Dictadura militar chilena
La dictadura militar chilena, también denominada Régimen Militar, fue el régimen dictatorial establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y por extensión se conoce así al período de la historia chilena en que dicho régimen estuvo vigente.
Este período se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Las fuerzas armadas y de orden establecieron una Junta Militar de Gobierno presidida por el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, quien se convertiría en el líder de la dictadura durante toda su extensión. El resto de la Junta estuvo conformada en sus primeros años por José Toribio Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza, en representación de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros respectivamente. Aunque originalmente tuvo un neto carácter militar, con el paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno.
El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario, establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos (hasta 1987), la prohibición de los sindicatos, la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional (sustituido por una Junta Militar de Gobierno) y la carencia de democracia. Lo anterior se reflejó en las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura, registrándose al menos 28 259 víctimas de prisión política y tortura, 2298 ejecutados y 1209 detenidos desaparecidos. Sumado a lo anterior, la medida sancionatoria que afectó al mayor número de opositores fue el exilio político, con más de 200 mil personas en total (expulsados y autoexiliados) con sus familias, lo que representa el mayor movimiento emigratorio en la historia del país.
Durante este periodo, Chile experimentó una notoria transformación económica, social y cultural. En lo estrictamente económico, significó un cambio radical de orientación del papel del Estado, de un rol productor e interventor a uno de tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales. En lo social, significó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, el aumento sostenido de la desigualdad de ingreso, junto con un incremento en la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores asalariados. En lo cultural, dio lugar al denominado «apagón cultural», caracterizado por la represión y censura de ciertas manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea oficial.
En 1980, tras un irregular plebiscito, fue aprobada una nueva constitución en la que Pinochet reafirmó su cargo como Presidente de la República, mientras la Junta de Gobierno se limitaba al poder legislativo. El texto constitucional estableció también una serie de disposiciones que, eventualmente, permitirían el retorno a la democracia como consecuencia del resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988. En dicho referéndum, el pueblo chileno le denegó a Pinochet un nuevo mandato y, en consecuencia, se celebraron elecciones presidenciales democráticas al año siguiente. La dictadura militar acabó en 1990 con la entrega de mando de Augusto Pinochet al nuevo presidente Patricio Aylwin, iniciándose así un nuevo período histórico conocido como Transición a la democracia.
El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado al mando de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas depusieron al presidente Salvador Allende, luego de que el Congreso acusara al presidente de prácticas anticonstitucionales. Tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron el Palacio de La Moneda, la sede de gobierno, donde Allende se suicidó cuando las tropas militares ingresaban al Palacio.
En 1974 fue creada oficialmente la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por medio del D.L N° 521 (aunque funcionaba de facto desde fines de 1973). Esta Dirección quedó a cargo del teniente coronel de ingenieros Manuel Contreras. La DINA tenía facultades para detener y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción. Como estos estados duraron casi toda la dictadura, la DINA tuvo estas facultades durante toda su existencia, hasta su reemplazo por la CNI en 1977.
Esta organización tuvo la tarea de anular toda clase de oposición política a la dictadura, la cual de acuerdo a la visión ideológica de la Junta Militar, estaba conformada por grupos de sedición marxistas. Entrenados en la Escuela de las Américas, los agentes de la DINA iniciaron una campaña de represión, focalizado su accionar principalmente contra el Grupo de Amigos Personales (GAP) de Allende, su guardia personal, con 60 muertos, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) con 400 (sobre 600 según el MIR), el Partido Socialista con 400 y el Partido Comunista con 350.
La DINA empleó sistemáticamente el secuestro, la tortura y el asesinato para lograr sus objetivos. Contaba, además, con agentes internacionales, entre los que se cuenta el estadounidense Michael Townley, uno de los responsables del asesinato de Carlos Prats en Buenos Aires y de Orlando Letelier en Washington, DC.
Su otro dispositivo internacional era la Operación Cóndor, acuerdo de cooperación entre los diversos organismos de represión política de las dictaduras latinoamericanas, con el objetivo de contener cualquier elemento de izquierda.
La DINA detendría su funcionamiento en 1977, siendo reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), y Contreras por Odlanier Mena. En el periódico El Mundo, Manuel Contreras acusó a Pinochet de ordenar los atentados contra Orlando Letelier y Carlos Prats.
La situación económica heredada del gobierno de Salvador Allende no era buena, con una inflación en 1973 de 342 % y el PGB a la baja. Para enfrentarlo, se confió el manejo económico a unos jóvenes egresados de economía en la Universidad Católica de Chile, con postgrados la mayoría de ellos en la Universidad de Chicago, quienes serían conocidos como Chicago Boys. Los Chicago Boys venían de Estados Unidos con las ideas liberales desarrolladas por profesores como Milton Friedman y Friedrich Von Hayek, importantes teóricos del liberalismo moderno. Estas ideas consistían, sucintamente, en una economía libre, abierta al mundo, con un Estado pequeño y subsidiario, de riguroso equilibrio fiscal, y el funcionamiento libre del mercado.
Su primera intervención en el Gobierno fue en ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional), en donde plasmaron las ideas económicas de El Ladrillo, documento solicitado por el almirante Merino con anterioridad al golpe de Estado y que fue la aplicación de aquellas ideas a la realidad de Chile. La Armada, encargada del área económica, se guio por dicho texto, contando con la asesoría de los Chicago Boys. Los métodos económicos tradicionales que intentó el régimen no prosperaron, la inflación continuaba por el 300 %, el gasto público seguía alto y el cobre se desplomaba a la baja. Los Chicago Boys ingresaron al régimen en 1975, con Jorge Cauas en el Ministerio de Hacienda, Sergio de Castro (líder de los Chicago) en el Ministerio de Economía y Pablo Baraona en el Banco Central. Para convencer a Pinochet de sus ideas (el Ejército mantenía el apego al estatismo tradicional de Chile) trajeron a su mismísimo maestro, Milton Friedman, quien le dio dos soluciones a la crisis que pasaba el país. La primera era por medio de una recuperación lenta del «paciente» (Chile), pero advertía Friedman que este de tanto esperar podría morir. La segunda era darle al «paciente» un tratamiento de shock, para revitalizarlo, pero con efectos colaterales muy graves.
