Territorio controlado por Ucrania
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La guerra ruso-ucraniana es un conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania, que se encuentra actualmente en curso y que se acrecentó tras el tenso período de la crisis ruso-ucraniana de 2021-2022, conflicto que el 24 de febrero de 2022 finalmente desembocó en la invasión rusa de Ucrania, si bien esta confrontación se ha desarrollado desde 2014 y ha tenido varias etapas entre las que se destacan la adhesión de Crimea a Rusia y la guerra del Dombás que comenzó ese mismo año y aún sigue en progreso. Asimismo, las manifestaciones de Euromaidán que marcan el inicio del conflicto ucraniano comenzaron en noviembre de 2013 en Kiev, la capital ucraniana, debido a la suspensión de la firma del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea.
El 22 de febrero de 2014, tras varios meses de protestas y disturbios y tras el llamado Jueves Negro (20 de febrero) en el que murieron más de 60 manifestantes, los opositores tomaron las riendas del país y ocuparon irregularmente las principales instituciones con sede en Kiev. Seguidamente, la Rada Suprema tomó el control del país en ausencia de buena parte de sus miembros y Oleksandr Turchínov asumió la coordinación del Gobierno y la presidencia del Parlamento, cayendo así el gobierno de Víktor Yanukóvich. La Rada Suprema destituyó del cargo a Yanukóvich y tomó el control del país votando la vuelta a la Constitución de 2004, acordada el día anterior. Rusia no reconoció este gobierno como autoridad legítima de Ucrania y declaró que lo ocurrido fue un «golpe de Estado». En consecuencia, el Congreso de diputados y gobernadores regionales del Este y Sur de Ucrania hizo un llamamiento a la resistencia y acusó a la oposición de incumplir el acuerdo de paz que había sido firmado el 21 de febrero con el destituido presidente. A partir de entonces, residentes de la mitad suroriental de Ucrania se manifestaron en contra del nuevo gobierno de Kiev.
Por su parte, la crisis de Crimea de 2014 comenzó en febrero de ese año cuando el gobierno regional realizó el referéndum sobre el estatus político de Crimea. Entonces se produjo una intervención militar, donde las Fuerzas Armadas de Rusia se desplegaron en la península de Crimea —incluyendo Sebastopol— con el objetivo de garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos habitantes de Crimea y las bases rusas estacionadas allí, hasta que se normalizara la situación socio-política; desoyendo las advertencias de no invadir lanzadas por Estados Unidos y Kiev. Así, el 17 de mayo, fue proclamada la independencia de la República de Crimea y al día siguiente fue aprobada la adhesión de Crimea a Rusia. Esto fue rechazado por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, mientras fue apoyado por Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Venezuela; la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 68/262, rechazó la incorporación de Crimea. En los días posteriores, las tropas militares ucranianas se enfrentaron en contados incidentes con el ejército ruso hasta finalmente replegarse y hacer abandono de la península, aunque el gobierno de Kiev aún considera Crimea como parte de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania.
Entre tanto, la guerra del Dombás comenzó el 6 de abril de 2014. El gobierno interino de Ucrania inició un operativo armado contra los grupos separatistas rusófonos del este de Ucrania tras la anexión de Crimea. Las tropas rusas invadieron el territorio del este de Ucrania y las tropas ucranianas lanzaron una operación antiterrorista. En el mes siguiente fueron realizados los referéndums sobre el estatus político de Donetsk y Lugansk por parte de los separatistas regionales que formaron la confederación de Nueva Rusia, un efímero Estado que sería disuelto en mayo de 2015.
Los antecedentes históricos de la guerra ruso-ucraniana corresponden a una variedad de factores sociales, culturales, étnicos y lingüísticos que contribuyeron a la formación de las chispas de las protestas prorrusas en el este y el sur de Ucrania en la secuela de principios de la revolución prooccidental de 2014 en Ucrania.
El proceso de la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana y el colapso de los gobiernos comunistas (1989-1991) trajeron enormes cambios en los países del Bloque del Este, hasta entonces integrantes o aliados de la Unión Soviética, alterando la balanza geopolítica en Europa. Sin embargo, tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania y Rusia mantuvieron estrechos vínculos y el gobierno ucraniano acordó abandonar su arsenal nuclear en 1994 —mediante el Memorándum de Budapest— con la condición de que los Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia brindaran garantías contra las amenazas a la integridad territorial o la independencia política de Ucrania. Cinco años más tarde, Rusia fue uno de los signatarios de la Carta para la Seguridad Europea, que «reafirmó el derecho inherente de todos y cada uno de los Estados participantes a ser libres de elegir o cambiar sus arreglos de seguridad, incluidos los tratados de alianza, a medida que evolucionan».
El Imperio ruso fue ganando control sobre esta zona gradualmente en tratados de paz con el Imperio otomano tras las guerras ruso-turcas de 1735–1739, 1768–1774, 1787–1792 y 1806–1812. La colonización de la tierra, a finales del siglo XVIII, fue dirigida por el príncipe Potiomkin a quien la zarina Catalina «la Grande» otorgó poderes de gobernación absolutos sobre el territorio. Las tierras se concedieron generosamente a la nobleza rusa (dvoryanstvo) y se trasladó a campesinos rusos y ucranianos, en régimen de servidumbre, para cultivar lo que hasta entonces era una estepa escasamente poblada. También vinieron colonos extranjeros invitados por Catalina «la Grande» de Alemania (los cuales se conocerían como alemanes del mar Negro), Prusia (menonitas de Rusia), Polonia, Italia, Grecia, Serbia y otros países.
