López Obrador cumple los años el 13 de noviembre.
López Obrador nació el día 13 de noviembre de 1953.
La edad actual es 71 años. López Obrador cumplió 71 años el 13 de noviembre de este año.
López Obrador es del signo de Escorpio.
Andrés Manuel López Obrador (Tepetitán, Macuspana, Tabasco, México; 13 de noviembre de 1953), también conocido bajo el seudónimo AMLO, es un político, politólogo y escritor mexicano. Es el actual presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018.
Su figura polarizante ha trascendido de manera relevante luego de desenvolverse como uno de los protagonistas de varios acontecimientos significativos en la historia reciente de México; como lo fue la crisis política derivada de las polémicas elecciones presidenciales de 1988 y la consecuente fundación del Partido de la Revolución Democrática, ente político que conjuntó a las distintas fuerzas de izquierda históricas del país. Sin embargo su notoriedad en la vida pública se vio acrecentada con el paso de los años con las discutidas elecciones de Tabasco de 1994; su actuar como presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 1996 a 1999; su elección, desempeño, las políticas sociales implementadas y sus desencuentros con otras figuras públicas mientras ejerció como Jefe de Gobierno del Distrito Federal entre 2000 y 2005; las coyunturas que protagonizó como candidato a la presidencia de México por la Coalición Por el Bien de Todos, en el marco del Proceso electoral presidencial del 2006, como lo fueron los Videoescándalos, el desafuero, las controversias en la campaña y las acusaciones de fraude electoral contra Felipe Calderón.
Después habría de convertirse en figura crítica de este último, siguiendo una estrategia de divulgación de su proyecto político recorriendo la totalidad de los municipios del país. Esto lo llevó a constituir en 2011 una asociación civil (Morena) que respaldara su candidatura y movilizara a la gente en pos de una eventual defensa del voto. Fue candidato por la coalición Movimiento Progresista en las elecciones del 2012, sin embargo, y con un impacto menor de la elección anterior, en esta ocasión las acusaciones de irregularidades se centraron en la compra masiva de votos y el uso ilegal de recursos económicos o mediáticos en favor de Enrique Peña Nieto. Eventualmente sería presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de 2015 a 2017. Sus elevados niveles de popularidad y el enfoque social de su proyecto, se conjuntaron con el descontento general provocado por la serie de problemáticas acarreadas en los últimos tres gobiernos (violencia y corrupción), para obtener su triunfo en las elecciones federales de 2018, como el candidato más votado en la historia. Postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).
En su faceta de escritor, ha publicado diecisiete libros desde 1986; en la que refleja de manera general diagnósticos sociales, enfoques políticos de la realidad del país, las coyunturas electorales en las que se vio involucrado, y la correlación de los acontecimientos históricos del país con las estructuras vigentes de la sociedad, la economía y el régimen político. También dichas obras han funcionado como plataforma de difusión de sus propuestas electorales. Ha situado sus influencias literarias en Carlos Pellicer Cámara y León Tolstói.
Es hijo primogénito de Andrés López Ramón y de Manuela Obrador González, comerciantes tabasqueños y veracruzanos. Su abuelo materno llegó como exiliado a México procedente de Ampuero, municipio de Cantabria, España, y su abuela materna era hija de españoles provenientes de Asturias. Por parte de sus abuelos paternos, es de ascendencia indígena y africana.
Estudió primaria en la escuela "Marcos Becerra", la única del pueblo, y por las tardes ayudaba a sus padres en la tienda «La Posadita». A mediados de la década de 1960, la familia se mudó a Villahermosa, donde instaló la tienda de ropa y zapatos «Novedades Andrés». Ahí, cursó la secundaria y la preparatoria. A los 19 años, se mudó a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en ciencias políticas y administración pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1973 a 1976, y presentó su tesis en 1987, titulada Proceso de formación del Estado nacional en México 1824-1867, tras haber ocupado varios cargos dentro del gobierno del estado de Tabasco y de la administración del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en esa entidad.
En su época universitaria, vivió en la «Casa del estudiante tabasqueño», en la calle Violeta de la colonia Guerrero (delegación Cuauhtémoc, hoy alcaldía Cuauhtémoc). Esa institución era financiada por la administración del gobernador de Tabasco, Mario Trujillo García, y, por gestiones del poeta Carlos Pellicer Cámara, a quien López Obrador empezó a tratar; hubo empatía entre ambos, porque el joven le planteó su preocupación por los indígenas chontales, el poeta lo invitó a su campaña para obtener un escaño en el Senado, en las elecciones de 1976. Otro personaje que influyó en su trayectoria política fue su maestro universitario Enrique González Pedrero.
Se afilió a mediados de la década de 1970 al Partido Revolucionario Institucional (PRI), para colaborar en la campaña del poeta Carlos Pellicer al senado de la República, en representación del estado de Tabasco, obteniendo la curul como candidato externo del PRI en las elecciones de 1976. Fue director de Estudios Sectoriales de la Secretaría de Promoción del estado de Tabasco e impartió cursos de pedagogía en la Universidad Autónoma de Tabasco (UAT). Estuvo al frente del Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca y colaboró en la Coordinación general del Plan Nacional de Zonas deprimidas y grupos marginados.
En 1977 fue nombrado por el gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa Wade, como delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista (INI), encargo en el que se mantuvo por cinco años. Destacando de sus funciones, en esos años de residencia en Nacajuca, el haber enseñado a los indígenas a cultivar la tierra en «camellones» sobre pantanos, dicho vínculo le redituaría apoyo en esa zona en los inicios de su carrera política.
El 30 de marzo de 1980 se casó con Rocío Beltrán Medina, a quién conoció en la UAT un año antes, mientras daba clases de sociología en la escuela de ciencias de la educación. En 1982 nació su primer hijo, José Ramón López Beltrán. Ese mismo año fue coordinador de la campaña de Enrique González Pedrero a la gubernatura de Tabasco por el Partido Revolucionario Institucional. Luego de tomar posesión, el gobernador González Pedrero lo designó titular del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES) del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI.
A principios de 1983 fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, cargo al que renunció en noviembre del mismo año por conflictos con algunos sectores del partido, debido a las intenciones de López Obrador de «formar comités de base para transparentar el ejercicio presupuestal de las alcaldías», algunos militantes acusaron que Andrés Manuel buscaba «difundir ideas socialistas en las comunidades».
En 1984 viajó al Distrito Federal para asumir la Dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor. Fue maestro en el Instituto de formación política del PRI, y coordinó el seminario Tabasco en el desarrollo político de México y la publicación El revolucionario tabasqueño.
En 1986 sacó su libro Los primeros pasos, Tabasco, 1810-1867. En 1987 presentó su tesis de licenciatura y nació su segundo hijo, Andrés Manuel López Beltrán. En 1988 presentó su segundo libro Del esplendor a la sombra: La república restaurada, Tabasco, 1867-1976.
En 1988 se unió a la Corriente Democrática, una facción del Partido Revolucionario Institucional que se opuso al tradicional método de selección de la candidatura presidencial, a la eventual candidatura de Carlos Salinas de Gortari para las elecciones de 1988 y la nueva política económica neoliberal adoptada por el gobierno de Miguel de la Madrid; dicho movimiento se posicionó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exgobernador de Michoacán y fundador de la facción junto a Porfirio Muñoz Ledo. La Corriente Democrática derivó en el Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición de partidos de izquierda que postularon a Cárdenas como candidato presidencial y a López Obrador como candidato a la gubernatura de Tabasco. Renunció a su militancia priista y buscó convertirse en gobernador de Tabasco, respaldado por el Partido Mexicano Socialista (PMS), el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) para las elecciones estatales de Tabasco de 1988, obteniendo solo el 20.9% de los votos emitidos y perdiendo ante el candidato del PRI, Salvador Neme Castillo, con 78.3% de los sufragios a su favor.
Después del proceso electoral, el FDN denunció la expulsión de sus representantes de las casillas, la adulteración de muchas actas electorales y el relleno de urnas. El Frente exigió la anulación de los comicios, mientras que López Obrador realizó una gira por el estado para alertar de «el clima de autoritarismo y represión», días después la policía estatal desalojó con violencia los plantones que los frentistas habían establecido en algunos municipios, a la vez que ocurrían desapariciones forzadas y detenciones ilegales.
En 1989 el Frente Democrático Nacional se consolida formando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y López Obrador se convierte en presidente del partido en el estado de Tabasco.
En 1990 presentó su tercer libro: Tabasco, víctima de un fraude, en que acusa de fraudulentas a las elecciones de Tabasco de 1988, en las cuales había perdido la gubernatura. En 1991 nace su tercer hijo, Gonzalo Alfonso López Beltrán.
Tras las elecciones estatales en Tabasco de 1991, en que se renovaron las alcaldías de la entidad, López Obrador acusó que hubo fraude en seis municipios en que triunfó el PRI y en los que el PRD consideraba que había ganado, entre ellos Nacajuca, Cárdenas y Macuspana. Como dirigente estatal del partido, Andrés Manuel decidió realizar una protesta denominada Éxodo por la Democracia, en la que encabezó una marcha a pie que inició en Villahermosa —capital de Tabasco— el 25 de noviembre de 1991, con la intención de llegar a la Ciudad de México durante la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el gobierno de El Salvador y el Frente Democrático Revolucionario. La marcha concluyó en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México el 11 de enero de 1992, con un discurso ante 40 mil simpatizantes.
Tras una negociación con el secretario de gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, se acordó la anulación de las elecciones en algunos de los municipios de Tabasco. A dos semanas de haber concluido el Éxodo por la Democracia, el 28 de enero de 1992, el gobernador de Tabasco, Salvador Neme Castillo, renunció a su cargo debido a la presión política derivada de la protesta de Andrés Manuel, siendo sustituido por Manuel Gurría Ordóñez como gobernador interino. El 31 de mayo López Obrador deja la dirigencia estatal del PRD en Tabasco para apoyar la candidatura de Heberto Castillo como gobernador de Veracruz.
Volvió a ser candidato a la gubernatura de Tabasco en las elecciones estatales de 1994, respaldado por el PRD. López Obrador obtuvo el segundo lugar en los comicios, con 38.7% de los sufragios a su favor, siendo derrotado por el candidato del PRI, Roberto Madrazo Pintado, que obtuvo el apoyo del 57.5% de los votos.
Andrés Manuel acusó de fraudulentas a estas elecciones, argumentando que su opositor había, entre otras irregularidades, rebasado el tope de gastos de campaña, así como incongruencias en el conteo del 70% de las casillas instaladas y la caída del Programa de Resultados Electorales del Estado de Tabasco en tres ocasiones. Santiago Creel y José Agustín Ortiz Pinchetti, consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral concordaron en la existencia de irregularidades en 78% de las casillas. El Comité de Derechos Humanos de Tabasco declaró a las elecciones como «una perfecta farsa implementada por el PRI-gobierno para aparentar unas elecciones libres que nunca se dieron». Madrazo Pintado defendió su triunfo y rehusó dialogar con el PRD considerando que «el PRI no compitió para negociar la voluntad popular».