El tratamiento de shock consistía en reducir el gasto público en un 20 %; despedir al 30 % de los empleados públicos; aumentar el IVA (impuesto a la transferencia comercial de bienes muebles); liquidar el sistema de ahorro y préstamos de vivienda. Mucha disputa se suscitó sobre esto entre los Chicago Boys y los economistas más clásicos, pero finalmente Pinochet se inclinó por la opinión de los neoliberales y se aplicó el shock.
Los efectos iniciales fueron terribles. Cayó el PGB en un 12 %, se empinó la cesantía al 16 % y el valor de las exportaciones se redujo en 40 %. Pero se empezó a afianzar el sistema a partir de 1977, iniciándose lo que se ha llamado dentro de Chile como el «boom», con cifras positivas en todos los ámbitos, a excepción de la cesantía, siempre alta (cercana o superior al 20 %). El «boom» duraría hasta la crisis de 1982. Posterior a esta, el país comenzó a exhibir números macroeconómicos que dieron una base de estabilidad económica para la llegada de la democracia a inicios de los años 1990.
Entre las transformaciones más relevantes efectuadas en materia económica por parte de la dictadura militar se incluyen la Reforma Previsional y la Reforma Laboral, ambas concebidas por el ministro del Trabajo, José Piñera Echenique.
En Chile, el sistema de pensiones era de "reparto", donde los cotizantes activos financiaban las pensiones de los pasivos, el cual era administrado por el Estado. La principal crítica que se le hacía a este sistema, es que representaba un capital desaprovechado, que bien podría usarse para la inversión privada; y que la administración del sistema en diversas Cajas era ineficiente y onerosa. La ventaja del sistema, en cambio, era que las jubilaciones no dependían de las fluctuaciones del mercado. Con la reforma de 1980, se privatizaron las pensiones, implementándose un nuevo sistema previsional basado en la capitalización individual, en el cual se obligaba a cada nuevo trabajador a cotizar en administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP). El ahorro por parte de cada trabajador y las rentas que esta produzcan, constituirán su jubilación. Esto a su vez, vino de la mano con un proceso de bancarización masiva que se produjo como una de las medidas de incremento sostenido del acceso a servicios financieros, para que los ciudadanos chilenos tuvieran suficiente liquidez y la libre disposición de sus capitales en sus cuentas bancarias.
El sistema desde su comienzo tuvo varios detractores, en especial entre la oposición, pero incluso entre gente ligada al gobierno, como por ejemplo, el expresidente Jorge Alessandri Rodríguez (miembro del Consejo de Estado, asesor de la Junta Militar). El sistema resultó un éxito de rentabilidad para las AFP, pero significó una disminución efectiva de las jubilaciones reales percibidas por los trabajadores, cuya pensión promedio no alcanza el 40 % del salario promedio, contra el 70 % que prometía el ministro Piñera. Ubicándolas por debajo de las normas establecidas por la OIT. El sistema fue replicado a partir de los años 1990 por varios países latinoamericanos.
En tanto, la Reforma Laboral o Plan Laboral, concretada en un Código del Trabajo en 1979, giró en torno a limitar y fragmentar la sindicalización, y a una mayor flexibilización del mercado de trabajo.
En 1978, la dictadura militar enfrentó uno de sus momentos más complejos. Recibió la condena mundial por el asesinato de Orlando Letelier en Washington DC, la polémica con el general Leigh y su expulsión, y el clímax del Conflicto del Beagle con Argentina que casi desemboca en un enfrentamiento bélico.
Las primeras malas noticias para el régimen venían desde Estados Unidos. El atentado explosivo contra Orlando Letelier era más de lo que ese país podía aguantar. Las investigaciones correspondientes les revelaron que durante el atentado a Letelier habían pasado por el país dos agentes de la dictadura: Juan Williams y Alejandro Romeral, identidades que eran falsas, y que el fiscal identificaría gracias a información proveniente de Paraguay (lugar donde se realizó la falsificación de los pasaportes) como el estadounidense Michael Townley y el capitán del Ejército Armando Fernández, ambos agentes de la DINA. Fernández fue el que investigaba las acciones diarias de Letelier, preparando la información para que Townley, junto a exiliados cubanos, prepararan la bomba que terminaría con la vida del ministro de Allende.
El gobierno de los Estados Unidos, enfurecido por la situación, exigió la entrega inmediata de Townley, por su condición de estadounidense, a lo que Chile respondió rápidamente, por el temor al corte de relaciones diplomáticas. Se exigió además la extradición de Contreras y la de Fernández, pero la Corte Suprema denegó la extradición, ya que, se argumentaba, la única prueba que poseían en su contra eran las declaraciones de Townley. Otros sectores afirmaron que esta defensa era errónea, argumentando que también se tenían los pasaportes falsos y el testimonio de los cubanos exiliados. El caso Letelier no fue perdonado por la amnistía de 1979. Estados Unidos reaccionó con el Filipinazo.
Uno de los más graves problemas del caso Letelier fue la ruptura definitiva entre Leigh y Pinochet, aunque era un enfrentamiento que venía gestándose desde el principio de la dictadura. Leigh tenía ideas políticas muy diferentes a las del presidente de la Junta, empezando por la molestia que sentía el aviador hacia el dictador por el protagonismo de este último, siendo que Leigh se consideraba el planificador del golpe, en lo económico aspiraba a un estilo más clásico, diferente al del planeado por los Chicago Boys, y en lo político deseaba colocar plazos para el retorno de la democracia.
Sus declaraciones al diario italiano Corriere della Sera gatillaron la crisis. Allí dirigió duros ataques a Pinochet y su política, hablando de que la dictadura militar había devenido en una «dictadura personalista» y de que «consideraría muy seriamente» su posición en la Junta, si el régimen hubiera tenido algo que ver con el caso Letelier. Pinochet, Merino y Mendoza le pidieron una retractación por estas palabras, que habían dado la vuelta al mundo, pero Leigh se negó pese a los consejos de Merino y de los ministros civiles.