El Tratado Dos más Cuatro (en alemán: Zwei-plus-Vier-Vertrag), también llamado Tratado sobre el acuerdo final con respecto a Alemania (en alemán: Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland), fue un acuerdo firmado en 1990 entre la República Federal de Alemania (RFA), la República Democrática Alemana (RDA) y las cuatro potencias que controlaban las zonas de ocupación aliada en Alemania tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa: Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética.
El Tratado allanó el camino para la reunificación alemana y fue firmado en Moscú el 12 de septiembre de 1990, después de meses de negociaciones entre las partes. El 1 de octubre de 1990, las 4 potencias aliadas, mediante una declaración conjunta emitida en Nueva York, renunciaron a sus derechos en relación con la ciudad de Berlín, devolviéndole así a Alemania su plena y entera soberanía. Entró en vigor el 15 de marzo de 1991, fecha del depósito de los últimos documentos de ratificación en una ceremonia oficial.
La política de rusificación fue más intensa en Ucrania que en otras partes de la Unión Soviética, por lo que este país contiene ahora el grupo más grande de rusófonos que no son rusos étnicos: en 2009 había en torno a 5,5 millones de ucranianos cuya lengua materna era el ruso. Los hablantes de ruso son más numerosos en la mitad sudoriental del país, mientras que tanto el ruso como el ucraniano son usados por igual en el centro, y el ucraniano es la lengua dominante en el oeste. Algunos de estos "ucranianos rusificados" hablan ruso, mientras que otros hablan una mezcla de ucraniano y ruso conocida como "súrzhyk"; muchos de ellos también tienen cierto dominio del idioma ucraniano. Las estimaciones de su prevalencia en el país varían, pero según distintos estudios, los "ucranianos rusificados" constituyen entre un tercio y la mitad de la población total de Ucrania.
Se atribuye la creación de la Flota del Mar Negro a Grigori Potiomkin el 13 de mayo de 1783, tras la anexión de Crimea bajo el reinado de Catalina la Grande y la creación de una importante base militar, ubicada en la ciudad de Sebastopol (recientemente anexionada a la Federación de Rusia desde marzo de 2014). La expansión hacia el sur del Imperio ruso a finales del siglo XVIII les llevó a enfrentarse con su mayor rival en la región del Mar Negro, el Imperio otomano. La Flota del Mar Negro venció a los turcos en 1790, combatió contra los otomanos durante la Primera Guerra Mundial, contra la flota rumana durante la Segunda Guerra Mundial y mantuvo breves combates contra la Armada de Georgia en el transcurso de la Guerra de Osetia del Sur de 2008.
El Euromaidán (en ucraniano: Євромайда́н - Yevromaidán; 'Europlaza') es el nombre dado a una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeísta y nacionalista de Ucrania que en su punto álgido derrocaron al presidente Víktor Yanukóvich, líder de la formación política prorrusa Partido de las Regiones. Los sucesos se desencadenaron en Kiev la noche del 21 de noviembre de 2013, un día después de el Gobierno de Ucrania hubiera suspendido in extremis la firma del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea (UE).
Aunque el 30 de marzo de 2012, Yanukóvich y los líderes de la UE habían acordado un estatuto de asociación de Ucrania con la UE, la entrada en vigor se fue aplazando y las negociaciones quedaron estancadas durante un año, entre otras razones porque una de las exigencias europeas era la liberación de Yulia Timoshenko y Yuri Lutsenko, opositores al Gobierno. Ello no impidió que durante los meses previos al inicio de las protestas, Yanukóvich prometiera realizar las reformas necesarias para seguir adelante con la negociaciones.
Sin embargo, sorpresivamente, el 21 de noviembre de 2013, el gobierno ucraniano, encabezado por Mikola Azárov, publicó una nota oficial en la que informaba que el proceso de preparación de la firma del acuerdo quedaba «suspendido». Las razones esgrimidas fueron la caída en la producción industrial y el mantenimiento de relaciones con los países de la Comunidad de Estados Independientes. Yanukóvich asistió a la cumbre de la UE los días 28 y 29, tal como estaba previsto antes de la suspensión unilateral, pero solo para declinar la última oferta europea, de 600 millones de euros, por considerarla «humillante». Por su parte, Azárov reprochó a la UE y al Fondo Monetario Internacional la falta del apoyo económico que hubiera compensado el «divorcio comercial» con Rusia, a la vez que admitía que había sido Moscú quien había conminado a Kiev a no sellar el pacto.
Desde el 21 de noviembre, se producen en Kiev varias concentraciones en la plaza de la Independencia exigiendo al gobierno retomar el diálogo con la UE. La concentración aglomeró a cientos de miles de personas en todas las inmediaciones de la plaza, con discursos diarios de líderes políticos opositores así como íconos culturales ucranianos y extranjeros que venían en señal de motivación y apoyo. Entre los principales gestores se encontraban: organizaciones sociales, la oposición política —incluido el grupo ultra-nacionalista y de extrema derecha Sector Derecho, uno de los principales organizadores del movimiento en Kiev e instigador de los disturbios, y el partido parlamentario de extrema derecha Svoboda— y las Iglesias ucranianas —como la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Kiev—, con excepción de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú. En las manifestaciones también participaron representantes de minorías étnicas (rusos, tártaros de Crimea, judíos, georgianos, armenios y otros) y ciudadanos de otros países (de Polonia, Bielorrusia, Georgia, Rusia y otros).