Los perredistas instalaron un plantón permanente en la Plaza de Armas de Villahermosa, para evitar la toma de posesión de Roberto Madrazo como gobernador. El 31 de diciembre de 1994, Madrazo rindió protesta, pero no pudo entrar al Palacio de gobierno hasta finales de enero debido a las manifestaciones. El 22 de abril de 1995, López Obrador inició la Caravana por la Democracia, una marcha a la Ciudad de México similar al Éxodo por la Democracia realizado por él mismo cuatro años antes. El candidato del PRD demandó la anulación de los comicios y el establecimiento de un gobierno interino, petición a la que se sumaron el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido del Trabajo (PT). La Caravana por la Democracia defendió otras políticas nacionales, como la oposición a la privatización de PEMEX, bloqueando el acceso a varios pozos petroleros. Las manifestaciones derivaron en la renuncia del secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, tras negociar sin éxito la renuncia de Madrazo para acabar con las protestas. La Caravana por la Democracia convirtió a López Obrador en uno de los políticos más populares del PRD y le permitió conocer a funcionarios del gobierno del Distrito Federal que lo acompañarían como jefe de Gobierno, entre ellos Marcelo Ebrard.
En 1996 publicó su cuarto libro: Entre la historia y la esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco, en que habla de las elecciones de 1994 en ese estado y de la Caravana por la Democracia.
El 17 de abril de 1996 inició su campaña por la presidencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) contendiendo con Heberto Castillo y Amalia García. Ocupó el cargo de presidente del PRD del 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999. Durante su gestión el partido tuvo el mayor incremento de presencia en la política nacional desde su fundación. Se convirtió en la segunda fuerza política de la Cámara de Diputados con 125 de los 500 curules de la LVII Legislatura bajo su control tras las elecciones legislativas de 1997. Ese año, en las elecciones del Distrito Federal, el PRD logra colocar a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como primer jefe de Gobierno de la capital con el 48% de los sufragios a su favor y consigue la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, siendo el primer triunfo relevante del partido desde su creación.
En 1998 el PRD ganó las elecciones estatales de Tlaxcala en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), logrando que Alfonso Sánchez Anaya se convirtiera en gobernador con el 46.5% de los votos a favor. Ese año el partido gana las elecciones estatales de Zacatecas, convirtiendo a Ricardo Monreal Ávila en gobernador con el 44.0% de los sufragios a su favor. En 1999 el PRD triunfa en las elecciones estatales de Baja California Sur en alianza con el Partido del Trabajo, haciendo a Leonel Cota Montaño gobernador del estado con el apoyo del 55.9% de los votos.
En 1999 López Obrador publicó su quinto libro, titulado Fobaproa, expediente abierto: reseña y archivo, en el que critica la implementación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) tras la crisis económica de 1994 y su transformación en deuda pública en 1998.
El 29 de marzo de 2000, López Obrador se inscribió como candidato del PRD para la elección de jefe de Gobierno del Distrito Federal. Los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron de ilícita la candidatura, pues la ley electoral del Distrito Federal requiere que los candidatos tengan un mínimo de cinco años de residencia en la entidad, requisito que estos partidos consideraban que López Obrador no cumplía. Andrés Manuel declaró que la controversia «viene desde muy arriba» y que algunos de los consejeros electorales que se oponían a su candidatura actuaban por petición de la Secretaría de Gobernación, opinando que «nos quieren ganar a la mala, pero no voy a permitir que se violen mis derechos ciudadanos». El 12 de abril de 2000 el Instituto Electoral del Distrito Federal decidió validar su candidatura.
Fue postulado a la elección del Distrito Federal de 2000 para jefe de Gobierno por la coalición Alianza por la Ciudad de México, conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), el partido Convergencia por la Democracia, el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) y el Partido Alianza Social (PAS). Marcelo Ebrard, candidato al mismo cargo por el Partido de Centro Democrático (PCD), declinó su postulación en favor de López Obrador el 16 de marzo, integrándose este partido a la coalición encabezada por el PRD. Durante su campaña, López Obrador destacó por sus críticas al Fobaproa y al diputado y excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, por «haber recibido del gobierno unos terrenos en Punta Diamante, Acapulco, a cambio de su voto como dirigente de los diputados panistas en 1992 a favor de la quema de los paquetes electorales de la cuestionada elección de 1988». El 2 de julio de 2000, López Obrador ganó la elección para la jefatura de gobierno del Distrito Federal con el apoyo del 37.7% de los votos emitidos, contra 33.4% de su más cercano rival, Santiago Creel del PAN.
Andrés Manuel López Obrador asumió la jefatura de gobierno del Distrito Federal el 5 de diciembre de 2000, electo para un periodo de seis años. Durante su mandato destacó por realizar ruedas de prensa todos los días a las 6 de la mañana a partir del 31 de mayo de 2001 para contestar las preguntas de los medios de comunicación, además de realizar dos consultas públicas para que la población eligiera si continuaba o no en el mandato, en ambos casos consiguió más del 90% de apoyo.
El 5 de diciembre de 2001 López Obrador anunció la construcción de un viaducto elevado gratuito por encima del Anillo Periférico del Valle de México, obra denominada como Segundo Piso. El 28 de julio de 2002 inició el proceso de licitación y el 22 de septiembre, debido a las críticas del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y varias asociaciones de vecinos, la construcción de la obra fue sometida a plebiscito, resultando en la aprobación popular del segundo piso. El 30 de septiembre iniciaron formalmente las obras. La primera etapa del proyecto consistió en un distribuidor vial en Avenida San Antonio, al oeste de la ciudad, concluida el 6 de junio de 2003 y la segunda etapa conectó la calle Benvenuto Cellini con San Jerónimo, inaugurada el 23 de enero de 2005. El 19 de junio de 2005 el jefe de Gobierno inauguró la primera línea del Metrobús de Ciudad de México, construida sobre la Avenida de los Insurgentes, con una ruta inicial de 19.5 kilómetros y 36 estaciones.
El 12 de enero de 2003 fallece su esposa, Rocío Beltrán Medina, por un paro respiratorio derivado de la enfermedad de Lupus, que llevaba varios años padeciendo. Ese año la encuestadora Parametría estima el nivel de aprobación del mandato de López Obrador en 86%. Los encuestados consideran en su mayoría que el jefe de Gobierno «cumple sus promesas» y «ha hecho más de lo que se esperaba».
En 2004 publicó su sexto libro: Un proyecto alternativo de nación: Hacia un cambio verdadero, en que esboza veinte propuestas que considera deben ser planteadas en las elecciones federales de 2006 por quién sea el candidato presidencial del PRD.
López Obrador estableció un programa de pensiones para adultos mayores de 70 años, el cual inició su operación el 19 de abril de 2004, con 385 mil beneficiarios que recibieron inicialmente 668 pesos mensuales. Creó programas de asistencia para madres solteras, personas discapacitadas, desempleados, productores rurales, microempresarios, atención médica y medicamentos gratuitos para familias sin seguridad social y útiles escolares para estudiantes. Realizó 126 mil acciones de vivienda para resarcir los daños del sismo de 1985 que aún se encontraban en la entidad, construyó 16 nuevas preparatorias en las zonas más marginadas del Distrito y fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Construyó un Hospital de Especialidades Público después de casi 20 años que no se abría un hospital público, dio mantenimiento a avenidas que no lo tenían desde hace 25 años, construyó 2 distribuidores viales, 7 puentes y 1 avenida nueva. Aplicó un programa de austeridad para terminar con los privilegios políticos y bajó el sueldo de altos funcionarios, incluyéndose.
Las políticas sociales de López Obrador fueron criticadas por sus opositores como «populistas» y dedicadas a impulsar «su imagen política a costa del presupuesto público», aunque estas propuestas fueron usadas años más tarde por los partidos y personas que las criticaron y algunas se implementaron hasta a nivel nacional. Andrés Manuel se ha defendido afirmando que «es un truco de la derecha llamarle populismo o paternalismo a lo poco que se le da a los pobres», ya que invirtió 65 mil millones de pesos es este ámbito, cifra que no se registró en ninguna otra parte de la república. El presidente Vicente Fox —en referencia a las medidas del jefe de Gobierno— dijo el 26 de febrero de 2005: «Cuidado con el populismo, cuidado con la irresponsabilidad en el gasto público, cuidado con el paternalismo y el corporativismo, el uso partidista de los recursos».
Como jefe de Gobierno del Distrito Federal, sus niveles de aprobación fueron los más altos registrados en dicha entidad, y alcanzó evaluaciones anuales de desempeño por encima del 85 por ciento de aprobación de los ciudadanos. Además, en una encuesta de la fundación londinense City Mayors lo calificaron como el segundo mejor alcalde del mundo.
En cuestión de seguridad, durante el mandato de López Obrador la tasa de homicidios dolosos en el Distrito Federal por cada 100 mil habitantes bajó de 9.01% en 2001 a 7.77% en 2005; en el año 2000 se reportaron 807 casos de este delito y en 2005 bajó a 698 casos.
Durante su mandato la tasa de secuestro se mantuvo estable, evitando el crecimiento acelerado registrado anteriormente, por cada 100 mil habitantes bajó de 1.65% en 2001 a 1.15% en 2005; en el año 2000 hubo 141 denuncias por este delito y en 2005 bajó a 103.
La extorsión creció durante los gobiernos posteriores, no obstante hubo 3 registros de disminución por un periodo de tiempo durante el mandato de Andrés Manuel. Durante su mandato por cada 100 mil habitantes de 2.27% en 2001 aumentó a 5.22% en el año 2005, la cantidad de denuncias pasó de 222 en el año 2000 a 469 en 2005.
El robo de vehículos con violencia bajó de 18 069 denuncias en 2000 a 11 594 en 2005, siendo una reducción del 32.7%. El robo con violencia a transeúntes se redujo de 49 493 casos reportados en 2000 a 19 719 en 2005.
En el aspecto económico, el producto interno bruto (PIB) del Distrito Federal creció de 1.17 billones de pesos en 2001 a 1.61 billones de pesos en 2005.
La inversión extranjera en la entidad bajó de 10 211 millones de dólares en 2001 a 3 485 millones en 2003 y aumentando a 6 239 millones de dólares en 2005 y siendo la mayor inversión que ha registrado la entidad en su historia, atrayendo 30 mil 795 millones de dólares que representaban el 57.8% del total nacional, aunque al final de su mandato la inversión bajo, pero esta se produjo por la compra de Banamex efectuada por Citigroup en 2001 y de Bancomer.
La deuda pública del Distrito Federal se incrementó de 32 788 millones de pesos en 2001 a 41 439 millones en 2005 (teniendo una baja en comparación de 2004) y siendo el incremento más bajo y controlado registrado en la ciudad.
Pese a esto, organismos internacionales como Fitch, Moody's y Standard & Poors le dieron la máxima calificación positiva a la capacidad financiera del líder, al otorgar a la deuda capitalina el rango Triple A.
