada y Avellaneda. Las manifestaciones opositoras al régimen eran violentamente reprimidas. Muchos empresarios comenzaban a despedir arbitrariamente a los delegados sindicales y a suprimir beneficios sociales establecidos legalmente, al punto de que el 27 de septiembre, el ministerio de Trabajo debió efectuar un llamado de atención a las patronales que producían esos hechos.
El 13 de noviembre un golpe palaciego desalojó del poder al general Lonardi, instalando como nuevo presidente de facto a un liberal, el general Pedro Eugenio Aramburu.Al día siguiente el gobierno militar dio a conocer tres comunicados con la firma de Aramburu informando de los motivos del desplazamiento de Lonardi: el primero se limitó a informar del cese de Lonardi; el segundo sostiene que Lonardi había sido depuesto debido a la "presencia de grupos que orientaron su política hacia un extremismo totalitario incompatible con las convicciones democráticas de la Revolución Libertadora"; y el tercero amplía las razones acusando al grupo de Lonardi de "escudarse tras el estandarte de la religión católica".
Esto desairó gravemente a todos los militantes nacionalistas que habían participado en el golpe de Estado. La manera en que se produjeron los arrestos a oficiales de alto cargo al interior de las fuerzas fue considerada escandalosa. el general Uranga fue detenido en su domicilio, de manera violenta, mientras que Bengoa, junto con numerosos civiles y militares que habían detentado altos cargos durante el régimen de Lonardi, fue arrestado inmediatamente de forma arbitraria y, como en el caso de tantos otros, sin seguir las vías procesales necesarias.
Meses después, ya durante la dictadura de Aramburu, los personajes cercanos a Lonardi sufrieron el encarcelamiento y largos meses en prisión (alrededor de un año en la mayoría de los casos). De esta manera se explicitó una particularidad de la Revolución Libertadora: quienes habían hecho la “revolución” contra Perón el 16 de septiembre de 1955 estaban, tan solo un año más tarde, encarcelados por sus propios compañeros golpistas.
El 11 de noviembre se constituye la Junta Consultiva Nacional del gobierno militar (creada por decreto del 28 de octubre), de carácter meramente simbólico y deliberativo, cuya misión sería la de cumplir funciones de asesoramiento del gobierno pero sin capacidad de legislar, reuniéndose en el edificio del Congreso Nacional. El presidente provisional de la Nación Argentina en ejercicio del Poder Legislativo decreta con fuerza de ley la prohibición de todo símbolo peronista, con prisión de treinta días a seis años y multa de m$n: 500 a m$n. 1.000.000; además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial; con clausura por quince días, y en caso de reincidencia, clausura definitiva cuando se trate de empresas comerciales. Se impuso el decreto-ley 4.161 que prohibió el uso de los símbolos peronistas: desde cantar la marcha y utilizar su escudo hasta nombrar a Perón y Evita podía significar la cárcel.
(…) Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, “tercera posición”, la abreviatura “PP”, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales o fragmentos de las mismas denominadas: “Marcha de los muchachos peronistas”, “Evita Capitana”.
El gobierno militar decidió que, haciendo una interpretación extensiva de la Constitución Nacional (art. 50),consideró que debía ser presidida por el almirante Rojas, en su condición de vicepresidente de facto. La junta estaba integrada por políticos de partidos antiperonistas: cuatro miembros de la Unión Cívica Radical (Oscar Alende, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Miguel Ángel Zavala Ortiz), cuatro del Partido Socialista (Alicia Moreau de Justo, Américo Ghioldi, Ramón Muñiz y Nicolás Repeto), cuatro por el Partido Demócrata Nacional (José Aguirre Cámara, Rodolfo Coromina Segura, Adolfo Mugica y Reinaldo Pastor), cuatro por el Partido Demócrata Progresista (Juan José Díaz Arana, Julio Argentino Noble, Horacio Thedy y Luciano Molinas), dos por el Partido Demócrata Cristiano (Manuel Ordóñez y Rodolfo Martínez) y dos por la nacionalista Unión Federal (Enrique Arrioti y Horacio Storni). Predominará en el gobierno militar el sector liberal de línea antiperonista radical.
El general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia de facto el día 13 de noviembre de 1955, en tanto que el almirante Rojas, líder del ala liberal, permaneció como vicepresidente. El dúo asumió a las 16.40 del domingo en vísperas de un paro decretado por la CGT que duraría hasta el 17. Pedro Eugenio Aramburu había tenido escasa relevancia en el golpe de septiembre, al haber sido impotente para sublevar las fuerzas militares de Curuzú Cuatiá. No tenía más apoyo que el de un reducido sector de oficiales que respondían al general Justo León Bengoa y el de un grupo de doctrinarios nacionalistas como Juan Carlos Goyeneche, Mario Amadeo, Clemente Villada Achával y de Pablo Pardo. Aramburu ilegalizó partidos políticos y asociaciones profesionales de trabajadores y pasó a docenas de opositores por las armas.
Asumió mediante una violación a la Constitución Nacional que establece en su artículo 88: «En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación».
Marcelo Sánchez Sorondo mantuvo una postura crítica respecto del gobierno a medida que la dictadura profundizaba su antiperonismo, su autoritarismo y daba signos de pretender perpetuarse en el poder. Aramburu utilizó como argumento las "connotaciones providenciales" que él poseía para justificar el usurpamiento del poder a través de un golpe de Estado.
Se inició así una segunda etapa de la dictadura militar, caracterizada esencialmente por adoptar una línea más dura aun frente al peronismo. El nuevo régimen encaró una purga en las Fuerzas Armadas y en la Marina y fueron forzosamente pasados a retiro 114 oficiales, entre los que figuraban todos los almirantes con la excepción de Isaac Rojas y 45 capitanes de navío. En el Ejército, fueron pasados a retiro 63 de los 86 generales en actividad y unos mil oficiales fueron obligados a pasar a retiro.
La dictadura de Aramburu propició una legislación de persecución y prevención del comunismo, así como dio un rango estratégico al espionaje ideológico. El resultado fue la militarización de las agencias de seguridad e inteligencia, que tomaron como tarea monitorear la conflictividad interna y hacer espionaje sobre el comunismo y las acciones de la “resistencia peronista”. En 1956 fue creada la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE). Tenía potestad para realizar operaciones encubiertas y manejarse a discreción con fondos reservados. El mismo año se “refundó” la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA); una agencia dedicada a la vigilancia ideológica que reunió una voluminosa base informativa, organizada con criterios macartistas.Se dictaron decenas de edictos contravencionales que criminalizaba la homosexualidad el travestismo y otras conductas consideradas "vicios depravados e inmorales" se habilitaba detención por homosexualidad, por vestirse con ropas del sexo opuesto, por posesión de pornografía. Las policías provinciales desarrollaron Brigadas de Investigaciones responsables de perseguir las conductas sociales consideradas perniciosas
También se establecieron contactos con Francia para iniciar cursos de guerra contrarrevolucionaria, una especialidad creada a partir de la experiencia colonialista en el sudeste asiático y en Argelia y que formarían los "escuadrones de la muerte" en Argentina.
Inmediatamente la CGT declaró una huelga general para los días 15, 16 y 17 de noviembre. Ese mismo día el régimen militar encarceló a más de 9000 dirigentes sindicales, incluidos Framini y Natalini. El paro tuvo adhesión en algunas poblaciones mayoritariamente obreras, como Avellaneda, Berisso y Rosario, y debió ser levantado al día siguiente de iniciarse. La CGT y la mayor parte de los sindicatos fueron intervenidos por los militares.La dictadura tenía dificultades para nombrar en su gabinete a hombres que no pertenecieran a asesores de grandes grupos financieros o corporaciones, como por ejemplo Ygartúa, Morixe, Laurencena, Cueto Rúa y Krieguer Vasena, para poder asociarlos a los grandes grupos y corporaciones foráneas. En ese entonces el Gabinete estaba integrado por agentes del Grupo Bunge y Born, Bemberg, Chade, Bovril, Texas Oil, Standar Oil, etcétera. Estos administradores del gobierno defendían los intereses de las empresas por encima de los estatales. El objetivo prioritario del gobierno y las patronales fue su desarticulación y la de los cuerpos de delegados. Mediante un decreto de febrero de 1956 se autorizaba a la patronal a eliminar lo que definía como “obstáculos a la productividad”: autorizaba la movilidad laboral dentro de una fábrica y permitía a los empleadores a concluir acuerdos especiales con sus trabajadores en lo relativo a nuevos sistemas de producción, al margen de las condiciones estipuladas en los contratos existentes, dejando en claro que los futuros acuerdos sobre salarios quedarían sujetos a la productividad.
En el nuevo gabinete se produjeron cambios sustanciales respecto al anterior. En el Ministerio del Interior, asumieron dos radicales: Laureano Landaburu y Carlos Alconada Aramburú. También eran radicales el Ministro de Educación (Acdel Salas) y el Ministro de Trabajo (Horacio Aguirre Legarreta, frondizista). Se reorganizó la Junta Consultiva Nacional, de la que se habían visto excluidos los sectores nacionalistas luego de la salida del golpe palaciego. Se firma el decreto-ley 5315/56 de Pedro Eugenio Aramburu y ampliado a través de la ley 18.302 por la dictadura de Juan Carlos Onganía, que permitieron el “uso irrestricto de fondos reservados”. También otorgó un indulto al mayor Guillermo Mac Hannaford, quien había sido condenado y degradado en 1936 por una corte militar por espionaje contra Argentina a favor de Paraguay. Aramburu amplió la competencia de la justicia militar en asuntos civiles.
Se intervinieron todos los sindicatos y la Confederación General del Trabajo (CGT), y se dispuso el encarcelamiento de más de 9000 dirigentes sindicales, luego de la huelga general declarada el 14 de noviembre de 1955.