Las protestas desembocaron en disturbios, que fueron creciendo en intensidad, al punto de que hubo días en que muchos manifestantes continuaban sus protestas toda la noche, lo que hacía imposible su desalojo del lugar por parte de las autoridades. El 16 de enero, la Rada ordenó penas contra los manifestantes, el bloqueo de edificios administrativos y la instalación de tiendas de campaña. Esto fue tomado por los manifestantes como un veto a su derecho de manifestarse y protestar. Desde entonces, las protestas provocaron una escalada de violencia en rechazo a las nuevas leyes. Como resultado, el 22 de enero las manifestaciones registraron cinco muertos por primera vez desde su inicio. Entre tanto, las protestas se fueron expandiendo a lo largo del centro y oeste del país y con algunos focos en el este, mayoritariamente ruso. La exigencia no era solo el cambio económico a Europa, sino el cambio total de gobierno, lo que llevó a la dimisión de Azárov el 28 de enero y, a que Parlamento reunido en asamblea extraordinaria, derogara las polémicas leyes que limitaban los derechos de manifestación y reunión.
La noche del 19 y 20 de febrero, Yanukóvich y los principales líderes de la oposición (Vitali Klichkó, Arseni Yatseniuk y Oleh Tiagnibok) acordaron una tregua, y el desarme de las barricadas colocadas en la plaza de capital anteriormente como medida de contención a las fuerzas policiales. El 21 de febrero —tras el llamado “Jueves Negro” (20 de febrero) en el que murieron más de 60 manifestantes—, se aprobó un acuerdo entre ambas partes para adelantar las elecciones, formar un gobierno de transición, volver a la Constitución de Ucrania de 2004 y frenar la violencia. En la madrugada del 21 al 22 de febrero Yanukóvich, sin informar al parlamento, abandonó la capital y desapareció en dirección desconocida. El 22 de febrero, por la mañana, la Rada Suprema lo destituyó de su cargo por "abandono de sus funciones constitucionales" y tomó el control del país votando, por mayoría constitucional, la vuelta a la Constitución de 2004, acordada el día anterior. Sólo después de dicha vuelta al sistema político parlamentario, en lugar del presidencial, Oleksandr Turchínov asumió la presidencia del parlamento, previa renuncia por escrito del presidente anterior. Al día siguiente, Turchínov fue nombrado primer ministro en funciones con el fin de realizar la coordinación de tareas de gobierno. El 28 de febrero, Yanukóvich reapareció en Rostov del Don (Rusia), donde denunció un presunto golpe de Estado.
En febrero de 2014, la Rada Suprema acordó abolir la Ley sobre las bases de la política lingüística estatal de 2012, que establecía que en los rayones donde un determinado idioma fuese hablado por al menos 10 % de los habitantes, dicho idioma podía adquirir el rango de lengua cooficial. Sin embargo, el 3 de marzo el presidente interino del parlamento, Oleksandr Turchínov, se negó a firmar la mencionada resolución acerca de la ley de política lingüística hasta que la Rada no elaborase una nueva, por lo que la ley siguió en vigor (en 2018 dicha ley dejó de estar vigente al ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional).
La abrogación de la Ley aprobada en 2012 eventualmente hubiera perjudicado a los hablantes de ruso (cooficial en todo el este y sur de Ucrania, además de algunos raiones en Kirovogrado, Cherníhiv, Sumy y Zhitómir), húngaro (cooficial en algunos raiones de Transcarpatia) y rumano (cooficial en algunos raiones de Transcarpatia, Chernivtsí y Odesa). La propuesta fue rechazada por una parte de las comunidades bilingües dentro de Ucrania, además de otros países vecinos con importantes minorías en el territorio ucraniano, en particular Rusia.
La adhesión de Crimea a Rusia es el proceso de incorporación de las dos entidades que forman la península de Crimea, la República de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol, como sujetos federales de la Federación de Rusia. De acuerdo con la Ley sobre Nuevos Territorios Federales de la legislación rusa que se aplicó en la península, esta puede considerarse parte de Rusia desde el momento de la firma del acuerdo interestatal del 18 de marzo de 2014. Además, el periodo transitorio se prolongará hasta el 1 de enero de 2015.
El proceso tiene su origen en el Euromaidán, la revolución ucraniana iniciada a finales de 2013, la cual culminó con la destitución de Víktor Yanukóvich en lo que unilateralmente para el gobierno ruso fue un golpe de Estado. Entonces se inició una serie de manifestaciones de rusófilos —en su mayoría rusos étnicos y ucranianos rusófonos— opuestos a los eventos ocurridos en Kiev y que anhelan estrechar sus vínculos (o inclusive integrarse) con Rusia. Luego varios gobiernos regionales propusieron referendos separatistas y se produjo una intervención militar, donde las Fuerzas Armadas de Rusia se desplegaron en Crimea, con el objetivo, según el Kremlin, de garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos habitantes de Crimea y las bases rusas estacionadas allí, hasta que se normalizara la situación socio-política; desoyendo las advertencias de no invadir lanzadas por Estados Unidos y Kiev. Previamente, las autoridades de Crimea —de ideología prorrusa— habían solicitado la asistencia del gobierno de Moscú después de que el gobierno autoproclamado de Kiev introdujera una ley para abolir el uso oficial de toda lengua distinta al ucraniano.