La tasa de desempleo entre la población económicamente activa por cada 100 mil habitantes aumentó de 3.9% en 2001 a 5.6% en 2005, aunque en su gobierno se registró el nivel de desempleo más bajo en la historia de la ciudad hasta 2017 (3.9% en 2001 y 2002). El índice de pobreza bajó de 5.8% en 2001 a 5.4% en 2005.
El 9 de noviembre de 2000, el gobierno del Distrito Federal —encabezado por Rosario Robles— decretó la expropiación de una parte del predio El Encino, ubicado en el distrito financiero de Santa Fe, delegación Cuajimalpa, propiedad de Federico Escobedo y de la empresa Promotora Internacional Santa Fe para construir una ampliación a las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández, a fin de facilitar el acceso al hospital ABC y a la Unidad Cuajimalpa (UAM-C) de la Universidad Autónoma Metropolitana. En marzo de 2001, durante el mandato de López Obrador, la empresa interpuso un amparo en contra de la construcción de la vialidad y demandó al gobierno del Distrito Federal por la expropiación del predio. Ese mes, el juez Álvaro Tovilla León ordenó al gobierno de la capital detener los trabajos de construcción, sin embargo, el 17 de agosto Escobedo interpuso una denuncia por el incumplimiento de la orden judicial, por lo que el juez reiteró la orden de cancelar la construcción el 30 de agosto y el 13 de febrero de 2003 solicitó que se retirara de la maquinaria de construcción presente en el predio. El gobierno del Distrito Federal respondió afirmando que había dejado la obra desde la primera orden judicial y en ningún momento había continuado con la construcción de la vialidad.
En 2004 la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó su facultad de atracción para encargarse del caso, acusó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de desacato a una orden judicial y el 18 de mayo solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia para determinar si el gobernante capitalino debía perder su fuero — figura jurídica que establece que algunos gobernantes no pueden ser sometidos a juicio a fin de que el proceso penal no les impida ejercer su encargo público —. El 3 de junio el gobierno del Distrito Federal recibió la notificación del caso, del 7 de julio al 6 de agosto se realizó el ofrecimiento de pruebas de ambas partes y del 22 de septiembre al 1 de febrero de 2005 se realizó el desahogo de pruebas.
El proceso de desafuero contra López Obrador causó polémica a nivel nacional, existiendo sectores de la población que consideraron que el presidente Vicente Fox «trataba de impedir con dicha maniobra que López Obrador fuera candidato presidencial en las elecciones del 2006». En agosto de 2004, una encuesta realizada por Parametría a nivel nacional determinó que el 40% de la población del país se oponía al desafuero, mientras que 29% lo respaldaba (40% de la ciudadanía lo consideraba injusto, mientras que 30% aceptaba el procedimiento como justo). Una encuesta realizada por Reforma en julio del mismo año en el Distrito Federal mostró que el 65% de la población de la capital estaba en contra del desafuero y que 63% consideraba el procedimiento injusto.
El tema fue polémico y provocó un enfrentamiento entre el Gobierno de la República y el de la ciudad. Al estar sujeto a un proceso legal inhabilitaba a López Obrador para registrarse como candidato a la presidencia de México.
El 7 de abril de 2005 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó retirar la inmunidad judicial al jefe de Gobierno. La votación resultó así: 360 votos a favor (del PRI y del PAN), 127 en contra (PRD, Convergencia, PT) y dos abstenciones (de entre las que destacaba la de la panista Tatiana Clouthier, hija de quien fuera candidato a la presidencia por el PAN en 1988, Manuel Clouthier).
El día anterior a la votación López Obrador había anunciado que dejaría de ejercer las funciones propias de su cargo para preparar su defensa y convocó a un mitin de protesta en el Zócalo de la Ciudad de México para el 24 de abril. A partir de entonces López Obrador comenzó una campaña que denominó de "resistencia civil" contra su posible marginación de la elección presidencial. Declaró que se trataba de una estrategia del gobierno federal para bloquear su candidatura.
El PRD cerró filas en su apoyo, incluyendo a Cuauhtémoc Cárdenas y al exmilitante Porfirio Muñoz Ledo, así como Bertha Maldonado (ex publicista de Vicente Fox) y los escritores Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis. Como parte de su resistencia, López Obrador se declaró dispuesto a ir a la cárcel, aun cuando tenía derecho a salir bajo fianza.
El 20 de abril de 2005 el Ministerio Público Federal (MPF) fijó una fianza de 2000 pesos (unos 180 dólares entonces). Esta fue pagada, sin conocimiento ni consentimiento de López Obrador, por dos diputados locales del PAN (C. Gabriela Cuevas y C. Jorge Lara). En conferencia de prensa afirmaron que pagaron la fianza de buena fe y para impedir que López Obrador se hiciera "la víctima".
Este hecho fue denunciado por el grupo del PRD en la ALDF como una maniobra política para inutilizar la capacidad de defensa del inculpado. Al pagar la fianza por un delito donde no había un detenido consignado o remitido al MPF, se impedía al acusado ser partícipe y testigo de la consignación del expediente y se le dejaba sin posibilidad de enfrentar el proceso penal, lo que lo descartaba como aspirante a la presidencia de la República. La fianza fue cancelada por el juez. El 22 de abril, el juez Juan José Olvera López negó a la PGR la orden de presentación en contra de López Obrador debido a las irregularidades cometidas por el Ministerio Público al decretar la libertad bajo caución de López Obrador, cuando este no se encontraba detenido ni había orden de aprehensión en su contra. Esta acción, en parte, dio pauta a que el 4 de mayo la PGR pudiera cambiar su posición inicial para acabar concluyendo que "a pesar de que está acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador en el delito que se le atribuye, actualmente no se tiene una pena exactamente aplicable al caso", hecho que cerró el expediente.
Como preámbulo al cambio de posición de la PGR, el 27 de abril el vocero presidencial, Rubén Aguilar, planteó por primera vez la necesidad de dar una salida política al conflicto. Horas después Rafael Macedo de la Concha presentó su renuncia al cargo de Procurador General de la República, alegando que "no había sido, ni seré obstáculo para que el Presidente de nuestro país tome las decisiones que como jefe del Estado mexicano le corresponden". Daniel Cabeza de Vaca, quien sustituyó a Macedo, informó poco después de tomar posesión del desistimiento de la acción penal en contra de López Obrador.
El Secretario de Gobierno del Distrito Federal; José Agustín Ortiz Pinchetti dijo ante el caso, que él mismo había girado la orden para suspender los trabajos de construcción y acusó al gobierno federal de pretender hacer un "uso sucio y faccioso de la ley" con fines políticos, sin embargo después de las quejas de los inconformes, un juez de Distrito consideró, en forma unilateral, que la orden judicial se desacató, por lo menos, temporalmente.
Después de los diferentes acontecimientos, como el proceso de desafuero, López Obrador logró llegar a la contienda electoral en solitario, ya que su supuesto rival en la elección interna de su partido, Cuauhtémoc Cárdenas, declaró que no intentaría contender por alguna candidatura. Inició su precampaña el 11 de agosto de 2005 con sus «50 compromisos básicos ante el pueblo de México». Durante su precampaña, misma que culminó el 10 de diciembre de 2005, visitó los 31 estados de la República y las 16 delegaciones del DF.
López Obrador tomó protesta como candidato de la Coalición Por el Bien de Todos y obtuvo su registro como candidato ante el Instituto Federal Electoral, comenzando su campaña en Metlatónoc, Guerrero, el municipio más pobre del país.
En esta elección sus rivales fueron Felipe Calderón Hinojosa por el Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Madrazo Pintado por la Alianza por México, Patricia Mercado por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y Roberto Campa Cifrián por el Partido Nueva Alianza (PANAL).
Una campaña de miedo, centrada entre él y el candidato Felipe Calderón Hinojosa, aumentó su nivel de confrontación en los promocionales de televisión, causando conflictos en el seno del Instituto Federal Electoral donde se pidió la suspensión de los promocionales. Hubo polémicas por la censura de algunos de sus spots por el IFE, ya que este no permite la transmisión de estos, aunque cumplían con los lineamientos necesarios.
En el mes de abril López Obrador se adelanta como el favorito en las encuestas con el 38% de las preferencias frente el 34% de Felipe Calderón. Ese mismo mes, el Instituto Federal Electoral aprueba una campaña propagandística diseñada por el Partido Acción Nacional en la que a través de spots de radio y televisión se utiliza la frase: "López Obrador, un peligro para México". Los anuncios en televisión iban acompañados de imágenes en donde se comparaba a López Obrador con el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. En junio de 2006, la periodista Denisse Maerker entrevistó a Felipe Calderón en el programa Punto de partida. Al cuestionarle respecto a la campaña negativa contra López Obrador, Calderón respondió: «Ya si ganó, Denisse, como dicen en mi tierra, haiga sido, como haiga sido (sic)».
Además de la campaña del Partido Acción Nacional, el Instituto Federal Electoral permitió la difusión de spots televisivos al Consejo Coordinador Empresarial en cuyos promocionales se decían frases como; “defendamos lo que hemos logrado, apostarle a algo distinto es retroceder”. haciendo referencia a una probable victoria del candidato López Obrador. Mediante la campaña "Ármate de valor, y vota" utilizaron la imagen de Hugo Chávez gritando la frase: "Socialismo o muerte" para después completar con la cita: En México no necesitas morir para definir tu futuro, solo vota".
El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios también lanzó algunos spots que significaron 130 millones de pesos en mensajes de televisión con tintes políticos, en donde advertían "los riesgos a la democracia", que representaba no reconocer, eventualmente, un resultado electoral. Al respecto, analistas determinaron que al intervenir empresas particulares directamente en la campaña a favor de un candidato en especial y en contra de otro, cediendo espacios televisivos con fines políticos, se violaban las leyes electorales. Además de empresarios particulares, organizaciones registradas también influyeron en la campaña mediante spots de televisión, entre ellas destacan Sabritas, Jumex y Pepsi quienes de acuerdo al IBOPE (industria de comunicación dedicada a medir audiencias) gastaron $16,496,800 pesos ($1,499,709 USD) en propaganda indirecta en la que se utilizaron frases como "tengo las manos limpias" que fue el eslogan de campaña de Felipe Calderón, o en el caso de Jumex diseñar una campaña de publicidad subliminal en la que utilizaban transiciones de video y tipografías idénticas a las usadas en los spots de Felipe Calderón.
Víctor González Torres (dueño de las llamadas farmacias Similares, en México), en un inicio disputaba la candidatura del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, pero perdió frente a Patricia Mercado. Después de ello, decidió contender a la presidencia como candidato independiente pidiéndole al electorado que escribiera su nombre en el recuadro en blanco que apareció en la parte inferior de la boleta electoral. Sin embargo, la postura mediática de González Torres se inclinó a compararse a sí mismo con Andrés Manuel López Obrador mediante spots televisivos en los que calificaba a su adversario como populista y radical.
Todos los spots, tanto de particulares o los emitidos en la campaña de Víctor González Torres, fueron permitidos y no penalizados por el Instituto Federal Electoral.