Los otros miembros de la Junta le dieron la opción de renunciar o lo destituirían. Él no lo aceptó, ya que el estatuto de la Junta especificaba que un miembro solo podía ser destituido por imposibilidad física o psíquica, y además tenía el apoyo de casi toda la cúpula de la Fuerza Aérea.
Finalmente los restantes miembros, invocando las atribuciones contenidas en el estatuto de la Junta, lo destituyeron mediante el decreto n.º 624 de 24 de julio de 1978, que expresaba que: «el general Leigh se encontraba absolutamente inhabilitado para continuar ejerciendo sus funciones» (al remitirse dicha decisión a la Contraloría, esta lo consideró jurídicamente como un decreto ley); mientras el ejército cercaba todas las bases de la Fuerza Aérea. Diecisiete generales lo apoyaron y renunciaron junto con él, pero eso no impidió nada. Fernando Matthei, el elegido por la Junta, tomó inmediatamente la posesión de sus dos nuevos cargos.
Desde la firma del Tratado de límites entre Chile y Argentina de 1881 hasta 1888 se consideró a ambos lados de la frontera que las islas al extremo sur de América eran chilenas. Solo a partir de 1898 con la aparición del primer mapa oficial argentino con un límite divergente de los anteriores, comenzaron las reclamaciones argentinas sobre las islas. Su intención era potenciar la base naval de Ushuaia, al interior del Canal Beagle. Argentina sostenía que el Beagle no pasaba por el norte de las islas, sino que bifurcándose, pasaba por el norte y el oeste de ellas. Además planteaba el principio bioceánico, según el cual Chile no podía tener salida al Océano Atlántico ni Argentina al Océano Pacífico.
En 1971 ambos países acordaron someter el litigio a la sentencia vinculante de un tribunal internacional cuyos miembros fueron elegidos en común por ambos gobiernos. A la Reina Isabel II de Inglaterra le correspondía solo el rol formal de dar a conocer la sentencia. En 1977 se dio a conocer la sentencia favorable a la tesis chilena, pero que también permitía la navegación argentina en el canal.
Mas la dictadura militar argentina del general Jorge Rafael Videla, proclamó «insanablemente nulo el fallo» y planificó una Guerra de agresión contra Chile.
El 22 de diciembre de 1978 Argentina puso en marcha la Operación Soberanía para ocupar las islas militarmente e invadir Chile continental. Horas después, la junta militar argentina abortó la operación y aceptó la mediación papal ofrecida por el Papa Juan Pablo II.
La crisis ha sido el mayor peligro de guerra que tuvo Chile en el siglo XX, pero dado que los medios estaban bajo control del gobierno, con censura o autocensura, y el gobierno quiso mantener a la opinión pública alejada de la discusión, no se vivió un clima de guerra, en todo caso no como en Argentina donde se vivía la fiesta del mundial de fútbol ganado por la selección argentina y se preparaba a la juventud para el mundial del Beagle.
En Chile, la incipiente oposición liderada por Eduardo Frei Montalva, dio un respaldo al gobierno en una entrevista para el diario "La Tercera" donde criticaba la actitud argentina: "Estas son materias de Estado que están por sobre la temporabilidad de los Gobiernos, nos oponemos al gobierno militar por sus prácticas antidemocráticas, el corte de las libertades, pero es claro que aquí se está alimentando, no por Chile, un conflicto de dramáticas consecuencias".
La posibilidad cierta de una guerra hizo aumentar en forma dramática el gasto militar: desde 1976 a 1980 el gasto militar como porcentaje del PBN aumentó en 1976 3,5%, en 1977 3,5 %, en 1978 4,1 %, en 1979 4,6 %, y en 1980 5,2 % (en comparación el mismo gasto de Brasil bajó desde 1,2 % al 0,5 %) en desmedro de las otras tareas del estado.
Como consecuencia de la tensa situación, Chile dio durante la Guerra de las Malvinas al Reino Unido informaciones sobre tráfico aéreo en el sur argentino.
La solución al Conflicto del Beagle solo se logró tras el debacle argentino en la guerra y el retorno a la democracia en Argentina. La transacción quedó plasmada en el Tratado de paz y amistad entre Chile y Argentina de 1984.
A inicios de la dictadura militar, el general Leigh planteó el problema de darle al país una nueva carta fundamental, en reemplazo de la Constitución de 1925 que condujo (según Leigh) al quiebre institucional. Le dio el trabajo de elaborar un anteproyecto de Constitución a la Comisión Ortúzar, presidida por el jurista Enrique Ortúzar, y entre los elementos claves se encontraría el líder gremialista Jaime Guzmán. En 1978 Pinochet ordenó que se entregara el anteproyecto al Consejo de Estado, quien redactaría la nueva Constitución.
El consejo estaría integrado por representantes de los diversos sectores del país (excluyendo a la izquierda) y los expresidentes que todavía vivieran (Gabriel González Videla, Eduardo Frei Montalva y Jorge Alessandri Rodríguez, aunque Frei rechazó la invitación). El consejo fue presidido por Alessandri, creyendo este que podría plasmar sus ideas en la nueva Constitución; él prefería una reforma a la de 1925 para sustentar más la legalidad, ya que sus ideas de una rápida transición a la democracia serían desestimadas y cambiadas por los miembros de la Junta de Gobierno. A pesar de eso sería, junto al gremialista Jaime Guzmán, el cerebro del consejo, plasmando gran cantidad de ideas que tenía planeadas desde su intento fallido de reforma durante su Gobierno. Como insistiese ante la Junta por su propuesta de transición (que duraba seis años, en vez de los dieciséis que planteaba Pinochet), renunció a su puesto en el concejo.
Para legitimar la Constitución, Pinochet llamó a un plebiscito a realizarse el 11 de septiembre de 1980. No hubo oposición a la propuesta más que un único acto permitido en el Teatro Caupolicán, encabezado por Frei Montalva para votar negativo. No hubo registro electoral ni tribunal electoral, marco en el que se observaron numerosas irregularidades. El plebiscito tuvo un resultado oficial de un 67% de aprobación, resultado sumamente cuestionado en virtud de las condiciones mencionadas.