La adhesión de Crimea a Rusia no es reconocida por Ucrania, que lo considera como ilegal, y asegura que el territorio sigue conformando la República Autónoma de Crimea y la ciudad especial de Sebastopol. Esta adhesión por parte de Rusia, considerada ilegal por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, causó la peor crisis en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría, empeorada drásticamente por la invasión rusa de Ucrania de 2022. Además, ya en marzo de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 68/262 llamada Integridad territorial de Ucrania en respuesta a la crisis de Crimea. Aprobada por 100 países, la resolución afirmó el compromiso de las Naciones Unidas para reconocer a Crimea como parte de Ucrania, rechazando el referéndum sobre el estatus político.
Invadiendo y anexando Crimea, Rusia violaba un tratado internacional y tres tratados bilaterales firmados con Ucrania: el Memorándum de Budapest —que ofrecía garantías de seguridad por parte de sus signatarios a Ucrania—; el Tratado de Amistad y Colaboración entre Ucrania y Rusia de 1997; el Tratado sobre la permanencia de la Flota del mar Negro rusa en territorio ucraniano hasta 2017 y el Tratado de Járkov por el que dicha permanencia se extendía hasta 2042.
Por otra parte, la Constitución de la República de Crimea fue aprobada el 11 de abril de 2014. El texto dice que la República de Crimea es un Estado democrático y de derecho dentro de la Federación de Rusia. Además, establece que la República de Crimea es una parte «inseparable» del territorio de Rusia.
La guerra del Dombás (alternativamente, del Donbás o del Donbáss), es un conflicto armado que se desarrolla en Ucrania oriental desde el 6 de abril de 2014, entre el gobierno de Ucrania y las fuerzas separatistas rusas del Dombás. Como parte de la guerra ruso-ucraniana, este conflicto ha pasado por diferentes etapas, la más reciente de las cuales evoluciona en el contexto de la ofensiva de Ucrania oriental dentro de la invasión rusa de Ucrania de 2022.
El origen directo del conflicto se remonta al inicio de las protestas del Euromaidán en noviembre de 2013, cuando miles de manifestantes salieron a protestar a la plaza de la Independencia de Kiev, debido a la polarización en torno a la negativa del gobierno nacional a firmar el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea. En febrero de 2014, fue destituido el presidente Víktor Yanukóvich, pero en el este del país, región fronteriza con Rusia, numerosos manifestantes tomaron sedes de gobiernos proclamando de facto la independencia de diferentes localidades, lo que causó fuertes enfrentamientos armados entre europeístas, prorrusos y separatistas.
Las protestas prorrusas se intensificaron tras la adhesión de Crimea a Rusia a mediados de marzo y el 7 de abril, un grupo de manifestantes proclamó la República Popular de Donetsk (RPD) en un edificio de la administración regional en la ciudad del mismo nombre. El 13 de abril, las autoridades de Kiev pusieron en marcha una operación especial en el este del país con la participación de las Fuerzas Armadas. El 17 del mismo mes, se celebró una reunión en Ginebra, Suiza, entre los jefes de la diplomacia de Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, siendo aprobado un documento con medidas para poner fin al conflicto. También se acordaron revisiones a la Constitución de Ucrania. Sin embargo, esto no fue aceptado por las milicias prorrusas.
La República Popular de Lugansk (RPL) fue proclamada el 28 de abril. Esta república se unió a la RPD en su lucha contra el gobierno de Ucrania. Así, para el 1 de mayo, hasta 16 ciudades y pueblos del este ucraniano se hallaban parcial o totalmente en manos de los grupos armados prorrusos, al día siguiente de que Ucrania reconociera públicamente que la situación en los oblasts de Donetsk y Lugansk escapaba a su control y las autoridades de Kiev pusieron en marcha una nueva operación especial con la participación de las Fuerzas Armadas en Sloviansk. Ello no impidió que dos días después se llevaran a cabo los referéndums sobre el estatus político de Donetsk y Lugansk, en los que el 89 % de los electores del óblast de Donetsk votó a favor de la independencia de la RPD y el 96 % de los votantes del óblast de Lugansk optó por separarse de Ucrania. Ante la consolidación de un frente de combate, tras los sucesivos llamados de alto el fuego, los señores de la guerra ocuparon grandes extensiones de terreno en la zona prorrusa.
El Protocolo de Minsk fue un acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania, firmado por representantes de Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk el 5 de septiembre de 2014, bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Sin embargo, el acuerdo no fue respetado por las distintas partes y no logró su objetivo de cesar todos los combates en el este de Ucrania.
Desde el inicio del conflicto, la Unión Europea y Estados Unidos han apoyado al gobierno de Ucrania, alegando que Rusia es el único responsable de las tensiones separatistas. Por su parte, el Gobierno de Rusia ha condenado reiteradas veces las acciones del gobierno ucraniano, refiriéndose a sus integrantes como «criminales» y calificando los sucesos en Ucrania de genocidio. Ucrania acusó a Rusia de intervenir en el conflicto ayudando a los separatistas prorrusos, pero dichas acusaciones fueron negadas por Rusia. Por parte de Rusia, los opositores al gobierno de Kiev y medios de comunicación como Bild denuncian participaciones de la Agencia Central de Inteligencia y de Academi - Greystone Limited apoyando con hombres y material de inteligencia a los militares de Kiev. Por su parte, la OTAN desplegó sus tropas en países cercanos a las fronteras rusas y ucranianas: Polonia, Rumania y los países bálticos.