De acuerdo al politólogo Noam Chomsky una de las estrategias de manipulación mediática hace referencia a los medios de comunicación como creadores de emociones. En este caso se implantó el miedo y la confusión para que al sembrarse en la mente del electorado mexicano, éstos influyeran en sus decisiones de voto.
López Obrador insistió en una campaña basada en mítines populares, apoyado a su vez en las redes de promoción del voto a cargo de Manuel Camacho Solís. Confiando así en sus encuestas internas, decidió no participar en el primer debate de candidatos realizado en mayo.
Aumentaría su presencia en los medios a través de promocionales de televisión y de entrevistas a las que se había negado, además de promover desde su campaña un programa de televisión, La Otra Versión en TV Azteca. Luego, participaría en el segundo debate, donde difundió datos sobre contratos de servicios que beneficiaban a empresas del cuñado de Felipe Calderón Hinojosa, Diego Hildebrando Zavala, en PEMEX y en el IFE, provocando una discusión sobre la veracidad de las acusaciones.
El 29 de junio de 2006 tendría su último acto de campaña en el Zócalo del Distrito Federal, en una masiva movilización.
El 2 de julio de 2006, al concluir la votación, Luis Carlos Ugalde anunció que el conteo rápido no podía definir a un ganador. El 6 de julio, luego del conteo de las actas seccionales en cada distrito electoral, el fallo del IFE determinó que el candidato con mayor número de votos era Felipe Calderón Hinojosa. Este resultado fue turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien resolvió las impugnaciones presentadas por los partidos y emitió un fallo definitivo sobre las elecciones a favor de Felipe Calderón Hinojosa, con lo que este pasó a ser presidente electo de México.
López Obrador y grupos afines se declararon inconformes con los resultados del conteo general realizado el día de la elección, así como del conteo por actas llevado a cabo el 5 de julio, alegando la existencia de un fraude electoral. Así comenzó una campaña ante la opinión pública que solicitaba un segundo conteo de todos los votos en todas las casillas. El TEPJF resolvió abrir solo una fracción del total de las casillas, negando la solicitud formal hecha por la CPBT, de abrir la totalidad de los paquetes electorales.
El 9 de agosto comenzó el recuento parcial de los votos en 11.839 casillas, el 9 % del total de paquetes electorales correspondientes a la elección para Presidente de la República. Los resultados del conteo fueron congruentes con los preliminares y los aparecidos en actas. El margen de ventaja entre el candidato que obtuvo el mayor número de votos y el segundo lugar había sido de apenas 250 mil votos y, luego de la anulación de algunas casillas impugnadas por la CPBT, este margen se redujo a 230 mil votos. Con esta diferencia de votos a favor de Felipe Calderón Hinojosa, el Tribunal decretó la validez de la elección. Antes de la anulación de algunas casillas ordenado por el TEPJF, como resultado del recuento del 9.2% del total de casillas de la elección, en los primeros días, la Coalición informó que durante el recuento habían recuperado 112 votos a su favor, mientras que el PAN y su candidato Felipe Calderón Hinojosa, habrían perdido 14,140 votos, tan solo en ese recuento parcial sobre el 9.2%, así como que se habían recontado mucho menos paquetes electorales de los supuestos 11 839. Mientras que en el 96% de estas casillas se detectó que había votos de más o votos faltantes sin razón aparente. Sin embargo el Tribunal en su sentencia advirtió:
El Consejo Coordinador Empresarial fue también apercibido debido a su campaña en medios en contra de López Obrador.
López Obrador y los partidos que apoyaron su candidatura han señalado que hubo un fraude en las elecciones del 2 de julio de 2006. Sin embargo, los recursos de inconformidad presentados por la CPBT fueron desechados por el TEPJF, al considerar que las irregularidades que se presentaron no pudieron haber alterado el resultado de la elección, como asienta en su fallo final. El dictamen fue muy cuestionado por parte de los seguidores de López Obrador, bajo el argumento de que el número de casillas que presentaron irregularidades justificaba un nuevo conteo, dado el escaso margen de diferencia entre los votos que habría obtenido Calderón y López Obrador (poco más de medio punto porcentual). Según una encuesta ordenada por el Instituto Federal Electoral a la empresa Parametría, más de la mitad de los mexicanos piensa que las elecciones fueron válidas, aunque casi una tercera parte cree que hubo algún tipo de fraude.
Los partidos de la Coalición tienen la convicción de que un recuento total pudo haber revertido el resultado. La ley electoral prevé que los materiales electorales sean incinerados cierto tiempo después del proceso electoral, sin embargo, el mismo día del fallo del Tribunal, López Obrador declaró que no permitiría la destrucción de las boletas electorales, como es mandato legal para el IFE, debido a que, en su interpretación, esta acción tendría como objeto de «borrar las huellas del fraude del 2 de julio».
El 5 de septiembre el Tribunal Electoral emitió un fallo inapelable en favor de Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN, a pesar de las irregularidades presentadas y contempladas por este mismo organismo, con lo que Felipe Calderón Hinojosa se convirtió en presidente electo de México. Ante la sentencia del Tribunal, López Obrador y sus seguidores se mostraron inconformes y el Consejo Ciudadano de la Resistencia Civil convocó a una Convención Nacional Democrática para protestar en contra y desconocer el fallo del Tribunal. Durante tres meses López Obrador y sus seguidores instalaron un «campamento permanente», impidiendo el tránsito vehicular en su totalidad por la Avenida Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la Capital, esto con la intención de presionar a las autoridades a llevar a cabo un recuento de los votos. El campamento fue cuestionado, pues el mismo López Obrador había promovido durante su gestión como jefe de Gobierno el llamado Bando 13, en el que se prohibían las protestas que afectaran la movilidad vehicular en las principales vías de la Ciudad. Además, el jefe de Gobierno sustituto Alejandro Encinas fue criticado por la oposición por su presunta inacción para resolver el problema causado por este tipo de manifestación, pues había expresado su apoyo al candidato presidencial.
Al desconocer el resultado electoral y su ratificación por parte del Tribunal, López Obrador declaró en un mitin de protesta que:
Al definir la estrategia a seguir, López Obrador precisó que lo primero será avanzar en la revolución de conciencia y de mentalidad que ya se inició con la resistencia civil pacífica. Hablo de revolución de conciencia porque todos nos quitaremos las telarañas que nos han metido en la cabeza, hasta el extremo de obligarnos a reconocer decisiones oprobiosas o instituciones que no merecen ningún respeto.
Al no aceptar su derrota oficial, el movimiento encabezado por López Obrador habría de tomar cauces no institucionales. Sus seguidores lo proclamaron presidente legítimo el 16 de septiembre, y rindió protesta por ese cargo en un acto simbólico el 20 de noviembre de 2006.
López Obrador y sus seguidores se han referido al presidente electo de México, Felipe Calderón Hinojosa como «espurio» y «pelele», por considerar su gobierno «ilegítimo». Tomaron la tribuna impidiendo al presidente Vicente Fox dar su discurso anual de actividades. Declararon su intención de sabotear la toma de protesta del presidente constitucional como lo marca la ley, el 1 de diciembre de 2006. Varios personajes importantes del PRD declararon que apoyarían a López Obrador para «no permitir la toma de posesión de Calderón». Cuauhtémoc Cárdenas se ha distanciado de López Obrador, debido a que consideró un error las acciones de castigo a la población emprendidas por López Obrador y sus simpatizantes, además de que cree que su propuesta no es «progresista». De igual forma, ha dicho «Yo estoy muy objetivo, estoy muy claro quién va a tomar el poder y quién lo va a ejercer», refiriéndose a la futura de toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa. Por su parte, Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero (de extracción perredista) declaró con respecto a la toma de protesta de Calderón "Vamos como invitados a un acto institucional, a una ceremonia que establece la propia Constitución". A la vez, este se negó a asistir al evento simbólico de López Obrador el 20 de noviembre. Al igual que Torreblanca, Lázaro Cárdenas Batel se negó asistir al evento de López Obrador y declaró que asistiría a la toma de posesión del presidente electo.
A pesar de todo esto, Calderón tomó protesta del cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de diciembre en un zafarrancho, entre diversos silbidos, enfrentamientos a golpes y empujones entre los diputados.
Dentro de lo que Andrés Manuel López Obrador y sus partidarios llamaron Gobierno Legítimo, elegido a mano alzada en el zócalo por mayoría de sus seguidores en una congregación multitudinaria, se constituyó un equipo de trabajo o gabinete en la sombra como se acostumbra en los regímenes parlamentarios de avanzada en países de Primer Mundo. Los nombramientos de este gabinete, aunque, carecen de validez jurídica o presupuestal; son simbólicos. En él participan algunos ex-colaboradores de la gestión de López Obrador al frente del Gobierno del Distrito Federal, así como otros que todavía son funcionarios del gobierno capitalino, adquiriendo financiamiento por medio de donaciones de ciudadanos a una cuenta bancaria.
Las personas que integran el grupo de colaboradores de López Obrador son: José Agustín Ortiz Pinchetti, Secretaría de Relaciones Políticas; Secretaría de Relaciones Internacionales, Bernardo Bátiz, Secretaría de Justicia y Seguridad; Octavio Romero Oropeza, Secretaría de la Honestidad y Austeridad Republicana; Mario Alberto di Costanzo Armenta, Secretaría de la Hacienda Pública; Luis Linares, Secretaría de Desarrollo Económico y Ecología; Claudia Sheinbaum, Secretaría de Patrimonio Nacional; Bertha Luján Uranga, Secretaría del Trabajo; Martha Elvia Pérez Bejarano, Secretaría para el Estado de Bienestar; Raquel Sosa Elízaga, Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura; Asa Cristina Laurell, Secretaría de Salud; Laura Itzel Castillo, Asentamientos Humanos y Vivienda.
A diferencia de los regímenes parlamentarios, donde el gabinete de sombra ejerce influencia a través de su labor legislativa, en este caso no existe una vía institucional en la ley mexicana para que estas personas puedan influir en el proceso decisorio del Estado, salvo por los mecanismos y libertades de participación ciudadana consagrados en la Constitución.
Recorrió el país y retomó agendas como la fiscal, la ecológica y de derechos humanos junto con sus colaboradores. El 2 de julio de 2007 presentó el libro La Mafia nos robó la Presidencia, sobre su campaña y la elección presidencial.
El 20 de noviembre de 2006, los simpatizantes de López Obrador lo proclamaron «Presidente legítimo» en una concentración en el Zócalo en la Ciudad de México, aunque no se realizó ninguna encuesta formal. La acción fue planeada en otra manifestación, la Convención Nacional Democrática, en la que los partidarios le dieron la denominación. En la Convención, López Obrador pidió el establecimiento de un gobierno y gabinete. Abogó por la abolición o reforma de varias instituciones, argumentando que están deterioradas y corruptas, solicitando cambios en la constitución para garantizar orientar las políticas públicas a un enfoque social.
Después de que sus partidarios lo proclamaran como «presidente legítimo de México», López creó un «gabinete de denuncia» para contrarrestar todas las políticas hechas por el presidente Felipe Calderón. Se esperaba que este «gabinete alternativo» se usara como un mecanismo de presión para las iniciativas del gobierno.