El gobierno militar dictó el Decreto 3855/55 disolviendo el Partido Peronista y luego el 5 de marzo de 1956 el Decreto 4161, de "prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista", por el que incluso se prohibía mencionar el nombre de Juan Domingo Perón, castigando a los infractores con penas de hasta seis años de prisión. De este modo se inició un largo período de proscripción del peronismo de la vida militar, pública y docente que se extendería hasta 1973, y que dio lugar a un movimiento opositor, muchas veces clandestino, conocido como la Resistencia Peronista. Se intervino la CGT y todos los sindicatos de base, se inhabilitaron más de 150.000 delegados de fábricas y se encarcelaron cientos de dirigentes justicialistas. A mediados de octubre de 1956 Comandos Civiles atacaron los locales sindicales y los tomaron a punta de pistola. Los gremios llamaron a la primera huelga para el 2 de noviembre y el gobierno detuvo a sus dirigentes. El gobierno de Aramburu encarceló a millares de trabajadores, reprimió cada huelga, arrasó la organización sindical. La tortura se masificó y extendió a todo el país en una implacable persecución de clase. Sin embargo estas medidas aumentaron la conflictividad social y gremial; según las estadísticas del Ministerio de Trabajo los jornales perdidos por huelgas pasaron de 144.120 en 1955 a 5.167.294 en 1956. Uno de los conflictos más importantes del período fue el de los metalúrgicos, entre los meses de noviembre y diciembre de 1956, con una huelga que se extendió por cincuenta días a pesar de haber sido declarada ilegal por el interventor de la CGT, quien ordenó el allanamiento de la sede de la UOM y el ataque contra los delegados de fábricas.
El 25 de mayo de 1957, agentes de la dictadura de Aramburu, instalados en la embajada argentina en Venezuela, intentaron asesinar a Perón haciendo estallar su automóvil. El atentado fracasó. En respuesta, el presidente venezolano Marcos Pérez Jiménez, que había dado asilo al derrocado Perón, ordenó la expulsión del embajador argentino en ese país, general de brigada Carlos Severo Toranzo Montero, hecho que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Fue designado jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Desiderio Fernández Suárez, sindicado por la muerte de cinco personas, a las que fuerzas policiales dispararon por la espalda en un descampado de José León Suárez en la madrugada del 10 de junio de 1956. Estando al frente de la policía hubo fusilamientos y torturas, siendo un caso especial es el de Livraga, quien recibió el tiro de gracia que le destrozó la cara pero no lo mató, luego fue llevado a la comisaría de Moreno, arrojándolo desnudo y sin atención médica, y luego lo trasladaron a Olmos. El periodista Rodolfo Walsh investigó y escribió una serie de artículos que tuvieron como protagonistas a efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, a la que denomina ‘la secta del gatillo alegre’, que describía el accionar de las fuerzas públicas de seguridad, las torturas, los fusilamientos encubiertos, los falsos enfrentamientos y los allanamientos ilegales durante la época. La dictadura perseguiría al coronel Hernán Pujato, quien había realizado las expediciones al sur durante el gobierno peronistah y lo obligaría a renunciar a la dirección del Instituto Antártico, que él mismo había creado y a ser condenado a un olvido de por vida. Gran parte de las políticas antárticas del gobierno anterior fueron desmanteladas, incluidas varias bases antárticas.. En 1957, Aramburu firmó con la British Antartic Survey un memorándum renunciando a los reclamos soberanistas sobre el continente blanco. Algunos historiadores especializados en la cuestión antártica, como Susana Rigoz, interpretarían esta renuncia a la soberanía antártica como una devolución de favores por el apoyo de Gran Bretaña al golpe de 1955. El memorando sería derogado a fines de 1959 tras la asunción de Frondizi.
Aramburu hizo circular información falsa para desprestigiar al presidente constitucional depuesto, como que tenía un harén de jóvenes militantes de la UES o que científicos alemanes le habían fabricado unas lentes para poder ver desnuda a la actriz Gina Lollobrigida. Además de las fotos de la italiana, lanzaron comentarios infamantes atribuyendo al general una relación homosexual con el boxeador negro Archie Moore, a quien había recibido antes del golpe cuando la estrella deportiva visitara la Argentina.
Con el golpe contra Perón, se produjo la intervención de todas las agencias estatales, incluyendo la policía bonaerense. Las autoridades dictatoriales llevaron a cabo una purga del personal, procurando la 'desperonización' de la fuerza. Así, la cantidad de policías se redujo a 17.405 (frente a la de 19.092 de 1952), lo que representó un descenso de casi el 10%. Se disolvió la Dirección de Orden Público, que estaba sometida al Congreso, y se la reemplazó por un nuevo Servicio de Informaciones de la policía, que se nutrió de los legajos informativos sobre actividades políticas y sociales. También se incrementó el dictado de Edictos Policiales en materia de orden público y restricciones a la libertad de movimiento y de expresión de las personas.
Mediante un Decreto de Intervención Militar a la Provincia de Buenos Aires número 9329 del 13 de junio de 1956, publicado en la Orden del Día Número 19402 del 19 de junio de 1956, se decretaron ascensos extraordinarios de los policías participantes en la represión y fusilamiento del General Valle, que fueron publicados en la Orden del Día Número 19414 del 6 de julio de 1956.
Emilio Llambrias, de 19 años, fue llevado con los ojos vendados al Destacamento San Martín, otra jurisdicción policial del mismo partido. Acusado de distribuir panfletos "peronistas", fue torturado y golpeado a puntapiés por todo el cuerpo. Diego Soler, dirigente estudiantil, fue interceptado en junio de 1956 por un grupo de policías de civil al mando del comisario Polo de Dock Sud, y conducido con venda en sus ojos a un sitio donde se lo torturó con picana eléctrica, golpes y se le introdujeron elementos cortantes en el recto, produciéndole hemorragias internas por las que fallecería tres días después abandonado en un descampado.
Aramburu se enfrentó con su "vice" Isaac Rojas por una medida propuesta por el presidente y el Ministro del Interior, el balbinista Carlos Alconada Aramburú. Aramburu evaluó continuar sin el apoyo de la Marina, aunque resultó imposible en la práctica, pues la Marina era el grupo más homogéneo y aguerrido de los que habían participado en el golpe. También se desplegó un intenso aparato de propaganda produciendo cortometrajes como Unidos por la libertad, que muestra el encuentro entre Aramburu y el presidente uruguayo Arturo Lezama, quienes participaron de los festejos del 9 de Julio en Buenos Aires, glorificando el golpe de 1955 y a sus participes.
El miércoles 16 de noviembre decretó la intervención de la CGT y de todas las organizaciones afiliadas, siendo declarado interventor el capitán de navío Alberto Patrón Laplacette, quien dio rienda suelta a los Comandos Civiles para ocupar todas las sedes gremiales que pudieran. El historiador argentino Felipe Pigna describió al respecto: "Las corruptas intervenciones militares a los gremios fue para desfinanciar a las organizaciones sindicales. Llegaron al extremo insólito de convertirlas en prestamistas a costo cero de las empresas del ramo". Para debilitar al movimiento obrero, resulta óptimo privarlo de fondos. En la Unión Obrera Metalúrgica se registra por primera vez el caso de un sindicato prestando dinero a la patronal. Dispuso la extraordinaria medida el ex interventor, general Gallo. Su sucesor, el señor Barlova, estimó que por vía de tan extraño empréstito habían salido de la entidad 1.800.000 pesos. Prometió ofrecer datos más concretos pero fue relevado de su cargo antes de hacerlo. La intervención de la Unión Obrera de la Construcción recibió el sindicato con tres millones de pesos en caja, dejando dos millones de déficit.
Meses después sobrevino una catarata de decretos contra la organización sindical; entre otros, el 9270 del 23 de mayo de 1956, que echaba por tierra la legislación gremial vigente. Los decretos habilitaban numerosas discrecionalidades.
Respecto a las libertades individuales el gobierno de ‘facto’ hizo tabla rasa de las leyes para imponer el principio de la fuerza. "El capricho del poder ha puesto a la Nación al margen de su ordenamiento jurídico haciendo valer las normas impuestas por el criterio de quienes mandan pero no gobiernan". Es así que las reformas constitucionales fueron derogadas por los mismos que juraron mantenerlas; la libertad privada de los ciudadanos estuvo sometida al arbitrio policial del Estado y no a la garantía de los jueces; las organizaciones sindicales fueron avasalladas en el claro designio de servir intereses ajenos a la masa trabajadora; se sustituyó la voluntad del pueblo en la digitación de palaciegos candidatos.
En agosto de 1956, el director de Institutos Penales repone en sus cargos a varios torturadores dados de baja, y mientras tienen lugar las denuncias de «apremios ilegales», secuestran en la ciudad de Buenos Aires todas las copias del film nacional Los torturados.El uso sistemático de la tortura ya había comenzado los primeros días tras el Golpe de Estado, reportándose numerosos testimonios y entre otros de La Nación (20 de junio de 1956) y La Prensa (21 de junio de 1956). En agosto, insiste en el tema La Gaceta de Tucumán, que informa de torturas en dependencias del Congreso Nacional y en el interior del país.
En Buenos Aires, el escritor Ernesto Sabato denuncia desde las páginas de Mundo Argentino, publicación periódica cuya dirección ejerce, la puesta en vigencia de la tortura. También fue aplicada sistemáticamente la tortura psicológica. La Comisión Nacional de Investigaciones, dependiente de la vicepresidencia de la Nación –cargo ocupado por Isaac Rojas- tenía entre sus componentes al subjefe de la Policía Federal, capitán de fragata Aldo Molinari. La sección a cargo de las torturas quedó a cargo de Germán Fernández Alvariño, conocido como Capitán Gandhi, formando un grupo parapolicial que cometía apremios ilegales. Entre otras cosas ordenó cortarle la cabeza al cadáver de Juan Duarte, y durante uno de los interrogatorios a que fue sometida la novia de Duarte, la actriz Fanny Navarro, mandó traer la cabeza tapada y la descubrió súbitamente ante ella causándole un colapso nervioso.(La Nación, 30.11.1997)
Se desata la epidemia de poliomielitis, en 1956, cuando la llamada Revolución Libertadora había empezado a desmantelar la infraestructura sanitaria. Conocida como parálisis infantil, la enfermedad dejó una secuela de muertes y discapacidades. Se dio el mayor brote epidémico de poliomielitis en todo el territorio nacional. Según cifras oficiales, en 1956 se registraron y notificaron 6490 casos mortales, con una tasa de mortalidad del 33,7 % en todo el país.