La crisis ruso-ucraniana de 2021-2022 tuvo sus inicios en marzo y abril de 2021, cuando Rusia reunió alrededor de 100 000 soldados y equipo militar cerca de su frontera con Ucrania, lo que representó la mayor movilización de fuerzas desde la anexión de Crimea por parte de ese país en 2014. Esto precipitó una crisis internacional y generó preocupaciones sobre una posible invasión. Las imágenes de satélites mostraron movimientos de tropas, misiles y otras armas pesadas. Las tropas se retiraron parcialmente en junio. La crisis se renovó en octubre y noviembre de 2021, al concentrarse nuevamente más de 100 000 soldados rusos cerca de la frontera en diciembre.
La crisis en curso se deriva de la prolongada guerra ruso-ucraniana que comenzó con disturbios a principios de 2014. En diciembre de 2021 Rusia presentó dos borradores de tratados que contenían solicitudes de lo que denominó "garantías de seguridad", incluida una promesa jurídicamente vinculante de que Ucrania no se uniría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y una reducción de las tropas y del equipo militar de la OTAN estacionados en Europa del Este, y amenazó con una respuesta militar no especificada si esas demandas no se cumplían en su totalidad. La OTAN rechazó estas solicitudes y Estados Unidos advirtió a Rusia de sanciones económicas "rápidas y severas" en caso de que siguiera introduciéndose en Ucrania. La crisis también se centró en la guerra en curso en el Donbás y algunos comentaristas la han descrito como una de las más intensas desde la Guerra Fría.
El 21 de febrero de 2022, Rusia reconoció oficialmente las dos regiones separatistas en el este de Ucrania, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, como estados independientes y desplegó tropas en el Donbás en un movimiento interpretado como la retirada efectiva de Rusia del Protocolo de Minsk. Las repúblicas disidentes fueron reconocidas en los límites de sus respectivos oblasts de Ucrania, que se extienden mucho más allá de la línea de contacto. El 22 de febrero Putin dijo que los acuerdos de Minsk ya no eran válidos. El mismo día, el Consejo de la Federación autorizó por unanimidad el uso de la fuerza militar en el exterior.
Poco antes de las 06:00 hora de Moscú (UTC+3) del 24 de febrero, se emitió en los canales rusos un mensaje a la Nación de Putin en la que informaba su decisión de lanzar una «operación militar especial» en el este de Ucrania ya que, en sus palabras, «Rusia no puede sentirse segura ante la amenaza ucraniana». Putin añadió que intentaría «desmilitarizar y desnazificar Ucrania», justificando la agresión militar con el objetivo de proteger a los habitantes de las autoproclamadas República Popular de Lugansk (RPL) y República Popular de Donetsk (RPD) —en la región predominantemente de habla rusa de Dombás— del supuesto genocidio por parte del gobierno ucraniano. En su discurso, Putin afirmó que no había planes para ocupar el territorio ucraniano y que apoyaba el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación. Al final del discurso, Putin advirtió a terceros países que no interfirieran en el conflicto y dijo que «la respuesta de Rusia será inmediata y los llevará a consecuencias que nunca han experimentado en su historia», una frase que generó debate sobre su eventual referencia al uso de armas nucleares por parte de Rusia.
Inmediatamente después del ataque, el gobierno ucraniano anunció la introducción de la ley marcial; esa misma noche ordenó una movilización general de todos los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años. Las tropas rusas ingresaron a Ucrania desde cuatro direcciones principales: al norte por la frontera bielorusa, en dirección a Kiev; al noreste desde la frontera rusa, en dirección a Járkov; al este por la antigua línea de frente de la RPD y la RPL; y al sur por la región de Crimea.
El 7 de abril, las tropas rusas se retiraron de la ofensiva de Kiev para un aparente reabastecimiento y posterior redespliegue a la región de Dombas para reforzar la los frentes sur y este en un renovado frente de invasión del sureste de Ucrania. Al día siguiente, el general Aleksandr Dvórnikov fue puesto a cargo de las operaciones militares durante la invasión. En julio, las fuerzas invasoras anunciaron haber tomado el control total sobre Lugansk.
La campaña de Ucrania central —dentro de la invasión rusa de Ucrania de 2022— fue un teatro de operaciones para el control de tres óblast (provincias) de esta región: Chernígov, KIev y Sumy. Las capitales de dos de estas óblast están a menos de 100 kilómetros de la frontera rusa a través de conexiones terrestres (Chernígov a 90 km y Sumy a 50 km).
Con el objetivo de tomar la capital del país, Kiev, la estrategia del ejército ruso en el norte de Ucrania se centró en una ofensiva desde la frontera bielorrusa a lo largo de la orilla occidental del río Dniéper con el objetivo de rodear la ciudad desde el oeste. En apoyo de la ofensiva principal, dos ejes de ataque dirigidos desde la frontera rusa sobre la orilla este del Dniéper, una occidental en dirección a Chernígov y otra oriental a Sumy, se lanzaban con el intento de cercar Kiev desde el noreste y el este.