La Constitución de 1980 significó la disminución de las facultades del Congreso Nacional; la creación del Tribunal Constitucional de Chile; transformar al Estado en uno subsidiario en lo económico, social y cultural; se creó el Concejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente de la República; se sustituyó el sistema proporcional electoral por uno binominal; se estableció el sistema de segunda vuelta electoral cuando no se ha logrado mayoría absoluta en las elecciones presidenciales; se fijó el período presidencial en 8 años, y se estableció un plazo de transición a la democracia: durante ocho años Pinochet gobernaría como presidente, y cuando terminase ese período la Junta pondría un candidato (que sería Pinochet posteriormente) para que lo aprobase en un nuevo mandato de 8 años o lo rechazase, luego de esto podía ser reelegido otros 8 años.
Luego, en el año 2005, bajo la administración del presidente Ricardo Lagos se aprobó una serie de reformas a la constitución de 1980, que según el mandatario tuvieron por finalidad democratizar y modernizar la carta magna. Algunas reformas afectaron a las atribuciones de los funcionarios públicos y el plazo durante el cual ejercen sus cargos. Por ejemplo, se redujo el período presidencial (que ya había sido reducido a seis años en 1994) a cuatro años, excluyéndose como ha sido la tónica, la posibilidad de ir por un segundo término consecutivo.
Al poco tiempo del triunfo del plebiscito de 1980 el régimen de Pinochet se vería afectado por el caso Letelier. Se había programado un viaje a las Filipinas, donde estaba al mando el dictador Ferdinand Marcos y su esposa Imelda Marcos. Cuando el avión estaba en medio del Pacífico, Marcos canceló abruptamente la visita, diciendo que no tenía suficientes fuerzas de seguridad. Pinochet tendría un traspié internacional, ya que tuvieron que aterrizar en las islas Fiyi, que tenía un gobierno socialista. Imelda Marcos después diría que fue la presión de Jimmy Carter la causa de cancelar el viaje. Debido a esto, Pinochet sacó del cargo al Canciller Cubillos, quien tuvo una gran importancia en la crisis con Argentina, y que logró sacar a Chile del ostracismo internacional en el tema económico. También se retira del ministerio José Piñera Echenique, quien después de despachar la ley minera que introducía ciertas modernizaciones, renunció a su cargo por estar en desacuerdo con la política de cambio fijo del ministro De Castro.
Pinochet los reemplazó a ambos con militares, quedando como único civil “fuerte” en el gobierno (descontando los Chicago Boys), el ministro del interior, Sergio Fernández Fernández, que se había convertido en imprescindible, pero que no tenía ninguna ambición política real.
Se realiza un nuevo cambio, ya que Pinochet se traslada desde el edificio Diego Portales al Palacio de La Moneda, que fue destruido durante el bombardeo aéreo del golpe de Estado, perdiéndose gran cantidad de obras de arte y documentos históricos. Pero algo nuevo se encontró en los sótanos, y eran los planos originales de la casa de gobierno, que realizó el arquitecto Joaquín Toesca en el siglo XVIII, remodelándose el palacio según el original.
Pinochet empezaba así la nueva década, afianzando su posición y opacando a los que posiblemente le pudiesen hacer sombra en el futuro. Pero este poder tambaleó nuevamente con la crisis de 1982.
La revolución iraní del Ayatolá Jomeini causó estragos en el precio internacional del petróleo, lo que provocó que los países redujeran su actividad económica produciéndose una recesión. Se elevaron las tasas de interés, y se produjo la insolvencia de varias instituciones, lo que provocó la baja en los precios de las materias primas, especialmente del cobre (la principal exportación chilena).
Con la economía abierta que planteaban los Chicago Boys, los vaivenes de la economía mundial golpearon duramente a Chile. La crisis empezó a manifestarse con la quiebra de grandes empresas. Entre otras razones, los efectos de la recesión mundial se vieron agravados por un tipo de cambio fijo frente al dólar (1:39), que impedía el desarrollo de las exportaciones y favorecía el endeudamiento.
Los bancos y las empresas se empezaron a endeudar durante «el Boom», llamado en el extranjero el «Milagro de Chile», y ahora no tenían cómo pagar. Los economistas se dividieron sobre las medidas a tomar: Castro decía que se debía seguir con el cambio fijo, mientras que otros preferían devaluar y además cambiar a un tipo de cambio flexible que lo regulase el mercado.
Pinochet se decidió por la devaluación y Castro fue despedido del Ministerio. Los efectos de la devaluación fueron desastrosos, pues la gente se endeudaba en dólares y por tanto su deuda se multiplicaba. Los bancos también se volvieron insolventes, y el régimen decidió intervenirlos adquiriendo el Estado las deudas privadas. Paralelamente a esto, subían los precios y la cesantía sobrepasaba los veinte puntos porcentuales. Se iniciaron las primeras huelgas y protestas masivas contra la dictadura militar. Las primeras fueron pacíficas, pero ante la negativa de la Junta Militar a escuchar a la oposición, se incrementó la violencia y extensión de las protestas por lo que el gobierno envió al Ejército a realizar las labores represivas tradicionalmente confiadas a Carabineros, debido a que la Policía uniformada ya no era capaz de mantener el orden público, la intervención del Ejército de Chile agravó más aún la situación dada la dureza con que reprimieron las protestas callejeras, incluso en una de esas jornadas de represión dejó un saldo de 18 muertos, siendo esta la tónica durante las siguientes jornadas de protestas.
En el año 1982 el PGB bajó un 14 % y la inflación se mantenía en un 21 %, la cesantía en un 26 % y las reservas internacionales disminuyeron en 1200 millones de dólares.
Concluida la etapa más cruda de la crisis, Pinochet en 1985 reemplazó a Jarpa y a Escobar. Entraría a manejar la economía chilena el ingeniero civil Hernán Büchi el que, con reformas menos ortodoxas que sus predecesores, lograría revitalizar la economía. Dicho período fue nombrado como el «Segundo Milagro Chileno».