Respecto al turismo, el hotel Puente del Inca fue intervenido y su director reemplazado por un capitán de navío, quien ordenó destruir toda la vajilla del hotel, llevándola a la plaza, y gran parte de sus muebles, rompiendo cada plato y cubierto por asociárselos con el peronismo; incluso paró un tren ferroviario con maples de huevo que ordenó destruir por tener las letras P.P., creyendo que eran las siglas de Partido Peronista, siendo en realidad las siglas Pascual Palmada, dueño del embarque de huevos. En 1956 Aramburu sancionó el decreto 17.800 por el que se transfirieron a la Dirección General Inmobiliaria las Unidades Turísticas Chapadmalal, Embalse Río Tercero y de Alta Montaña, privatizando dichas unidades turísticas, quedando en muchos casos en manos privadas de los interventores designados por Aramburu. La Ciudad Infantil, conocida y admirada en el mundo como un ejemplo de contención y educación de la infancia desvalida, fue asaltada por las tropas. Sus casitas que reproducían los edificios clásicos de una ciudad y un enorme comedor que alimentaba a centenares de niños por día, fueron aplastadas por los tanques y sus piscinas fueron cegadas con cemento.
El 13 de junio de 1957 apareció muerto en su estudio de la calle San Martín 536 el doctor Marcos Satanowsky. El asesinato fue cometido por sicarios del general Quaranta, que había participado por órdenes directas de Aramburu en los fusilamientos de José León Suárez y del asalto a la embajada de Haití con el objetivo de matar a Perón. El crimen estaba vinculado con la tenencia de las acciones del diario La Razón, intervenido por Aramburu. Peralta Ramos había recibido presiones y extorsiones para que entregara el diario a Aramburu.
Tras la caída del régimen de Aramburu se formó una Comisión Investigadora acerca del asesinato de Satanowsky. Esta comisión entrevistó a Cuaranta, mano derecha del presidente, quien reconoció haber mandado a Pérez Griz a investigar la muerte de Satanowsky, y mencionó al pasar a Carlos Delgado. Rodolfo Walsh descubrió que esa persona era venezolana, que había ingresado a la Argentina con el nombre de Joaquín de la Torre, con recomendación del embajador argentino en ese país, general Toranzo Montero, encargado de los atentados contra Perón en Caracas. El venezolano entró en la SIDE, tuvo numerosas identidades y pudo haber sido el autor del asesinato del abogado de La Razón. Dice Roberto Ferro, al analizar el final de la investigación, que en el Caso Satanowsky las conclusiones son alarmantes. Se revela una verdad inquietante: el Estado ampara y oculta a los culpables. "El criminal es el Estado”.
Aramburu dispone además la desactivación absoluta de todos los programas de turismo social, por ser “un peligroso ejemplo de demagogia populista y antidemocrática”, en las Colonias de Vacaciones de Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires. Decide el cierre definitivo de las casi 200 proveedurías de alimentos de primera necesidad, la clausura del Plan Agrario, el Plan de Trabajo Rural y los Talleres Rodantes. Resuelve la intervención de los Hogares de Ancianos y el cierre de los Hogares de Tránsito. A pedido del Coronel Ernesto Alfredo Rottger son expulsados a la calle todos los estudiantes de la Ciudad Estudiantil “Presidente Juan Perón” para convertirlo en un centro de detención. La Dirección de Asistencia Integral fue encargada de intervenir, desmantelar y disolver toda la obra de la Fundación Eva Perón. Marta Ezcurra, fundadora de la juventud de la Acción Católica en 1931, ordenó el 23 de ese mes de ese mismo año la ocupación militar de cada una de las Escuelas Hogar. Se retiraron o se destruyeron todos los símbolos peronistas. Los niños alojados en ellas fueron testigos de la quema de frazadas, sábanas, colchones, pelotas y juguetes con el logo de la fundación. Cada Hogar fue intervenido por Comandos Civiles que, en el caso de la Clínica de Recuperación Infantil Termas de Reyes, de Jujuy, llegaron al extremo de expulsar a los niños para dejar inaugurado allí, muy poco después, un casino de lujo. En Mendoza los golpistas tiraron al río toda la vajilla y cristalería, que había sido importada de Finlandia y Checoslovaquia, y con la que habían comido los niños internados. En todo el país, además de la destrucción de los pulmotores se ordenó romper todos los frascos de sangre de los hospitales de la Fundación. Decenas de pulmotores fueron destruidos por la misma razón. Pocos meses después, ya durante la dictadura de Aramburu, una gravísima epidemia de poliomielitis se abatió sobre el país. Muchos chicos argentinos murieron por falta de aquellos aparatos y, ante la tragedia, tuvieron que importar veintiún pulmotores desde los Estados Unidos. Se produjo el asalto militar sobre la Escuela de Enfermeras fundada por Ramón Carrillo, y con ello su cierre definitivo. Es designado Ministro de Asistencia Social y Salud Pública Ernesto Alfredo Rottger, un coronel sin experiencia en temas sanitarios, quien como primer acto ordena el saqueo de la casa del Dr. Carrillo y la paralización de la construcción de hospitales.
Mediante el decreto-ley 4161 se convirtieron en delito: el uso del escudo peronista, pronunciar el nombre del anterior líder o su esposa, y cantar la Marcha peronista. El decreto fue dictado en marzo de 1956 con el objetivo de prohibir al peronismo en todas sus formas y expresiones. El decreto fue objetado por la Cámara Criminal y Correccional de la Capital, que entendió que contrariaba el derecho de expresarse a través de la prensa, pero la Corte Suprema, adicta al régimen, y compuesta por Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañarás, Enrique V. Galli, Carlos Herrera y Benjamín Villegas Basavilbaso, argumentó que el decreto era constitucional y fue aún más lejos, al dictaminar que lo que llamó «el poder revolucionario» podía restringir los derechos individuales dadas las particulares circunstancias que tocaba vivir.
Como "vicepresidente de facto" ocupó el puesto Isaac Rojas, ferviente antiperonista, un militar que siendo Agregado Naval ante el Gobierno de Brasil, se le inicia por intermedio del Tribunal de Guerra un juicio por la venta a dicho país de cartas marítimas con posiciones y bases secretas de Argentina, habiendo sido trasladado a ésta y quedando dicho juicio archivado. Antes, como aspirante a la Marina de guerra, en febrero de 1923, había sido detenido y procesado por el Juez Dr. Malbrán por un robo cometido en el domicilio de la calle Peña, propiedad del Dr. Julio Agote, procedimiento en el cual se le secuestraron $ 1200 y varias alhajas. El 9 de abril de 1931, al recibirse de teniente de navío, fue detenido en la calle Lavalle y Maipú a la salida del cabaret Imperio por hallarse en completo estado de ebriedad vistiendo el uniforme.
Tras el golpe de Estado la dictadura toma diversas medidas, entre ellas, clausurar el Congreso y dejar cesantes, por Decreto N.º 415 del 6 de octubre de 1955, a los jueces de la Corte Suprema. Por primera vez desde su organización, la Corte era renovada sin el procedimiento constitucional, desaparecía el respeto por los pasos constitucionales y los gobiernos militares o civiles que se sucederían apelarían a toda clase de violación de tales normas para cambiar los jueces de la Corte e incluso los de instancias inferiores. De esta manera, la independencia y la inamovilidad de los jueces desapareció. Por el decreto citado de Eduardo Lonardi y su elenco del ministerio de Justicia fueron removidos todos los jueces supremos.Aramburu deja sin efecto la Constitución Argentina de 1949, mediante proclama del 27 de abril de 1956, imponiendo el texto de la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898, en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución enunciados en las Directivas Básicas del 7 de diciembre de 1955, y a las necesidades de la organización y conservación del Gobierno Provisional. En su Artículo 4 dejaba sin efecto las Constituciones sancionadas para las provincias de Chaco, La Pampa y Misiones.
La decisión fue cuestionada por diversos sectores, debido a la imposibilidad jurídica de que se pudiera aceptar que un presidente de facto militar derogara una Constitución e impusiera otra. La derogación por decisión militar de la Constitución generó una crisis en la Corte Suprema que, si bien aceptaba una cierta legitimidad del régimen por aplicación de la doctrina de los gobiernos de facto, tenía establecido que un régimen así debía ser provisorio y mantener la Constitución como norma suprema. La crisis llevó a la renuncia de uno de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Vera Vallejo.Ni bien había comenzado la organización de la Asamblea, Sánchez Sorondo junto a otros intelectuales llevaron sus críticas de la “farsa democrática”, no ya sostenida solo por los ideólogos de la “Libertadora” sino fomentada desde el gobierno mismo con el fin de legitimar la derogación de una Constitución democrática. Así, se instauraba un sistema fraudulento, bajo el resguardo de una legalidad ficticia:
“Se han tácitamente postergado las elecciones presidenciales y se abre un procedimiento que manejado con el absoluto discrecionalismo [sic] que permite la cómoda teoría de los "derechos revolucionarios‟, puede convertirse a la reforma de la Constitución en el instrumento de un fraude por el cual una minoría determina las futuras autoridades” .
La reforma tenía como único fin legitimar ilícitamente su acción de gobierno “en el papel”. Paralelamente se dio el surgimiento de pequeños partidos estrechamente vinculados con la reforma del Estatuto de los Partidos Políticos, donde el gobierno asumía un carácter prescindente en los asuntos partidarios internos (Spinelli, 2005: 116).
El gobierno militar convocó a una Convención Constituyente que convalidara el acto. La convocatoria a la reforma contradecía a la propia Constitución, cuyo artículo 30 establecía que solo el Congreso, y con una mayoría especial de votos en ambas cámaras, tenía esa facultad, y decidió también que en dichas elecciones no pudiera participar el Partido Peronista.Las elecciones se realizaron el 28 de julio de 1957 y en ellas el voto en blanco, propuesto por el peronismo, resultó en la primera minoría.
La población peronista votó en blanco, siguiendo las instrucciones de Perón. Los partidos políticos que apoyaban la reforma (UCRP, PS, PDC, PDP, PD, PDC y PCI) alcanzaron 120 bancas, mientras que los partidos que estaban en contra de la reforma (UCRI, PL, PdelosT, UF) obtuvieron 85 bancas. Estos últimos se presentaron en la Convención para dejar constancia de que la misma era ilegítima.
El primer día, el bloque de la UCRI, presidido por Oscar Alende, se dirigió a la Convención impugnando su validez, debido al hecho de que no había sido convocada por el Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución. El bloque del radicalismo intransigente había discutido internamente hasta horas antes la postura a adoptar en la Convención. El presidente del partido, Arturo Frondizi, sostenía a través de Oscar López Serrot, que había que plantear la nulidad de la Convención pero no retirarse de la misma, para evitar que quedara en manos de los partidos cercanos a la dictadura. Alende, por el contrario, sostenía que los convencionales de la UCRI no debían siquiera asumir sus cargos, retirándose inmediatamente después de sostener la postura de nulidad de la misma. El bloque rechazó la estrategia de Frondizi y aprobó la de Alende. Las autoridades de la Convención finalmente no le permitieron a Oscar Alende, ni a los demás miembros de la UCRI, explicar su punto de vista, ejerciendo una censura.