En el primer día de invasión, las tropas rusas en marcha hacia Kiev tomaron el control de los pueblos fantasmas de Chernóbil y Prípiat, incluida la central nuclear de Chernóbil, donde el ejército ucraniano opuso una primera resistencia al avance ruso pesar de ser derrotado al final del día. Asegurada la Zona de exclusión de Chernóbil, la columna rusa alcanzó a primera de la hora de la mañana del día 25 de febrero la ciudad de Ivankiv, un suburbio al norte de Kiev, donde los ucranianos consiguieron frenar su avance al destruir el puente sobre el río Téteriv y presentar batalla a los rusos en la ciudad. Al mismo tiempo, las Fuerzas Aerotransportadas Rusas intentaban apoderarse de dos aeródromos estratégicos alrededor de Kiev: un asalto aerotransportado al Aeropuerto Antonov, situado al norte en Hostómel y que cayó finalmente en manos rusas el día 25, y otro desembarco en Vasylkiv, al sur de la capital, que fue finalmente repelido por el ejército ucraniano en la base aérea de la ciudad el día 26 de febrero. Estos ataques parecían haber sido un intento de Rusia de apoderarse rápidamente de Kiev y hacer caer al gobierno ucraniano presidido por Volodímir Zelenski, con Spetsnaz infiltrándose en la ciudad apoyados por operaciones aerotransportadas y un rápido avance mecanizado desde el norte, pero no tuvieron éxito, alargando la guerra más allá del plan de invasión inicial ruso.
Las operaciones iniciales probablemente consistieron en pequeñas operaciones de escaramuza que pretendían probar las defensas ucranianas, mientras que las campañas de bombardeo continúan destrozando las defensas ucranianas a lo largo de la línea del frente. La ofensiva toma lugar actualmente a lo largo de la línea Rubézhnoye - Izium - Guliaipole - Mariúpol con el objetivo de rodear a las tropas ucranianas en el Dombás y anexar la totalidad de las regiones de Donetsk y Lugansk a los cuasi-estados de la República Popular de Donetsk (RPD) y la República Popular de Lugansk (RPL), respaldados por Rusia. Dada su importancia estratégica, la ofensiva se ha comparado con la Batalla de Kursk (1943).
En la región del Dombás en particular se había producido una lucha prolongada entre separatistas apoyados por Rusia de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk y las Fuerzas armadas ucranianas. Entre 2014 y 2022, la guerra en Dombás había costado las vidas de más de 10 000 separatistas, rusos y soldados ucranianos, así como las de 3000 civiles, a pesar de que la lucha se había ralentizado a un conflicto prolongado y solo 349 civiles habían muerto desde 2016. Por su parte, la óblast de Járkov también vivió las protestas prorrusas de 2014 y los rebeldes llegaron a proclamar la República Popular de Járkov, un efímero Estado independiente.
Desde el inicio de la ofensiva, las partes en conflicto han buscado abrir corredores humanitarios.
En el frente sur, actuando desde el Mar de Azov, el Mar Negro y la península de Crimea, Rusia avanza hacia el norte bloqueando las posibilidades de respuesta de las fuerzas navales ucranianas en el mar de Azov. El 24 de febrero, las tropas rusas tomaron el control del canal de Crimea del Norte, lo que permitió a Crimea obtener suministros de agua para la península, de la que había estado aislada desde 2014. El ataque también avanzó hacia el este, hacia Mariupol, iniciando un asedio de la ciudad y uniendo el frente con las repúblicas independentistas de Dombás.
El 28 de febrero, los negociadores ucranianos y rusos comenzaron a realizar rondas de conversaciones en Bielorrusia para alcanzar un alto el fuego y garantizar corredores humanitarios para la evacuación de civiles. Después de tres rondas de conversaciones, no se llegó a un acuerdo general. El 7 de marzo, como condición para poner fin a la invasión, el gobierno ruso exigió la neutralidad de Ucrania, el reconocimiento de la adhesión de Crimea a Rusia y el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk como estados independientes. Entre tanto, el 6 de marzo se reportó que el servicio secreto ucraniano (SBU) había ejecutado a uno de los miembros de la delegación negociadora ucraniana, identificado como Denis Kireev, quien se reunió con una delegación rusa para intentar lograr un acuerdo y que fue acusado de traición.
A mediados de mayo de 2014, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe en el que observaba un «deterioro alarmante» de los derechos humanos en el territorio controlado por insurgentes. La ONU informó de una creciente falta de ley en la región, documentando casos de asesinatos selectivos, tortura y secuestros, llevados a cabo principalmente por las fuerzas de la República Popular de Donetsk. También informó de amenazas, ataques y secuestros de periodistas y observadores internacionales, así como palizas y ataques contra simpatizantes de la unidad ucraniana. En respuesta, Rusia condenó el informe de la ONU, afirmando que ignoraba los abusos cometidos por el gobierno ucraniano y acusando a sus autores de seguir «órdenes políticas» para encubrir a los nuevos líderes ucranianos pro-occidentales.
En mayo de 2014, la Misión de Observación de Derechos Humanos las Naciones Unidas denunció detenciones ilegales, secuestros e intimidación de funcionarios electorales, y pidió una acción urgente para evitar una guerra similar a la de Yugoslavia. También advirtió de una crisis humanitaria debido al corte de los servicios sociales en la región, y un éxodo de personas de las zonas afectadas. Dijo que Donetsk estaba «al borde del colapso de sus servicios sociales» debido a la escasez de los suministros cruciales, incluyendo medicinas como la insulina. El Primer Ministro Arseni Yatseniuk habló también de la escasez de medicinas.