Para la nueva reactivación, el nuevo ministro tomó las siguientes medidas:
El resultado de su gestión fue el retorno al liberalismo económico que implantaron los Chicago Boys, pero de una forma mucho más controlada, sin el dogmatismo que le imprimieron sus antecesores, y un crecimiento económico sorprendente que llevaría a Chile a duplicar su PGB en el lapso de diez años.
Dichas privatizaciones, sin embargo, se realizaron fuera de toda fiscalización, sin bases de licitación y bajo una completa falta de transparencia, lo cual provocó un gran perjuicio económico a los intereses del país, en lo que la investigadora María Olivia Monckeberg denominó "El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno". Se estima que en dichas operaciones el Estado chileno perdió el equivalente a 2 mil 223 millones de dólares, de hecho según la contraloría General de la República solo la privatización de CAP significó pérdidas para el Estado de 706 millones de dólares, y la de ENDESA 811,5 millones. Entre los principales beneficiarios de estas operaciones se encuentran el entonces yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou, Roberto De Andraca, José Yuraszeck, los grupos de Hurtado Vicuña, Fernández León y el grupo Penta de Carlos Alberto Délano.
Los beneficios del rendimiento macro económico del país, sin embargo, no se distribuyeron homogéneamente entre la población, produciéndose un rezago entre este y los indicadores de desarrollo humano. Hasta 1990 más de la mitad de la población chilena se encontraba en zona de pobreza o indigencia. Hacia 1987 el país todavía mostraba cifras de subalimentación según los estudios de la CEPAL y la FAO; recién a fines de la década de 1990 Chile volvería a recuperar el promedio de calorías per cápita que tenía en 1973.
Uno de los cambios más abruptos que se produjeron en los aspectos sanitarios en el país, fue el del agua potable y saneamiento: En 1977, todas las empresas estatales de este rubro se unificaron en el Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), lo que trajo consigo un profundo proceso de reestructuración y paulatina externalización de los servicios a empresas privadas. Esto a su vez provocó un incremento exponencial y masivo de conexión al sistema de agua potable y alcantarillado urbano y rural: mientras en 1974, el porcentaje de cobertura del alcantarillado urbano era de 35%, en 1990 ascendió a 75%; por su parte, el acceso domiciliario urbano al agua potable también aumentó de un 60 a un 95% durante el mismo periodo. Esto permitió el acceso de gran parte de la población a contar con un cuarto de baño propio dentro de sus viviendas, reemplazando así las letrinas en «pozos negros», utilizadas comúnmente en los domicilios de menores ingresos.
En 1978, el régimen instauró el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), donde se garantizó de manera universal y gratuita desde el nacimiento de una persona, un calendario de vacunación contra las enfermedades infectocontagiosas que más afectaban a la población chilena, con el fin de reducir al máximo los contagios y la morbilidad de éstas. Al año siguiente, se unificó el seguro médico estatal en el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Anteriormente, existía un trato diferenciado entre quienes eran empleados públicos (funcionarios) o privados, cubiertos por el Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA), con los obreros y el resto de la población, atendidos por el Servicio Nacional de Salud (SNS).
Con el establecimiento de la política económica liberal, se hizo una férrea defensa a la propiedad privada en todos los ámbitos de la vida económica nacional chilena, que también se incorporó en las políticas públicas en relación a las viviendas sociales. El Estado disminuyó considerablemente la construcción de casas y departamentos, relegando esa tarea a empresas constructoras privadas, las cuales construían viviendas financiadas por un sistema de «subsidios habitacionales» para las familias de más bajos recursos. Se establecía así el derecho a la vivienda, pero como un derecho adquirido mediante el esfuerzo de un ahorro mínimo previo de las familias, para poder optar a dichos beneficios estatales. En el decenio 1979-1989, fueron entregados por parte del Estado 502.767 títulos de dominio de vivienda social definitiva para sus propietarios únicos. El propio Pinochet aseveró en una entrevista de 1987, que su intención era «hacer de Chile un país de propietarios y no de proletarios». El precio de la vivienda en Chile se desreguló, dejándolo a los criterios del libremercado. Asimismo, a partir de la década de 1980 comenzó un proceso de erradicación masiva de pobladores de asentamientos informales de las grandes ciudades, conocidos en el país como «poblaciones callampa», trasladando a las familias hacia sectores destinados para ellos; como en el caso del Gran Santiago, que fueron llevados a las zonas periféricas de la ciudad a barrios construidos específicamente para cubrir sus necesidades básicas, como también a los habitantes irregulares en la ribera del río Mapocho, los cuales fueron reubicados en sectores de mayor altura y menos húmedos, siendo uno de los casos más emblemáticos el del cerro 18 en Lo Barnechea.
Luego del golpe militar, mediante la desaparición forzada, asesinato, encarcelamiento y exilio, los organismos de seguridad de la dictadura eliminaron prácticamente a todas las organizaciones de izquierda política opositora. Sin embargo, a comienzos de los años 1980, el ilegalizado Partido Comunista se reorganizó en la clandestinidad y declaró la legitimidad de todos los «medios de lucha» para acabar con la dictadura, incluyendo la rebelión armada.
Con la asunción de Sergio Onofre Jarpa en el ministerio del Interior, en agosto de 1983, comienza un período de apertura política denominado «Primavera de Jarpa». El 6 de agosto de 1983 se funda la Alianza Democrática (AD), mediante la suscripción de un documento denominado Manifiesto Democrático por parte de los partidos Demócrata Cristiano, Social Democracia, Radical, Unión Socialista Popular y Derecha Republicana (Partido Republicano desde 1985). Mientras los sectores más a la izquierda, el Partido Comunista el Partido Socialista (Almeyda) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), formaban el Movimiento Democrático Popular (MDP). Como contraparte, los adherentes a la dictadura militar crearon a inicios de 1984 el "Grupo de los Ocho", que posteriormente derivaría en el Acuerdo Democrático Nacional (ADENA).
El 14 de diciembre de 1983 se produciría la primera jornada de protestas masivas contra el régimen de Pinochet, coincidiendo con la primera acción armada del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que instaló explosivos en una serie de torres de alta tensión cortando el suministro de electricidad en buena parte del país.