Poco después, el 3 de septiembre, sucedería lo mismo con Enrique E. Ariotti de la Unión Federal Demócrata Cristiana, a quien tampoco se le permitió explicar su impugnación a la reforma. Tampoco se incorporaron a la asamblea los dos convencionales del partido Demócrata Autonomista Conservador Popular de Corrientes. Finalmente, solo 125 convencionales, de los 205, se registrarían.
La UCRI, que constituía el bloque mayoritario (77 convencionales), sostuvo la ilegalidad de la convención debido a su origen antidemocrático, generando un escándalo en el que se produjeron agresiones y el retiro de los convencionales frondizistas y otras fuerzas opositoras a la dictadura gobernante, e impidió la formación de un quorum. El bloque de la UCRI impugnó la Asamblea y se retiró con sus setenta y siete constituyentes, no sin antes declarar:
"Denunciamos ante el pueblo de la República que en el seno de la pretendida convención reformadora de la Constitución de 1853 se consuma en este instante otra etapa de la maniobra continuista que procura asegurar a la oligarquía nacional y a los intereses del privilegio internacional el manejo futuro de los poderes del gobierno político de la Nación […]. Afirmamos que esta convención está muerta. Solamente el pueblo en mayoría da vida y valor a la democracia. En esta oportunidad el pueblo en mayoría está ausente. Afirmamos que es absolutamente inválida la convención reformadora de la Constitución de 1853 reunida en esta ciudad de Santa Fe y de la misma manera inválido el mandato de los convencionales que la integran".
Las fuerzas restantes procedieron a convalidar la derogación de la Constitución de 1949 y establecer la de 1853, con las modificaciones de 1860, 1866 y 1898.
En tanto expusieron las impugnaciones a dicha decisión los convencionales del Partido Laborista (Cipriano Reyes, Ricardo Ovando y Luis V. Giacosa) y del Partido de los Trabajadores (Juan Carlos Deghi). Ambos partidos negaban la legitimidad de la Convención y exigían respetar la vigencia de la Constitución de 1949. En tanto Juan C. Deghi y la Unión Federal representados por Enrique Ariotti plantearon la nulidad de la asamblea. El argumento básico que utilizaron es que un presidente de facto no tenía facultades para derogar una Constitución, ni para declarar la necesidad de su reforma. Señalaron el carácter antidemocrático de impedir la representación del electorado peronista mayoritario en el país. Denunciaron que el verdadero objetivo de la Convención era convalidar el retorno a la Constitución de 1853 y eliminar definitivamente los derechos sociales y económicos establecidos por la Constitución de 1949. Tampoco se incorporaron a la asamblea los bloques Demócrata Autonomista Conservador Popular de Corrientes (2 convencionales) y de la Unión Federal (1 convencional). También los bloques Laborista, de los Trabajadores y Laborista Federal de Salta impugnaron la legitimidad de la derogación de la Constitución de 1949.
Con el retiro durante la primera sesión de 77 convencionales de la UCRI, más el retiro de partidos menores, la convención quedó sin quorum necesario para aprobar cualquier reforma. En vista del fracaso de la convención ya en su primer día y ante la imposibilidad de sancionar o modificar cualquier artículo, visto como un fracaso político, el gobierno de Aramburu presionó para que se cambie el reglamento interno para que la Constituyente pudiese funcionar sin el quorum legal establecido.
Al discutir los derechos humanos de segunda generación (sociales y laborales) y aquellos relacionados con una orientación social de la economía, que ya habían sido incluidos por la abolida Constitución de 1949, los sectores conservadores que incidían en el quorum de la Convención, debido al retiro de los representantes de la UCRI, comenzaron a retirarse para evitar las reformas. En esa circunstancia, el ala izquierda de la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por su presidente Crisólogo Larralde, presionó a los delegados del partido para que no abandonaran las reuniones y así logró que se aprobara la inclusión del artículo 14 bis, referido a los derechos del trabajador, de los gremios y de la seguridad social.Después de votado el artículo 14 bis, los convencionales conservadores y parte de los convencionales radicales dejaron simplemente de asistir dejando sin quorum la asamblea, que se extinguió así informalmente, circunstancia que fue duramente criticada por todo el espectro político.
Sobre el final, ya sin quorum, el convencional socialista Alfredo Palacios, pronunciaba las siguientes palabras:
Comparada con la Constitución de 1949, la reforma constitucional de 1957 realizó algunos agregados y exclusiones de importancia:
Pasada la elección, el exdiputado John W. Cooke desde el exilió en Chile elaboró este informe que le hizo llegar a Perón, en el que relató la manipulación y el fraude que el gobierno de facto realizó :
“Oficialmente el padrón se compone de 9.728.839 ciudadanos. Ya en oportunidad de su confección, varias publicaciones opositoras al gobierno denunciaron la prolija exclusión de electores peronistas. En aquella oportunidad las cifras de exclusiones arbitrarias fluctuaban entre los 250.000 y los 700.000. En tanto Frondizi confiesa que “por lo menos 480.000 excluidos eran peronistas”. Mayoría y otras publicaciones hacen ascender el total de los excluidos a 700.000. De este total, una inmensa mayoría es computable al peronismo puesto que las exclusiones fueron cuidadosamente estudiadas sobre zonas electorales reconocidamente como peronistas. Cooke señaló que “las cifras oficiales han sido tan fluctuantes y contradictorias, que la existencia de un ´fraude novedoso´ es innegable. No ha habido una publicación antigubernista que no denunciase el manoseo del porcentaje, aunque cada una lo interpretas de acuerdo a sus conveniencias. El mismo día de la elección, por la noche, el Ministro del Interior adelantaba que los votantes ascendían al 75%. Los resultados publicados en los días subsiguientes marcaban un elevadísimo porcentaje de abstenciones en el interior, principalmente en: Corrientes, Santa Cruz, Chaco, Formosa, Río Negro, La Pampa, etc. Estos porcentajes de abstención llegaban asta el 70%. Súbitamente los porcentajes se invierten y el escrutinio definitivo indica que no hay provincia (salvo Misiones) que baje del 70% de concurrencia. El porcentaje medio oficial se elevó al 82,05%, y de golpe sobrepasan el 87%”. Respecto al voto en blanco se señaló: ellos mismos (en el diario Democracia del 30 de julio) cometieron el ´lapsus´ de deslizar la cifra de más de 2.300.000 a favor del voto en blanco. El secretario de redacción fue automáticamente separado de su cargo como consecuencia de esta filtración. El apoderado del Partido Comunista, Aráoz Alfaro, en la Junta Electoral fundamentó su opinión de que los votos anulados fueron computados como votos en blanco, respetando la voluntad de los electores. Pero su hipótesis no encontró eco, y arbitrariamente los votos anulados desaparecieron de los cómputos”.
El 9 de junio de 1956 se produjo un levantamiento cívico-militar contra el gobierno de facto de Aramburu, liderado por el general Juan José Valle, quien a su vez estuvo secundado en el mando por el general Raúl Tanco y los dirigentes sindicales Andrés Framini y Armando Cabo.Las primeras manifestaciones de resistencia se produjeron a los pocos días del golpe en los bastiones peronistas de Rosario y Berisso. El 17 de 1956 los gremios de base, desconociendo a la CGT oficial, convocaron a un paro general que tuvo una importante repercusión en Rosario, el Gran La Plata, barrios del Gran Buenos Aires y Tucumán.En su proclama, Valle y Tanco denunciaban que:
El levantamiento fue rápidamente abortado, debido a que el movimiento había sido infiltrado y el gobierno militar estaba esperando a los insurrectos. El único lugar donde llegó a tener algún éxito fue la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), donde tropas y civiles al mando del coronel Adolfo Philippeaux lograron publicar un manifiesto por una radio, aunque posteriormente huyeron. Los sublevados mataron a tres personas -Blas Closs, Rafael Fernández y Bernardino Rodríguez- y tuvieron a su vez dos muertos -Carlos Yrigoyen y Rolando Zanera-, sin contar a los que fueron luego fusilados.
En La Plata, las tropas sublevadas, encabezadas por el teniente coronel Oscar Cogorno, el mayor Juan José Pratt y el capitán Jorge Morganti, lograron tomar el Regimiento 7 de Infantería y la Jefatura de Policía de Infantería. Resistieron varias horas los ataques rasantes de los aviones navales. Consciente de la derrota, Cogorno no quiso arriesgar una sola vida más. Antes de entregarse, intentó acercarse a su casa de City Bell para despedirse de su mujer y sus hijos, pero fue delatado y fusilado en la madrugada del 11 de junio en el paredón del Regimiento 7. En tanto en Santa Rosa, capital de La Pampa, los rebeldes, encabezados por el coronel Adolfo César Phillipeaux, lograron tomar el cuartel, la jefatura de policía, las comisarías y la cárcel, donde liberaron a los presos políticos y una radio. Al día siguiente la emisora fue bombardeada a la mañana por aviones navales provenientes de la base Almirante Espora.
Como consecuencia, fueron fusilados 32 civiles y militares, un acto represivo que no tiene antecedentes en la historia argentina.
Los fusilamientos estuvieron signados por irregularidades, como la aplicación retroactiva de la ley marcial, decretos pre-redactados, falta de registros sobre la existencia de juicios sumarios y de las órdenes de ejecución, etcétera. Los mismos incluyeron también fusilamientos clandestinos de civiles en un basural de José León Suárez, que fueron mantenidos ocultos por el gobierno hasta que el periodista Rodolfo Walsh revelara los hechos en un libro clásico titulado Operación Masacre, publicado en 1957. Otro acto abiertamente ilegal fue el asalto a la embajada de Haití por parte de un grupo comando, que violando las reglas sobre asilo diplomático secuestró a los insurrectos allí refugiados, entre ellos el general Raúl Tanco, los cuales fueron devueltos a su asilo cuando el embajador presentó su reclamo.