El 23 de julio, el Comité Internacional de la Cruz Roja, basado en Ginebra, dijo que consideraba que Ucrania estaba en un estado de guerra civil. Esta clasificación oficial significa que los participantes en los combates entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, podrían en el futuro ser procesados por crímenes de guerra en los tribunales internacionales". El 24 de julio, Human Rights Watch acusó a las fuerzas del gobierno de Ucrania así como los batallones de voluntarios pro-gubernamentales de ser responsables por ataques indiscriminados con lanzacohetes múltiples "Grad" (cohetes imprecisos y no guiados) contra zonas civiles, afirmando que "El uso indiscriminado de cohetes en zonas pobladas viola el derecho internacional humanitario, o las leyes de la guerra, y puede ascender a crímenes de guerra. Aunque el gobierno de Ucrania niega el uso de cohetes Grad, una investigación de Human Rights Watch descubrió que tanto el gobierno como las fuerzas separatistas han utilizado este sistema de cohetes en y alrededor de Donetsk.
Ha habido numerosos casos de tropas capturadas por las fuerzas ucranianas y rusas durante la invasión. El 8 de marzo, el gobierno ucraniano anunció que estaba trabajando para que los prisioneros de guerra rusos trabajaran para ayudar a reactivar la economía ucraniana, en pleno cumplimiento del derecho internacional.
En marzo, funcionarios ucranianos publicaron fotos y videos de soldados rusos asesinados y capturados. Amnistía Internacional argumentó que el artículo 13 de la Tercera Convención de Ginebra prohíbe videos de soldados capturados.
El 27 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara el atentado con bomba contra el jardín de infancia de Okhtyrka. El 28 de febrero, Karim Khan, fiscal jefe de la CPI, dijo que planeaba abrir una investigación sobre las denuncias de crímenes de guerra en Ucrania "lo antes posible" tras el examen preliminar del caso por parte de la CPI. Treinta y nueve estados remitieron oficialmente la situación en Ucrania a la CPI. El 3 de marzo, Khan anunció que se estaban recopilando pruebas de presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por individuos de todos los bandos durante la invasión y que se abriría una investigación completa.
Ucrania presentó una demanda contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando a Rusia de violar la Convención sobre el Genocidio de 1948 al alegar falsamente que el genocidio fue un pretexto para invadir. Ucrania solicitó a la CIJ que adopte medidas provisionales, una orden que ordena a Rusia que detenga su ofensiva en Ucrania. La CIJ accedió a la solicitud de Ucrania de acelerar el procedimiento. Los representantes rusos se negaron a comparecer en una audiencia judicial en el Palacio de la Paz (La Haya).
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a mediados de abril de 2022, los ucranianos que habían dejado su país asciendían a 4,6 millones, de los cuales más de la mitad se encontraban en Polonia. Entre tanto, Hungría había recibido 434 000, Eslovaquia 320 000 y Rumanía 709 000, según las mismas estadísticas. Además, el Alto Comisionado Filippo Grandi, confirmó que este era el mayor flujo de refugiados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.
El 27 de febrero anterior la Unión Europea acordó acoger a refugiados ucranianos durante un máximo de tres años sin que solicitaran asilo; adicionalmente, el 3 de marzo, fue aprobada la Directiva de Protección Temporal por primera vez en su historia para que los refugiados no tengan que pasar por el procedimiento estándar de asilo de la Unión.
No obstante, varios Estados miembros de la Unión ya habían iniciado acciones individuales con anterioridad. Ya el 24 de febrero, Letonia aprobó un plan de contingencia para recibir y alojar a unos 10 000 refugiados de Ucrania, y Hungría anunció que todas las personas que cruzasen la frontera desde Ucrania serían admitidas. Al día siguiente, para facilitar los cruces fronterizos, Polonia y Rumania levantaron las reglas de entrada por la pandemia de COVID-19. Dos días después, Belgíca anunció que se asignarán tres millones de euros para ayuda humanitaria adicional a Ucrania y, Eslovaquia aseguró que daría dinero a las personas que ayudaran a los refugiados ucranianos. Al final de la semana, los Países Bajos manifestó que los ucranianos en podían quedarse durante tres meses en este país y que durante este tiempo, básicamente tendrían que encontrar su propio alojamiento ya que, según el gobierno, los centros de asilo estaban superpoblados y la vida allí conllevaba restricciones.
La invasión de Ucrania viola la Carta de las Naciones Unidas y constituye un crimen de agresión según el derecho penal internacional; el crimen de agresión puede ser perseguido bajo la jurisdicción universal. La invasión también viola el Estatuto de Roma, que prohíbe «la invasión o ataque por parte de las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o cualquier ocupación militar, aunque sea temporal, como resultado de tal invasión o ataque, o cualquier anexión por el uso de la fuerza del territorio de otro Estado o parte del mismo»; sin embargo, Ucrania no ha ratificado el Estatuto de Roma y Rusia retiró su firma en 2016.
Bajo amenaza de revocación de licencias, Ucrania prohibió a sus proveedores de televisión retransmitir una serie de canales de televisión rusos por «poner en peligro la seguridad informativa del país». El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó este hecho de violación de la libertad de prensa. Al mismo tiempo diversos medios y políticos acusaron a los medios ucranianos de «desinformación» y «manipulación psicológica» de los ucranianos.
El 23 de julio el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó de «tabú amoral e inhumano» la falta de información sobre cientos de víctimas de las autoridades de Kiev en los medios internacionales.