Una encuesta realizada por Grupo Reforma indicó que el 56% de los mexicanos desaprobaba que López se llevara el título, mientras que solo el 19% lo aprobó. Sesenta y tres por ciento de los encuestados también han dicho que el excandidato ha perdido credibilidad. Otras respuestas en la encuesta incluyen el 82% que describe la atmósfera política en México como «tensa», y el 45% de los encuestados culpó al PRD, con solo el 20% culpando al PAN, y el 25% culpando a ambas partes. (La encuesta fue una encuesta telefónica de 850 adultos el 18 de noviembre con un intervalo de confianza del 95% de +/- 3.4% de margen de error ).
En 2008, el PRD celebró elecciones para renovar su liderazgo. El candidato apoyado por López Obrador, Alejandro Encinas Rodríguez, contendió Jesús Ortega. Las denuncias de fraude de ambas facciones detuvieron los recuentos y generaron dudas sobre la legitimidad de las elecciones. Las figuras de los medios comentaron que, mientras López Obrador había usado frases como «fraude», «ilegitimidad» o «corrupción», en las elecciones mexicanas de 2006, las mismas frases se usaban ahora para describir la elección del PRD, y muchos temían que, sin importar el resultado, habría un presidente «legítimo» y un «falso» dentro del partido. De acuerdo con las encuestas de salida realizadas por Mitofsky y la OMI, Encinas ganó con un 5% y un 8% de puntos.
El Congreso mexicano también fue tomado por los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia, el 10 de abril de 2008 debido a su desacuerdo con el gobierno mexicano sobre las discusiones de política energética, alegando que violaron la Constitución. Los seguidores de López Obrador tomaron ambas Cámaras del Congreso y las encadenaron para que nadie pudiera entrar, evitando así la aprobación de leyes secundarias que modificaron el marco legal de la compañía petrolera nacional mexicana, Pemex . Sillas y mesas fueron utilizadas como barricadas. López Obrador solicitó un debate de 4 meses sobre las políticas energéticas y no un debate de 50 días presentado por el PAN, el PRI, el Partido Verde y la Nueva Alianza.
El 24 de febrero de 2008, Andrés Manuel López Obrador acusó al Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de tráfico de influencias beneficiando empresas de su familia con contratos otorgados por PEMEX cuando se desempeñaba como asesor y subsecuente Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía en 2003 y 2004, entregando lo que consideran son pruebas de estos contratos a los coordinadores parlamentarios de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista. El 29 de febrero, Mouriño rechazó tales acusaciones, asegurando que pondrá a disposición de las autoridades toda la información que le sea requerida, aduciendo que dichos contratos fueron celebrados en plena legalidad, calificando además como inmorales y dolosas las acusaciones realizadas por López Obrador y señalando que no debatirá con sus detractores. El 11 de marzo de 2008 decidió responder a las acusaciones.
El 10 de marzo de 2008 Andrés Manuel López Obrador y el partido Convergencia dieron a conocer dos contratos más, los cuales denunciaron mostrarían que la empresa familiar de Mouriño fue beneficiada por el tráfico de influencias.
Sin embargo, ningún partido o personaje que ha hecho estas denuncias presentó denuncia formal de los hechos imputados a Mouriño, solo estando en análisis la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, debido a ello, el 11 de marzo Mouriño envió a la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, todos los documentos relativos a los contratos que firmó como representante legal de la empresa de su familia con Petróleos Mexicanos, iniciando estas dos dependencias las investigaciones correspondientes.
El 13 de marzo, la Cámara de Diputados integró la comisión investigadora del caso, de la que se negaron a formar parte diputados del PRD, PT y Convergencia al no estar de acuerdo con sus objetivos, fue designado presidente de la comisión el Diputado del Partido Verde Ecologista de México, Antonio Xavier López Adame; el 13 de mayo dicha comisión presentó sus conclusiones, exonerando a Mouriño de haber cometido tráfico de influencias y establecimiento que se condujo en apego a derecho.
En 2008, el presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió negociar su propuesta de Reforma petrolera. El 10 de abril, legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) tomaron las tribunas del Congreso, suspendiendo las sesiones en cada Cámara. El 13 de abril de 2008, López Obrador estableció una campaña que autodenominó "en defensa del Petróleo", ante lo que denunció podría ser la posible privatización de la empresa paraestatal PEMEX, para ello convocó a sus simpatizantes a llevar a cabo un mitin frente al Congreso de la Unión, entre otras acciones en una Asamblea General Informativa en el Zócalo capitalino.
Luego de las acusaciones vertidas sobre Mouriño y de lo que llamó probable privatización de PEMEX, Calderón decidió presentar una reforma que evitara temas sustanciales como las asociaciones con empresas privadas para la exploración y explotación de crudo en aguas profundas. El 27 de julio, se llevó a cabo la llamada consulta energética por parte del PRD, en donde se formularon 2 preguntas:
1. Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas?
2. En general, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?
La consulta según el reporte final de Manuel Camacho Solís tuvo una participación de 967 mil 848 personas que, sumados a los realizados en la capital del país, hacen un total de un millón 793 mil 876 ciudadanos. En la primera pregunta, 901 mil 588 estuvieron en contra, mientras que 51 mil 726 estuvieron a favor, 14 mil 534 votos fueron anulados.
En segunda pregunta, 874 mil 517 ciudadanos votaron por el no y 69 mil 881 por el sí, en tanto que se anularon 14 mil 543 votos. El 30 de julio, Marcelo Ebrard entregó al presidente del Senado, el panista Santiago Creel, los resultados de la consulta petrolera.
El 23 de octubre el Senado aprobó por mayoría la reforma petrolera, misma que abría a Pemex a la iniciativa privada, le otorgaba autonomía presupuestal y promovía una política de Estado en materia de hidrocarburos.
El 1 de diciembre de 2013 llama a “cercar pacíficamente” el Senado, en previsión de los inicios de la discusión de la reforma energética. Un día después sufre un infarto al miocardio, por lo cual fue internado de urgencia en el Hospital Médica Sur, grave pero estable y fuera de peligro.
El 25 de julio de 2010 en un discurso en el Zócalo, anunció su participación en las elecciones presidenciales de 2012.
Antes de que el Frente Amplio Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) realizará el proceso de selección interna, López Obrador en entrevista para un periódico La Jornada afirmó: «No pretendemos fundar un partido, buscaremos uno que nos registre de acuerdo a nuestros principios». Señaló que por el momento no hablará acerca de su candidatura para evitar acusaciones anticipadas de campaña.
El 11 de marzo de 2012, en el Teatro Metropólitan, tomó posesión cómo candidato del partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México en el proceso electoral del 1 de julio, uno de los partidos que conforman el Movimiento Progresista.
En las elecciones de 2006, de nuevo se reportó sobre la censura spots que cumplían con los lineamientos emitidos por el IFE.
El 31 de agosto de 2012, Andrés Manuel rechaza el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los recursos legales que presentó sobre posible fraude electoral en el proceso de elecciones el 1 de julio del 2012 al no aceptar como presidente electo a Enrique Peña Nieto, en conferencia de prensa que fue retransmitida por algunos medios, sentenció:
Llamó a los partidarios y a los que se oponen para reunirse el 9 de septiembre y dialogar actividades. Durante esta asamblea en el Distrito Federal, anunció su separación de los partidos del Movimiento Progresista para comenzar la formación de un nuevo partido con Morena.
Una vez concluida la elección, en la que terminó como segundo lugar, López Obrador se abocó en la defensa del sector energético. Realizando consultas, llamados y marchas a fin de convocar a la discusión de la Reforma Energética.
Desde febrero de 2015, Andrés Manuel López Obrador expresó sus intenciones de contender por tercera vez para la presidencia a través de Morena, el partido que fundó. En repetidas ocasiones afirmó que se trataría de su última postulación y que no sería «eternamente» candidato presidencial.
En noviembre de 2017, presentó su «Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024», con la intención de ser candidato presidencial por tercera ocasión, en las elecciones federales de 2018. El 12 de diciembre se registró ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena como precandidato. En un principio se especuló sobre la posibilidad de un frente que agrupara a los partidos de izquierda: Morena, PRD, PT y MC. Sin embargo, López Obrador rechazó cualquier tipo de acuerdo por diferencias políticas. A finales noviembre de 2017, dirigente de Morena y Partido Encuentro Social (PES) anunciaron que estaban en pláticas para formar una posible alianza. Hugo Eric Flores, presidente del PES, afirmó «tenemos dos opciones, ir solos o con Morena». Al día siguiente el partido formalizó una coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) bajo el nombre «Juntos Haremos Historia», siendo López Obrador precandidato de los tres partidos.
El 14 de diciembre, en su primer acto de precampaña, Andrés Manuel presentó su propuesta de gabinete de Estado en caso de ganar la presidencia. Su proposición estaba integrada por ocho hombres y ocho mujeres, entre ellos la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, el diplomático Héctor Vasconcelos, la académica Irma Eréndira Sandoval, el exsecretario de Turismo de la Ciudad de México Miguel Torruco Marqués y el exsecretario de Gobernación y Desarrollo Social durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Esteban Moctezuma.
El 9 de abril de 2017, León Larregui, fundador y vocalista de la banda Zoé, apoyo y firmó un acuerdo político que el tabasqueño hizo en un mitin en el Monumento a la Revolución para respaldar su plan de gobierno, además de apoyarlo en varias ocasiones vía Twitter. El actor, productor y director mexicano Gael García Bernal ha apoyado y defendido en reiteradas ocasiones a Andrés Manuel.
Ifigenia Martínez, una de las fundadoras del PRD, le expresó su apoyo en un video publicado en marzo. En abril, la Marina Mercante de la Armada de México también dio su apoyo, tras presentar un acuerdo firmado por elementos que sostenía que aportarían cerca de 3 millones 200 mil votos. En Oaxaca días después del primer debate, se creó el «Frente Popular Progresista de Oaxaca», conformado por al menos 20 mil personas con el propósito de fungir como observadores y vigilar por lo menos el 50% de las casillas en dicho estado y que manifestó su apoyo a López Obrador. En mayo, se sumaron a su campaña los expresidentes del PAN Germán Martínez Cázares y Manuel Espino.
A nivel internacional, en febrero el diputado francés y excandidato presidencial en Francia, Jean-Luc Mélenchon, fundador de la coalición partidista de izquierda Francia Insumisa, se reunió con el morenista previo al inicio de la campaña electoral e indicó que su victoria sería «un gran cambio para México y toda América Latina». El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, lo mencionó en una entrevista televisiva y aseguró que «Creo que va a ganar porque México necesita un cambio con una persona buena» y alegando «...le están presentando como un populista tipo Chávez... Fidel Castro, pero de eso nada: él quiere acabar con la corrupción y la desigualdad dentro de lo que pueda hacer... ese país no se merece lo que tiene hasta ahora». Miguel Ángel reiteró su apoyo vía Twitter en la veda electoral.
El 3 de junio de 2018, el periódico francés Libération expresó que López Obrador era «el Bernie Sanders mexicano», cuya posición en las elecciones presidenciales se encontraba en «plena ascensión» y ventaja.