Los 18 militares fusilados fueron: el general de división Juan José Valle, coronel Ricardo Santiago Ibazeta, coronel Alcibíades Eduardo Cortines, coronel José Albino Irigoyen, teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, capitán Eloy Luis Caro, capitán Dardo Néstor Cano, capitán Jorge Miguel Costales, teniente primero Jorge Leopoldo Noriega, teniente primero Néstor Marcel Ovidela, subteniente Alberto Juan Abadie, suboficial principal Miguel Ángel Paolini, suboficial principal Ernesto Garecca, sargento ayudante Luis Pugnetti, sargento Hugo Eladio Quiroga, sargento Luis Bagnetti, cabo Miguel José Rodríguez, cabo músico Luciano Isaías Rojas. Los 14 civiles fusilados fueron: Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Osvaldo Alberto Albedro, Dante Hipólito Lugo, Aldo Emir Jofré, Miguel Ángel Mauriño, Rolando Zanetta, Ramón Raulvidela, Carlos Irigoyen, Carlos Alberto Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez.
En Campo de Mayo, en la madruga del 11 de junio de 1956, también fueron fusilados los coroneles Alcibíades Cortínez y Ricardo Ibazeta, los capitanes Néstor Cano y Eloy Caro, el teniente primero Jorge Noriega y el teniente de banda Néstor Videla. La decisión de fusilar al general Valle respondió a una orden directa del almirante Rojas. Los familiares de las víctimas no fueron notificados ni de la condena a muerte ni del fusilamiento, y ni siquiera del entierro.
Momentos antes de ser fusilado, el general Valle le escribió una histórica carta al general Aramburu en la que le reclama duramente la decisión de fusilar a los insurrectos y justifica el levantamiento en la necesidad de defender al pueblo de un gobierno que le estaba «imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica». En uno de sus párrafos la carta dice:
Los fusilamientos han sido fuertemente cuestionados por actores políticos, observadores e historiadores, tanto por su falta de legalidad como por el grado de violencia innecesaria que los mismos implicaron, así como por sus consecuencias negativas, desatando desde el Estado un ciclo vicioso de violencia y terror que desembocó en el Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980. Más allá de las irregularidades concretas que presentan los fusilamientos en cada caso, quienes cuestionan los mismos destacan que la Constitución Nacional de la Argentina prohíbe la pena de muerte por causas políticas desde 1853.
En menos de 48 horas, civiles y militares son fusilados en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y la Penitenciaría Nacional. Para la noche del 11 de junio de 1956, la lista de ejecutados asciende a 16 militares y 13 civiles.
El abogado radical Carlos Alconada Aramburú, quien al momento del levantamiento se desempeñaba como Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y, al año siguiente, fue designado Ministro de Educación y Justicia del gobierno militar, afirmó que los fusilamientos fueron penas de muerte aplicadas por el delito de insubordinación militar, aplicando las leyes 13.234 de 1948 y 14.062 de 1951. La historiadora María Spinelli afirma que las leyes invocadas por Alconada Aramburú habían sido derogadas por el propio gobierno militar el año anterior de los levantamientos, mediante los decretos-leyes 140 y 8.313. También, en sus respectivas Memorias, defendieron los fusilamientos el almirante Isaac Rojas (1993), quien los justifica en la necesidad de "salvaguardar los logros de la Revolución Libertadora", y el contralmirante Jorge Perrén (1997), quien sostiene que era necesario dar un "escarmiento ejemplar al peronismo".
Perón fijó su posición en una carta enviada a Cooke sobre la cual cuenta Miguel Bonasso:
La dictadura trató de fraguar la documentación sobre el asesinato de Valle y asentó su ingreso torpemente casi un año después de su muerte, mientras comenzaban a ser publicadas las investigaciones de Rodolfo Walsh y la Corte Suprema de Justicia dictaba un fallo en el caso Livraga por el cual pasaba todas las actuaciones al fuero militar, cerrando la vía de la justicia civil. La única causa judicial sobre los fusilamientos fue iniciada por el sobreviviente Juan Carlos Livraga, contra el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Desiderio Fernández Suárez. El doctor Belisario Hueyo, juez de la causa, citó a declarar al acusado, pero Suárez recurrió a sus superiores y el 21 de enero de 1957 lo recibieron Aramburu y Quaranta, quienes lo tranquilizaron y le dijeron que la causa iba a pasar a la justicia militar. Días después los jueces militares le reclamaron al doctor Hueyo su jurisdicción en el tema, quién rechazó el pedido y se declaró competente. Se inventó un artificial conflicto de poderes que se resolvió en la Corte Suprema adicta, compuesta por Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañarás, Enrique V. Galli, Carlos Herrera y Benjamín Villegas Basavilbaso, que falló a favor de la competencia de los jueces militares. El fallo obediente repetía casi textualmente lo que había dictaminado el procurador general, el aramburista Sebastián Soler; la causa pasó al tribunal militar y fue cerrada en tiempo récord.
Luego del golpe de 1955, se produjo por una parte la ocupación de todos los locales sindicales combinado con represión y encarcelamiento para numerosos delegados fabriles y activistas sindicales. Luego del desplazamiento de Lonardi y al asumir a mediados de noviembre, Pedro Eugenio Aramburu impulsa una política antiobrera que incluyó: proscripción de dirigentes sindicales peronistas; intervención de la CGT; se declararon nulas y disueltas las comisiones internas por parte del Ministerio de Trabajo; nombramiento de Interventores Militares en numerosos sindicatos; y derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales, quedando restringido el derecho de huelga. Al momento de su designación como Ministro por Aramburu, se encontraba retirado. Durante su gestión se dio una extensa huelga de trabajadores de astilleros en 1956. La llamada “Huelga de los Locos” hace referencia al paro protagonizado por los miembros de la Federación de Obreros en Construcciones Navales-Autónoma (FOCN) entre octubre de 1956 y noviembre de 1957, siendo la huelga más extensa de la clase obrera argentina en el siglo XX.
En materia laboral creó el régimen de asignaciones familiares para empleados de comercio y de la industriay el aumento de las indemnizaciones. El golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 impedirá que el proyecto de regulación laboral específica para trabajadores domésticos, presentado por la diputada Dellia Parodia antes del golpe, siga su curso institucional. Mediante un decreto de 1956, se les reconoce relación de dependencia a quienes trabajaban por lo menos cuatro horas diarias, cuatro días a la semana, y se les reconoce también a partir de entonces una indemnización por despido de medio mes por año de servicio. El Estatuto excluye a las trabajadoras domésticas de la ley de asignaciones familiares y de riesgos de trabajo. No contempla la remuneración por horas extras, el acceso a un seguro de desempleo ni a licencias por maternidad y les fija la semana laboral en 72 horas.El Decreto-Ley N° 326/56 no establecía una cantidad de horas laborales por día, siendo la misma variable.
Las cajas de jubilaciones de asalariados tuvieron entre 1950 y 1954 un superávit que rondaba el 4 por ciento del PBI. El resultado se revirtió rápidamente tras el golpe de Estado y las cajas pasaron a exhibir un elevado déficit; a partir de 1955 la jubilación media se redujo en un tercio en moneda constante, a una tasa de descenso aún mayor que la de los salarios. El decreto/ley 9270/56 eliminó la personería gremial que otorgaba determinados derechos a los sindicatos más representativos, que así pasaban a ser entidades simplemente inscriptas, igualándolos a los sindicatos menos representativos.
Al asumir el nuevo gobierno luego del golpe palaciego contra Lonardi, el gral. Aramburu se encontró con una huelga general. En algunos lugares, la huelga había comenzado el día 13 de noviembre de 1955 y las manifestaciones obreras habían producido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad; en Rosario se produjeron víctimas fatales entre los huelguistas. El 15 de noviembre el propio gobierno admitió un 75% de ausentismo en el Gran Buenos Aires, llegando al 95 % en las principales industrias, y tan solo en el primer día hubo unas mil detenciones. El día 16, Aramburu intervino la C.G.T. y los sindicatos. Mientras se sucedían los encarcelamientos, no se limitó a castigar a la cúpula sindical, continuó con los estratos más bajos de la organización de los trabajadores y declaró disueltas las Comisiones Internas.
En CATITA, planta metalúrgica de la provincia de Buenos Aires, se efectuó en diciembre de 1955 una huelga exitosa contra el despido de varios delegados. En el Frigorífico Lisandro de la Torre de la Capital Federal, se realizaron en abril de 1956 una movilización y una huelga en contra del arresto de tres delegados por el interventor militar.
En 1957, amparándose en el decreto 2739/56, la Federación de Industrias Metalúrgicas pretendía modificar el convenio colectivo de trabajo para brindarles mayores poderes a los supervisores y empleados de vigilancia para que actúen sin necesidad de que interfiera el sindicato; establecer normas para terminar con el ausentismo y quitarles los fueros a los delegados. Sin embargo los trabajadores rechazaron inmediatamente el proyecto patronal, convocando a un paro de 24 horas contra el decreto 2739. El régimen no quería bajo ninguna circunstancia ceder ante las demandas porque se transformaría en un “caso testigo” para futuros conflictos en otros gremios que se sumarían a los que ya estaban en lucha: la construcción, el calzado, gráficos, textiles, obreros de la carne y de la construcción naval. Esta intransigencia del régimen llevó a que los metalúrgicos se embarquen en una histórica huelga que duraría seis semanas. La medida duró 40 días generando gran impacto social. El ejército y la policía reprimieron ferozmente. Las demandas de los trabajadores se centraron cada vez más en la libertad de los presos políticos- que en diciembre eran más de 400- y la reincorporación de los despedidos. Cuenta el historiador Daniel James en Resistencia e integración, que la policía amenazó a los comerciantes para que no abran crédito a los huelguistas, pero aun así los apoyaron demostrando la relación solidaria. La ofensiva de la patronal amparada por Aramburu fue durísima: la huelga metalúrgica dejó un saldo de 12 mil despedidos y perseguidos políticos.
A lo largo de 1957 los ferroviarios, empleados municipales, bancarios, alimentación, textiles, navales y telefónicos tomaron como ejemplo el caso metalúrgico y se lanzaron a la huelga erosionando a estabilidad del régimen. A partir de la aplicación del Plan Prebisch, la carestía aumentaba mes a mes. Desde enero, 3000 obreros y obreras de la empresa Philips durante varias jornadas reclamaron el reconocimiento de los delegados y la comisión interna. Se sumaron al conflicto los obreros de Siam, Piazza y Siambreta. Las luchas se extendieron a los obreros de la construcción de Mar del Plata, al frigorífico La Negra, del caucho, textiles, bancarios que reclamaban el reconocimiento de sus representantes, levantamiento de las intervenciones y aumentos salariales. Posteriormente se desató una violenta represión con allanamientos de domicilios, persecuciones, detenciones y despidos en las grandes empresas.