Empezó así la llamada denominada “Operación Retorno”, que implicaba traer clandestinamente a militantes exiliados que se unirían a los organizaciones guerrilleras como el MIR y el recién creado FPMR, brazo armado del Partido Comunista. Su objetivo no era otro que derrocar a Pinochet, y sus blancos serían uniformados y miembros de la dictadura militar. Algunos sectores militares reclamaron el regreso de la mano dura y falta de escrúpulos de Contreras, acusando a Odlanier Mena de permisividad frente a los actos subversivos y de inutilidad para enfrentarlos. Se le reemplazó por Humberto Gordon, quien aplicaría los mismos métodos de la DINA: asesinatos, torturas, extorsiones, etc., para reprimir a los opositores políticos, pero de manera más selectiva, ya que, a diferencia de los miembros de la organización anterior, no gozaría de ninguna amnistía.
Uno de sus principales objetivos era la eliminación del MIR, grupo ya profundamente debilitado, por medio de falsos enfrentamientos en los cuales los prisioneros miristas eran ejecutados. Sin embargo, a partir de 1983 la vanguardia de la resistencia armada a la dictadura militar la asumió el FPMR y con el tiempo surgirían otros grupos como el Movimiento Juvenil Lautaro (MJL).
Pinochet retrocede sobre sus pasos en política económica y llama a Luis Escobar (economista keynesiano) a la cartera de economía y a Sergio Onofre Jarpa al Ministerio del Interior. La misión de Jarpa sería llegar a un acuerdo con las dos grandes agrupaciones de oposición: la AD y el MDP. La misión de Jarpa era difícil y pareciese a primera vista que fracasó, pero logró una mayor libertad de prensa y permitió el regreso de miles de exiliados. Además, dentro de sus acciones políticas logró apartar a la Alianza Democrática del Movimiento Democrático Popular, quienes tenían una posición más crítica a la dictadura.
En 1984, durante una visita oficial a Punta Arenas, Pinochet sufre la primera protesta popular en vivo, conocida como el Puntarenazo, que fue una serie de manifestaciones relámpago organizadas por la Coordinadora de Pobladores y el Comando Multigremial de Magallanes, a pesar del férreo control militar que imperaba en cada una de sus giras a otras regiones.
En 1985 se encontraron en un sitio abandonado de Quilicura los restos de tres profesionales comunistas desaparecidos, Manuel Guerrero Ceballos, José Manuel Parada y Santiago Nattino. Los dos últimos fueron secuestrados desde el Colegio Latinoamericano de Integración. Todos fueron encontrados muertos y degollados («Caso Degollados»). El hecho había sido cometido por un cuerpo de inteligencia de Carabineros, la DICOMCAR, lo que le cuesta el puesto de la Junta y de Carabineros a César Mendoza, por su responsabilidad institucional en este crimen. Sería reemplazado por el general Rodolfo Stange.
El Partido Comunista proclamó a 1986 el «año decisivo», que debiera ser el año del fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Se inició con llamados a paros nacionales masivos a principios de año, repetidos cortes de energía eléctrica y numerosas jornadas de protestas callejeras, con cortes de calles, barricadas y cacerolazos. Sin embargo no se lograron los objetivos esperados, debido, entre otros factores, a la falta de cohesión de la oposición democrática y al endurecimiento de la represión estatal que derivó en un incremento de la cantidad de muertos en las poblaciones.
El FPMR empezó a internar armas desde el extranjero, en Carrizal Bajo, una caleta de la Región de Atacama. Se trataba de una cantidad considerable de armamento, aunque en ningún caso adecuada para provocar una guerra civil o atacar directamente al régimen. Una voz de alerta se dio a los organismos de seguridad del estado, quienes enviaron un gran contingente a Carrizal Bajo incautando gran cantidad de armas y apresando a unos veinte frentistas. Parte del armamento ya había sido trasladada, ocultándose en depósitos subterráneos, emplazados en sitios eriazos o casas de seguridad pertenecientes a simpatizantes del FPMR. Con tales armas se realizaría la llamada Operación Siglo XX.
El 7 de septiembre era la fecha clave, ese día Pinochet debía pasar por la ruta G-25 para dirigirse desde su casa cordillerana del sector El Melocotón, en el Cajón del Maipo hacia Santiago. Cerca de la ruta se había instalado una pareja de “recién casados” en una casa arrendada, que en realidad era ocupada por una treintena de frentistas.
A las 18:45 horas pasó el convoy presidencial, con cinco vehículos escolta. A esa hora se desata el fuego por parte de un comando del FPMR, atacando con fusiles M-16 y proyectiles al convoy. Tres de los autos quedaron totalmente destruidos, muriendo cinco escoltas e hiriendo a doce. Pero los otros dos autos, Mercedes Benz blindados, dentro de uno de los cuales estaban Pinochet y uno de sus nietos, resistieron al fuego a pesar de que un cohete impactó frente a una de las ventanas e hizo estallar uno de los vidrios, hiriendo levemente a Pinochet en la mano. Esa sería su única herida, mientras los atacantes lograron salir totalmente ilesos y sin bajas.
Para los atacantes correría la «ley del talión», por cinco escoltas muertos, cinco opositores (no involucrados en la acción) debían morir esa misma noche, sin embargo uno de ellos fue salvado por los vecinos, por lo que las víctimas fueron solo cuatro. Pero la escalada de violencia en que la CNI se involucró, continuaría al año siguiente con la llamada operación Albania. En esta operación, tras un simulacro de enfrentamiento, se ejecutaría a doce frentistas.
La dictadura militar esperó los aplausos del mundo occidental por derrocar a un gobierno marxista, pero fue recibido con estupor y rechazado por la sociedad internacional, con la excepción del secretario de Estado Norteamericano Henry Kissinger, principalmente por la imagen exterior del gobierno de Allende y su elevación al estatus de mártir.
La violencia mostrada durante el golpe de Estado y su mandato fue otro de los elementos que construyeron la imagen de la dictadura militar en el exterior. Los partidarios del gobierno derrocado fueron brutalmente perseguidos como «enemigos del Estado». Los exiliados en masa, en diferentes países, colaboraron en denunciar estos hechos y en llamar a la "solidaridad internacional con el pueblo de Chile".