El actor mexicano Joaquín Cosío ya había mostrado su apoyo varias veces al candidato y en enero publicó un video donde lo expresó. Tras el segundo debate presidencial, la cantante y actriz Belinda mostró su apoyo a Andrés Manuel vía Twitter varias veces. En un mitin hecho en Nayarit, el actor mexicano Carlos Bonavides apoyo a López Obrador, además de protagonizar un spot electoral para Morena. En una entrevista, el periodista José Ramón Fernández dijo apoyar al plan de gobierno del candidato además de comentar de los ataques en su contra. El productor y periodista mexicano Epigmenio Ibarra quien ha producido documentales sobre Andrés Manuel, reiteró su apoyo. Los hermanos actores Demián Bichir y Bruno Bichir apoyaron el plan de gobierno de López Obrador, ya que mencionaron que iba de acuerdo con sus ideologías políticas. El productor Héctor Bonilla, exconstituyente de Morena, desde 2012 a la fecha ha mostrado su apoyo al candidato. El actor y director mexicano Omar Fierro además de Sergio Mayer y María Rojo apoyan a Andrés Manuel siendo algunos de los organizadores de campaña de Morena. El músico 'Lupe' Esparza integrante del Grupo Bronco, presentó su apoyo al candidato a través de su partido político Morena. El actor y ex diputado Damián Alcázar a presentado su apoyo a López Obrador diciendo que es el "único que quiere un cambio verdadero" y pidiendo a la gente que no venda su voto.
Tras iniciar la veda electoral, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, apoyó al candidato en un tuit diciendo que su victoria reimpulsaría el proceso latinoamericano de integración que se encuentra aletargado por la derecha de varios países. El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, dio sus apoyo al tabasqueño, mencionando que sería «Un vendaval de frescura» para Iberoamérica. La expresidenta de Argentina Cristina Fernández, también presentó su apoyo a Andrés Manuel, mencionando que su victoria no solo favorecería a México, si a toda la región Americana. El excandidato Colombiano, Gustavo Petro, dijo que un triunfo de López Obrador en México propiciaría el surgimiento de un nuevo progresismo latinoamericano. El candidato español, Pablo Iglesias, mostró su apoyo vía Twitter al candidato. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) dio su apoyo al tabasqueño argumentando que México necesita un cambio urgente.
En marzo, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), criticó la propuesta económica del candidato morenista al calificarla de «proteccionista y cerrada». Semanas más tarde, el empresario Carlos Slim defendió el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reprochó la propuesta de López Obrador de cancelarlo y afirmó que los «candidatos no deberían meterse». En respuesta, el candidato se defendió diciendo que se destruirían patrimonios nacionales y que el terreno no era factible por los hundimientos que sufre y por el daño ambiental que podría ocasionar y que el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerraría por interferencia aérea. Sin embargo, el expresidente priista, Enrique Ochoa, calificó sus dichos de «nueva ocurrencia absurda».
El actor Diego Luna se expresó sobre una entrevista que Milenio le hizo al candidato, diciendo «es triste que el candidato de "izquierda" proponga poner a consulta ciudadana los derechos de la comunidad LGBT». López Obrador señaló que es «dirigente de un movimiento amplio, incluyente, donde hay católicos, evangélicos, no creyentes... y que tiene que respetar las opiniones de todos» además dijo que se respetaría la legalidad vigente.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa expresó en la presentación de un nuevo libro en abril que López Obrador representa una «democracia populista y demagógica, con recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero», a lo que el candidato respondió diciendo que esa era «su forma de pensar» y que «no estoy para caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar...». El escritor reiteró sus críticas en una conferencia en mayo y afirmó que la gestión lopezobradorista «podría empujar a México a un desastre», aunque «no a una catástrofe como Venezuela».
El 8 de agosto de 2018, a las 13:24 horas (UTC -5), Andrés Manuel López Obrador recibió, de manos de Janine M. Otálora Malassis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la constancia que lo acredita como presidente electo de México. Ha desempeñado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos desde el 1 de diciembre de 2018.
La transición gubernamental de Andrés Manuel López Obrador inició formalmente el 20 de agosto de 2018 con la reunión entre el gabinete de Andrés Manuel y el gabinete en funciones de Enrique Peña Nieto, para discutir los trabajos de entrega y recepción de gobiernos. El 21 de agosto de 2018 López Obrador anunció los nombres de quienes formarán, a partir del 1 de diciembre de 2018, parte de la Oficina de la Presidencia de la República. A partir de la declaración de candidato ganador y después como presidente electo, ha anunciado a las personas que conformarán la administración pública federal centralizada y los organismos paraestatales para el periodo 2018-2024.
El 1 de diciembre de 2018, López Obrador se convirtió en Presidente Constitucional al acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro para rendir protesta frente al Congreso de la Unión. En la sesión moderada por Porfirio Muñoz Ledo (presidente de la Cámara de Diputados), López Obrador rindió un discurso en el que criticó el modelo neoliberal en México, implementado desde 1982 por el entonces presidente Miguel de la Madrid. La ceremonia fue objeto de atención mediática y se convirtió en la más concurrida de la historia hasta entonces, en cuanto a representantes del extranjero se refiere; figurando entre los invitados 14 jefes de estado y de gobierno: Nicolás Maduro (Presidente de Venezuela) no acudió a la ceremonia de toma de posesión, luego de que un grupo de parlamentarios se pronunciara en su contra. Finalmente, y como cierre de la jornada, se llevó a cabo un evento de respaldo popular en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que representantes de 68 grupos indígenas le entregaron de manera simbólica el denominado bastón de mando, un acto inédito en la relación de las autoridades nativas y la presidencia de la república; para concluir el evento dio un discurso ante 150 mil asistentes.
Las políticas gubernamentales de López Obrador se encuentran enmarcadas en los tres ejes fundamentales planteados en su plataforma electoral: combate a la corrupción, generación de un estado de bienestar y pacificación del país. Para ello su administración comenzó la articulación de un marco legal que facilitara dichos fines. En su primer año de gobierno, haciendo prevalecer la singularidad legislativa de poseer la primera mayoría parlamentaria desde 1997 para un grupo político gobernante (la Coalición Juntos Haremos Historia cuenta con 70 de 128 senadores y 318 de 500 diputados en la LXIV legislatura del Congreso de la Unión) y los eventuales apoyos pactados con otras fuerzas políticas (fracciones del PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde), consiguió la aprobación de ocho reformas a la constitución y 59 a distintas leyes, códigos y reglamentos. Sobresalen, por su trascendencia, amplitud y polémica generada, las reformas a la carta magna sobre extinción de dominio (para asumir los recursos incautados a la delincuencia organizada), prisión preventiva oficiosa, la creación de la Guardia Nacional, la nueva reforma educativa, paridad de género en cargos públicos, el acotamiento al fuero del presidente de la república, el reconocimiento constitucional a los pueblos afromexicanos, y la que establece el carácter vinculatorio de la consulta popular y la revocación de mandato.
Sobre la educación, en el año 2019 López Obrador consolido algunos proyectos para apoyar el sistema educativo en México, siendo algunos de ellos la creación de cien universidades públicas y la aprobación de las reformas a los artículos 3º, 31.º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la educación, en la cual participaron padres de familia, docentes y autoridades. Ese mismo año, también implemento el programa de becas «Bienestar Benito Juárez» en todos los niveles educativos de servicio público, con el fin de fomentar la permanencia de los estudiantes y también logró la cancelación de la entonces «reforma educativa» y la reemplazo por una nueva que garantizara la gratuidad de la educación en todos los niveles. En 2020, debido a la pandemia de COVID-19 en México, las clases presenciales fueron suspendidas desde marzo, con el fin de evitar contagios de la enfermedad. En agosto, el presidente firmó un acuerdo con las televisoras Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Grupo Multimedios para que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzaran a recibir clases y contenido educativo por televisión. En diciembre, anuncio a Delfina Gómez Álvarez como nueva secretaria de Educación Pública, reemplazando a Esteban Moctezuma Barragán, quien se convertiría en embajador de México ante Estados Unidos. En 2021, se anunció un protocolo con el cual los estudiantes podrían regresar a clases presenciales de forma gradual, pero solamente en aquellos estados que se encontraran en semáforo verde durante la pandemia de COVID. El cambio entre Delfina y Moctezuma fue oficialmente llevado a cabo el 15 de febrero.
En cuanto a la legislación generada a partir del programa de gobierno, resaltaron por el impacto mediático causado la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Remuneración de Servidores Públicos (para limitar los altos sueldos de los funcionarios), la prohibición de la condonación de impuestos, las reformas laborales en materia de libertad sindical, justicia laboral y negociación colectiva (condicionantes para la firma del T–MEC), la Ley de Administración Pública y la Ley de Austeridad Republicana para concretar la política de austeridad en el ejercicio del gasto de las dependencias; las reformas penales para clasificar la evasión de impuestos, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral como delitos graves; la creación o ampliación de facultades a distintas dependencias gubernamentales como la reaparición de la Secretaría de Seguridad Pública bajo el nombre de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que entre sus nuevas funciones se encuentra administrar todo lo relativo al servicio de inteligencia del estado mexicano, reemplazando al CISEN con el Centro Nacional de Inteligencia; el cambio de denominación de las secretarías de Desarrollo Social y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la primera para llamarse Secretaría de Bienestar, y la segunda para simplificarse como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (en sustitución del Seguro Popular, con la consecuente reforma a la Ley General de Salud para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos.), el Instituto para devolver al pueblo lo robado (reemplazando al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) y el Banco del Bienestar (sustituyendo al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros).
En el año 2020 únicamente se realizaron tres reformas constitucionales, sin embargo representaban el sustento normativo para tres de las propuestas más divulgadas de su plan de gobierno; la primera fue para prohibir las condonaciones de impuestos que no estuvieran contempladas por la ley, esto para evitar las exenciones multimillonarias que en administraciones pasadas se manifestaban como un boquete fiscal. La segunda reforma, adquirió una mayor notoriedad pues significó elevar a rango constitucional uno de los tres pilares fundamentales de su plataforma, establecer el Estado del bienestar, específicamente garantizando la extensión integral de los servicios de salud, el sistema de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, y las becas de apoyo para estudiantes de bajos recursos. Finalmente, la tercera reforma eliminó el fuero al presidente de la república.
En cuanto al resto de la actividad legislativa promovida por el ejecutivo este año, se aprobaron la Ley de Amnistía (para permitir que víctimas y personas vulnerables a ser coaccionadas por el crimen, accedan a beneficios judiciales por su condición), la exclusión de intermediarios para obtener créditos de vivienda, la eliminación de fideicomisos públicos señalados de irregulares, el aumento de participaciones patronales en las pensiones y la supresión de la subcontratación. De parte del poder ejecutivo, pero directamente de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, vino la histórica inicativa aprobada para despenalizar el consumo de marihuana.