Durante los últimos tres meses del año volvieron con intensidad los conflictos. A fines de octubre, el gremio textil realizó un paro de 24 horas, que obligó al Ministerio de Trabajo a convocar al Comité de Huelga, y posteriormente se desató una violenta represión con allanamientos de domicilios, persecuciones, detenciones y despidos en las grandes empresas. En noviembre se sumaron los bancarios y los telefónicos por salarios, siendo intervenido el sindicato. Finalmente lo hicieron los trabajadores ferroviarios, construcción, transporte automotor, del tabaco, de la carne, gráficos y metalúrgicos. Todas esas luchas dejaron una gran experiencia en el movimiento obrero.
Luego del golpe de 1955, se produjo por una parte la ocupación de los locales sindicales por los comandos civiles y, por otra, represión y cárcel para numerosos delegados fabriles y activistas sindicales. Luego del desplazamiento de Lonardi y al asumir a mediados de noviembre, Pedro Eugenio Aramburu lo hizo impulsando una política antiobrera que incluyó proscripción de dirigentes sindicales peronistas; intervención de la CGT; se declararon nulas y disueltas las comisiones internas por parte del Ministerio de Trabajo; nombramiento de Interventores Militares en numerosos sindicatos; derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales, quedando restringido el derecho de huelga; represión e intimidación del sindicalismo, con el arresto de cientos de dirigentes sindicales; y sanción del decreto 7107 de abril de 1956 que excluía de cualquier actividad a todos los que se hubieran desempeñado en la conducción de la CGT o sus sindicatos.
Las luchas salariales de fines de 1956 ayudaron a consolidar el movimiento de oposición. A partir de la aplicación del Plan Prebisch, la carestía aumentaba mes a mes y comienza a darse en los supermercado faltantes de productos básicos en las góndolas, junto a un aumento dramático de la inflación. Se fueron dando paros de los trabajadores de los gremios metalúrgicos, construcción, calzados, gráficos, textiles y carne. Justificándose en un paro de telefónicos y telegrafistas, el gobierno decretó el estado de sitio por 30 días en Capital Federal y Buenos Aires. En la reunión en la cual se definió la medida participaron el Ministro Alconada Aramburú, el subsecretario García Puente y el jefe de la Casa Militar, Capitán de Fragata Francisco Manrique. Según la cifras oficiales los detenidos por el estado de sitio ascendieron a 150 personas que fueron alojadas en los buques París y Washington.
En 1957 las entonces flamantes 62 organizaciones y otros sindicatos obreros argentinos disponen una huelga general que paralizó al comercio, industria y transportes. El ausentismo fue casi total en las líneas Sarmiento y Mitre, y en algunos ramales del Urquiza y el San Martín. El paro también fue importante en los barrios industriales del Gran Buenos Aires y en el interior, como en el Chaco, y en Bahía Blanca y Corrientes, donde las CGT locales pararon el día anterior, la adhesión fue total.
Después de setiembre de 1955 se procede a la expulsión de los empleados identificados con el peronismo. La Asociación Bancaria fue intervenida y puesta bajo la dirección de César González, un acérrimo antiperonista. Frente a la escalada inflacionaria de 1957/1958 comenzó una huelga bancaria. Entonces el régimen declaró la movilización militar de los empleados bancarios, a partir de las 0.00 horas del 10 de marzo de 1958. Se tomaron disposiciones de ocupación militar de todo el sistema bancario. Unidades de la infantería de marina y de la policía se ubicaron en las instituciones financieras. Según el decreto, el personal afectado tenía la obligación de noticiarse en las 48 horas siguientes y presentarse en el puesto de trabajo. Los infractores serían incorporados a las fuerzas armadas y sometidos a la justicia militar. El sindicato del Seguro emitió un comunicado contra la medida totalitaria adoptada por el gobierno de facto. El dirigente de ese gremio, Walter Iscaro, fue nuevamente detenido. La lucha por la democratización de la Asociación Bancaria da lugar a la huelga de enero, febrero y marzo de 1958, momento en que el gremio es intervenido y se concretan numerosas detenciones y apremios, movilizándolos militarmente.
El miércoles 12 de marzo de 1958, ante una huelga de brazos caídos en el Banco de la Provincia de Córdoba, 70 empleados en protesta fueron subidos a un ómnibus y conducidos a una unidad militar. También fue desalojada la Casa Central del Banco Nación. Los empleados fueron conducidos a la Escuela de Mecánica de la Armada, sufriendo torturas. El 14 de marzo alrededor de 350 bancarios fueron detenidos por la Fuerzas Armadas. Fueron declarados individuos “en cumplimiento de misión efectiva” y trasladados al Quinto Regimiento de Infantería. Para fines de marzo aproximadamente 8 mil empleados bancarios se encontraban alojados en unidades militares en todo el país. En la Capital Federal superarían los tres mil, distribuidos entre la Escuela de Mecánica de la Armada y la del Ejército, el regimiento primero de Infantería de Marina y el regimiento primero de Patricios. La medida hizo que la huelga se extendiera. En Rosario continuó el paro. Se hizo evidente que las medidas represivas no estaban dando resultados positivos para el régimen de Aramburu. Días antes de asumir Frondizi, esté se reunió con los dirigentes bancarios, quienes luego de 52 días de huelga, junto con los gremios bancario y del seguro, retornaron a sus puestos de trabajo.
Ante la dureza de la medida de movilización militar, hubo muestras de apoyo de otras organizaciones sindicales que declararon su solidaridad con el gremio bancario: Sindicato del Seguro, Sindicato Argentino de Prensa, Asociación del Personal Aeronáutico, Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Sindicato de Luz y Fuerza, Federación de Obreros y Empleados de la Argentina, Sindicato de Agua y Energía, Federación de Empleados de Comercio de Buenos Aires, Unión Obrera de la Industria Maderera, Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Delegaciones Regionales de la CGT (Concordia y Mendoza), Sindicatos Unidos de Petroleros del Estado, Asociación Argentina de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines, Sindicato Obrero de la Industria Aceitera, Sindicato de la Industria del Papel, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Unión Obrera de la Construcción, Sindicato Argentino de Músicos, Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines, La Fraternidad, Unión Ferroviaria, Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Afines, Sindicato Único de Relojeros y Joyeros de la Argentina, Sindicato Único de Portuarios y Federación de Obreros de Construcciones Navales.
En la segunda mitad de 1958, las 62 organizaciones lanzaron varias proclamas de índole más política que gremial, en las cuales no se nombraba a Perón o al peronismo, aunque sí se utilizaba un lenguaje inequívocamente peronista. Los sindicatos peronistas anunciaron un paro general los días 22 y 23 de octubre de ese año, que terminó con la movilización militar de los trabajadores y el arresto de decenas de dirigentes gremiales y una enérgica represión.
En ese clima de huelgas, represión y ataques a las conquistas obreras, la “Federación de Obreros en Construcciones Navales-Autónoma” (FOCN) lanzó en octubre de 1956 una huelga que duró 14 meses, entre octubre de 1956 y noviembre de 1957, siendo la huelga más extensa de la clase obrera argentina en el siglo XX. El 11 de octubre de 1956, la huelga se agravó cuando en Rosario, elementos parapoliciales del régimen apuñalaron de muerte al obrero naval Ramiro García Fernández. El gobierno de Aramburu construyó un sindicato paralelo, el SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales), reconociéndolo formalmente en agosto de 1957, comenzando a afiliar compulsivamente nuevos trabajadores a este sindicato.
Desde mediados de 1956 hasta fines del mismo año, donde se efectuaron una serie de paros de gran significación, y se evidenciaba un incremento de la resistencia de los trabajadores recurriendo a todos los métodos a su alcance. En cada barrio, ciudad o pueblo surgieron dirigentes que por su decisión eran elegidos por sus compañeros para ocupar los primeros planos, no existiendo otra selección que la predisposición para la lucha.
EL 19 de febrero de 1958 se desatá en Cutral Có (Neuquén) una pueblada en apoyo de la huelga petrolera que descalabra la represión. Ese día, miles de manifestantes salen a las calles para apoyar la huelga que llevaban a cabo los petroleros y enfrentar el plan represivo que había desplegado el gobierno autodenominado “Revolución Libertadora”. La masiva concurrencia partió del centro de la comarca petrolera y marchó hasta Plaza Huincul, encabezada por los párrocos locales Zantos y Urrutia. Las movilizaciones se fueron sucediendo desde el primer día de la huelga general por tiempo indeterminado, reclamando, entre otros puntos, “un aumento salarial de $800, reincorporación del personal cesanteado por cuestiones políticas y restauración del servicio asistencial”. Para evitar la acefalia ante el eventual encarcelamiento de la conducción, el 13 de febrero se aprobó la huelga general. El Regimiento 10 de Infantería irrumpió en la localidad, ocupando la sede sindical del SUPE y encarcelando a unos trescientos obreros.
Aramburu sanciona el 23 de diciembre de 1955 el decreto-ley 6.432, en cuyo artículo 28 afirmaba: «La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente».
Las protestas relativas a la derogación del artículo no se harían esperar y se convertirían en particularmente álgidas durante los primeros días de mayo de 1956, cuando detractores y defensores del ministro de Educación se crucen violentamente en un proceso que implicó tomas de dependencias secundarias y universitarias en todo el país.
En la UBA los comunistas serían los principales impulsores de las ocupaciones en la Facultad de Medicina. La caída de José Luis Romero del rectorado, quien había llevado adelante un proceso de cesantías masivas de docentes y renuncias de profesores acusados de colaborar con el peronismo a mediados de mayo de 1956, al igual que la renuncia del militante ultracatólico Atilio Dell’Oro Maini de la cartera educativa nacional, colocaría al médico conservador Alejandro Ceballos al frente de la UBA. Ceballos se convertiría en un adversario de los sectores «modernizantes», afincados en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y Filosofía y Letras, que pretendían una renovación. En junio comienza la toma de diferentes universidades. El reclamo iría de una posición adversa respecto de los concursos docentes, criticándose el estado edilicio de las casas de estudio superior, y rechazándose la derogación de los exámenes mensuales (mediante los que se permitía al alumnado rendir finales a cada mes) y el espíritu limitacionista que ello implicaba.Desde febrero de 1956, la FUA y la FUBA manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el Artículo 28 se reglamentara. Comenzado el ciclo lectivo de 1956, los estudiantes reformistas llevaron adelante una batería de acciones tendientes a impedir la reglamentación del Artículo 28, acciones que incluyeron demostraciones públicas, huelgas y ocupaciones de facultades en la UBA. Un clima de violencia y agitación se había desatado. Ya en los primeros días de mayo se presentaron por un lado los estudiantes universitarios y secundarios, y enfrentados a ellos las fuerzas represivas y las autoridades universitarias adictas al régimen,llevando a un paro de estudiantes de acatamiento unánime.