Esto implicó un aislamiento político internacional del gobierno muy severo, que impediría a Pinochet viajar oficialmente al extranjero con algunas excepciones como cuando asistió a la asunción del entonces presidente brasileño Ernesto Geisel el 13 de mayo de 1974, ese mismo año igual visitó al entonces mandatario de Argentina Juan Domingo Perón, también viajó invitado por el ese entonces gobernante de Paraguay Alfredo Stroessner, en 1975 ocurrió el conocido Abrazo de Charaña en Bolivia con el que era jefe de Estado del país altiplánico Hugo Banzer, en el que se había llegado a un acuerdo sobre el tema marítimo que no fue fructifero, debido a la contrapropuesta de Perú que fue rechazada por parte de Chile y Bolivia, además ese mismo año asistió al funeral del general Francisco Franco en España; en 1977 asistió a la firma del Tratado del Canal de Panamá en Washington donde se reunió con Jimmy Carter y Alfredo Stroessner, mandatarios de Estados Unidos y Paraguay, respectivamente; y finalmente la última vez sería cuando realizó un secreto viaje a Bolivia en 1988, en donde se reunió con Víctor Paz Estenssoro.
La Junta rompió de forma inmediata las relaciones diplomáticas con Cuba, las que se había establecido durante el gobierno de Allende. Poco después del ascenso de la junta al poder, varios países comunistas, incluidos la Unión Soviética, Corea del Norte, Vietnam del Norte, Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Yugoslavia, rompieron relaciones diplomáticas con Chile (sin embargo, Rumania y la República Popular China siguieron manteniendo relaciones con Chile). La dictadura militar rompió relaciones con Camboya en enero de 1974 y reanudó vínculos con Corea del Sur en octubre de 1973 y con Vietnam del Sur en marzo de 1974.
Con EE. UU. las relaciones empeoraron gravemente tras el atentado a Orlando Letelier del Solar, aumentando su aislamiento diplomático. Como contraparte, se mantuvieron las relaciones comerciales con EE. UU., en particular tras la consolidación del modelo neoliberal. Los asesinatos de Prats y otros exuniformados solo empeoraron la situación.
Chile además estuvo en una situación peligrosa con sus países limítrofes, especialmente con Argentina, país con el cual en 1978 casi se llega a una guerra por las islas del canal de Beagle (Conflicto del Beagle), eventualidad evitada gracias a la intervención papal.
Durante la Guerra de las Malvinas (1982), en que Argentina disputó las islas llamadas Malvinas o Falkland con Gran Bretaña, Chile se mostró abierto partidario del Reino Unido y en especial del gobierno de Margaret Thatcher y prestó especial apoyo logístico e Inteligencia a unidades británicas, el motivo fue que el gobierno militar argentino planeaba la invasión del Chile, si llegaba a ganar la guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña, que finalmente perdió, tal como lo reveló en una entrevista el brigadier general retirado Basilio Lami Dozo, publicada por el semanario 'Perfil', que los militares argentinos "después de Malvinas, iban a atacar Chile". Además recordó una arenga del entonces dictador y general Leopoldo Galtieri apenas ordenó la invasión militar de las Malvinas: "Que (los chilenos) saquen el ejemplo de lo que estamos haciendo ahora, porque después les toca a ellos". Galtieri al perder la guerra tuvo que archivar el sueño de seguir su marcha 'imperial' invadiendo Chile. Y emprender la vuelta a casa, para que Argentina refundara la democracia el 10 de diciembre de 1983.
Durante toda la dictadura militar, el aislamiento internacional se hizo sentir, salvo la visita en 1987 del Papa Juan Pablo II que fue muy bien aprovechada por Pinochet para mejorar su imagen frente a la opinión pública internacional.
Ya a finales de la dictadura militar, la gran mayoría de la oposición había optado por una estrategia de transición democrática. Las protestas disminuyeron y la Alianza Democrática no quiso participar en ninguna nueva. Entre las razones de esta actitud estaba el acercamiento de la fecha del plebiscito.
Los opositores decidieron seguir las reglas impuestas por la Constitución de 1980, iniciando la normalización de los partidos políticos. El primero en formarse fue Renovación Nacional, que unía los grupos de Unión Nacional de Andrés Allamand y los gremialistas de Jaime Guzmán, más la mayoría de las personas afines a la dictadura. Pronto este partido se separaría, tomando ruta propia los gremialistas de Guzmán con el nombre Unión Demócrata Independiente.
Entre los opositores tomaron cuerpo la Democracia Cristiana, el Partido Socialista (unificado de facto, después de la división de los grupos de Ricardo Núñez y Clodomiro Almeyda) y el Partido Por la Democracia, que originalmente sería solo instrumental, o sea para los opositores izquierdistas al régimen que no se sintieran identificadas con el PS, que después del plebiscito debía disolverse, sin embargo permaneció su existencia, debido a éxitos electorales, convirtiéndose rápidamente en uno de los partidos socialdemócratas más importantes del país.
A pesar de la inscripción, muchos consideraron que realizar el plebiscito sería ridículo, pues nunca se había visto que un régimen autoritario renunciara al poder pacíficamente por elección popular. El primero en decir sí al plebiscito fue Patricio Aylwin Azócar, ejemplo que siguieron prontamente el socialismo y el PPD. Todo esto ocurre comenzando el año 1988, mientras el régimen ablanda su postura y permite el regreso de muchos exiliados, además de terminar después de casi 15 años, el toque de queda.
El plebiscito queda fijado para el 5 de octubre de ese año, proclamando la junta el 30 de agosto a su candidato, Augusto Pinochet. La oposición se agrupa en la Concertación de Partidos por el No, que agrupa a todos los partidos opositores, excepto los extremistas.
A diferencia del plebiscito anterior, ahora sí se constataban los registros electorales, pues el tribunal Constitucional ordenó que se crearan los registros, las mesas y los apoderados, a pesar de la negativa del gobierno. Se ordenó también que ambas propuestas tuvieran franjas televisivas gratuitas, a las 23 horas.