De manera regular se ha difundido desinformación relativa al conflicto, y la cobertura mediática no ha estado exenta de controversias. Desde inicio de los enfrentamientos, se reportaron bulos, como un video que reflejaba un supuesto bombardeo en territorio ucraniano que se viralizó en Internet, aunque las imágenes correspondían a un videojuego o las imágenes grabadas durante las explosiones de Tianjin de 2015, así como de otro videojuego presentado como bombardeos rusos en el programa Espejo Público (cadena Antena 3). Al mismo tiempo, se difundió una falsa portada de la revista Time con un fotomontaje del retrato de Vladímir Putin y Adolf Hitler con el título «The Return of History» (El regreso de la Historia). Entre tanto, las acusaciones rusas sobre un supuesto problema «neonazi» del gobierno ucraniano han sido desmentidas por organizaciones judías y cuestionadas por medios occidentales.
La respuesta de la Unión Europea a la invasión rusa de Ucrania hace referencia a las diferentes medidas implementadas por esta organización internacional y sus Estados miembros para contrarrestar los efectos de la agresión rusa iniciada en febrero de 2022. Desde el inicio de la intervención militar, la UE y varios de sus aliados decidieron aumentar las sanciones contra el gobierno ruso iniciadas en 2014 en una medida que buscaba «paralizar» la capacidad rusa para «financiar su maquinaria de guerra» y dificultar su manejo de activos para obtener liquidez. Adicionalmente, varios gobiernos nacionales de los Estados miembros de la UE decidieron enviar armamento y ayuda económica al gobierno ucraniano, así como facilitar la entrada de refugiados ucranianos a sus respectivos territorios.
Con base en el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, el 28 de febrero de 2022 la Unión Europea dispuso la creación de una célula encargada de coordinar la compra de armamento para sostener al Gobierno ucraniano frente al ataque ruso. La Comisión Europea también decidió movilizar el Centro de Satélites de la Unión Europea para prestar servicios de inteligencia a Ucrania. De esta forma, la guerra ruso-ucraniana permitió a la UE reafirmarse como fuerza geoestratégica e implicarse en un conflicto militar.
Entre tanto el canciller alemán, Olaf Scholz, anunció un rearme del ejército de su país de proporciones nunca vistas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Además, Alemania negó la certificación de gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2 —que eventualmente perjudicaría a Ucrania—, cuya construcción finalizó en 2021, pero que aún no había entrado en funcionamiento.
El 10 de julio de 2022, Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, sostuvo que «La batalla global de narrativas sobre la guerra de agresión contra Ucrania está en pleno desarrollo y por ahora no la estamos ganando... El G7 y los países de ideas afines están unidos para condenar y sancionar a Rusia y tratar de hacer que el régimen rinda cuentas. Pero otros países, y podemos hablar aquí de la mayoría del “Sur Global”, a menudo adoptan una perspectiva diferente.»
El gobierno ruso, por su parte, ha advertido con atacar cualquier convoy que entre con armas en territorio ucranio.
En 2009, el analista rumano Iulian Chifu y sus coautores opinaron que, con respecto a Ucrania, Rusia ha buscado una versión actualizada de la Doctrina Brézhnev, una política de Guerra Fría de intervención soviética en los países de la esfera de influencia soviética hacia fines de la década de 1980 y principios de los años 90.
Tras la adhesión de Crimea a Rusia en 2014, no han sido pocas las opiniones que predecían un conflicto a gran escala entre ambos países. Muchos académicos y expertos, especialmente entre los de enfoque realista, como John Mearsheimer, empezaron a anticipar que el desequilibrio estratégico y la imposibilidad de aplicar los acuerdos de Minsk degenerarían en guerra por la dificultad de encontrar una salida diplomática a la situación. Por otro lado, desde sectores contrarios a Occidente, se esperaba que el futuro conflicto tendría origen en provocaciones y expansionismo atlantista que forzarían la respuesta de Rusia.
No obstante, en 2021 y principios de 2022, las imágenes por satélite de la progresiva acumulación de tropas y equipos rusos cerca de la frontera con Ucrania y especialmente los posteriores informes de inteligencia estadounidenses prediciendo la invasión generaron un creciente debate entre los analistas y expertos acerca de las posiblidades de que Rusia estuviera preparándose para una agresión preventiva a Ucrania.
Mientras que una pequeña parte del sector realista calificó la invasión inminente como una posibilidad muy real, la mayoría de los académicos, aunque sí esperaban un conflicto entre los países en algún momento del futuro, no creían que los movimientos de tropas de Rusia fueran más que un instrumento de presión, pues una invasión sería un acto irracional que no encajaría con las teorías académicas de las relaciones de poder. Tampoco desde las posturas más favorables a Rusia se creía posible una acción militar semejante sin una agresión previa, considerando las advertencias sobre una posible invasión como alarmismo.
Entre tanto, varias personalidades políticas que anteriormente se habían mostrado afines a Vladímir Putin intentaron distanciarse de este como resultado de la crisis. En la Unión Europea, Marine Le Pen, dirigente de la Agrupación Nacional —quien recibió financiación de bancos rusos en su campaña para las elecciones presidenciales de Francia de 2017— buscó distanciarse de Putin de cara a las elecciones de 2022; y en Italia, Matteo Salvini, cuyo partido Liga Norte firmó acuerdos de cooperación con el partido Rusia Unida de Putin, condenó la agresión. Por otro lado, Alexander Gauland, de Alternativa para Alemania —partido que ha mostrado cercanía con Rusia, especialmente en la antigua Alemania Oriental, donde es popular—, culpó a la OTAN por la guerra.
Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump elogió a Putin al igual que distintas figuras de la derecha estadounidense. En otro sentido, el político británico Nigel Farage, quien aseguró no creer que Rusia invadiría Ucrania, admitió públicamente su error.
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