A partir de 1957 es fácil advertir a través de diversas publicaciones comunistas, aunque también en otras reformistas, un aumento de la radicalización estudiantil. En febrero de ese año los comunistas propiciaron las protestas contra el examen de ingreso. En este marco, retomando una metodología que los estudiantes habían utilizado el año anterior en repudio al artículo 28, y previamente en los días posteriores en rechazo al golpe de Estado. Se ocuparon las facultades de Medicina e Ingeniería porteñas. El hecho se inició el 12 de febrero en Medicina y luego se trasladó a Ingeniería bajo la consigna: «Menos presupuesto militar, queremos estudiar». El acontecimiento trajo aparejado fuertes cruces con las autoridades universitarias, cuya política limitacionista se juzgaba cómplice del ahogo presupuestario al que sometía el gobierno nacional a las casas de altos estudios.
En el ámbito económico, Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Se decretó la intervención de la CGT, la derogación de la ley de Asociaciones Profesionales y la restricción del derecho de huelga, el desmantelamiento de IAPI y la privatización de los depósitos bancarios. De los 371 millones de dólares que se encontraban en el Banco Central, para el último día de la dictadura solo quedaban 125 y una deuda externa que comprometía mucho más que la totalidad de las reservas, mientras que el déficit de la balanza de pagos llegaba a los 339 millones de la misma moneda. El déficit fiscal se había elevado a 38.000 millones. Se habían liquidado en solo dos años tres millones de cabezas de ganado, había bajado sensiblemente la actividad industrial y aumentado exponencialmente la inflación, al tiempo que los salarios estaban contenidos y crecía la desocupación. Las importaciones sumaban en 1957 1.310 millones de dólares, superior a los 957 millones de exportaciones.
Se dispuso la intervención de 40 firmas nacionales y extranjeras, entre ellas industrias como KaiseR Argentina, Mercedes Benz, Fiat, Deuz, etc. En 1956 el gobierno militar firmó un acuerdo con empresas fabricantes de tractores, lo que llevó a un fuerte conflicto con la Cámara Argentina de Fabricación de Tractores y Maquinaria Agrícola por los contratos que otorgaban el total control del sector a cuatro empresas extranjeras. La cámara sostenía que el oligopolio permitía a dichas firmas incrementar los precios abruptamente y cometer prácticas desleales, violentando los principios de competencia.Al finalizar el régimen de Aramburu, Argentina se encontraba en default, y la deuda externa había crecido hasta alcanzar los 1.800 millones de dólares. El déficit fiscal que en 1957 era de 27 000 millones de pesos moneda nacional, en 1958 se elevó a 38 000 millones. Durante su gestión sumó nuevas obligaciones externas por 700 millones de dólares estadounidenses, que no pudo pagar, dejando al país al borde del default.
En 1955, Argentina era un país acreedor y el Banco Central tenía 371 millones de dólares en reservas.Al finalizar la dictadura Argentina se encontraba en default, y la deuda externa había crecido. Cuando la dictadura tomó el poder Argentina era un país acreedor y el Banco Central tenía 371 millones de dólares en reservas. Al retirarse en 1958, la deuda externa era de 1.800 millones de dólares. El déficit fiscal que en 1957 era de 27 000 millones de pesos, en 1958 se elevó a 38.000 millones.
Se desarticuló todo el sistema económico montado por el peronismo, pasando la economía del país a depender enteramente de sus exportaciones de granos y carnes, que además estaban controladas por grandes empresas extranjeras. También el Banco Central dejó de ser un promotor del desarrollo para ser un simple estabilizador de precios. Se intentó expandir la economía vía del aumento salarial y de los impuestos. Instauró un régimen de control de cambio, no se podían transferir divisas al exterior, la compra de dólares se limitó a 50 dólares por persona por mes, y para hacerlo había que firmar una declaración jurada.En ese momento, se registraban vencimientos con Estados Unidos a lo que el gobierno de facto de Eugenio Aramburu sumó nuevas obligaciones por u$s 700 millones, que no pudo pagar. Durante este período los términos de intercambio cayeron notablemente: en 1957 los precios eran un 13 % menores que los de 1953. A pesar de la política devaluatoria aplicada, las reservas declinaron y se acumularon las deudas comerciales. Se llevó a cabo una devaluación, con lo se produjo un alza interna en los precios de los productos primarios: se incrementó un 40 % la carne y más de 200 % en el caso de los cereales. Para cubrir el déficit comercial el gobierno debió recurrir a préstamos externos. Para ello entró en tratativas con el Exim-Bank de Estados Unidos y diversos bancos británicos; sin embargo a fines de 1956 la situación económica argentina se agravó, acusando la balanza comercial un déficit de 210 millones de dólares, cifra casi equivalente a la de las reservas existentes.
El régimen llegó al punto de realizar incesantes emisiones de dinero, mientras que en el año 1956 la dictadura de Aramburu había emitido 3.165 millones de pesos, en el año que terminaba, 1957, la cifra había ascendido a casi al doble: 5.904 millones.
El gobierno militar fundó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el 4 de diciembre de 1956 mediante el Decreto Ley 21.680/56, y se inauguró la Usina de San Nicolás en 1957.
Durante el régimen se formó una fuerza parapolicial, que bajo la mirada «vigilante» de los agentes del orden, grupos de antiperonistas, llamados «Comandos Civiles Revolucionarios», destruyeron locales partidarios, asaltaron sedes gremiales, atacaron locales de la Fundación Eva Perón y casas particulares de reconocidos funcionarios o militantes peronistas, quemando miles de documentos.
Se dio una fuerte animosidad contra la FUBA, que se debía principalmente a su protagonismo e importante poder decisivo en la política universitaria desperonizadora de la “Libertadora”. Inmediatamente después del golpe, la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue dominada por organizaciones estudiantiles antiperonistas y fue intervenida pocas semanas más tarde. La política universitaria de Aramburu estuvo marcada por la impronta de la desperonización, que se había generalizado en todas las esferas de la vida social y política del país. A partir de ese momento, al igual que en las Fuerzas Armadas, se llevó a cabo una purga que implicó la incorporación y la separación de docentes en todas las universidades nacionales en base al signo respecto del gobierno derrocado.
Durante su régimen dictatorial se disolvió en parte el IAPI. Se suspendió el contrato firmado en 1954 con la Standard Oil para autoabastecer al país de petróleo, lo que provocó una declinación de la producción hidrocarburífera nacional y un aumento de las importaciones de petróleo que revirtieron la balanza comercial supervitaria, acumulando un creciente déficit comercial y atraso en el sector hidrocarburifero que entraría en crisis en la siguiente década a causa de ello.
Siguiendo la política general de proscripción del peronismo, la dictadura militar reprimió sistemáticamente la expresión de las ideas de esa corriente política. Las posturas en contra del peronismo se profundizaron, decidiéndose la disolución del Partido Justicialista y la inhabilitación política para sus dirigentes más destacados. De ese modo, fueron clausuradas publicaciones como la revista De Frente y el periódico Palabra Argentina, este último clausurado el 9 de junio de 1957, simultáneamente con el encarcelamiento de su director, Alejandro Olmos.Se dispuso que fueran intervenidos los más importantes periódicos, colocando en ellos personas favorables al régimen. Carlos Alberto Erro fue el interventor de ALEA y ATLAS y se asignó a José Barreiro director de El Mundo; también fueron intervenidos o expropiados el diario Mundo Argentino; Hogar Democracia La Época; y Crítica. El 13 de junio de 1957 apareció muerto en su estudio de la calle San Martín 536 el doctor Marcos Satanowsky. El crimen estaba vinculado con la tenencia de las acciones del diario La Razón, intervenido por Aramburu. Peralta Ramos había recibido presiones y extorsiones para que entregara el diario al gobierno de Aramburu.Durante este período se generalizaron las torturas, expropiación de bienes y exilio de sindicalistas, partidarios y colaboradores peronistas, científicos, intelectuales y artistas. Hugo del Carril fue el primer detenido entre las personalidades del campo cinematográfico. Luego fue el turno de Ángel Luis y Atilio Mentasti, y luego de César Amadori. Los sectores católicos conservadores que le permitieron llegar al poder pedían una censura cada vez más estricta. Los tres años del régimen están marcados por una numerosa cantidad de episodios de persecución.
Atilio dell’Oro Maini fue designado ministro de educación, un personaje que ya en 1928 había alcanzado cierta notoriedad en los círculos de la derecha en su carácter de primer director de Criterio, revista semanal oficiosa de la Iglesia de marcada tendencia fascista. En 1931 el gobierno golpista del general José Félix Uriburu lo designó interventor federal en la provincia de Corrientes; Maini mantuvo un claro apoyo a las "potencias nacionales" del Eje. Dell’Oro Maini firma un decreto destinado a favorecer los designios de la Iglesia en materia de educación, siendo uno de los tantos simpatizantes del nazismo que acompañaron a Lonardi. Juan Carlos Goyeneche fue designado por el nuevo gobierno como secretario de Prensa. Anteriormente, en noviembre de 1942, en nombre del presidente argentino Ramón S. Castillo , logró en Berlín algo impensable en aquellos años para cualquier político latinoamericano de segunda línea: ser recibido por los más altos jerarcas nazis, como el jefe de las temidas SS Heinrich Himmler y el ministro de Relaciones Exteriores Joachim von Ribentrop. Además, tuvo oportunidad de intercambiar cartas con el propio "Führer", entrevistando también a Benito Mussolini en Roma; a Francisco Franco en Madrid; al dictador portugués Antonio de Oliveira Salazar; y a Pierre Laval, el más acendrado colaboracionista de los alemanes en la Francia ocupada. Durante el mandato de Aramburu y Rojas se acusa a Perón de 121 delitos, se le inicia un juicio por traición a la patria y se le prohíbe el uso del grado militar y el uniforme.