Destaca la incidencia que tuvo la televisión en la campaña. La franja del No superaba en todos los aspectos a la del Sí, tanto en producción, como en el contenido y el mensaje. Sergio Fernández, ministro del Interior, admitiría:
Entre las causas que motivaron a la mayoría a votar No, destaca el hecho de la mala situación económica que atravesaba el país (72 %, según una encuesta del CEP) y en segundo lugar los derechos humanos (57 %), esto como consecuencia del 20 % de cesantía que mantuvo el régimen, y la mala distribución del ingreso, lo que explica por qué en medio del auge económico se dieran estos argumentos.
El día 5 de octubre votó el 92,1 % de la población mayor de 18 años, el máximo récord histórico en la historia del país. También llegaron a Chile cientos de políticos extranjeros veedores, que esperaban comprobar el correcto desarrollo del acto. Después de las primeras votaciones el ambiente empezó a caldearse, los datos entregados por el Ministerio del Interior daban una gran ventaja para el Sí, mientras que en el comando del No, se entregaban cifras muy diferentes. El tercer cómputo, que debía ser definitorio y estaba programado para las 22 horas se retrasaba. Muchos tenían el temor de que se fuera a dar un golpe de Estado o algún ejercicio militar (que derramara sangre) antes de la entrega de los resultados.
Canal 13 había programado un debate entre Aylwin y Jarpa para las 22 horas, inmediatamente después del resultado para analizar los resultados. Por la demora se retrasó hasta las doce de la noche. Aylwin iba a entregar los resultados del comando del No que le daban la victoria, por lo que Jarpa, sin ningún dato, se contactó con el subsecretario Alberto Cardemil, para solicitar datos. La respuesta del subsecretario fue que de momento iba ganando el No, pero aún faltaba contar los votos de las mujeres de Santiago. Jarpa vio que aun con un apoyo favorable de este último grupo el resultado no cambiaría y admitió en el programa de televisión el triunfo del No.
La prensa se agolpó frente al Palacio de La Moneda para conocer la versión del gobierno a estos datos, cuando llegaba el miembro de la junta Fernando Matthei, quien luego de ser preguntado, declaró que para él «la cosa estaba clara» (era definitivo), era un triunfo del No (su hija Evelyn Matthei le había entregado los resultados). Las palabras de Matthei dieron inmediatamente la vuelta al mundo.
Fernández reconoció la derrota, y dijo que el alto porcentaje obtenido era de cualquier forma motivo de orgullo, a lo que el general de la Fuerza Aérea respondió con un irónico «¿Y por qué no traemos champaña para celebrarlo?». Matthei, en el libro-entrevista Matthei, mi testimonio, expresaba que Pinochet presuntamente no quería abandonar el poder, pasándole a los miembros de la junta un documento en que «le entregábamos todas nuestras atribuciones al general Pinochet, quien podría actuar sin consultar a las respectivas instituciones». Dice además que él rompió con sus propias manos el acta, «Después de eso, y sin insistir en el acta, el Presidente nos informó que se iría a descansar por unos días fuera de Santiago y se dio por terminada la reunión». Sin embargo, en una carta enviada por Matthei titulada "Los hechos son los hechos" al diario El Mercurio y publicada el 10 de enero de 2012, este afirmó que lo anterior no ocurrió, y que jamás habría existido intención de no respetar los resultados del plebiscito, sino que más bien se barajaron distintas opciones para controlar el orden público.
Por otra parte, el entonces ministro Sergio Fernández, en Mi lucha por la democracia, no habla de ninguno de estos hechos, y los negó categóricamente cuando fue interrogado. Pero las versiones no son excluyentes, pues Fernández no estaba cuando se suponía se pasó el acta.
Al amanecer del 6 de octubre de 1988 no quedaban dudas sobre la victoria de la opción "No" en el plebiscito, y se cumpliría la ruta marcada por la Constitución Política de 1980. Pinochet llamaría a elecciones presidenciales democráticas al año siguiente.
Mientras tanto, entre gobierno y oposición se discutieron reformas a la constitución. El motivo para el gobierno fue que la Carta Fundamental era muy difícil de modificar por el alto cuórum que se exigía para modificar los capítulos más vitales, pero no para el capítulo que se refería al mecanismo de reforma constitucional, lo que podría servir como “válvula de escape” para que el nuevo gobierno pudiera, eventualmente, ajustar a su gusto la constitución. La oposición victoriosa aceptó de buena gana las reformas propuestas, pues a través de ellas, además, se derogaba el artículo 8, que impedía la legalización del comunismo, se igualaba el número de civiles y militares en el Consejo de Seguridad Nacional, se fortalecían algunos derechos constitucionales y se morigeraban los estados de excepción, entre otros cambios. Entre aquellos que no querían una reforma a la constitución se encontraba Sergio Fernández, quien es removido del cargo de Ministro del Interior, siendo reemplazado por Carlos Cáceres, para que lograse un entendimiento con la oposición, lo que en definitiva así se produce. De ese modo, el proyecto de reforma constitucional fue aprobado por la Junta Militar de Gobierno y, posteriormente, ratificado por la ciudadanía en el plebiscito del 30 de julio de 1989, con un 91,25 % de los votos.
A fines de ese mismo año se realizó la elección presidencial, en la cual la Concertación de Partidos por la Democracia (antes Concertación de Partidos por el No) postuló a Patricio Aylwin. La derecha y gran parte del gobierno se unieron con Hernán Büchi, en una campaña que parecía desarticulada, debido a la sorpresiva bajada del candidato y posterior reaparición. Según se sabe Pinochet no apoyó a Büchi, ya que, algunas fuentes señalan, se sintió defraudado con su exministro por haber iniciado una carrera política, ya que lo consideraba su hombre de confianza, como a Fernández, sin ambiciones políticas (lo que explicaría por qué nunca le tuvo gran confianza a Jaime Guzmán, quien se había propuesto metas muy altas). Aylwin, finalmente, resultó elegido presidente con el 55,2 % de los votos.
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