Tal como ha sido la constante histórica, la política exterior del gobierno mexicano esta determinada no solo por los principios constitucionales que la rigen, sino por la relación en todos los aspectos con Estados Unidos; pero al inicio de su gobierno con la singularidad que imponía la coyuntural presencia de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos y las distintas dificultades que eso significó para su antecesor, así como la marcada línea polemista del mandatario estadounidense con los gobernantes de otros países.
No obstante durante el primer año, si bien el tema migratorio resultó el centro del trato de ambas naciones, el polémico tema del Muro fronterizo (principal plataforma electoral de Trump) se vio atemperado no solo por las dificultades internas del vecino del norte para realizar la obra, sino por la serie de negociaciones fructíferas (llevadas a cabo por el secretario del exterior Marcelo Ebrard) que resultaron de las problemáticas generadas debido a las caravanas migrantes centroamericanas que pasaban de México a Estados Unidos. Esto permitió llegar a acuerdos de refugio y resguardo humanitario por parte del gobierno mexicano a los inmigrantes, mientras el estadounidense resuelve los permisos de asilo en su territorio; esto incluyó planes de desarrollo socioeconómico en los países de origen apoyados por EU y combate en suelo mexicano de las mafias de tráfico de personas, armas y drogas.
Aunque el gobierno de su antecesor ya había logrado la firma del T–MEC, durante la nueva administración se reiniciaron negociaciones en torno a las polémicas políticas arancelarias, mediante las cuales el presidente estadounidense amenazaba constantemente con gravar los productos mexicanos, especialmente el acero, motivado intempestivamente por distintas coyunturas, que incluyeron entre otros temas el narcotráfico, la violencia fronteriza, las caravanas migrantes, favorecer la influencia estadounidense en los mercados de sus dos socios o la simple intención de equilibrar por decreto la balanza comercial. Finalmente el 10 de diciembre de 2019 en Palacio Nacional se concretó la firma del acuerdo que resolvió definitivamente temas como las políticas laborales, de salario, de competitividad y de vigilancia o seguimiento del tratado por cada uno de los socios.
El año 2020 no presentó mayor variación respecto a las relaciones y con los eventos del año anterior. Sin embargo el 15 de diciembre fue aprobada una reforma a la Ley de Seguridad Interior para regular la presencia de personal extranjero en el combate al crimen organizando, recayendo esencialmente el peso de esto en los agentes de la DEA.
En el marco de las protestas latinoamericanas de 2019 y en concordancia con los principios constitucionales del país, el gobierno de López Obrador mantuvo posturas de mesura, condena a hechos violentos, convocatoria a diálogos y soluciones pacíficas, así como el respeto al orden legal de cada país. Sobresalió en estas circunstancias el reconocimiento de México al gobierno de Nicolás Maduro en medio de la crisis política, de reconocimiento y gobernabilidad que privaba en la nación sudamericana, ello incluía no ser parte de las medidas punitivas o coercitivas contra Venezuela en el terreno económico y diplomático, en aras también de ser un eventual interlocutor en una probable salida política a la crisis de dicho país
El secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, denunció la renuncia del presidente boliviano Evo Morales como un «golpe de Estado» y declaró que México no reconocería a la próxima administración que emanara de estos sucesos. En los casos de las protestas en Chile y Ecuador se reconoció la salida política para poner fin a los móviles de las manifestaciones por parte de los gobiernos de cada país.
Con la llegada al poder a finales de 2019 de Alberto Fernández como Presidente de Argentina, se acrecentaron los lazos entre ambos países, movidos en parte por la afinidad de ideas que los dos mandatarios han manifestado tener. Muestra de esto fue la colaboración de México como gestor de la renegociación de la deuda argentina, el acuerdo binacional para la fabricación eventual de la vacuna que contrarreste la Pandemia de COVID-19, y la construcción de una agenda común de política exterior en temas como la crisis post pandemia y la salida política de la crisis en Venezuela.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente de Bolivia Evo Morales renunció a su cargo en medio de una crisis política, y posterior estallido social en Bolivia, así como acusaciones de fraude en las elecciones generales de Bolivia en octubre de 2019 todo esto aunado a su postulación a las elecciones tras un fallo favorable del Tribunal Supremo, luego de un referéndum constitucional sobre la reelección del presidente, cuyo resultado había sido rechazado. Morales presentó su dimisión después de recibir amenazas contra su persona, colaboradores y su familia. Dicho suceso causó revuelo a nivel internacional, por lo que diversos analistas y países de la región denunciaron que se trató de un golpe de estado.
El 11 de noviembre el presidente de México ofreció asilo político a Morales, invitación que fue aceptada. Al día siguiente, el 12 de noviembre, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard.
En el mismo contexto del desconocimiento al gobierno de Jeanine Añez y el eventual asilo político de Evo Morales, se suscitaron una serie de eventos que desembocaron en una crisis diplomática entre ambos países. Esto luego de que el 23 de diciembre de 2019 las autoridades mexicanas denunciaron el asedio a su sede diplomática a través de elementos de las fuerzas de seguridad, señalando una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por lo que advirtieron se acudiría a la Corte Penal Internacional. Posteriormente el 26 de diciembre la ministra del exterior boliviana acusó a México de injerencia en asuntos internos, al mantener en asilo político en su embajada de La Paz a nueve funcionarios del gobierno de Morales, que la autoridad de facto acusaba de distintos delitos. Al día siguiente, la autoridad boliviana denuncio la presencia de elementos "encapuchados" provenientes de la embajada de España, que pretendieron ingresar a la sede diplomática mexicana y, según el gobierno de facto boliviano, colaborar en la huida de los asilados bolivianos. No obstante el gobierno español aclaró que su personal, encabezado por el cónsul y la encargada de negocios se hallaban en una visita de cortesía a la embajadora mexicana. Tres días después Bolivia expulsó a tres diplomáticos españoles y declaró persona non grata a la embajadora mexicana y la emplazó a salir del país en 72 horas, ante lo cual la diplomática mexicana lo hizo inmediatamente. El 4 de enero de 2020 México envió un encargado de negocio en su reemplazo.
El gobierno de López Obrador proponía a través de su plataforma de política exterior el hacer extensivas a la comunidad internacional, los principios constitucionales que marcaban esta área del estado mexicano, por lo cual apostaba a llevar dicho discurso a los foros internacionales y organismos multilaterales. En consecuencia se incrementó la participación de México en distintas instituciones, destacando en los dos primeros años de gobierno: la elección del país en periodos consecutivos de la Presidencia pro tempore de CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe), el regreso de México al Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2021-2022 y la postulación de Jesús Seade a la dirección de la Organización Mundial de Comercio.
También sobresale lo acontecido el 20 de abril de 2020, en el contexto de la Pandemia de COVID-19, cuando la delegación mexicana en la ONU, impulsó y logró la aprobación mayoritaria de 179 de los 193 países miembros, de la Resolución 74/274 de la Asamblea General, mediante la cual la comunidad internacional se comprometía al acceso universal, equitativo y justo de medicamentos, equipo médico, tratamientos y eventuales vacunas para el combate del COVID-19.
En el ámbito de las relaciones con otras regiones o potencias del mundo, a pesar de la postura inicial del secretario Marcelo Ebrard de diversificar los vínculos de todo tipo con China, las circunstancias internacionales marcadas por la guerra comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos, las prioridades chinas en otras zonas del planeta y el recelo estadounidense al acercamiento latinoamericano a China, no permitieron en los dos primeros años lograr esto. No obstante sobresalió en 2020 la cercana y mutua colaboración en el marco de la Pandemia de COVID-19, agradecida por el gobierno chino. En el mismo tenor se establecieron convenios de colaboración con otro importante actor internacional: Rusia, destacando el acuerdo para la fabricación y distribución de la vacuna Sputnik V. En lo que respecta a la Unión Europea, durante el segundo año de gobierno se modernizó el Tratado de Libre Comercio, sin embargo se presentaron fricciones por el rompimiento de algunas reglas en materia de energías renovables.
La línea discursiva de López Obrador en la que señala que, un ejercicio adecuado de la política interior se convierte en factor de reconocimiento internacional, y por ende de política exterior, es la principal razón que lo alejó en su primer año de gobierno de cualquier gira de trabajo o visita de estado al extranjero, incluyendo las cumbres internacionales habituales a las que acudían con normalidad sus antecesores en el lapso del año: Foro de Davos en Suiza, la cumbre anual de jefes de estado y de gobierno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la Cumbre del G-20 de Osaka y la reunión de jefes de estado de la Alianza del Pacífico; además ya había confirmado su ausencia de la Cumbre de la APEC 2019 en Chile que fue cancelada días antes de llevarse a cabo. A ello se suman sus negativas a eventos internacionales a los que había sido invitado, como la conmemoración del centenario de la Organización Internacional del Trabajo en Suiza y la toma de posesión del Presidente de Argentina Alberto Fernández.
No obstante, y sin considerar sus reuniones con los jefes de estado y de gobierno invitados a su toma de posesión, si recibió en visitas oficiales al Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, a Xavier Bettel Primer ministro de Luxemburgo, Nayib Bukele Presidente de El Salvador, Juan Orlando Hernández Presidente de Honduras, Miguel Díaz-Canel Presidente de Cuba, Carlos Alvarado Quesada Presidente de Costa Rica, Laurentino Cortizo Presidente de Panamá y Lee Hsien Loong Primer Ministro de Singapur.
Durante el año 2020 únicamente se recibieron las visitas de los presidentes de Guatemala Alejandro Giammattei (6 de febrero) y Colombia Iván Duque Márquez (10 de marzo), la restricciones de viajes ocasionadas por la Pandemia de COVID-19 evitaron cualquier otra visita. Sin embargo en este año se produjo la primera visita oficial al extranjero del presidente López Obrador. El 8 de julio visitó la ciudad de Washington D.C., capital de Estados Unidos, para reunirse con el presidente Donald Trump, esto como celebración de la entrada en vigor del T-MEC; a la reunión estaba invitado el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, quien no asistió para atender la pandemia en su país.
En el contexto de las cumbres virtuales de distintos organismos multilaterales, López Obrador realizó sus primeras intervenciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el G-20 y la Alianza del Pacífico. Destacó su discurso en el seno del G-20 por abordar la propuesta mexicana para enfrentar la crisis sanitaria ocasionada por la Pandemia de COVID-19; entre otras cosas, garantizar el cumplimiento de la resolución 74/274 de la Asamblea General de la ONU del 24 de abril (e impulsada por México), para un acceso equitativo y oportuno a las eventuales vacunas y tratamientos para atender la pandemia; también alentó a sus pares a profundizar y ampliar los sistemas de sanidad pública como mejor estrategia para contener las crisis sanitarias; enfatizó que el rescate económico debía priorizar a las clases socioeconómicas vulnerables, no convertir en deuda pública las deudas privadas que surgieran y desistir de cualquier medida autoritaria para contener las oleadas de contagios.