La Marcha de la Libertad, teniendo como objetivo la desperonización y combinando un gran despliegue de su aparato de propaganda, fue impuesta obligatoriamente dentro de las escuelas.Se impuso una fuerte censura en el teatro y el cine: obras como La gata sobre el tejado de zinc y su película homónima fueron censuradas en Argentina durante el régimen militar autodenominado Revolución Libertadora. Se encarceló al productor cinematográfico Hugo del Carril, y a los propietarios de la productora Argentina Sono Film.El rol protagónico lo tomó la Acción Católica Argentina desde la Dirección Central de Cine y Teatro de la A.C.A., encargada de “calificar moralmente” películas y obras de teatro. Aramburu impone mediante el Decreto 11.847 del año 1956 la formación de Comisiones de Censura Provinciales y Municipales.La inscripción misma a los concursos para cargos docentes tras 1955 sería parte de una violencia política inusitada, ya que se establecería que para la presentación a una cátedra el postulante tenía que firmar un documento en el cual declaraba no haber tenido ningún compromiso con el “antiguo régimen”. Las autoridades universitarias de la dictadura de Aramburu, más allá de la idoneidad de los docentes, se reservaban el derecho de impugnar las candidaturas con base en un análisis “de la conducta moral” del aspirante. Por ejemplo, por citar algunos casos, eran motivo de impugnación aquellos postulantes que habían participado en el Congreso de Filosofía de Mendoza del año 1949 o en el Latinoamericano de Sociología durante el peronismo o cualquiera que tuviera publicaciones ligadas al gobierno anterior.Se cometerían numerosas irregularidades en las universidades. A modo de ejemplo de los autoritarismos cometidos en la UBA luego del año 1955, Oscar Balestieri, en una entrevista, recuerda: (...) La universidad después del año 1955 y por citar el caso de Arquitectura que yo conozco, se caracterizó por sostener muchas arbitrariedades. Por ejemplo, yo entro en 1958, en el período donde habían ingresado los profesores a las cátedras por la fuerza, ya que se había expulsado a los docentes peronistas y los cargos serían cubiertos sin concurso. Habían echado a todos los profesores que venían del peronismo y había un nivel de persecución infernal. Echan a todos y luego asaltan la academia docentes recién recibidos o en varios casos, había algunos profesores que ni siquiera estaban recibidos. Eran, en gran parte de los casos, muy jóvenes e ingresaban sin concursos en el marco de las expulsiones sistemáticas y las arbitrariedades cometidas a la institución.
La etapa inaugurada en 1955 llevaría a cabo persecuciones, proscripciones y violaciones constantes al derecho y a las instituciones educativas de gobierno, retomando un esquema político restringido similar al modelo de la década infame.
La Marcha de la Libertad fue impuesta obligatoriamente dentro de las escuelas, teniendo como objetivo la desperonización y combinando un gran despliegue de su aparato de propaganda.Se encomendó a la Dirección General de Educación bajo la órbita de la Marina la reforma del plan de estudios y programas de las escuelas primarias, censurándose gran cantidad de autores e imponiendo obligatoriamente una visión historiográfica de línea mitrista-liberal. Se suprimió la libertad de cátedra y los concursos docentes, designándose profesores según su grado de apego al régimen de la "Revolución Libertadora".Al mismo tiempo fueron obligatorios el aprendizaje de textos y panfletos diseñados por el ministerio de educación de tono propagandista que exaltaban los logros de la "revolución", a la figura de Aramburu, comparándola con Sarmiento, y la de su esposa Sara Lucía Herrera, fomentando un culto hacia sus personas.
Ya durante el régimen de Aramburu se cerraría el cerco contra la autonomía universitaria, se prohibiría la participación estudiantil en los consejos, se reduciría el presupuesto educativo y se promovería la introducción de exámenes de ingreso en diversas facultades. A partir de la toma del poder de Aramburu se iniciaría la sistemática eliminación en las universidades ya no solo de peronistas, sino además, de los sectores católicos, nacionalistas y de la izquierda comunista.
Se dictaron desde un primer momento una serie de disposiciones tendientes a eliminar todas aquellas referencias que de forma gráfica, escrita u oral hicieran mención al gobierno peronista. Como parte de la campaña de "desperonización de la sociedad" se encargó de aplicar el decreto 4161 que prohibía los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista. Se establecía una pena de prisión de treinta días a seis años para los infractores. Adicionalmente las personas culpables debían pagar una multa y quedaban inhabilitadas para desempeñar cargos públicos, sindicales o en partidos políticos. Si se trataba de una empresa comercial, en la primera ocasión era clausurada quince días y si infringía el decreto por segunda vez era clausurada permanentemente, por lo que se dejaron sin efecto los nombres alusivos al peronismo o a fechas relacionadas con ese movimiento.
Aramburu le ordenaría al coronel Héctor Cabanillas, jefe del servicio de inteligencia militar, el robo del cuerpo de Evita y su traslado al extranjero. Se entregó a la Armada una colonia de vacaciones para niños de la Fundación Eva Perón, abandonándose la construcción de hoteles de turismo social, todo ello en Villa del Dique (Córdoba), como el que se planificara como gran hospital pediátrico. Se clausuraron las 208 proveedurías que dependían de la Fundación –concebidas para combatir el agio y la especulación- permitiendo que se pudrieran los alimentos perecederos. Fueron destruidos libros, documentos oficiales, pulmotores y medicamentos por tener escrito el nombre de la Fundación; el Hospital Obrero de Nueva Pompeya fue entregado a la Aeronáutica.
Se llegó al extremo de castigar a deportistas: cualquier figura del deporte relacionada o sospechada de haber brindado su apoyo a Perón, o de haber recibido favores de este, pagaba con la exclusión social. Tal situación afectó a un centenar de atletas, como el remero olímpico Eduardo Guerrero, los campeones mundiales de básquet de 1950, el campeón sudamericano de bochas Roque Juárez, el maratonista Delfo Cabrera, la tenista Mary Terán de Weiss y hasta los corredores Walter Lemos y Osvaldo Suárez, que por consecuencia de la suspensión no pudo competir en la Maratón de Melbourne 1956.
En materia universitaria se expulsaron a profesores simpatizantes del peronismo de las escuelas y universidades. La persecución motivó a muchos profesores a exiliarse. En los meses siguientes cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país.
En 1955 se intervienen todas las universidades, se proyecta retornar a la autonomía universitaria respecto del gobierno con cogobierno estudiantil e independencia en la administración de los recursos. Es demolido el Palacio Unzué, casona que había pertenecido a la familia Unzué y había sido la residencia presidencial desde 1949. En cuanto a las comisiones investigadoras, María Estela Spinelli (2005) las considera parte del proyecto pedagógico de la desperonización, buscando la estigmatización del peronismo y de su gobierno.
Fueron intervenidos la mayoría de los municipios territoriales, comisarías y subcomisarías. Los jueces de paz fueron reemplazados en todo el país y una minoría fue reconfirmada en el cargo. Se intervinieron varios organismos, mayoritariamente establecimientos escolares, hospitales y delegaciones del ministerio de Trabajo y Salud, o bien fueron disueltos.
Se dictó una proclama militar que causaría la cesantía de cientos de docentes: "Declárase absolutamente incompatible, bajo pena de exoneración, el desempeño de cualquier función o empleo público, inclusive el docente, o las tareas de cualquier clase originadas en nombramiento de Comisiones Investigadoras o Intervenciones decretadas por el Gobierno Revolucionario, con la intervención o participación, por sí o por interpósita persona, en el asesoramiento, defensa, patrocinio o representación de personas y/o sociedades o asociaciones interdictas o sometidas a responsabilidad penal, civil y/o administrativa por delitos o irregularidades investigadas durante el gobierno de la Revolución Libertadora".
En octubre de 1955 se interviene el Instituto Tecnológico del Sur, que al año siguiente será renombrado Universidad Nacional del Sur (UNS) en la sureña ciudad bonaerense de Bahía Blanca, produciendo decena de cesantías de profesores y académicos, entre ellos Santiago Bergé Vila y Antonio Tridenti, pertenecientes al grupo de profesionales fundadores del Instituto. Benito Franchini y el doctor Solana, que se desempeñaba como vicerrector del ITS en 1954, también figuraron en esta nómina de cesanteados, junto con el ingeniero Antonio Siri, los doctores Romero Krause y Graziani, el doctor Remus Tetu, los profesores Dr. Marcelo Galar, los ingenieros Alejandro Clara, David Craig, N. Cardona, Eloy Varela, Jorge Reyes, Manuel Muradás -docente de origen rumano que se desempeñaba en la Escuela de Ciencias Económicas-. Algunos de las decenas de profesores e investigadores cesanteados, como Antonio Tridenti, Remus Tetu y Arnaldo Cañueto, se incorporarían al comité Acción Pro Revisionismo Universitario de Bahía Blanca, con el fin de luchar por la derogación de la legislación universitaria sancionada por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. Se desencadenó una protesta estudiantil contra el decreto 6403/55, que imponía controles ideológicos a los profesores y un control represivo sobre la actividad estudiantil.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que gozaba de autarquía, fue intervenida, designándose al coronel Arturo Bullrich como interventor por el nuevo gobierno de facto. También fue intervenida la Asociación Argentina de Tenis por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, que exigió que se excluyera a varios tenistas, entre ellos a María Terán de Weiss, del circuito internacional, con la firma de Enrique Morea, exigencia que fue rechazada por la Asociación Internacional de Tenis, debido a "su evidente intencionalidad de persecución política contra Weiss". El Comité Olímpico Argentino, a pesar de ser una entidad civil, autárquica, desvinculada por normas estatutarias de todo tipo de influencia económica, política, religiosa y racial, también fue intervenido. El plano social se caracterizó por un fuerte conservadurismo, censura y represión. El libro Los desnudos y los muertos, novela de Norman Mailer, editada en los años previos a 1955 por editorial Sur, con una temática que alude al sexo, había sido secuestrada por la policía, e incluso la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires secuestra con sus camiones los cuatro mil ejemplares de la edición. El orden dogmático se impone, prohíben la circulación del libro en el ámbito de la capital. Desde el ángulo social, otros hechos se suman a lo ya expuesto. En octubre de 1956, comisarios de distintas seccionales de la ciudad de Buenos Aires y de los partidos provinciales aledaños emprenden razzias en sitios de reunión y en la vía pública y detienen a los "petiteros" (palabra que alude a cierta modalidad en el vestir), y en general a todos aquellos que usan el pelo largo.
Respecto al tango y al folklore, la autoproclamada "Revolución Libertadora", como más tarde haría el autodenominado "Proceso", va a establecer una política sistemática de opresión, manipulación, apropiación y aniquilación de las expresiones populares.
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