La construcción de un estado de bienestar, de acuerdo al programa de gobierno, pasaba por la atención urgente de los grupos más vulnerables situados en condiciones de extrema pobreza, dadas las circunstancias en las que esta había crecido durante el sexenio anterior. Por ello el diseño de los programas sociales del gobierno obradorista tenían como finalidad generar condiciones que facilitaran de manera igual, a los sectores en vulnerabilidad, el acceso a oportunidades de desarrollo, solventando primero los rezagos en materia de derechos sociales (educación, salud, vivienda, alimentación, etc.). Sin embargo al inicio de su gobierno se presentaron diversas polémicas por los recortes o suspensiones a programas ya vigentes en un intento del gobierno por combatir el desvío de recursos, las licitaciones irregulares y los actos de corrupción que en el sexenio anterior habían involucrado estos mecanismos; teniendo como medida innovadora el entregar directamente los recursos a la población para desaparecer a los intermediarios.
Durante su primer año de gobierno se pusieron en marcha el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (para estudiantes de todos los niveles educativos), Jóvenes Construyendo el Futuro (para estudiantes universitarios en condición de "prácticas profesionales"), Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (para personas mayores de 68 años o 65 si viven en comunidades indígenas de alta marginación), Programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, Programa Sembrando Vida (para reactivar la producción agrícola y forestal), Programa Nacional de Reconstrucción 2019 (para los damnificados de los terremotos de 2017), Programa de Mejoramiento Urbano y Tandas para el bienestar (para créditos a las PyMes).
En el año 2020 se presentó un incremento sustancial de los recursos destinados al conjunto de programas sociales, pero además extendieron su base social, de tal manera que se alcanzó una cobertura del 70% de la población como beneficiaria de al menos uno de los esquemas de apoyo. Sin embargo estos tuvieron que adaptarse en el contexto de la Pandemia de COVID-19; Destacaron los adelantos bimestrales a las pensiones para adultos mayores, la continuidad de las becas a estudiantes de bajos recursos aun ante el parón escolar, así como la entrega de créditos a micro empresarios, pequeños comerciantes y trabajadores independientes. Este año concluye con un aumento del 15% al salario mínimo para 2021, que sumado a los incrementos en los dos primeros inicios de año con este gobierno (16.2% y 20%) representa proporcionalmente una recuperación del 60% en el poder adquisitivo del sueldo.
Las políticas económicas de López Obrador se desenvolvieron en medio de serias coyunturas internas y externas, así como problemas estructurales heredados de la anterior administración, todo ello condicionando la efectividad de su planes y programas de desarrollo económico. Por un lado la tensión internacional provocada por la Guerra comercial entre China y Estados Unidos, las políticas arancelarias de Donald Trump y la debilidad económica internacional que tenía en riesgo de recesión a varias economías del mundo. En tanto en el escenario nacional, el desmesurado crecimiento de la deuda pública en el gobierno anterior, el rezago económico causado por la corrupción y la violencia de los sexenios pasados, y las confrontaciones de actores económicos con el presidente ocasionaron que el primer año de su gobierno quedara marcado por el crecimiento económico nulo.
Sin embargo se mantuvieron estables el resto de los principales indicadores macro económicos como la tasa de desempleo, los superávit en el gasto público y la balanza comercial, el consumo, la inflación y el tipo de cambio; además de cerrar el año con un plan de inversión pública–privada para reactivar la economía; también resultó significativo el sostener las disciplina fiscal y haber profundizado la política de austeridad que permitió ahorro en el gasto público y aumentar la recaudación; así como el mayor aumento proporcional al salario en más de cuatro décadas y la firma definitiva del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
En el 2020, nuevamente, la estrategia económica se vio condicionada o limitada por las coyunturas internacionales, esta vez con mayor severidad, pues en el contexto de la Pandemia de COVID-19 y luego del colapso del mercado de valores, se desataron la peor crisis económica de los últimos 100 años y una de las peores crisis financieras, provocando una súbita caída del producto interno bruto del país, que en términos trimestrales alcanzó el -17% en el segundo periodo, aunque con una recuperación del 12.1%, inesperada situación que mejoró la expectativa de la caída del PIB anual, pasando la previsión más pesimista de -9.8% a -8.9%.
No obstante, de la misma forma que el año anterior, lograron mantenerse estables diversas cifras macroeconómicas como la inflación y el tipo de cambio. También se presentó una significativa recuperación de los empleos perdidos al inicio de la pandemia y un mayor alcance de la recaudación fiscal gracias a la profesionalización del SAT; además de mantener sin crecimiento real (más allá de la inflación) la deuda pública y una disminución sustancial en el precio de los combustibles.
En el contexto de la Guerra contra el narcotráfico, iniciada por el presidente Felipe Calderón en 2006, la plataforma de gobierno de López Obrador ya había propuesto desde la elección anterior de 2012, una estrategia que combatiera la criminalidad y el fenómeno de la violencia sin el enfoque belicista del entonces gobierno vigente de Calderón; el enfoque alternativo propuesto consistía en combatir las causas sociales del delito y los niveles de corrupción e impunidad que permitían la continuación del ciclo de violencia. Sin embargo este último se acrecentó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que se modificó la propuesta, ahora incluyendo la creación de un cuerpo de seguridad civil con formación militar para sustituir a la Policía Federal, cuya retórica seria la de pacificación del país y no la de guerra contra el crimen organizado, pero sin dejar de lado la orientación social del planteamiento original. De esta manera, y luego de diversas polémicas por su formación militar, el 26 de marzo de 2019 fue fundada la Guardia Nacional, que desplegaría inicialmente a 45 000 elementos provenientes de las tres ramas de la Fuerzas Armadas y su antecesora la Policía Federal.
No obstante, la diversificación y fragmentación de los grupos delincuenciales, sucesos acelerados en la anterior administración, supusieron en el primer año un golpe no previsto para la nueva estrategia, especialmente en un contexto de permeada corrupción en las instituciones locales, además de un escenario de dificultades económicas donde los proyectos sociales aún no podían incidir de inmediato en la correlación de desigualdad y crimen. Por todo ello su primer año, en una cuestión consecuente de los últimos años de su antecesor, se convirtió en el más violento de las últimas décadas. Teniendo como principales coyunturas el combate al robo de combustible y los enfrentamientos en Culiacán a causa de la fallida captura del criminal Ovidio Guzmán López.
Sin embargo, en el aspecto del combate a la corrupción y la impunidad, se mostraron avances consecuentes a las políticas de austeridad, la modificación del marco legal mencionado con anterioridad, la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República y la intensa actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera; todo esto permitió la detención y el inicio de investigaciones o juicios por corrupción a personajes como la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno anterior Rosario Robles, el exdirector general de PEMEX Emilio Lozoya Austin y el ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora; a ello se suma la incautación o bloqueo de bienes valuados en miles de millones de pesos vinculados a actos de delincuencia organizada o corrupción.
Otro aspecto significativo fue la creación de una comisión de la verdad para reexaminar uno de los casos sin resolver más notorios del país: la desaparición forzada y presunto asesinato de 43 estudiantes normalistas de la escuela rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que fueron secuestrados en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, después de ser atacados por narcotraficantes y policías. El organismo estaría encabezado por los padres de las víctimas. El 1 de julio de 2020, el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero anunció que "se acabó la verdad histórica", en alusión a la versión del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. También anunció que se solicitó a un juez la captura de 46 exfuncionarios, incluido el jefe de la investigación de la PGR Tomás Zerón. Previamente el 29 de junio fue detenido José Ángel Casarrubias Salgado, alias el Mochomo, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y quien según la FGR ordenó la desaparición de los 43 estudiantes. El 7 de julio fueron encontrados los restos de uno de los estudiantes, estos se hallaban en la barranca de Cocula, a 800 metros de distancia del basurero donde según la versión anterior habían sido incinerados.
En el año 2020 se presentaron ligeros avances en cuanto a seguridad pública, específicamente en delitos del fuero común (robo de vehículos, secuestro y extorsión), pero no así en los delitos de alto impacto, especialmente la extrema violencia que aun padecían múltiples zonas del país, aunque de manera más uniforme y concentrada ya en sitios específicos.
Como parte del plan anti corrupción, Obrador aseguró que buscaría reducir y eliminar el robo de combustible de las tuberías propiedad de Pemex, la compañía petrolera estatal. Este delito ha sido denominado popularmente como "huachicol". En consecuencia, parte de la estrategia fue desviar el flujo de combustible de las tuberías, detectar fugas cuando ocurrieron y transportar el combustible en camiones. Estas medidas condujeron a problemas logísticos y escasez de combustible en algunos estados, sin embargo Obrador alegó que se había reducido el robo de gasolina como nunca en las últimas décadas.
El 18 de enero de 2019, un grupo de pobladores del Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo, perforó un oleoducto para extraer ilegalmente gasolina. El ejército se mantuvo al cerco de la zona, pero ante la cantidad de personas conglomeradas y debido a la decisión de Obrador de no reprimir a la ciudadanía, se quedó expectante y no procedió al arresto de nadie. A las 19:10 horas, la fuga explotó dejando un saldo de 137 muertos. La opinión pública quedó dividida ante quienes argumentaron que la gente murió por no seguir las indicaciones del ejército y proceder al robo de gasolina; y por quienes criticaron al mismo ejército por no hacer uso de la fuerza para evacuar la zona. El presidente Obrador declaró que todas las posibilidades estaban siendo consideradas para la investigación y no descartó la participación de los principales grupos criminales que operan en Hidalgo.
Durante su primer año de gobierno se puso en marcha el Programa Nacional de Reconstrucción para apoyar a las comunidades afectadas por los sismos de 2017, que gestionó recursos económicos a través de distintas dependencias para rehabilitar viviendas, escuelas, centros de salud, pequeños y medianos negocios, patrimonio histórico-cultural, infraestructura local y enseres domésticos, así como ampliar los estudios de riesgo y planificación para las zonas que aún permanecían sin evaluar. También se inicio la construcción de caminos y carreteras comunitarias en Oaxaca. Al final del año se presentó un Plan Nacional de Infraestructura con inversión pública-privada, que incluye 147 proyectos especialmente en el área de las comunicaciones y los transportes.
Sin embargo los temas de infraestructura que estuvieron más presentes durante su primer año, fue la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, el inicio de obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Base Aérea Militar No. 1 Santa Lucía, y la consulta popular para el Tren maya.
Antes de asumir el cargo, del 22 de octubre al 25 de octubre, celebró un referéndum sobre si debía cancelarse o no el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (el cual se encontraba en construcción), citando que el proyecto estaba plagado de corrupción, inversiones ilícitas y representaba un desperdicio de dinero de los contribuyentes. Alrededor del 70% de los resultados votaron en contra de la continuidad del proyecto. Al igual que en campaña, López Obrador insistió en la Base Aérea Santa Lucía en su lugar. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que, por la cancelación de contratos, el gobierno federal deberá pagar entre 100 y 120 mil millones de pesos en compensación, adicionalmente a la pérdida de lo ya invertido sin considerar los gastos de la construcción de Santa Lucía.
El 3 de enero de 2019, el secretario de comunicaciones y transportes Javier Jiménez Espriú, anunció la suspensión definitiva de las obras del aeropuerto, formalizando así la cancelación oficial del NAICM, abriendo camino a la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Escribe un comentario o lo que quieras sobre López Obrador (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)